Los gravísimos hechos contra mujeres víctimas de violencia de género haN generado una toma de conciencia de la ineficiencia del Estado y la mas absoluta falta de respuestas coherentes a un problema que se acrecienta cada vez mas.

Ministerios, colectivos, direcciones, días conmemorativos, marchas y reclamos, que se abocan sobre el tema no son suficientes para hallar una respuestas. Faltan SOLUCIONES CONCRETAS Y TEMPARANAS ante los primeros indicios de lo que le puede llegar a ocurrir a una victima. Para ello existe una solución absolutamente económica y de enorme eficiencia como los es UNIFICAR todas las reparticiones a las que debe concurrir la víctima en UN SOLO EDIFICIO.

Ejemplo en Mar del Plata: una víctima agredida hoy debe trasladarse reiteradamente, a:

1.- Comisaria de la Mujer, para formular la denuncia (J.B. Justo al 3.600 o Alberti al 1.500)

2.- Al Complejo Policial Juan Vucetich para médico de policía certifique las lesiones (Av. Independencia al 2400)

3.- Al Juzgado de Familia para pedir una restricción de acercamiento (San Martín y 20 de Septiembre).

4.- A la Fiscalía General para averiguar que Fiscalía intervendrá (Brown y Alvear)

5.- A la UFI designada, (Browm y Tucuman o La Rioja y Brown)

6.- A la Defensoría Oficial, para que un abogado la represente (Edificio de Tribunales).

7.- A la Asesoría de Menores en caso de tener hijos menores (Gascón al 1.300)

8.- A la Secretaria de Acción social, para ser atendida por Asistentes Sociales o Psicólogas del MGP (Bronzini y Libertad).

9.- CAVAJ – Centro Asistencia a Victimas ( Florisbelo Acosta N° 5878).

10.- Alguna ONG de protección y asistencia a víctimas

En la práctica es una odisea burocrática de traslados, esperas, gastos, incomodidad, lentitud y angustia. Con solo concurrir a esos lugares, algunos de ellos en varias ocasiones, una víctima debe recorrer más de 50 km en un día para recibir una respuesta (siempre tardía) del Estado, lo que generará que vuelva a su hogar sin una solución inmediata, con el peligro concreto de reencontrarse con su agresor.

UNIFICAR EN UN SOLO PREDIO TODAS LAS REPARTICIONES no solo acelerará el proceso, tornándolo eficiente, sino también generará un ahorro millonario al Estado en alquileres, a las víctimas en interminables y desesperados traslados .

Este inmueble puede ser recibido gratuitamente por acuerdo con Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, quien cuenta con inmuebles, provenientes de herencias vacantes, los que generalmente son cedidos en comodato por diez años

Con ese ahorro económico descomunal, se puede invertir en crear lugares de abrigo para la víctima y sus hijos menores, residencias temporarias, sala de juegos, comedores, etc., hasta tanto se garantice judicialmente su seguridad. Implementarlo puede salvar muchas vidas y evitar enormes daños a los más vulnerables o volveremos a tropezar siempre con la misma piedra.

Por Julio Razona

Esta “vacuna política” se contrapone a la “vacuna científica” que determina que cualquiera de las vacunas que se inoculen a la población, sin ser debidamente aprobadas, serán vacunas experimentales. Los tiempos de la “vacuna científica” no son los de la “vacuna política”, por lo tanto la fase de experimentación para verificar las posibles secuelas de largo plazo deberá depender, como en toda vacuna de la aprobación de los organismos internacionales correspondientes, no solo por su país de origen, única resolución que dará certeza sobre la fiabilidad de las mismas, largo derrotero de no menos de dos años. .

A estas vacunas falta sumar la “vacuna legal”. La Constitución Nacional que ha reconocido como letra de la misma los Tratados Internacionales de Derechos Humanos prohíbe expresamente que se utilice a la población para llevar a cabo experimentos científicos, médicos o de cualquier tipo, salvo el consentimiento expreso de quien voluntariamente se presta a ser objeto de estudio.

Esta prohibición tuvo su origen el en Código de Ética Medica de Nuremberg de 1947, elaborado luego de tomar conocimiento la población mundial de los atroces experimentos con seres humanos llevados a cabo en el campo de concentración de Auschwitz, los médicos Joseph Menguele, Carl Vaernet y Diheringshofen, quienes casualmente se radicaron en la Argentina en 1946, donde siguieron ejerciendo su profesión.

Este primer paso hacia la bioética, generó con posterioridad el Acuerdo de Helsinski de 1964, por el cual se ratificó el absoluto respeto a la integridad psico física del hombre y la prohibición de usarlos como entes experimentales. Otros tratados y resoluciones ratificaron esta protección humana, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y otros que pasaron a enriquecer la Constitución Nacional, luego de su reforma en 1994.

Principio absoluto que se vio reflejado en la nueva redacción del Código Civil Argentino, el que en sus arts. 58 y 59 establece claramente que están prohibidas las investigaciones con seres humanos, excepto con el consentimiento expreso del paciente y la conformidad de los departamentos científicos correspondientes. El voluntario para ser objeto de experimentación debe ser claramente informado sobre todo lo relativo al procedimiento a seguir y especialmente los riesgos futuros. Distintas resoluciones y leyes de nuestro país sostienen este principio, como la ley 26.599 de Consentimiento informado, la resolución 1480/2011 del Ministerio de Salud de la Nación, la ley 3302/09 de CABA, o la ley 11044/09 de la Provincia de Buenos Aires.

Existe en consecuencia un principio constitucional de la legitima defensa personal de nuestra salud que nos permite negarnos a ser objeto de experimentación científica, a no correr riesgos, salvo nuestra voluntad de afrontarlos voluntaria y conscientemente.

Conforme la ley aprobada recientemente por Diputados y Senadores de la Nación, para que se inocule a la población con una vacuna contra el Covid 19, el contenido de ésta será confidencial sus excipientes serán secretos, no podrán serán divulgados, así como existirá una indemnidad legal para las empresas farmacéuticas que las elaboren, no pudiéndoselas demandar ante efectos adversos que pudiesen generar, luego de inocularse la vacuna de contenido incierto.

Solo podrá demandarse al Estado Nacional, quien asume el riesgo del fracaso de las empresas particulares, de generarse lesiones, enfermedades o la muerte del vacunado, pero como se ha legislado una de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero, habrá que litigar en el exterior, no se podrá demandar el Estado Argentino en la Argentina.

Ha sido un tema de discusión en el mismo gobierno nacional si esa vacunación debería ser o no obligatoria, las últimas declaraciones indicarían que sería voluntaria. El problema, muy argentino, surge que la ley 27.491 del 2019, que establece un vacunatorio nacional, nunca fue reglamentada y la ley aprobada para el Covid es una ley de excepción fundada ante la urgencia de una pandemia, la que debería sumarse a esa ley incompleta, por lo tanto no vigente.

Más allá de ello nadie duda que una vacunación experimental obligatoria generaría una reacción social tremenda, ante su evidente ilegalidad Por lo tanto la “vacuna legal” solo podrá ser inoculada a la población si está aprobada o a las personas que voluntariamente se sometan a ese experimento, debiéndoseles aclarar su contenido, los posibles riesgos futuros y la imposibilidad de accionar judicialmente contra las empresas farmacéuticas que las hayan generado, que solo podrán hacerlo contra el Estado.

Sabemos que el miedo ha calado hondo en la población, ante el incesante machacar de los medios masivos de comunicación, que han generado temor, angustia, aislamiento, distanciamiento, encierro, inactividad física, falta de oxigenación, depresión, problemas de concentración, insomnio, deserción escolar, crisis laboral, etc. Ese mismo miedo deberá generar la búsqueda de canales de conocimiento, basta con apagar la tele, indagar, leer, acceder a todo tipo de información, así conocer cuál es la “vacuna legal” y saber que existe una “vacuna científica”, para someterse en su momento, con conciencia y libremente a la “vacuna política”.

Los ciudadanos corremos el riesgo de ser imputados del delito de propagar una enfermedad infecto-contagiosa  (art. 205 del Código Penal )si no obedecemos los DNU sanitarios dictados por el Presidente Alberto Fernandez.

Se han  justificado las modificaciones  a  normas de vida  normales,  naturales, así como la  cuarentena  récord, de más de siete meses de duración y la acción represiva del Estado. No se ha considerado la opinión  científica que indica lo contrario en materia  sanitaria a como se está procediendo, menos aún que justifique esta mezcla llamativa de cuidar la salud por medio del Código Penal

Desde la salud, una posición muy  tomada en  cuenta  en el mundo es la sostenida y divulgada por el científico  argentino radicado en Suecia, Crisitan Duré, un investigador especializado que ha ofrecido sus conocimientos y el de sus pares, sobre la  experiencia  exitosa  de la lucha contra el COVID al gobierno Argentino, sin recibir respuesta alguna.  Ha demostrado en los hechos  que solo se debe aislar a las personas en riesgo y que encerrar a los sanos  enferma a la población, generando enormes e irreparables perjuicios a futuro, por falta de educación, de actividad social,  de vínculos afectivos, de equilibrio emocional, de desatención de otras patologías y la lógica baja de defensa del organismo, puerta de entrada de cualquier virus.

Desde la criminalidad.  En el caso que se le formule una imputación  por violación a un DNU sanitario, como bien puede ser porque se desplace  sin una autorización expresa,  que abra  un comercio, que trabaje  para simplemente sobrevivir, se reúna con su abuela, salga a andar en bicicleta, en skate,  en moto,  a surfear,  camine con su familia por la costa,  tome sol en un lugar público, no lleve puesto un barbijo, etc.,  debe proceder de la siguiente manera.

1) El funcionario que los detuvo les informará que se le inicia una causa penal ante el Juzgado Federal  de su jurisdicción.  De inmediato debe pedir (siempre por escrito) ante ese Juzgado Federal que el Juez  le tome una DECLARACION ESPONTANEA (art. 279 del Código de Procedimiento de la Nación), la que debe ser fijada de inmediato, pudiendo declarar  también por escrito

2) En esa presentación personal o por escrito  argumentar que si  violó el DNU, ha sido  por ESTADO DE NECESIDAD (art. 34 inciso 3ro. del Código Penal), ya que su salud,  supervivencia, bienestar propio y de su familia depende de su trabajo y de su equilibrio psico-fisico

3) Que el delito que se le imputa es un "DELITO DE BAGATELA o de INISGNIFICANCIA", conforme lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atento a que lo podrían   sancionar con una pena mínima, su accionar no genera daño directo a nadie,  ni  consecuencias jurídicas que justifiquen agotar al Poder Judicial con miles de casos intrascendentes.

4) Que el DNU que fundamenta su imputación ha sido dictado por el Poder Ejecutivo, pese a que lo Constitución Nacional  PROHIBE expresamente modificar el Código Penal por Decreto (art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional), por lo tanto  pide se decrete su  inconstitucionalidad.

5) Por último pida, al finalizar su declaración, que  se dicte un ARCHIVO de las actuaciones.  (art. 180 ultima parte del Código de Procedimiento Penal de la Nación)

Este es un simple protocolo para que tenga las herramientas y poder  ejercer sus derechos constitucionales en libertad, un homenaje  a la educación y a la difusión cultural, única arma válida para enfrentar  acciones abusivas del Estado.

En la peor crisis socio económica y sanitaria de la historia Argentina iniciar un proceso político y legislativo para llevar a cabo una reforma judicial es tan inoportuno como inútil.

Resulta absolutamente cuestionable que se quiera ampliar la cantidad de jueces federales, porque según el Presidente de la Nación, la Justicia Federal “funciona mal”. Manifestación que esconde el verdadero motivo de esta reforma: la colonización política de la Justicia en el área más sensible, la penal.

Ante esta afirmación vale revisar por qué “funciona mal” la Justicia Federal, para Alberto Fernández. Desde hace varios años no se designan nuevos jueces federales para cubrir las vacantes que se van generando. La Cámara Federal de Mar del Plata, integrada por tres miembros, cuenta con dos Camaristas desde hace más de dos años, ante la renuncia del Juez Federal Jorge Ferro. Un Juzgado Federal de Mar del Plata de primera instancia se encuentra vacante desde hace 4 años ante la renuncia del Juez Federal Alejandro Castellanos. Vacíos que llevará seguramente mucho tiempo cubrir, conforme la experiencia cotidiana y el manejo lentísimo del politizado Consejo de la Magistratura. En todo el país ocurre lo mismo, cientos de vacantes en Juzgados Federales que son cubiertas por su pares, complicándose muchísimo la tarea de los Magistrados y agotándose los recursos materiales y humanos ante el cúmulo de tareas.

En consecuencia se pretende modificar la Justicia Federal porque “funcionaria mal”, pero funciona así, en parte, por la misma irresponsabilidad de los funcionarios que no designan jueces que deberían estar al frente de sus Juzgados, para que “funcione bien”. Rol que debe cumplir el Consejo de la Magistratura, que tiene el manejo de designaciones, traslados y sanciones sobre todos los Jueces Federales.

Es necesario e incuestionable que se deben designar con urgencia Jueces Federales para cubrir las vacantes existentes. Recién entonces podremos verificar si la Justicia Federal “funciona mal”. Es tan evidente como quien quiere cambiar el auto porque no anda, pero se niega a echarle combustible. La reforma judicial parecería que apunta solo a quitar poder a los Jueces de Comodoro Py, obviando el gobierno que hay Jueces Federales en todo el territorio nacional con causas enormes, pero menos sensibles al poder de turno, como son las que se investigan en CABA, por corrupción y defraudaciones multimillonarias al Estado y al pueblo argentino.

La llamada "colonización" de la Justicia tiene su fundamento en la aparición de Justicia Legítima, órgano político partidario que choca con los principios que hacen a la objetividad y apartidismo del sistema judicial, tan es así que los Jueces no pueden estar afiliados a un Partido Político.

Para este grupo político/judicial, la visión criminológica del Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni es su guía. El ex Juez de la Corte Suprema promueve el abolicionismo, es decir terminar con las penas privativas de la libertad y con las cárceles. Entiende que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto, de no inclusión, que por lo tanto el accionar delictivo siempre estará justificado o comprendido, siendo la cárcel un castigo injusto y medieval. Estos principios son los que sostendrán los nuevos Jueces Federales a designar, ya que sin duda alguna, todos los nombramientos surgirán de candidatos que sostienen esa ideología tan particular.

La reforma intentada, hará mucho más ineficiente el servicio de Justicia, ya que se implementará en poco tiempo el “sistema acusatorio”, como en la Provincia de Buenos Aires y en casi todas las del país. Duplicar la cantidad de Jueces Federales no servirá para nada, ya que el nuevo sistema de acusación implica que los que lleven adelante las investigaciones serán los Fiscales Federales, en consecuencia la labor de los Jueces va a estar limitada al contralor y dictado de medidas propuestas por los que llevan todos el peso de la tarea de campo, los Fiscales.

Por lo tanto habría que ampliar la cantidad de Fiscales Federales, ya que tendrán muchísimo más trabajo y no la de Jueces Federales, que tendrán menos tareas para llevar a cabo. Detalle que en el apuro oficial se ha obviado, pese a que existe un grupo de autodenominados “notables”, dentro de los calificados “científicos” que rodean al Presidente Fernández.

La urgencia por nombrar más Jueces Federales se da de bruces con las urgencias por cuestiones indispensables en plena pandemia, tales como ampliar la cantidad de camas para internación del país, reforzar el sistema sanitario, hallar una vacuna contra el Covid 19 o un plan económico para amortiguar la estrepitosa caída de la calidad de sobrevida de los argentinos y procurar su supervivencia en condiciones medianamente dignas.

Con relación al “mejor servicio de Justicia”, pregonado por los apurados reformistas, vale preguntarse si con esta reforma disminuirá la cantidad de delitos violentos, si los presos que han recuperado injustamente su libertad volverán a la cárcel, si se logrará condenar a los funcionarios infieles, acusados de desvalijar al Estado o si con ella se logrará destituir a Jueces o Fiscales corruptos. La respuesta claramente es NO, TODO LO CONTRARIO.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.

En Argentina había en el 2019, 103.600 delincuentes presos.

Casi todos los detenidos votaron al gobierno actual que cumple con las promesas de campaña: excarcelarlos, pago de salarios, sindicalización de delincuentes, concesión planes sociales y un marco de protección general, ya que los considera "inocentes victimas sociales del neoliberalismo". Teoría de Raúl Zaffaroni que ha hecho escuela en las universidades del país en los últimos veinte años y que ha “capacitado” a gran parte de los Jueces penales actuales.

Si por cada preso o delincuente excarcelado, a excarcelar, beneficiado con sumas de dinero por parte del Estado, o quienes por su actividad marginal pueden ser futuros detenidos, sumamos a diez allegados, padres, pareja, hermanos, suegros, amigos íntimos, compañeros de fechorías, etc. Son, al menos 1.036.000 de votos seguros que serán captados para las elecciones próximas.

Esa cantidad de sufragios es suficiente como para torcer cualquier elección nacional o provincial, conforme los porcentajes de las últimas elecciones. En consecuencia, más allá de la indignación de gran parte de la población que solo pretende vivir con un poco de seguridad personal, prevalecerán las medidas para congraciarse con los delincuentes, creándose marcos protectores, Batallones Militantes, encubrimiento de las barras bravas del fútbol, movimientos sindicales ilegales cortando rutas o abastecimientos, procesamiento injusto a víctimas de delitos que se han defendido como han podido, políticos que encubren a viva voz a narcotraficantes o bien la judicialización del personal policial al menor atisbo de exceso con cualquier marginal.

En los hechos en la Argentina cualquier delincuente cuenta con un Defensor Oficial para que vele por sus derechos desde el primer momento de su imputación. En cambio las victimas deben recurrir al servicio de un abogado particular para ser oída y representada en el juicio a llevarse a cabo. Por lo tanto status judicial del delincuente es muy superior al de su víctima, también ante el Poder Judicial.

Observamos a diario cientos de hechos delictivos cometidos por delincuentes que llegan al absurdo de quejarse sus familiares por la falta de seguridad cuando cometen un robo, violan o matan, porque ellos y sus allegados sienten que son dueños del nuevo y estrafalario derecho argentino a delinquir.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.

La masiva liberación de detenidos, sumada a la novedosa tarea policial de controlar el movimiento de personas durante tres cuarentenas consecutivas, relajando su actividad natural, la permanente feria judicial, que implica un trabajo a cuentagotas de la Justicia, la imposibilidad de trasladarse normalmente, el encierro, el mayor consumo de alcohol y drogas, así como otros factores relacionados, han generado un campo propicio, que las estadísticas confirman: una aumento del 40% en los casos de violencia de género.

Cada vez más mujeres desprotegidas, son agredidas por hombres, que las llevan lentamente a una vida signada por la violencia, el miedo y la resignación. Estos casos llenan la boca de doctrinarios y funcionarios, que detrás de sus escritorios, han perdido todo contacto con la realidad concreta, fría, dura y espeluznante.

Solo se les ocurre crear comisiones, declaraciones de interés, actos conmemorativos o bien prometer acciones a ONGs muy ocupadas por el tema, pero todo seguirá igual o mucho peor, como ocurre ahora.

No es necesario ser criminólogo para darse cuenta que una mujer víctima de violencia de género debe, en Mar del Plata, trasladarse varias veces a:

1.- Comisaria de la Mujer, para formular su denuncia (J.B. Justo al 3.600 o Alberti al 1.500)

2.- Al Complejo Policial Juan Vucetich, para que un médico de policía certifique sus lesiones (Av. Independencia al 2400)

3.- Al Juzgado de Familia, para generar una restricción de acercamiento contra el agresor (San Martín y 20 de Septiembre)

4.- A la Fiscalía General, para averiguar que Fiscalía intervendrá ante el delito de lesiones , amenazas, daño, etc. (Brown y Alvear)

5.- A la UFI designada, (Browm y Tucumán,. La Rioja y Brown, etc)

6.- A la Defensoría Oficial, para que un abogado la represente (Edificio de Tribunales)

7.- A la Asesoría de Menores, en caso de tener hijos menores a su cargo (Gascón al 1.300)

8.- A la Secretaria de Acción Social, para ser atendida por Asistentes Sociales o Psicólogas del MGP (Bronzini y Libertad)

9.- A CAVAJ - Centro Asistencia a Victimas, para ser guiada o contenida (Florisbelo Acosta N° 5878)

10.- A alguna ONG de protección y asistencia a víctimas

Raid imposible de llevar a cabo, más allá que para hacerlo, la víctima, casi siempre acompañada de sus hijos, deberá recorrer más de 40 km, averiguar pasos a seguir, esperar a ser atendida en cada repartición y gastar una fortuna en transporte público, todo en una mañana. Caso contrario volverá a su casa, con sus hijos y con su fracaso a cuestas, donde la esperará el agresor, generándose nuevamente el ciclo de violencia.

Para que no ocurra semejante disparate cotidiano, existe una solución absolutamente económica y de enorme eficiencia, como los es UNIFICAR todas las instalaciones a las que debe concurrir la víctima en UN SOLO EDIFICIO, con una delegación de cada repartición, lo que implica un ahorro millonario en alquileres y convertir en eficiente al sistema. Más allá de poder utilizar ese inmueble, como un hogar de contención, resguardo y asistencia a las víctimas con o sin sus hijos.

Caso contrario, seguiremos viendo que, excepcionalmente, se logra que un cobarde agresor permanezca encerrado en una cárcel, siempre gracias al tesón, fortaleza y capacidad de la víctima para enfrentarse a la burocracia administrativa y judicial, pero miles no lo logran, ni lo lograrán.

El 98% de los hechos delictivos que se cometen en la Provincia de Buenos Aires no llegan a una sentencia, es decir, solo el 2% son juzgados y condenados o absueltos. En ese 98% habitan los agresores de mujeres. Claramente la regla es la impunidad y la excepción la sanción.

Un Estado inepto desampara a chicos o mujeres y los exponen a todo tipo de agresiones. Existen, en consecuencia, muy pocas probabilidades que los agresores sean imputados, procesados y condenados. Menos aun de estar detenidos, preventiva o definitivamente.

Por eso, la lucha contra la violencia de género declamada por una clase política desorientada, para la supuesta protección de los más débiles, es una lucha perdida, ante la ineficiencia alarmante del sistema político- judicial, que por sus características actuales “genera violencia” e impunidad.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.

Como consecuencia del homicidio del ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez, que ha conmocionado a la opinión pública mundial por su trascendencia institucional, se ha barajado un supuesto “Homicidio Pasional”, es decir, un "Homicidio en Estado de Emoción Violenta", como se lo define jurídicamente.

De ser condenados el autor o autores con esa calificación implicará la imposición de una pena reducida, ya que la Emoción Violenta es un atenuante.

Se habla de “estado” de Emoción Violenta, pero en realidad es un “episodio”, porque quien actúa de esa manera lo hace en forma repentina, fugaz, ante un impulso generado por una actitud de la víctima.

En ocasiones lo que motiva la reacción no aparece como algo trascendente, pues el “episodio” se puede desencadenar ante un hecho aparentemente leve. Puede ser el vaso que se llena gota a gota y con la última que lo rebalsa da lugar a la reacción emocional. Esta última gota, estudiada puntualmente, puede aparecer como insuficiente para desencadenar la respuesta pasional, pero en conjunto con otras, lo será. Sería el caso de una persona pasa frente a otra todos los días y lo ofende e insulta, con la última ofensa se genera la reacción y el homicidio. La ofensa aislada y la reacción parecería algo sumamente desproporcionado, desmedido, casi inentendible, pero en conjunto con las ofensas e insultos anteriores, no.

El episodio emocional nunca puede ser premeditado, ya que es algo espontaneo, impulsivo, una reacción violenta de una persona normal, sin desequilibrios psíquicos. Por ello no se puede probar la emoción violenta con pericias psiquiátricas, salvo para demostrar que es una persona normal, pero nunca indicarán si actuó emocionalmente.

Es la única figura dentro del mundo del derecho penal que, para identificar el tipo de reacción, se debe investigar la conducta de la víctima y el proceder posterior al hecho por parte del autor. Deberá demostrarse, para que el Juez reconozca que se actuó con Emoción Violenta, qué es lo que motivó esa reacción pasional. Por eso se debe probar la “inconducta de la víctima”, sus acciones, su conducta generadora de una respuesta violenta por parte del autor del hecho.

También se debe indagar la conducta posterior del homicida, ya que la Emoción Violenta implica el arrepentimiento y la confesión espontánea del autor. Por lo tanto, si quien cometió el delito no se presenta ante las autoridades, se debe descartar que actuó bajo un estado emocional. Los emocionados siempre confiesan haber cometido el hecho delictivo, como consecuencia de su arrepentimiento espontáneo. No sufren amnesia, pueden recordar todo o casi todo, en ocasiones algunas pocas lagunas o confusiones son admitidas como secuelas del episodio.

Por lo tanto, para hablar de un homicidio “pasional”, no puede existir ni un atisbo de premeditación, de planificación, ni que en el hecho hubiese actuado más de una persona, ni que la víctima no haya generado una reacción en el homicida, ni que se la haya torturado o maniatado, tampoco que el autor haya tratado de borrar los rastros, esconder el cadáver o negado su participación. En ese caso se debe calificar la conducta del o los autores como “Homicidio Calificado”, por premeditación o bien “criminis causa” por tratar de ocultar la comisión de otro delito, secuestro extorsivo, robo, etc. En ese caso corresponde la pena más severa de nuestro Código Penal: prisión perpetua.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.

Los abogados somos en el 2020 “Auxiliares de la Justicia, pero de la Justicia de Feria”, ya que hace 70 días que estamos inhabilitados para ejercer nuestra profesión, excepto en trámites de excepción, urgentes, como si estuviésemos siempre en vacaciones o fines de semana.

Más allá que TODOS los trabajos son esenciales, ya que son la base para el sustento familiar y la supervivencia digna, el trabajo de los abogados es indispensable para generar un límite a los abusos del poder.

Ejercer la abogacía en la República implica denunciar hechos de corrupción, presentar habeas corpus para garantizar la libertad de las personas, amparos para poder circular, ejercer el comercio o la industria, para proteger a los jubilados, mujeres victimizados o personas vulnerables, podemos pedir la inconstitucionalidad de DNU, leyes o decretos abusivos, evitar se alquilen extranjeros para votar, demandar a funcionarios por los perjuicios que nos ocasionan, recurrir a organismos internacionales ante arbitrariedades del Estado y muchas cosas más.

Pero no estamos autorizados. Ni siquiera el mismo Poder Judicial de Feria Eterna nos permite ejercer nuestro rol libremente, ya que sistemáticamente se rechazan amparos interpuestos para que nos dejen deambular y trabajar. Claro, todos los empleados públicos cobran a fin de mes, más allá de lo que hayan trabajado, hayan sido eficientes o no y viven, en el caso de funcionarios y empleados del Poder Judicial, todos los días como si fuese siempre un día domingo, igual que varios políticos generadores del mar de prohibiciones de una cuarentena medieval y totalitaria.

Nuestro trabajo es personal y podemos, al igual que cualquier trabajador llevar a cabo una cuarentena inteligente, responsable y eficaz. Como lo hacen los contadores, ferreteros, verduleros, carniceros, podólogos, odontólogos, nutricionistas y demás.

Eso si, podemos, en Mar del Plata, atento estar autorizada la pesca en la costa, cambiar nuestro portafolio por una caña de pescar y encontrarnos con nuestros clientes, que bien pueden llevarnos la carnada y tratar de pescar un derecho vulnerado.

Julio Razona - Abogado

La victimológia, estudio científico de las víctimas de delitos, es una pata esencial en la política criminológica de un país.

Promovida y desarrollada por Elias Neuman en la Argentina, Méjico y España ha demostrado ser una herramienta de gran valor, para la protección de quienes han sido o pueden ser víctimas de delitos, pero también puede llegar a ser un mecanismo para que un Estado logre el “control” del grupo social que quiere dominar.

La victimologia como herramienta de control se convierte en un mecanismo oculto, oscuro, utilizado por quienes pretenden dominar a una parte de la sociedad, a través del doble temor, ya que el sistema desampara a los controlados y los expone a ser victimizados por la delincuencia o bien por el Estado que los judicializará si pretenden eludirlo.

La insólita liberación de miles de detenidos en unidades carcelarias de todo el país revictimiza a quienes sufrieron las consecuencias directas de su accionar y victimiza potencialmente a toda la sociedad, obligada a convivir con quienes deberían estar encerrados en una Unidad Carcelaria.

Asi como un ciudadano común, honesto, un trabajador, un estudiante, un anciano, será imputado por la comisión de un delito si se lo encuentra deambulando por la ciudad y no puede justificar sus movimientos.

Ese doble “control social” lo ratifica el increíble silencio del Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad”, pese a la liberación de abusadores, violentos golpeadores o femicidas, algunos de los cuales han vuelto a reincidir en menos de 24 horas. O el rol de los Organismos de DDHH que anteponen la ideología a la humanidad y a la solidaridad, promoviendo la liberación de condenados o procesados y callando sobre la arbitrariedad del accionar represivo del Estado sobre la gente común que se desplaza en su medio.

La Argentina es un único país en el mundo que ante la pandemia ha liberado presos peligrosos y a su vez procesa a quien no se someten a un encierro no ratificado ni legislado por el Congreso.  Podrán argumentarse motivos sanitarios, pseudo humanitarios o pandémicos, pero todos sucumben ante el exitoso “control social”.

Luis Pricolo era el encargado de una estancia en Cobo, a pocos km. de Mar del Plata.  Octogenario, vivía solo, con sus perros y sus caballos, mantenía el campo, criaba el ganado y cuidaba la estancia de sus patrones.  Un hombre noble,  un gaucho que domaba con la palabra y que curaba a sus animales como le habían enseñado sus ancestros.

Cazadores furtivos comenzaron a matar sus ovejas, hasta que un día logró interceptarlos  y de a caballo, luego de ser agredido,  mató de un tiro a un delincuente.

Tuve el honor de defenderlo y lograr que sea absuelto. Disfruté  de la posibilidad  de cultivar su amistad, de compartir asados, de ver como sus animales increíblemente eran amaestrados sin la menor violencia y de ver como un hombre de 82 años,  que se levantaba con el día podía producir tanto.

Hoy Don Luis no está, pero simboliza el esfuerzo de la noble gente de campo, de su tesón y sacrificio.

En este momento en que la actividad rural está cuestionada, mis respetos a todos  los que desde el campo hacen grande a nuestra Patria.

Los gravísimos hechos contra mujeres víctimas de violencia de género en Mar del Plata  ha generado movimientos sociales que exigen al Estado PREVENCIÓN a fin de terminar con este flagelo en incontrolable  crecimiento.

Más allá de las medidas de largo plazo, como son las educativas y de concientización, que son encabezadas por varias ONG muy activas,  debe darse a las víctimas de violencia de género una concreta solución temprana ante los primeros indicios de lo que puede llegar a ocurrir.

Para ello existe una solución absolutamente económica y de enorme eficiencia como los es UNIFICAR todas las instalaciones a las que debe concurrir la víctima en UN SOLO EDIFICIO.

Una víctima agredida hoy debe trasladarse reiteradamente, a:

1.- Comisaria de la Mujer, para formular la denuncia (J.B. Justo al 3.600 o Alberti al 1.500)

2.- Al Complejo Policial Juan Vucetich para que un médico de policía certifique las lesiones (Av. Independencia al 2400)

3.- Al Juzgado de Familia para pedir una restricción de acercamiento (San Martín y 20 de Septiembre).

4.- A la Fiscalía General para averiguar que Fiscalía intervendrá  (Brown y Alvear)

5.- A la UFI designada, (Browm y Tucuman o La Rioja y Brown)

6.- A la Defensoría Oficial, para que un abogado la represente (Edificio de Tribunales).

7.- A la Asesoría de Menores en caso de tener hijos menores (Gascón al 1.300)

8.- A la Secretaria de Acción social, para ser atendida por Asistentes Sociales o Psicólogas del MGP (Bronzini y Libertad).

9.- CAVAJ – Centro Asistencia a Victimas ( Florisbelo Acosta N° 5878).

10.- Alguna ONG de protección y asistencia a víctimas

Todas esas reparticiones trabajan correctamente en su área específica, pero para la víctima es una odisea burocrática de traslados, esperas, gastos, incomodidad, lentitud y angustia. Con solo  concurrir a esos lugares, algunos de ellos en varias ocasiones, una víctima debe recorrer más de 50 km en un día para recibir una respuesta tardía del Estado, lo que generará que vuelva a su hogar sin una solución  inmediata,  con el peligro concreto de reencontrarse con su agresor.

UNIFICAR EN UN SOLO PREDIO TODAS LAS REPARTICIONES no sólo acelerará el proceso, tornándolo eficiente,  sino también generará un ahorro millonario al Estado en alquileres y a las víctimas en traslados y demoras burocráticas.

Este predio puede ser recibido gratuitamente por acuerdo con Fiscalía de Estado de la Provincia  de Buenos Aires, quien cuenta con más de 30 inmuebles para ceder en comodato por diez años y que  no han sido aceptados por el MGP.

Con ese ahorro económico descomunal,  se puede invertir en  crear lugares de abrigo para la víctima y sus hijos menores, residencias temporarias, sala de juegos, comedores, etc.,  hasta tanto se garantice judicialmente su seguridad.  Implementarlo puede salvar muchas vidas o volveremos a tropezar  siempre con la misma piedra.

Funcionarios  indignados,  homicidios espantosos,  ola de  robos salvajes y el regreso de los secuestros extorsivos. A los  responsables de la  pereza estatal, de la más absoluta incapacidad para enfrentar los problemas criminológicos, se le ha sumado  la falta de idoneidad de quienes deberían cuidarnos.

Nuestros  representantes políticos se convirtieron en una especie de "relatores de hechos de violencia", de espectadores, pese a que están obligados a  prevenirlos y si  no pudieron, a  reprimirlos. Pero en los hechos los cuentan  y se indignan, como cualquier vecino, pero a ellos les pagamos sueldos enormes, no para que nos detallen lo que ocurrió y qué emociones les nacen, sino para que implementen un plan de política criminal concreto, inalterable y disuasivo por ser eficiente. . . .

Ante el fracaso estrepitoso en   política criminal , nuevamente se  recurre a  ideoligizar o  politizar  cuestiones judiciales y de seguridad, con mecanismos que ponen en claro que solo cuentan con discursos zafaronianos que ven a delincuentes victimas del neoliberalismo y la oligarquía,  planteos absurdos como el desarme policial, terminar entidades de lucha contra el narcotráfico, liberar delincuentes de la cárcel porque hay muchos, pagar un sueldo a presos  que no hacen nada, banalizar los abusos sexuales de la clase política acomodada, pero siempre con la  infaltable foto con cara de preocupado entre micrófonos de los funcionarios, para que se note que están  desorientados.

La seguridad se construye con idoneidad, profesionalismo, estricto cumplimiento de la ley, solidaridad, honestidad, coraje, decisión y firmeza, el resto es solo relato tan fantástico como  antropológico.

Cuando hablamos de inseguridad nos referimos a robos, hurtos, violaciones, homicidios, estafas, etc.  Excluimos de esa lista a la USURA, pese a que es el delito más cometido y menos denunciado.

Paradójicamente la mayor parte de las víctimas desconoce que está siendo o fue víctima de este delito. Simplemente porque ignoran todo sobre usura, la que está casi en desuso por falta de conocimiento, no por falta de víctimas.

Usurero es quien, aprovechando la NECESIDAD, INEXPERIENCIA o LIGEREZA de una persona le hiciere prometer, mediante documentos firmados, la entrega de intereses u otras ventajas económicas desproporcionadas.

Transitamos una crisis ideal para que florezcan los usureros. La inflación, el desempleo y la recesión generan necesitados, los que muchas veces caen en manos de prestamistas inescrupulosos para tapar agujeros financieros o cubrir deudas imperiosamente.

La usura es un delito que victimiza al grupo familiar, ya que generalmente termina con el quebranto económico de todos sus integrantes, por ende, se pone en riesgo la vivienda, la educación de quienes deberán prematuramente salir a trabajar, se malvenden bienes que sobreviven a los embargos, etc.  La victima de usura generalmente queda literalmente “en la calle”.

Secuelas sociales enormes y gravísimas que podrían evitarse si se enseñasen las nociones básicas de ejercicio de nuestros derechos a la gente común.  Otra vez el eje de todo: educación.

Los préstamos dinerarios abusivos generan enormes ganancias no solo al prestamista usurero, que puede estar agazapado, esperando a su presa en una financiera, una escribanía, un local comercial, lo puede hacer desde su casa, desde su pc, etc., sino también para otros que aprovechan el accionar del despiadado prestamista ilegal.

El Estado se ve beneficiado con el cobro de tasas judiciales enormes. Cuanto más grande es la deuda a pagar mayores son éstas, así como ocurre con los honorarios de abogados, peritos, martilleros, gestores, tasadores, etc.

La deuda original de cualquier víctima de usura se quintuplicará en pocos meses, ya que el usurero contará con la documentación engañosa que le hizo firmar a su víctima. La demanda civil por la deuda la iniciará ante la primera demora, lo que generará más ganancias para los depredadores del patrimonio del que pidió el préstamo.

Si la víctima, mediante una denuncia y la formación de una causa penal, logra demostrar que ha tomado la deuda por necesidad, por inexperiencia, por ligereza, evitará que se rematen sus bienes, pagará la verdadera deuda con intereses normales, eludirá su quebranto económico y el caos familiar que implica.

Por eso cuando reclamemos seguridad, hablemos de la USURA.

En Mar del Plata el 75 % de los geriátricos no tienen habilitación Municipal ni Provincial.

Hay más de 10.000 adultos mayores en situaciones similares a la de Juanita Kesen, señora de 93 años engañada, estafada, y depositada en un geriátrico ilegal, en contra de su voluntad, sin derecho a ser visitada o de comunicarse con el exterior, que falleció como consecuencia directa de su injustificado encierro, que denunciamos ante la Fiscalía 10 de Mar del Plata.

Abuelos maltratados, hambreados, atados, dopados, abandonados por familiares y especialmente por el Estado Ausente.

El MGP da la espalda a la población más vulnerable y victimizada, lo que facilita el entramado delictivo que victimiza a adultos mayores en nuestra ciudad. En esos lugares pierden sus ingresos, pensiones, jubilaciones, propiedades, dignidad, salud y por supuesto, su vida.

Los ancianos victimizados son tantos que llenarían dos estadios polideportivos. Ni siquiera ese número descomunal puede con la más absoluta indiferencia de los funcionarios políticos o bien con el protagonismo rentado de Inspectores que no solo no inspeccionan, sino que advierten a los sobornantes cuando está por llevarse a cabo una visita para constatar si existen hogares o geriátricos fuera de la ley.

Ante otras denuncias de hechos similares, se han llevado a cabo allanamientos para liberar a ancianos de un cruel encierro. Pero el Municipio no tiene donde alojarlos, así que muchos vuelven a convivir con quien lo abandonó o depositó un hogar inmundo.

Un video grabado a Juanita Kesen cuando finalmente pudimos hallarla es el más crudo mazazo a la clase gobernante indiferente. Al poco tiempo Juanita murió. No pudo sostener su vida cargando esa tremenda angustia que la invadió durante un período interminable y convirtió a sus lágrimas que rodaban junto a su voz entrecortada, en la más dura denuncia contra un sistema tan indiferente y monstruoso, como corrupto.

Juanita se multiplicó por los 10.000 inocentes adultos mayores que reclaman en la más absoluta soledad, con un grito mudo, simplemente “auxilio” .

En el día de la Patria  vale recordar a una de sus madres: María Remedios del Valle.  Ese era el nombre de una  increíble mujer  olvidada,  ignorada por la historia escrita por hombres.  De tez muy  oscura, que combatió  junto al Tercio de Andaluces,  uno de los batallones  que expulsó a los ingleses durante las segundas Invasiones Inglesas.

En la Revolución de Mayo se alistó con otros patriotas  y  marchó al Alto Perú con el Ejército del Norte. Con su marido y sus dos hijos  se incorporó al Regimiento de Artillería de la Patria. Volvió sola. En el campo de batalla quedó toda su familia, no sobrevivieron ni su esposo ni ninguno de sus hijos.

Su amor a su tierra la llevó a luchar junto  a  Manuel  Belgrano en  la batalla de Tucumán. Por su valentía, osadía y bravura   el mismo Belgrano la nombró  “Capitana”  de su ejército y “Madre de la Patria”.

Fue tomada prisionera luego de la derrota de Vilcapugio, herida de bala,  fue azotada durante nueve días. Reponiéndose de tan tremendo castigo, logró escapar y se unió a las tropas de Martín Güemes, con quien luchó con su enjundia de siempre.

Murió en la indigencia, olvidada, muy cerca del Cabildo de Buenos Aires, luego de perderlo  todo, sus bienes, su esposo y  hasta  sus propios hijos.

En una ocasión fue reconocida por Viamonte, quien trató infructuosamente de que sea reconocida  y merecedora de una pensión vitalicia. No pudo hacerlo, ella no la aceptó.

Así quedó, sola, absolutamente sola,  con su cuerpo marcado por cicatrices terribles, fruto de su lucha heroica por nuestra tierra, pero iluminada  con  “la luz  más pura  de  su amor incondicional a la patria”.

Su ejemplo quedó en un rincón  olvidado de la Historia Argentina.  Su condición de guerrera  mulata e infinitamente valiente mujer quedó oculto,  su sacrificio único se quedó sin honores o reconocimientos.

Muchos años después nos encontramos disfrutando la tierra conquistada con su sangre y la de su familia.

Tierra infectada  por funcionarios jactanciosos, tan  corruptos como mágicamente enriquecidos , que han ocultado su recuerdo, porque su  luz los expone, los exhibe,  los delata,  como lo que son, oscuros  traidores  a la Patria.

El costo económico de un perro adiestrado es altísimo, ya que para lograr su educación es necesario la presencia del entrenador en forma permanente, varias horas por día, al menos durante un año.

Perros entrenados para rastrillaje, salvamento de personas sepultadas, de custodia, especializados para sordomudos, para personas en silla de ruedas, de salvatajes acuáticos, de compañía de personas autistas, etc., necesitan de un entrenador personalizado que implica al menos seis horas de trabajo diario.

Los adolescentes que deben permanecer en institutos de menores tienen el tiempo suficiente como aprender el oficio de entrenador canino y dedicarse a entrenar uno o varios perros.

Se podría optimizar el tiempo en que los chicos permanecen en estas instituciones, dictándoles cursos de entrenadores caninos, lo que genera una cantidad de beneficios,

• El perro a educar no necesariamente debe ser un can de una raza determinada, el seleccionador de los mismos busca cualidades del animal idóneo más allá de su raza. En consecuencia la “materia prima” no tiene costo económico y puede hallarse en cualquier sitio y beneficiará a organizaciones protectoras de animales, como a los mismos animales. .

• Desde lo formativo es enorme que beneficio que brindaría a chicos institucionalizados, ya que deberán cursar algunas materias para estar debidamente alfabetizados y llegar a tener el título habilitante que los acredite como “entrenadores caninos”.

• Este nivel de educación no solo les permitirá comenzar a tener un grado de inserción en el medio social a través de la educación básica, sino que tendrán la oportunidad de ejercer una labor, una vez que vuelvan al medio social

• El mismo contacto con los animales es en sí mismo una labor terapéutica, la humanización que genera el trato con ellos implicará junto con la elevación del nivel de autoestima.

• Una vez que el animal ha adquirido ciertos conocimientos básicos, el entrenador y el perro deben concurrir al sitio en el cual el can adiestrado desarrollará su labor (cuartel de bomberos, vivienda de un ciego, de un sordomudo, de un lisiado, de un autista, etc., etc) En ese sitio el entrenador debe compartir al menos 45 días con la o las personas que tendrán en el futuro a su cargo el can. En consecuencia existirá un nivel de socialización desde lo laboral del “entrenador”, atento que será muy bien recibido en cada lugar receptor y tendrá una oportunidad cierta de modificar un destino que difícilmente hubiese podido eludir.

• El solo hecho de convivir y permanecer durante varias horas por día con su “alumnos”, a los que deberán enseñar la técnica para tratar con los canes, les dará al menos una oportunidad de ser reconocidos y valorados,

• No cabe la menor duda que el fin de la institucionalización de los menores de edad es que puedan volver a la sociedad socializados. Cabe recordar que al menos un 70 % de los detenidos mayores que pueblan las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, han sido alojado en instituciones de menores, durante su infancia, por lo tanto, generar opciones para que puedan logar un cambio en el rumbo de sus vidas, devengará que en un futuro mediato se disminuya el nivel de violencia y la población carcelaria adulta.

• En cuanto al nivel de violencia en las instituciones de menores disminuirá notablemente porque los “alumnos” estarán ocupados en su aprendizaje y como responsables de su can a entrenar.

• El nivel de reincidencia también disminuirá notablemente, ya que conforme las estadísticas de la Provincia de Buenos Aires, es de más del 50%, obedeciendo en su mayor parte ante la falta de oportunidades laborales o de inserción social de quien ha recuperado su libertad.

• El mismo Estado podrá optimizar sus funciones contando con perros adiestrados en varias de sus dependencias. Contamos con la materia prima, con los potenciales entrenadores, con miles de posibles beneficiarios, con un costo económico insignificante y con un beneficio social enorme.

• El entrenador canino que ejerza su oficio durante su vida será un monotributista que aportará al Estado, a contrario de lo que ocurre con quien sigue manteniendo una vida delictiva que genera una inversión económica exorbitante del Estado.

• Este proyecto será siempre beneficioso como política de prevención delictual, para erradicar altos niveles de violencia institucional, para mejorar la calidad educativa de menores en conflicto con la ley o institucionalizados, para los animales, para los beneficiados y en general para el medio social.

De ejecutarse este proyecto se logrará:

a) La socialización de menores de edad que deben permanecer en instituciones de menores

b) La educación de los pibes institucionalizados a través del aprendizaje de un oficio con Salida laboral

c) La elevación de la autoestima de los menores que integren este programa.

d) La disminución de índices de violencia en instituciones de menores

e) La disminución de índices de reincidencia criminal

f) Un servicio solidario de enorme valor a la comunidad.

g) La interrelación entre instituciones de menores y entidades de bien público.

h) Protección y cuidado de canes en situación de abandono.

i) Mejoramiento de las condiciones generales en las instituciones de menores.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.

Para paliar la enorme desocupación que asola nuestra ciudad es indispensable que el  Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo del MGP  “no trabajen”

Si, que no “trabajen”, porque desde el año Desde el 2007 está vigente en Mar del Plata  la ordenanza que obliga a las empresas de cable a hacerse cargo de soterrar (enterrar)  todo el cableado aéreo de la ciudad

Estas empresas deben prestar ese servicio para terminar definitivamente con la polución visual, liberar a las columnas de alumbrado, utilizadas como postes  del cableado, que hacen que las mismas sean potencialmente peligrosas, ya que no fueron diseñadas para otra cosa que no sea mantener una luminaria.

Sistemáticamente todos los años se prorroga el cumplimiento de esta ordenanza, doce años de prorrogas. Período en que  cada usuario ha pagado 144 facturas a las empresas prestadoras del servicio. El costo mensual  por casa de familia ha sido históricamente el equivalente a u$a 50. Es decir que cada abonado ha pagado hasta ahora u$a 7200 unos $ 334.000 en doce años.

Por ende las empresas del servicio por cable han recaudado lo suficiente como para cumplir con su obligación, sin excusa alguna.

De “no prorrogarse” la ordenanza   comenzará el  soterramiento, se le dará trabajo a miles de ciudadanos. Los trabajadores podrán organizarse  en cooperativas de servicios para  llevar a cabo esa tarea. Sería un desahogo enorme para paliar la crisis de desocupación.

Quienes  se manifiesten frente al Municipio pidiendo ayuda del Estado,  tendrán la oportunidad de trabajar, de ganar jornales dignamente, porque habrá trabajo y no dádivas.

Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.