El mundo se encamina a la recesión mas importante desde 2008, en ese sentido el impacto negativo de la pandemia mundial del coronovirus provocará en el PBI mundial una retracción durante 2020 de entre un 1% y un 3% según las estimaciones realizadas por los principales bancos de inversión. Si bien, y dado que nos encontramos en medio de la ocurrencia del shock, es muy difícil hacer previsiones sobre el grado de la caída del PBI mundial, es indudable que el impacto será altamente negativo en los negocios, y sus consecuencias perdurables.

En línea con lo anterior, y de acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina sufrirá una fuerte caída de su producto, en particular los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay exceptuado Brasil) caerán entre el 3,1% y 6,7%, que sumado a la recesión de dos años en la que se encuentra la Argentina, nos pone en una situación de alta fragilidad para administrar la crisis.

Nos enfrentamos a una situación atípica, un shock externo al ciclo de los negocios que impactará negativamente en la oferta de bienes y servicios, producto de las cuarentenas adoptadas por los diferentes países para cortar la cadena de contagios; pero también ocurrirá una baja importante en la demanda agregada, tanto local como mundial, por la perdidas de ingresos consecuencia del quebranto de infinidad de empresas, así como un efecto derrame inverso sobre los cuentapropistas, profesionales independientes y la economía informal.

Las consecuencias mas importantes implicarán una baja significativa en la propensión a ahorrar del conjunto de la sociedad, así como un cambio estructural por la perdida de capital empresario por la destrucción generalizadas de empresas, con la consiguiente destrucción de empleo. Ambas situaciones, hacen prever que la vuelta senda del crecimiento económico mundial será lenta y tortuoso.

Bajo estos escenarios de la economía mundial, los gobiernos nacionales han comenzado planes de salvataje de sus economías según sus posibilidades. Los objetivos mínimos de esos programas deberían ser: a) reducir la posibilidad de que aumenten los costos, económicos y sociales, debido al cierre parcial forzoso de la economía; b) apoyar a los bancos para que puedan seguir funcionando y ayudar a la economía; c) ayudar a las empresas para que mantengan a los trabajadores en nómina y escapen a la liquidación y d) compensar a los hogares que pierdan ingresos, especialmente a los pobres y vulnerables. Ello demandará esfuerzos fiscales sin precedentes, y el punto central será la capacidad de gobiernos nacionales para financiar crecientes déficits fiscales en los próximos años.

A su vez, el margen de maniobra de los Gobiernos estará limitado a la posibilidad de financiar esos déficits. En termino generales, y debido al shock de oferta, no habrá margen para elevar impuestos a las empresas, porque las pondría, aun más, al borde del colapso. Tampoco hay posibilidad de aumentar impuestos personales de carácter distributivos, puesto que, en conjunto con la baja de la propensión a ahorrar, implicaría retraer aún más el ahorra nacional, que será imprescindible para la financiación de nuevo capital para la salida de la crisis. Eliminado la posibilidad de aumentar impuestos, la política fiscal expansiva necesaria puede venir de tres fuentes, a) la redistribución de partidas en el presupuesto nacional; b) el endeudamiento externo y c) la utilización de una política monetaria expansiva.

Veamos las posibilidades de utilizar los instrumentos mencionados en la Argentina, así de cuales podrían ser sus consecuencias de corto y mediano plazo. El primer problema que enfrenta la Argentina es que a la fecha no se ha presentado en el Congreso Nacional ni siquiera el proyecto de presupuesto para el año 2020, lo que impide dimensionar cuales son las áreas que podrían sufrir recortes con el fin de financiar la ampliación de las actividades de salud pública necesarias para enfrentar la pandemia, así como el rescate de empresas en problemas, y la compensación de ingresos a los hogares que se vean afectados por la crisis económica.

La opción del endeudamiento también se encuentra bloqueada en la actualidad. Aquí hay motivos de carácter general, dado que los inversores institucionales han producido un “vuelo a la calidad” de sus posiciones financieras en los últimos meses, lo que se tradujo con una salida de capitales de la región de U$S 15.000 Millones solo durante marzo, y con el consiguiente aumento del riesgo país de América Latina, el cual se duplico desde principios de año. Pero la Argentina, a su vez, tiene particularidades especiales que le impiden acceder al mercado de deuda internacional, ya que se encuentra en plena renegociación de la deuda externa, y ha declarado en default selectivo para su deuda en dólares de legislación local. Por ambas circunstancias, regionales y locales, la Argentina tiene cerrados los mercados de crédito internacional en el corto plazo.

Queda claro entonces que la única posibilidad a mano para el Gobierno Nacional es la política monetaria expansiva. De hecho durante el mes de marzo pasado la base monetaria duplico el ritmo de crecimiento anual respecto al mes inmediato anterior (véase gráfico), lo que represento una creación de $ 575.000 M (+33% en un solo mes), de los cuales $ 205.000 fueron girados por el Banco Central al Tesoro Nacional, y el resto fueron liberados al sistema financiero para la dinamización del crédito, de lo cual los bancos comerciales solo dispusieron en forma efectiva el 20% en créditos a las PYMES a tasa subsidiada.

La emisión monetaria en el contexto descripto claramente obedece a las extraordinarias circunstancias, pero a su vez, hace palpable la necesidad de la transitoriedad de la medida, así como su focalización y efectividad. El ritmo de emisión como el planteada (+ 30% mensual, +80% anual) es insostenible en el mediano plazo, lo que podría presionar fuertemente la cotización del dólar, acelerar drásticamente la inflación (con el solo contrapeso de la baja de la demanda que habrá en los próximos meses), y deteriorar los ya críticos indicadores sociales del País, sobre todo los niveles de pobreza e indigencia.

La Argentina vive una situación económica critica, con matices locales, regionales y mundiales, y su solución debe transformase en una política integral del Estado, para ello sería necesario una discusión conjunta de todos los actores políticos del País mediante la creación de un consejo de expertos, similar al sanitario, que piense rápidamente las mejores salidas para una economía que entrara rápidamente en una situación extrema.

El mundo enfrenta desde fines de 2019 una situación crítica para la modernidad, desatada por la pandemia CoVid 19, y que traerá consecuencias perdurables tanto económicas como sanitarias; medidas en caídas de producción y perdidas de empleo, así como un costo seguramente elevado en vidas humanas. A raíz de ello, ha comenzado un debate sobre qué priorizar a raíz de la emergencia, una dicotomía aparente entre la salud pública o la economía.

El punto central del problema que enfrentamos lo podríamos ejemplificar como una curva de Phillips que en vez de analizar el trade off existente entre la inflación de salarios y la tasa de desempleo, analiza la aparente contradicción entre la cantidad de infectados (y sus consecuentes muertes) derivados de la pandemia, y el grado y duración de la recesión, que afectará la pérdida de empleos de miles de argentinos. Nos enfrentamos a una disyuntiva entre cantidad de días de la medida sanitaria correcta (el aislamiento social) y cuanta retracción de la producción puede soportar socialmente un país con tasa de pobreza por encima del 35%.

En un trabajo de los economistas Eichenbuam-Rebelo-Trabant, los mismos plantean que: “…En ausencia de vacunas, la única manera de prevenir la propagación de la epidemia es que la población obtenga inmunidad al infectarse y recuperarse. La forma óptima de alcanzar este nivel crítico de inmunidad es aumentar gradualmente las medidas de contención a medida que las infecciones aumentan y relajarlas lentamente a medida que disminuyen las nuevas infecciones…” por eso la optimalidad sanitaria se encuentra en un aislamiento social. Pero, a su vez, la epidemia traerá una fuerte recesión por dos canales de transmisión: “En primer lugar, el virus hace que las personas infectadas sean menos productivas en el trabajo, consecuentemente bajan sus ingresos y consecuentemente su consumo. El comportamiento dinámico del consumo agregado imita la proporción de personas infectadas en la población general. En segundo lugar, el número de muertos causados por la epidemia reduce permanentemente el tamaño de la fuerza de trabajo”

Claramente, la situación planteada por el CoVid 19 no tiene un óptimo social simultáneo entre economía y salud pública. Pero no podemos afirmar que sus intereses sean contradictorios, en atención que si no tomamos la medida sanitaria correcta (aislamiento social preventivo), los términos de la recuperación de la economía serán mas lentos, tanto por falta de consumo como por la reducción de la fuerza la laboral en el proceso productivo.

La Argentina, encuentra este shock mundial entre sus propios problemas, con una estanflación que cumple dos años (y con una década de estancamiento económico), sin crédito interno (en los últimos meses ha empezado una expansión monetaria que se encuentra en sus límites), ni internacional (nos encontramos muy cerca de un default y fuera de los mercados internacionales), por lo cual arranca económica y socialmente por debajo de la media internacional en general, y regional en particular.

El Gobierno Nacional reaccionó rápida y adecuadamente en materia de salud pública, pero su reacción en materia macroeconómica fue lenta, insuficiente y mal orientada. Lenta porque a la fecha ha demorado medidas obvias como la postergación general de impuestos a empresas que, dado a que no están facturando, no podrán pagar. Insuficiente, porque dado el párate productivo obligatorio las medidas impulsadas (aproximadamente 2% del PBI) parecen muy temerosas cuando las primeras estimaciones dan que la caída del producto de Argentina podría alcanzar entre 4% y 5% puntos durante 2020. Por último, esta mal orientada, por shock del coronavirus es básicamente un shock de oferta y la orientación general de las medidas adoptadas por el Gobierno son para apuntalar la demanda. A su vez, las ayudas fueron proyectadas para sectores que habitualmente atiende el Estado, y no fueron incorporados sectores de clase medios de ingresos bajos, que serán los grandes perjudicados de la recesión económica.

El próximo martes vence el primer tramo de la cuarentena obligatoria impuesta por el Presidente ¿Qué podría hacer el Gobierno? Por ejemplo, en una nueva etapa de contención podría pasar de la estrategia de la interdicción horizontal (cuarentena general) a una interdicción vertical (cuarentena focalizada), lo cual implica elevar dramáticamente, y transformarlo en aleatorio el testeo para la detección de los focos de infección, y así poder incorporar, lentamente, al proceso productivo, zonas y actividades hoy declaradas como no esenciales, haciendo menos pronunciada la caída de la actividad.

Pero a su vez, y fundamentalmente, el Gobierno necesita por un lado ser mas agresivo en la política fiscal expansiva para contener la caída de actividad, y por el otro, cambiar radicalmente la orientación de la ayuda, poniendo como objetivo dotar de liquidez necesaria a las empresas PYMES que evite las futuras quiebras, para sostener el empleo y los ingresos de los asalariados. Para ello debería suspender en forma inmediata los aportes patronales por los próximos tres meses a las empresas pequeñas y medianas, suspender el pago de impuestos a las ganancias de profesionales y cuentapropistas por un plazo similar, aumentar la ayuda a monotributistas más allá de lo actualmente anunciado, y otras medidas similares, que eviten que se rompa la cadena de pagos, tanto de empresas como de los individuos.

La restricción presupuestaria obvia de adoptar un paquete fiscal sumamente agresivo como el planteado, y dado que la única posibilidad de cerrar la brecha fiscal será mediante una política monetaria expansiva en un contexto previo donde esa herramienta no sería aconsejable, debería dejarse de lado bajo el criterio que en tiempos excepcionales deben adoptarse medidas excepcionales.

El Presidente Alberto Fernandez envió al Congreso Nacional a los efectos de su tratamiento exprés una ley ómnibus para declarar en la Argentina la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, independiente de la amplitud del problema que quiere demostrar con el título exagerado y pomposo, buscaremos analizar objetivamente cuales son las intenciones centrales del proyecto, y sus consecuencias mediatas y de más largo plazo.

El Ministro Guzman anuncio oportunamente que la idea central del Gobierno es buscar un sendero sostenible al superávit fiscal, y despejando la paja del trigo, el paquete económico mandado al Congreso va en línea con ese objetivo. Por un lado, se busca aumentar fuertemente los ingresos del Estado, en base a la creación de dos nuevos impuestos (30% a la compra minoristas de divisas extranjeras así como el impuesto al retiro de dinero en efectivo de los bancos para medianas y grandes empresas), y el aumento de las alícuotas de otros impuestos existentes (bienes personales, impuestos internos, retenciones, aportes patronales, entre otros), pero por el otro, con la baja real del gasto por medio de la suspensión de la fórmula de actualización de la jubilaciones y la AUH, a cambio de imponer la discrecionalidad presidencial, que a la fecha solo ha otorgado dos bonos para enero y febrero limitados a las escalas más bajas de los jubilados y pensionados.

La señal que busca el Gobierno en materia fiscal es que está dispuesto a realizar los ajustes necesarios en el corto plazo de cara a poder concretar los pagos de la deuda pública, y encarar con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos una negociación que incluya un amplio reperfilamiento del capital y los intereses. Este razonamiento fue bien percibido por los mercados, reflejado con la caída del riesgo país de casi 226 puntos (-10,69%), ubicándose en 1888 puntos, su nivel mas bajo de los últimos meses.

El programa se completa con la instrumentación de amplias facultados para fijar precios y salarios por parte del Poder Ejecutivo Nacional, transformando el acuerdo social en discrecionalidades del Presidente para desindexar la economía con salarios creciendo a ritmos más bajos de la inflación, gastos estatales creciendo moderamente (empujados por la bajas en la jubilaciones), e inyectando dinero en las clases más desprotegidas de la sociedad mediante la implementación del Programa Alimentario contra el Hambre, que implicará un esfuerzo fiscal de aproximadamente $ 108.000 Millones.

La idea central planteado por Guzman, entonces, es aumentar impuestos, mantener aproximadamente los gastos (baja de jubilaciones financiando aumentos en la mínima y programa contra el hambre), de modo de tener que financiar con emisión lo mínimo posible, dado que, con el nivel inflacionario actual, sería muy riesgoso crear dinero para pagar compromisos del fisco.

¿Puede funcionar el esquema de ajuste heterodoxo propuesto? Dependerá básicamente de cuatro puntos centrales. En primer término, que la negociación de la deuda publica sea rápida y efectiva, de manera que el déficit fiscal este plenamente determinado como déficit primario con poca incidencia del financiero, de manera que las necesidades de emisión sean mínimas. En segundo lugar, que la redistribución de jubilaciones altas a jubilaciones bajas y plan contra el hambre tenga el efecto expansivo necesario en la actividad económica, basado en el diferencial en las tendencias de gastos de las clases bajas son mayores a las de las clases medias. Tercero, que el realismo fiscal mostrado en la ley remitida al Congreso Nacional se consistente en el tiempo, permitiendo que la economía se encamine a un sendero sostenido de superávit primarios que permitan pagar nuestros compromisos externos con los vencimientos reperfilados. Y por último, que la parte heterodoxa de la inflación logre ser contenida, dado que si resulta lo expuesto en el punto dos, tendremos presiones inflacionarios por demanda y pujas redistributivas.

En definitiva, el paquete fiscal-impositivo planteado en las emergencias es un ajuste fiscal heterodoxo que muestra que el Presidente Alberto Fernandez ha comprendido con realismo las dificultades en que se encuentra la Nación para enfrentar sus compromisos, tanto de gasto público como de pagos de deuda, y que la probabilidad de éxito dependerá fundamentalmente de la negociación con nuestros acreedores.

El hambre y la pobreza es una de las enfermedades que a afectado al mundo por siempre, y el debate de como combatirla ha sido frondoso, y desde diferentes gobiernos se han encarado programas de distinto enfoque con variado grado de éxito. Lamentablemente en nuestro país, la pobreza e indigencia se han profundizado en los años recientes, y luego de la salida de la convertibilidad se ha instalado en forma estructural.

En primer lugar, es necesario destacar que pobreza e indigencia, son fenómenos diferentes a sociedades mas o menos igualitarias, por ejemplo, Chile claramente bajo los niveles de pobreza en las ultimas décadas, pero a su vez es una sociedad desigual. Esto se debe a que el crecimiento económico y la consistencia macroeconómica es una condición necesaria disminuir la pobreza y la indigencia, sin embargo, para generar una comunidad igualitaria es necesario la acción del Estado a efectos de inducir la redistribución de ingresos que genera el sistema productivo.

También es necesario distinguir claramente entre la indigencia que “procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas” y la pobreza que nos indica a partir de que ingresos los hogares “tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.” . Por lo cual un plan para una Argentina sin Hambre, implica en principio focalizar en la urgencia de la indigencia con el objetivo de sentar las bases mínimas para el desarrollo alimentarios de casi 1.800.00 de argentinos.

Ese limite monetaria según el ultimo informe del INDEC se encuentra en $ 13.052,29 para una familia compuesta por una pareja de 40 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año respectivamente. En la ciudad de Mar del Plata el número de familia indigentes se encuentra en 8.176 hogares, lo que es equivalente a 39.944 personas.

La forma de disminuir sensiblemente la pobreza e indigencia se encuentra en sentar las bases para el crecimiento del empleo simultáneamente con una desaceleración inflacionaria sólida. En la actual situación de nuestro país ello solo puede lograrse mediante políticas publicas orientadas a mejorar las condiciones para la inversión en capital productivo orientado a la exportación, pero con políticas fiscales prudentes que tiendan a evitar la monetización de los déficits que presionen sobre la inflación. En resumen, generar empleo para empoderar a las familias de los recursos suficientes para gestionar sus mínimas necesidades, y mantener a raya la inflación para que el poder adquisitivo de los sectores con ingresos fijos no deteriore sus condiciones de vida.

El plan contra el hambre impulsado por el Gobierno entrante debería transformarse en un puente entre la situación actual y la eliminación progresiva de la pobreza e indigencia con políticas publicas descritas anteriormente, y no un fin en si mismo, no solo en temporalidad sino en materia de objetivo a mediano plazo. Una cuestión esencial para ello es que el manejo de los recursos públicos destinados a tal fin sean lo mas coordinado posible en varios planos. Por un lado, armonizar las legislaciones nacionales, provinciales y municipales para evitar superponer esfuerzos, y mejorar la focalización de los programas; por otro, es esencial que se confeccione una base única de beneficiarios, que evite duplicaciones e intermediaciones innecesarias, y que mencionada base sean centralizadas a nivel municipal, que es el estamento público con territorialidad indiscutida.

Veamos el caso de Mar del Plata, si una familia compuesta como mencionamos precedentemente se encuentra en situación de indigencia tendría en principio acceso a un programa nacional que es la Asignación Universal por Hijo; un programa provincial el Plan Mas Vida; y a uno Municipal que es la tarjeta complementaria de alimentos. Por el programa nacional la familia cobraría $ 6363, por el provincial $ 2.628 y el municipal aportaría otros $ 876, totalizando la familia en cuestión $ 9.867, que es 76% de los ingresos monetarios requeridos para salir de la indigencia. Si además, en el marco de la coordinación sugerida, las compras realizadas por todos los programas tendrían la eximición del IVA propuesta para el plan presentado por el futuro gobierno, con los recursos utilizados estamos cubriendo casi el 96% de los ingresos necesarios para que esas familias salgan de la indigencia en Mar del Plata.

Como conclusión, mejorar fuertemente las condiciones de vida de los marplatenses batánense mas postergados es factible, para ello es fundamental lograr coordinar los esfuerzos estatales, sin necesidad de presionar sobre los bolsillos de los ciudadanos.

A tres días de las elecciones los argentinos nos encontramos con una economía convulsionada, producto de muchos errores de perspectiva de parte del Gobierno de Macri, con un fuerte cambio de expectativas después de las PASO, y una incertidumbre sobre cuales serán las medidas de políticas económica del Gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre.

Las decisiones económicas siempre miran para adelante, aprendemos del pasado con el objetivo de mejorar nuestras apuestas del futuro, por lo cual, el peso de la incertidumbre sobre las definiciones del próximo gobierno es donde debemos buscar las fuertes turbulencias que ocurre en el mercado de cambios, la elevación del riesgo país y su impacto en la remarcación de precios de las últimas semanas.

Entonces resulta fundamental saber que economía nos encontraremos el 28 de octubre próximo, y cuales son las posibles reacciones de los mercados a la transición entre el primer gobierno de Cambiemos y el que llegue en diciembre.

En primer lugar, se descuenta que a partir del 28/10 habrá muchas presiones para endurecer el cepo cambiario, con el fin de preservar los aproximadamente U$S 10.000 M de reservas de libre disponibilidad con que cuenta el BCRA, lo que no se sabe es el quantum y el método, pero sea una fuerte regulación cambiaria, o directamente un desdoblamiento del mercado de cambiario con un tipo de cambio comercial y uno financiero. Por esta certeza, tanto el dólar mayorista como el contado con liquidación, han tenido tendencia alcista en los últimos días, porque el lunes se acaban los dólares baratos.

También se descuenta que habrá una reestructuración de la deuda, porque el perfil actual de los compromisos externos es de imposible cumplimiento. Pero debemos ser claros una negociación ordenada con los acreedores y el Fondo implica ceder posiciones de ambos lados. Por ejemplo, un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI implica comprometerse a realizar cambios estructurales en materia laboral y/o previsional, y la incertidumbre aquí es si el sistema político argentino está en condiciones de encontrar esos consensos que seguramente traerán esfuerzos adicionales a todos los argentinos.

Pero la gran incertidumbre está en como la Argentina podrá iniciar un proceso de reactivación económica con un proceso de desinflación, y aquí, es donde o bien un presidente electo, o bien los contrincantes del ballotage, influyen, y mucho, en la economía del día a día a partir del lunes.

En el proceso de transición, se deberán acordar mínimas cuestiones de ejecución inmediata, aceptar, bajo la óptica ideológica de cada uno, que la realidad no acepta retórica y necesita definiciones de un plan consistente en materia fiscal y monetaria. Tanto de Macri como de Fernandez el próximo lunes, en la posición política que les toque a cada uno, oficialismo u oposición, deberán dar claras señales del rumbo que tomará la economía el próximo 10 de diciembre, sino este tembladeral se transformará en desbarrancamiento.