La nieve volvió a sorprender este domingo en las zonas serranas de Córdoba, donde las bajas temperaturas transformaron el paisaje y atrajeron a turistas y residentes que se acercaron para observar el fenómeno.

Las precipitaciones se registraron en distintos puntos de altura, principalmente en el Camino de las Altas Cumbres y el Camino de los Linderos, en la zona del Cerro Champaquí, donde la acumulación dejó amplios sectores cubiertos de blanco.

Ante la presencia de visitantes y las condiciones meteorológicas, las autoridades reforzaron las tareas preventivas. Del operativo participan efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), la Policía Caminera y personal de Áreas Protegidas.

Los agentes fueron distribuidos en distintos sectores para ordenar la circulación, acompañar a quienes recorren las zonas afectadas y brindar indicaciones destinadas a reducir los riesgos.

Uno de los principales puntos de atención está puesto en el tránsito. La presencia de nieve y las bajas temperaturas pueden reducir la adherencia de los vehículos y generar complicaciones en caminos de montaña, además de afectar la visibilidad.

Por este motivo, las autoridades recomendaron disminuir la velocidad de manera progresiva, evitar frenadas y maniobras bruscas y mantener una distancia prudente con los demás vehículos. También solicitaron respetar las indicaciones del personal apostado en las rutas.

En caso de detenerse para observar o fotografiar el paisaje, se pidió hacerlo únicamente en lugares habilitados y seguros, sin permanecer sobre la calzada ni en sectores que puedan dificultar el tránsito.

La nevada dejó durante la jornada numerosas postales invernales en las zonas más altas de Córdoba, mientras los organismos de seguridad mantienen presencia preventiva ante la circulación de personas que se acercan para disfrutar del fenómeno.

La búsqueda del niño desaparecido en la localidad rionegrina de Fernández Oro tuvo este domingo el peor desenlace. Tras más de un día de rastrillajes, los equipos de emergencia encontraron sin vida al menor que había sido arrastrado por la corriente después de que el auto de su familia cayera a un canal de riego.

El accidente ocurrió alrededor de las 4.30 del sábado en el sector conocido como Puente de Hierro, en inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22. Por circunstancias que permanecen bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó dentro del cauce. 

Los padres consiguieron abandonar el automóvil y ponerse a salvo, pero no pudieron rescatar al pequeño. La fuerza del agua lo arrastró y, a partir de ese momento, comenzó un amplio despliegue para intentar localizarlo. 

Las condiciones del canal complicaron considerablemente el trabajo. El cauce presentaba sectores angostos, agua turbia, abundante vegetación, ramas y residuos acumulados. El área revisada se extendió durante varios kilómetros desde el lugar del accidente hasta la desembocadura. 

En el operativo participaron efectivos de la Policía de Río Negro, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos y buzos especializados. También se utilizaron embarcaciones, kayaks y drones para inspeccionar tanto el agua como las márgenes. 

Ante las dificultades para avanzar, se trabajó además con maquinaria para desviar parte del caudal hacia una laguna cercana. El objetivo era reducir la altura y la fuerza del agua y permitir una inspección más exhaustiva de sectores prácticamente inaccesibles con el flujo habitual.

Las tareas se retomaron este domingo por la mañana y finalmente culminaron con el hallazgo del cuerpo del niño en el canal. La investigación continuará ahora para determinar las circunstancias exactas que provocaron que el vehículo terminara en el agua. 

Tres de las principales compañías de servicios petroleros a nivel mundial confirmaron que no participarán en proyectos de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Se trata de SLB, Baker Hughes y Halliburton, empresas que además cuentan con una importante presencia dentro de la industria energética argentina, particularmente en Vaca Muerta.

Los pronunciamientos se conocieron después de la publicación del Decreto 868/2026, mediante el cual el Gobierno nacional agilizó el procedimiento para investigar y aplicar sanciones por actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en los espacios vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, informó que actualmente no participa ni tiene previsto intervenir en licitaciones para prestar servicios a proyectos petroleros en las islas o en los espacios marítimos cercanos. La multinacional señaló que su postura se enmarca en el cumplimiento de la normativa vigente en Argentina.

Baker Hughes adoptó una posición similar. La compañía comunicó que tampoco forma parte ni planea incorporarse a procesos destinados a brindar servicios para emprendimientos hidrocarburíferos en esa zona y ratificó su compromiso con las disposiciones legales argentinas.

Halliburton, por su parte, aseguró que respeta la soberanía de la República Argentina y remarcó su compromiso con el desarrollo del sector energético nacional. También aclaró que no participa del proyecto Sea Lion ni de otras actividades de exploración o producción relacionadas con las Malvinas.

Sea Lion es uno de los principales proyectos petroleros previstos en aguas próximas al archipiélago y está encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ninguna de las tres empresas que ahora fijaron posición se encontraba vinculada previamente con ese emprendimiento.

La decisión se produjo en medio de una serie de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei para reforzar la respuesta argentina frente a la explotación de recursos naturales sin autorización nacional. En ese marco, Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas para determinar posibles incumplimientos de la Ley 26.659.

Las tres multinacionales tienen una participación relevante en la industria petrolera internacional y mantienen operaciones en Argentina. Su posicionamiento suma así un nuevo capítulo al escenario abierto por las recientes medidas del Ejecutivo en torno a las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.

Las seis entidades que integran el denominado G6 expresaron su apoyo a las acciones impulsadas por el Ejecutivo nacional en torno a las Islas Malvinas y la protección de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

El pronunciamiento fue realizado de manera conjunta por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

A través de un documento, las organizaciones ratificaron el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos correspondientes. También acompañaron las acciones destinadas a impedir la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

Las entidades remarcaron además la necesidad de alcanzar consensos en torno a la cuestión Malvinas y consideraron que se trata de una causa nacional que debe ubicarse por encima de las diferencias políticas.

El posicionamiento se conoció luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei vinculados con el Atlántico Sur. Entre las iniciativas planteadas se encuentra un endurecimiento de las sanciones para aquellas compañías que participen sin autorización argentina en actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la zona.

El mandatario también anunció iniciativas para reforzar la presencia argentina en el extremo sur del país, en un contexto marcado por el avance de proyectos de explotación petrolera en aguas próximas al archipiélago.

De esta manera, las principales cámaras del sector privado argentino sumaron su acompañamiento a las acciones oficiales y destacaron la importancia de sostener una postura conjunta frente a la cuestión de la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur.

La actividad pesquera argentina mostró una fuerte recuperación durante julio. El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI pesquero) registró un crecimiento del 300,2% en comparación con el mismo mes de 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Frente a junio de este año, el avance fue del 7,1%.

El buen desempeño también se refleja en el acumulado del año: entre enero y julio de 2026, la producción del sector creció 57,2% respecto del mismo período del año pasado. La serie tendencia-ciclo, utilizada para observar la evolución de la actividad más allá de las variaciones estacionales, aumentó 1,4% mensual.

Uno de los principales impulsores fue la pesca marítima, que creció 523,1% frente a julio de 2025 y acumula una mejora del 68,5% durante los primeros siete meses del año. La acuicultura, en cambio, retrocedió 11,2% interanual, aunque mantiene un incremento acumulado del 12,9%.

Al analizar las especies, los crustáceos explicaron buena parte del salto. Su producción aumentó 2.786,8% interanual durante julio y acumuló una expansión del 324,8% desde enero. Los peces tuvieron una leve baja del 0,4% en el mes, pero mantienen un crecimiento del 11,9% en lo que va del año. Los moluscos, por su parte, cayeron 59,3% frente al mismo período de 2025 y retrocedieron 8,4% en el acumulado.

La diferencia también fue marcada según el tipo de embarcación. Los desembarques realizados por buques fresqueros aumentaron 85,7% interanual, mientras que los correspondientes a buques congeladores treparon 1.191,6%. En los primeros siete meses de 2026, ambos segmentos acumularon subas del 11,8% y 98,7%, respectivamente.

El fuerte porcentaje de crecimiento debe observarse además teniendo en cuenta la baja base de comparación. Julio de 2025 había sido un mes especialmente negativo para la actividad: el índice general había caído 72,9% interanual y la pesca marítima había sufrido una contracción todavía mayor, en medio de una fuerte paralización vinculada principalmente con la pesquería del langostino y la flota congeladora.

Más allá de ese efecto estadístico, los datos oficiales muestran una recuperación concreta durante 2026. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que entre enero y julio los desembarques de las principales pesquerías alcanzaron 584.928 toneladas, un 16% más que durante el mismo período del año pasado, con un fuerte crecimiento del langostino.

La tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas podría tener un efecto directo sobre la candidatura de Rafael Grossi a la Secretaría General de las Naciones Unidas. El escenario se modificó luego de una declaración de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos respecto del archipiélago y de la respuesta política del presidente Javier Milei.

Trump fue consultado en la Casa Blanca sobre si Estados Unidos estaba revisando su postura sobre las Malvinas. “Siempre reviso mis posturas, todas mis posturas. Esta es una de muchas...”, respondió el mandatario estadounidense. Milei interpretó sus palabras como un respaldo al reclamo argentino de soberanía.

A partir de ese escenario, el Gobierno argentino anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y nuevas sanciones contra empresas petroleras que operan en las islas. “Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”, sostuvo Milei durante un discurso por cadena nacional.

La respuesta del Reino Unido llegó a través de su secretario de Defensa, Wes Streeting, quien cuestionó el planteo argentino. “Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”, afirmó en X.

El conflicto adquiere una dimensión particular por la candidatura de Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien cuenta con el respaldo de la Argentina. El Reino Unido había considerado la posibilidad de abstenerse en la votación definitiva, una posición que podía favorecer indirectamente al diplomático argentino.

Sin embargo, las últimas declaraciones de Trump y Milei podrían haber alterado esos cálculos. En la última votación informal del Consejo de Seguridad, Grossi obtuvo 7 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, mientras que Carolyn Rodrigues-Birkett consiguió 8 apoyos, 3 rechazos y 4 abstenciones, y Rebeca Grynspan sumó 7 apoyos, 4 rechazos y 4 abstenciones.

La próxima votación está prevista para el 18 de septiembre. En esa instancia todavía no se conocerá necesariamente la posición definitiva de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia—, que cuentan con derecho a veto. Estados Unidos y Francia podrían intentar respaldar a Grossi y favorecer que Londres mantenga una eventual abstención.

Dos episodios fatales ocurridos con pocas horas de diferencia conmocionaron a Córdoba. Un niño de 2 años murió luego de ser atacado por un pitbull en una vivienda de Alta Gracia, mientras que previamente una nena de la misma edad había fallecido tras ser agredida por dos perros en la capital provincial. 

El caso más reciente se produjo durante la tarde del viernes en una casa ubicada en el barrio Villa Oviedo, en Alta Gracia. El pequeño se encontraba junto a su madre cuando fue atacado por el animal y sufrió heridas de gravedad. 

Ante la emergencia, el niño fue trasladado al Hospital Regional Arturo U. Illia. Pese a los intentos realizados por el personal médico, no pudieron reanimarlo y se confirmó su fallecimiento. 

Tras el hecho intervino la Justicia y se dispuso la detención del propietario del perro, quien quedó imputado por homicidio culposo mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque. 

La tragedia se conoció pocas horas después de otro episodio fatal ocurrido en el barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Allí, una nena de 2 años murió luego de ser atacada por dos dogos en una vivienda. 

Los dos casos, registrados en un breve período de tiempo y con víctimas de la misma edad, generaron conmoción en la provincia y volvieron a poner en discusión los riesgos asociados a ataques de perros y las responsabilidades de quienes tienen animales a su cargo.

Cada 5 de septiembre se celebra el Día del Lunfardo, una fecha dedicada a reconocer un vocabulario popular que comenzó a desarrollarse en la región del Río de la Plata hacia fines del siglo XIX y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una parte característica de la forma de hablar de los argentinos.

La conmemoración se realiza desde el año 2000 y surgió por iniciativa del periodista Marcelo Héctor Oliveri, integrante de la Academia Porteña del Lunfardo. La jornada fue elegida en recuerdo del 5 de septiembre de 1953, fecha vinculada con la aparición de Lunfardía, la obra de José Gobello que resultó fundamental para estudiar y revalorizar este fenómeno lingüístico.

El desarrollo del lunfardo estuvo estrechamente relacionado con las grandes corrientes inmigratorias que llegaron al país entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. El contacto del español con el italiano y sus dialectos, además de otras lenguas, aportó numerosos términos que posteriormente fueron incorporados al habla popular.

En sus orígenes estuvo asociado especialmente con sectores marginales y ambientes delictivos de Buenos Aires, al punto de que algunos de sus primeros estudios lo presentaban como una jerga propia de delincuentes. Con el tiempo, esa mirada se amplió y numerosas voces se incorporaron a las conversaciones habituales de distintos sectores de la sociedad.

El tango fue uno de los grandes vehículos de difusión del lunfardo. Sus letras incorporaron expresiones populares para contar historias de amores, desencuentros, personajes y escenas de la vida urbana, ayudando a que muchas de ellas trascendieran su ámbito original.

También se relaciona con este universo lingüístico el llamado vesre, un recurso que consiste en alterar el orden de las sílabas de determinadas palabras y que dio lugar a expresiones ampliamente conocidas.

Lejos de quedar detenido en las primeras décadas del siglo XX, el lunfardo continuó transformándose y sumando términos con el paso de las generaciones. Palabras que alguna vez pertenecieron a ámbitos específicos terminaron integrándose de manera natural al lenguaje cotidiano.

La importancia de su estudio quedó institucionalizada con la creación de la Academia Porteña del Lunfardo, fundada el 21 de diciembre de 1962 con el objetivo de investigar el habla popular y diferentes manifestaciones de la cultura porteña.

Más de un siglo después de la aparición de sus primeras expresiones, el lunfardo continúa presente en la vida cotidiana. Cada 5 de septiembre, la fecha permite recuperar sus orígenes y reconocer la huella que dejó en la identidad lingüística y cultural argentina.

La 35ª Marcha del Orgullo se realizará el próximo sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con una movilización que partirá desde Plaza de Mayo y avanzará hasta el Congreso de la Nación. 

La convocatoria fue anunciada por el Frente Orgullo y Lucha y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo. Para esta edición, la consigna principal elegida es “El orgullo al poder. El odio al carajo”. El lanzamiento se realizó mediante una intervención artística y audiovisual en una medianera ubicada en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y el edificio del Ministerio de Capital Humano.

Además de la consigna central, las organizaciones anticiparon otros ejes de la jornada, entre ellos “¡Fuera Milei! Construyamos una alternativa democrática”, el pedido de reparación histórica para travestis y trans adultas mayores y la definición de la marcha como antifascista y antirracista. 

Referentes de las organizaciones participantes señalaron que la movilización volverá a poner en agenda los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTINB+, además de expresar cuestionamientos a las políticas del Gobierno nacional.

Uno de los reclamos centrales estará enfocado en la situación de las personas travestis y trans adultas mayores que atravesaron episodios de violencia estatal y que, según las organizaciones convocantes, actualmente enfrentan condiciones de vulnerabilidad social. 

La movilización llegará así a su 35ª edición, manteniendo el tradicional recorrido entre Plaza de Mayo y el Congreso y combinando las reivindicaciones vinculadas a la diversidad con reclamos de carácter político y social.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) aprobó un resolución firmada por el procurador general interino Eduardo Casal, mediante la cual se establecen los Lineamientos institucionales para el uso e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial. La normativa define un marco obligatorio para el diseño, adquisición, desarrollo y utilización de tecnologías de IA en todas las áreas del organismo judicial.

La medida se enmarca en el Programa de Inteligencia Artificial del MPF, creado por la Resolución PGN N°14/2025, y establece que estas herramientas deberán funcionar como apoyo complementario, sin reemplazar el criterio jurídico ni la toma de decisiones humanas.

De manera transitoria, la resolución dispone la prohibición estricta de cargar datos personales, información reservada o actuaciones vinculadas a causas en trámite en plataformas públicas de Inteligencia Artificial, hasta tanto se definan entornos de uso seguro y controlado.

Asimismo, se instruye a la Dirección General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologías a avanzar en la creación de sistemas propios para la gestión documental bajo estándares de seguridad. En paralelo, la Dirección General de Capacitación y Escuela del MPF, junto con la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI), deberá implementar un programa permanente de formación para el personal, orientado al uso responsable de estas herramientas, la validación de resultados y la mitigación de sesgos.

Efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía de Málaga detuvieron en España a un ciudadano argentino de 52 años, conocido bajo el alias de “Sapo”, que registraba un pedido de captura internacional emitido por la Justicia argentina en el marco de una investigación por estafas mediante el uso de tarjetas de crédito clonadas, sustraídas o falsificadas, utilizadas para la comercialización de paquetes turísticos.

El procedimiento se concretó cuando el imputado circulaba a bordo de un vehículo Jeep Renegade en dicha ciudad española, tras lo cual quedó alojado en dependencias policiales a la espera del proceso de extradición.

La localización del prófugo fue posible a partir de una investigación de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, que intervino tras un requerimiento de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, encabezado por Martín Sebastián Peluso.

Mediante el análisis de accesos a la cuenta del acusado en redes sociales, los investigadores determinaron conexiones radicadas en la ciudad de Málaga, lo que permitió coordinar la intervención con Interpol y las fuerzas de seguridad españolas.

El detenido registra antecedentes por hechos de similar modalidad. En 2016 fue condenado por la Justicia de Chubut a tres años de prisión efectiva por asociación ilícita y estafa, tras una defraudación contra un capitán de navío mediante compras no autorizadas de pasajes por unos 100.000 pesos. En 2018, mientras se encontraba en libertad condicional, fue interceptado en Rusia durante la Copa Mundial de Fútbol por violar una restricción de salida del país, recuperando luego la libertad antes de su fuga a Europa.

La Policía concretó durante la madrugada la detención del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción y administración fraudulenta. Entre otros episodios, se investigó la instalación de un parador promocional en Mar del Plata.

La resolución del máximo tribunal también alcanzó al ex ministro de Cultura y Comunicación provincial, Pedro Angel Báez, y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario, quienes recibieron condenas de seis años y medio de prisión. Los tres fueron trasladados a la Alcaidía de Paraná y permanecen a disposición de la Justicia, a la espera de su derivación a la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas, dejando firme la sentencia y cerrando la vía recursiva.

La causa, impulsada originalmente por la ex fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, investigó un esquema de direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial entre 2007 y 2015, mediante el cual se habrían desviado fondos estatales a través de empresas vinculadas a Aguilera. Entre los hechos analizados se incluyó la instalación de un parador promocional en Mar del Plata y la pauta de campañas publicitarias durante la cumbre del Mercosur.

Urribarri fue gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015 y luego ocupó una banca como legislador provincial, además de desempeñarse como embajador argentino en Israel durante la gestión de Alberto Fernández, cargo al que renunció tras el avance de la causa judicial.

El canciller Pablo Quirno informó que el Gobierno nacional notificó a 180 empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas, advirtiendo que deberán optar entre continuar operando en el archipiélago o afrontar sanciones en la Argentina.

El anuncio se realizó durante la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desarrollada en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en el marco de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Durante su exposición, el funcionario explicó que la Ley 26.659 prohíbe la actividad en territorio nacional a las compañías que participen en la explotación de recursos en el Atlántico Sur sin autorización argentina.

“Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”, señaló. En ese sentido, agregó: “Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios… Van a tener que elegir”.

Asimismo, Quirno detalló que el Ejecutivo avanzará con un decreto reglamentario para agilizar la aplicación de sanciones sobre el universo de empresas involucradas, que incluye operadoras, aseguradoras y prestadoras de servicios técnicos y financieros. “Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, advirtió.

En paralelo, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley 26.659 que incorporará la obligación de presentar una declaración jurada para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), certificando el cumplimiento de la normativa. La iniciativa también contempla un mecanismo de reingreso al sistema para aquellas compañías que desistan de sus actividades en las islas.

La nueva legislación introduce cambios significativos en el abordaje de las causas penales que involucran a menores de edad y busca combinar medidas de responsabilidad penal con mecanismos orientados a la reinserción social y la reparación del daño.

Entre los puntos más relevantes de la ley se encuentra la posibilidad de aplicar penas de hasta 15 años de prisión para adolescentes involucrados en delitos considerados graves, como homicidios, secuestros, abusos sexuales y robos violentos. No obstante, la normativa establece que la privación de la libertad deberá utilizarse como una medida excepcional y solo cuando otras alternativas resulten insuficientes.

Además, el nuevo régimen prevé la creación y fortalecimiento de fueros especializados, integrados por jueces, fiscales y funcionarios con formación específica en niñez y adolescencia. El objetivo es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con una perspectiva adecuada a la edad y situación de los jóvenes involucrados.

La ley también incorpora herramientas de justicia restaurativa, promoviendo medidas alternativas a la prisión. Entre ellas se incluyen tareas comunitarias, restricciones de circulación y mecanismos destinados a reparar el daño causado a las víctimas o a la comunidad.

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801, el Gobierno nacional busca modernizar el sistema penal juvenil, adecuarlo a estándares actuales y establecer un esquema que combine sanciones para los delitos más graves con estrategias orientadas a la reintegración de los adolescentes en la sociedad.

La definición fue adoptada este viernes durante una audiencia preliminar convocada para organizar el debate oral.

En el expediente también serán juzgados el diputado nacional Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros acusados vinculados a las sociedades investigadas.

Según se informó, el proceso contará con más de 40 imputados y entre 200 y 300 testigos, por lo que el tribunal dispuso un cronograma de tres jornadas por semana para avanzar con el debate. El juicio estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni.

La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas relacionadas con las empresas Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a la familia Kirchner.

El avance hacia el juicio se produjo después de diversas demoras vinculadas a una pericia contable considerada clave para la causa. El estudio busca analizar contratos, balances y operaciones comerciales de las empresas involucradas para determinar si los montos abonados y las condiciones pactadas se ajustaban a los valores de mercado.

De acuerdo con la acusación, empresas ligadas a Báez y al empresario Cristóbal López realizaron pagos millonarios a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. Los investigadores sostienen que parte de esas operaciones habrían funcionado como una maniobra para introducir en el circuito legal fondos provenientes de actividades ilícitas.

La causa Hotesur-Los Sauces mantiene vínculos con el expediente Vialidad, en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez ya fueron condenados. En esta instancia, el tribunal buscará determinar si existió un entramado comercial y financiero entre las empresas de la familia Kirchner y compañías de empresarios que mantuvieron contratos con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.

Londres salió al cruce de las nuevas definiciones del presidente Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas y ratificó que mantendrá su respaldo a los habitantes del archipiélago. Desde el gobierno británico advirtieron que las fuerzas militares permanecen preparadas para proteger al Reino Unido y sus intereses.

La declaración fue realizada por un portavoz de Downing Street, quien aseguró que las Fuerzas Armadas británicas se encuentran “en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana”. Además, sostuvo que el Reino Unido continuará respaldando la decisión de los isleños de permanecer bajo soberanía británica.

La respuesta de Londres se produjo luego del mensaje emitido por Milei durante una cadena nacional, en el que volvió a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas. El mandatario sostuvo que “no hay discusión posible” respecto de que las Malvinas forman parte del territorio nacional y planteó la necesidad de avanzar en su recuperación.

El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, también se refirió a la disputa y afirmó que su país defenderá “resueltamente” el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro.

Miliband sostuvo que la postura británica permanece firme y consideró que la autodeterminación de los isleños está contemplada por el derecho internacional. En ese sentido, remarcó que las Malvinas continuarán siendo británicas mientras esa sea la voluntad de quienes viven allí.

La posición británica contradice directamente la expresada por Milei, quien durante su discurso negó que los habitantes del archipiélago tengan derecho a la autodeterminación en el marco de la disputa de soberanía.

Además del reclamo territorial, uno de los principales focos de tensión entre ambos países está relacionado con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Malvinas.

Durante su discurso, Milei anunció medidas contra las empresas que intervengan en proyectos petroleros vinculados con el archipiélago y apuntó particularmente contra el desarrollo denominado Sea Lion.

El proyecto es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que prevén avanzar con la extracción de crudo y mantienen como objetivo iniciar las primeras operaciones durante 2028.

El yacimiento se ubica aproximadamente a 210 kilómetros de las islas y las estimaciones difundidas por las compañías señalan que podría contener cerca de 1.700 millones de barriles de petróleo.

Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno argentino, las empresas indicaron que, por el momento, mantienen el cronograma previsto para el desarrollo del proyecto.

Desde Londres, además, recordaron que la Argentina ya había impulsado anteriormente medidas económicas contra compañías relacionadas con las islas. El gobierno británico sostiene que la autodeterminación de los habitantes del archipiélago también comprende la administración y explotación de sus recursos naturales.

El Gobierno de Javier Milei dispuso una ampliación de partidas presupuestarias para áreas estratégicas del Estado, entre ellas Defensa, inteligencia y desarrollo satelital, apenas horas después de los anuncios realizados por el Presidente en cadena nacional sobre la cuestión Malvinas.

La medida quedó formalizada este viernes mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, que introduce modificaciones al Presupuesto 2026 y redistribuye recursos para distintos organismos de la administración pública.

Uno de los principales incrementos está destinado al área de Defensa y a las Fuerzas Armadas, que en conjunto recibirán una ampliación cercana a los $218.000 millones. Los fondos estarán orientados a atender necesidades vinculadas con equipamiento, funcionamiento y capacidades operativas.El decreto también contempla un refuerzo de $30.519 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El incremento forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer las capacidades de inteligencia y afrontar gastos vinculados con el funcionamiento del organismo.

De acuerdo con los fundamentos del DNU, el Ejecutivo justificó la modificación presupuestaria en la necesidad de atender de manera inmediata gastos salariales, operativos y de inteligencia. Según la Casa Rosada, una demora en la asignación de estos recursos podía afectar la prestación de servicios considerados esenciales.Otro de los organismos beneficiados por la modificación presupuestaria es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Las planillas oficiales contemplan movimientos por $119.289,5 millones destinados al organismo, que tiene bajo su órbita programas vinculados con el desarrollo y utilización de tecnología espacial y satelital.

El refuerzo se incorpora dentro de una serie de modificaciones presupuestarias que alcanzan a distintos organismos públicos y que el Gobierno encuadra dentro de sus prioridades estratégicas.

Además, el Gobierno avanzó con otras medidas relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas. A través del Decreto 868/2026 estableció un nuevo régimen de sanciones para empresas petroleras que operen en el área, con mayores controles sobre compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales.

Así, el refuerzo de las partidas para Defensa, inteligencia y tecnología espacial aparece como parte de una estrategia más amplia del Gobierno para fortalecer áreas consideradas claves para la soberanía y la seguridad nacional.

La ampliación presupuestaria deberá ahora atravesar el proceso de control parlamentario correspondiente a los decretos de necesidad y urgencia.

El proyecto dio un paso clave en el Senado al obtener dictamen favorable en un plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. De esta manera, la iniciativa quedó habilitada para su tratamiento en el recinto de la Cámara Alta.

La propuesta busca sustituir la Ley 27.640 y modificar las reglas que actualmente regulan la producción y comercialización de biocombustibles en el país.

Entre los cambios más relevantes, el texto contempla una menor participación del Estado en la distribución de cupos y una mayor apertura del mercado, permitiendo que las empresas compitan con menos restricciones. Desde los sectores que respaldan la iniciativa sostienen que estas modificaciones contribuirán a mejorar la competitividad, atraer inversiones y potenciar el crecimiento de la actividad.

Sin embargo, la iniciativa genera una fuerte resistencia entre las pequeñas y medianas empresas productoras, especialmente las radicadas en la provincia de Buenos Aires. Las pymes sostienen que la desregulación propuesta las dejará en desventaja frente a las grandes compañías del sector, con mayor capacidad productiva y financiera.

Además de los cambios en la regulación del mercado, el proyecto incrementa los porcentajes obligatorios de mezcla de biocombustibles con combustibles fósiles. En el caso del gasoil, el corte con biodiésel pasará del 7,5% al 10% durante el primer año de vigencia de la norma. Para las naftas, el porcentaje de bioetanol aumentará del 12% al 15%.

La iniciativa también mantiene un piso del 6% para el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz, buscando preservar la participación de ambas cadenas productivas.

Mientras el oficialismo defiende el proyecto como una herramienta para modernizar el sector y ampliar la competencia, las pymes bonaerenses advierten que podría profundizar la concentración del mercado y afectar la sustentabilidad de numerosas plantas productoras del interior del país. Con el despacho ya firmado, la discusión se trasladará ahora al recinto del Senado, donde la propuesta buscará convertirse en ley.

El Gobierno nacional dispuso la revisión de las solicitudes para acceder a los subsidios de electricidad y gas por redes que, transcurrido un año desde su presentación, no hayan podido ser vinculadas con un suministro registrado por las empresas prestadoras.

Los usuarios alcanzados por la medida tendrán 60 días corridos para actualizar, rectificar o completar la información declarada. En caso de no hacerlo y de que continúe sin poder establecerse la vinculación con un suministro, la solicitud será dada de baja.

La disposición fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y se enmarca en el proceso de depuración del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

La medida apunta a los trámites en los que existe una inconsistencia entre la información proporcionada por el usuario y los datos correspondientes a los suministros de electricidad o gas que las empresas prestadoras remiten al Estado.

Según establece la normativa, se consideró razonable fijar un plazo de un año desde el alta de la solicitud antes de iniciar el proceso de revisión.

Los usuarios que queden comprendidos deberán ser notificados a través de los medios de contacto informados al momento de realizar el trámite. Desde esa comunicación comenzará a correr el plazo de 60 días corridos para regularizar la situación.

Durante ese período podrán corregir o completar los datos del suministro declarado o, en caso de corresponder, informar un nuevo suministro que pueda ser correctamente asociado.

La disposición no alcanza a todas las personas que reciben subsidios ni significa que el beneficio se pierda automáticamente por haber transcurrido un año.

El procedimiento está dirigido específicamente a las solicitudes que permanecen desde hace al menos 12 meses sin poder ser vinculadas con un suministro de electricidad o gas informado por las prestadoras.

También quedan expresamente exceptuadas las solicitudes correspondientes al Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado), debido a que este tipo de provisión no está conectado a una red de distribución ni cuenta con un punto de suministro identificable mediante una empresa prestadora y un número de cliente.

Los usuarios pueden verificar el estado de sus solicitudes de subsidios a través de Mi Argentina, ingresando a la sección “Trámites”.

En caso de detectar alguna inconsistencia o necesitar modificar la información, también podrán solicitar una revisión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Fuente: Agencia DIB

El presidente Javier Milei se dirigió este jueves por la noche al país a través de una cadena nacional centrada en la cuestión Malvinas, durante la cual presentó una serie de iniciativas con las que el Gobierno buscará fortalecer el reclamo argentino sobre las islas.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó el mandatario al iniciar su mensaje. A partir de esa definición, sostuvo que el país debe avanzar más allá del reclamo y recurrir a diferentes mecanismos para defender sus intereses.

En ese sentido, Milei confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos destinados a resguardar la soberanía argentina en las islas. También anunció la creación de una base naval para fortalecer la presencia nacional en la región.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, expresó el jefe de Estado.

Durante su exposición, el Presidente remarcó además que la estrategia sobre Malvinas requiere de una acción coordinada entre las distintas áreas estatales y de instrumentos que permitan sostenerla en el tiempo.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, planteó.

De esta manera, el Ejecutivo buscará trasladar parte de su estrategia al Congreso, donde deberán debatirse las iniciativas anunciadas por el mandatario para fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado argentino en torno al reclamo por las islas.

La cadena nacional volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda política y exterior del Gobierno, con el foco puesto en avanzar con acciones concretas desde los ámbitos legislativo, diplomático, económico y judicial.