Un nuevo ejemplar de elefante marino nació en las costas de Villa Gesell y se convirtió en el segundo de la temporada y el cuarto registrado en esa zona desde 2024. Ante el nacimiento, especialistas y personal municipal desplegaron un operativo de protección para resguardar a la hembra y su cachorro y garantizar que puedan permanecer en el lugar sin perturbaciones.

Según informaron las autoridades a cargo del monitoreo, la madre se mantiene en estado de alerta ante el tránsito de personas por la zona. En tanto, el cachorro nacido días atrás evoluciona favorablemente y se alimenta con normalidad.

Desde el municipio solicitaron la colaboración de vecinos y turistas para evitar situaciones que puedan estresar a los animales. Entre las principales recomendaciones, pidieron no acercarse a la hembra ni a su cría, no intentar tomar fotografías de cerca y respetar el perímetro de protección delimitado por los equipos a cargo del operativo.

También recordaron la importancia de mantener silencio y circular con las mascotas sujetas con correa, para evitar que interfieran con los ejemplares. Las autoridades remarcaron que estas medidas buscan preservar el bienestar de la madre y asegurar la lactancia del cachorro.

Ante cualquier incumplimiento de las pautas o una situación que pueda poner en riesgo a los animales, se solicitó dar aviso inmediato a la línea de emergencias 103.

El gobierno de Axel Kicillof avanzará con una inversión cercana a los $4.200 millones para modernizar el Centro de Procesamiento de Datos (Data Center) de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la localidad de Gonnet, partido de La Plata.

El llamado a licitación quedó  formalizado mediante la Resolución 49-SSTAYLMGGP-2026 del Ministerio de Gobierno, fechada el 29 de octubre y publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa apunta a ampliar la capacidad tecnológica del Estado bonaerense, fortalecer su infraestructura de almacenamiento y procesamiento de información y consolidar el funcionamiento de la nube digital provincial.

Sin embargo, uno de los aspectos que genera particular atención es la modalidad de pago establecida en la licitación: la empresa que resulte adjudicataria recibirá la totalidad del monto contratado de manera anticipada, mientras que algunas de las prestaciones deberán cumplirse durante los siguientes tres años.

De acuerdo con las condiciones del llamado, la apertura de ofertas está prevista para el próximo 18 de noviembre, a las 11:00, a través del portal de compras de la Provincia.

El pliego establece distintos plazos de entrega para los componentes tecnológicos. Los renglones 1, 2 y 5 tendrán un plazo de 90 días corridos desde el perfeccionamiento del contrato, mientras que los renglones 3 y 4 deberán entregarse dentro de los 15 días posteriores a la certificación de los primeros elementos. Además, la empresa contratada deberá garantizar soporte técnico y mantenimiento durante 36 meses, las 24 horas y todos los días de la semana, junto con la transferencia de conocimientos para el personal encargado de operar la infraestructura.

De esta manera, el esquema contempla un desembolso total anticipado, aunque las obligaciones de mantenimiento y asistencia se extenderán durante tres años. El gasto será afrontado con partidas correspondientes al Presupuesto 2026.

Con una licitación que ronda los $4.200 millones y un mecanismo de pago que contempla el desembolso total por adelantado, el proceso abrirá un nuevo capítulo en la política de infraestructura tecnológica de la Provincia.

La Chacra Experimental Integrada Barrow, ubicada en el partido bonaerense de Tres Arroyos, logró desarrollar el primer triticale del mundo resistente a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Este cereal combina características del trigo y el centeno y se utiliza principalmente para alimentar animales y como cultivo de cobertura.

El trabajo estuvo a cargo de Francisco Di Pane, del INTA, y Marcos Yanniccari, del CONICET, quienes se desempeñan en la institución, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense y del INTA.

La investigación se extendió entre 2015 y 2025 y permitió obtener dos líneas resistentes, identificadas como 5202 y 5195. Los resultados fueron publicados en octubre de 2026 en la revista científica internacional Crops.

El desarrollo busca responder a una dificultad que enfrentan los productores: la permanencia en el suelo de residuos de determinados herbicidas, que puede afectar la implantación de los cultivos siguientes.

Las imidazolinonas se utilizan, entre otros cultivos, en girasol. Sus residuos pueden perjudicar el crecimiento del trigo, la avena y el triticale convencional, por lo que contar con materiales resistentes amplía las alternativas para organizar las rotaciones.

El triticale se destaca por su producción de biomasa, su adaptación a condiciones ambientales adversas y su capacidad para crecer en suelos de fertilidad moderada o baja. Además de su uso como forraje y cobertura, permite obtener granos destinados a la alimentación animal.

Los investigadores recurrieron al mejoramiento genético tradicional. Primero generaron una línea de trigo resistente mediante mutagénesis física con rayos gamma y luego trasladaron esa característica al triticale a través de cruzamientos y sucesivas etapas de selección.

Actualmente cuentan con dos líneas avanzadas precomerciales, que ya fueron evaluadas y multiplicadas en el campo experimental.

El próximo paso será avanzar con los trámites de inscripción durante 2027, con el objetivo de alcanzar la disponibilidad comercial en 2028.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó que el resultado refleja la importancia de sostener espacios científicos vinculados con las necesidades del sector agropecuario.

El funcionario remarcó que estas capacidades son producto de años de trabajo e inversión pública y planteó la necesidad de transformar el conocimiento en herramientas para los productores. También subrayó el valor de la articulación entre el Estado, los organismos de ciencia y tecnología y el sector productivo.

El Senado de la provincia de Buenos Aires tratará este jueves el proyecto que propone crear una empresa de participación estatal mayoritaria para producir medicamentos e insumos sanitarios. La iniciativa forma parte de la agenda de salud del gobierno de Axel Kicillof y apunta a reducir los costos de abastecimiento del sistema público.

La propuesta contempla la conformación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima cuyo capital estará integrado en un 99% por el Estado provincial. El porcentaje restante podrá quedar en manos de actores públicos o privados.

Entre sus funciones estarán la investigación, el desarrollo, la producción, la compra, la venta y la distribución de medicamentos. También podrá elaborar vacunas, equipamiento médico, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos.

El objetivo es priorizar la provisión a hospitales provinciales y municipales, con la intención de disminuir los gastos de adquisición y la dependencia de proveedores privados.

El proyecto llegará al recinto con el rechazo anunciado de Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos–UCR Identidad. Esas bancadas cuestionan el impacto fiscal, la ampliación de la estructura estatal y los fundamentos para crear una nueva empresa.

Mientras avanza la iniciativa farmacéutica, el proyecto de integración del sistema de salud bonaerense, conocido como SIPBA, continuará en comisión. La propuesta será girada a Presupuesto para incorporar aportes de los senadores.

Las objeciones también surgieron dentro del peronismo. El Frente Renovador y el kirchnerismo trasladaron los planteos de intendentes que advierten sobre las obligaciones económicas y administrativas que el texto impone a los municipios.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al artículo 43, que establece la equiparación de los salarios de los médicos municipales con las paritarias provinciales. Los jefes comunales señalan que la iniciativa no precisa cómo se financiará ese gasto.

También genera reparos la obligación de informar al Consejo Regional de Salud y al Congreso Provincial de Salud cuando una comuna decida utilizar otras modalidades de contratación o pagar remuneraciones superiores a las previstas.

Otro punto de discusión es la prioridad que tendrán los municipios incorporados a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud para acceder a fondos sanitarios provinciales y nacionales.

Los intendentes reclaman que la distribución de esos recursos contemple el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y que la ley defina con mayor claridad los criterios para asignar las partidas.

El Senado de la provincia de Buenos Aires se prepara para debatir este jueves 5 de noviembre la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una empresa estatal destinada a producir y distribuir medicamentos e insumos sanitarios. La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, buscará obtener media sanción en la última sesión ordinaria del año.

El proyecto contempla la conformación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), en la que el Gobierno bonaerense tendrá el 99% del capital social, mientras que el 1% restante podrá quedar en manos de otros actores públicos o privados.

Entre sus principales objetivos se encuentra desarrollar una estructura de producción propia que permita investigar, fabricar, comprar, vender y distribuir medicamentos, vacunas, equipamiento médico, ingredientes farmacéuticos e insumos odontológicos.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la iniciativa permitirá garantizar el abastecimiento de los hospitales provinciales y municipales, reducir los costos de adquisición y evitar los sobreprecios que, según argumentan, se generan en el mercado farmacéutico privado.

Pese a las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo, el proyecto enfrenta resistencias de distintos bloques opositores. Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos-UCR Identidad adelantaron que votarán en contra.

Entre los principales cuestionamientos aparecen la posible ampliación de la estructura burocrática estatal, el impacto sobre las cuentas públicas y la falta de fundamentos suficientes para justificar la creación de una nueva empresa provincial.

De esta manera, el oficialismo buscará avanzar con una de las principales iniciativas sanitarias de la administración de Kicillof, en un escenario de debate político sobre el rol del Estado en la producción y distribución de medicamentos.

La sesión también tenía previsto avanzar con el proyecto para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). Sin embargo, la iniciativa deberá continuar su recorrido legislativo y será girada a la Comisión de Presupuesto para recibir nuevos aportes.

Uno de los principales puntos de conflicto es el artículo 43, que establece que los municipios deberán equiparar los salarios de sus médicos municipales con las paritarias provinciales. Los jefes comunales advierten que el proyecto fija esa obligación, pero no determina de dónde saldrán los recursos necesarios para afrontar el incremento del gasto.

También existen objeciones sobre los criterios de distribución de los fondos destinados a los programas sanitarios. Los intendentes reclaman que se contemple el Coeficiente Único de Distribución (CUD) para establecer cómo se asignarán las partidas.

Axel Kicillof, recibió este lunes a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, en un encuentro que tuvo como objetivo fortalecer el diálogo y la colaboración institucional entre el Ejecutivo provincial y el ámbito judicial.

De la reunión también participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el asesor general de Gobierno y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Santiago Pérez Teruel.

Nos reunimos con las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia para conversar sobre el funcionamiento del sistema de justicia.Seguimos impulsando el diálogo y el trabajo conjunto para fortalecer la colaboración institucional. pic.twitter.com/N5DVOvKyZb

Uno de los principales anuncios del encuentro fue el envío de nuevos pliegos al Senado bonaerense para avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, una cuestión vinculada al funcionamiento y la integración del sistema de Justicia provincial.

Durante la reunión, los participantes analizaron diferentes temas relacionados con la situación judicial y la necesidad de profundizar los canales de cooperación entre las instituciones.

Por su parte, las autoridades del Colegio de Magistrados expresaron su respaldo a las acciones que el Gobierno bonaerense lleva adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y manifestaron su compromiso de acompañarlas.

Tras el encuentro, Kicillof destacó la importancia del trabajo conjunto y señaló que la Provincia continúa impulsando el diálogo institucional para fortalecer el funcionamiento del sistema de Justicia.

Trenes Argentinos confirmó que ya se encuentran a la venta los pasajes de larga distancia para viajar durante noviembre, con destino a Mar del Plata, Rosario, Bragado y Junín. La empresa también anticipó que en los próximos días se habilitará la comercialización de boletos correspondientes a la temporada de verano.

En el caso de Mar del Plata, los pasajes desde Plaza Constitución parten de los $28.700 en primera clase y $34.500 en pullman, con diferentes frecuencias según el día de la semana y un servicio adicional de refuerzo para los fines de semana.

De lunes a viernes, el tren sale desde Constitución a las 7:30, con paradas en todas las estaciones intermedias. Además, los lunes y viernes se incorpora una salida a las 14:17. Los sábados, los servicios parten a las 7:32 y 14:32, mientras que los domingos lo hacen a las 7:52 y 14:52, este último con recorrido directo hacia la ciudad balnearia.

Para regresar desde Mar del Plata hacia Buenos Aires, las salidas están programadas a la 1:11 los lunes y viernes y a las 14:21 de lunes a viernes. Los sábados, los trenes parten a la 1:11 y 14:36, mientras que los domingos lo hacen a la 1:11 y 14:57.

La empresa aclaró que la reducción de frecuencias los martes, miércoles y jueves responde a trabajos de infraestructura ferroviaria, realizados en el marco de la Emergencia Ferroviaria para mejorar las condiciones de seguridad del recorrido.

Asimismo, se incorpora un servicio de refuerzo directo los viernes a las 17:08 desde Constitución, con regreso desde Mar del Plata los domingos a las 22:53, una alternativa especialmente destinada a quienes viajan durante el fin de semana.

Una de las principales novedades es la posibilidad de comprar pasajes por internet en tres y seis cuotas fijas sin interés a través de Mercado Pago. Para operaciones de entre $60.000 y $120.000 se habilitan tres cuotas, mientras que las compras desde $120.000 pueden financiarse en seis pagos. En las boleterías continuará disponible el pago en efectivo o en una sola cuota.

En cuanto a los otros destinos, el servicio Buenos Aires-Rosario mantiene una frecuencia diaria, con salida desde Retiro a las 19:55 y regreso desde la ciudad santafesina a las 4:48. Los boletos presentan diferentes bandas tarifarias, con valores de entre $13.500 y $14.500 en primera clase y entre $16.000 y $19.000 en pullman.

Por su parte, el tren Buenos Aires-Bragado circula los lunes, miércoles y viernes, con salida desde Once a las 18:35 y regreso a la 1:50. Los pasajes comienzan en $9.700 en primera y $11.500 en pullman.

En tanto, el servicio hacia Junín parte diariamente desde Retiro a las 18:15, mientras que el regreso está previsto a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 los domingos y feriados. Las tarifas varían según el día elegido para viajar.

Los boletos pueden adquirirse a través de la web oficial de Trenes Argentinos, en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, así como en las boleterías habilitadas de las estaciones intermedias.

Con la próxima apertura de la venta para los meses de verano, se espera que los pasajeros puedan comenzar a organizar sus viajes hacia Mar del Plata, uno de los principales destinos turísticos del país.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires recibió un proyecto de ley que busca eliminar el límite de edad establecido para ingresar a la Administración Pública bonaerense. La propuesta fue presentada por la legisladora del PRO Laura Ricchini, quien plantea modificar la normativa para ampliar las oportunidades laborales de las personas mayores de 50 años.

Actualmente, la Ley 10.430, que regula el estatuto y escalafón del personal estatal provincial, establece como regla general que los aspirantes deben tener entre 18 y 50 años, aunque contempla determinadas excepciones. La iniciativa pretende conservar la edad mínima de ingreso, pero suprimir el límite máximo.

En los fundamentos del proyecto, Ricchini sostiene que la edad no debería representar un impedimento para acceder a un puesto estatal, siempre que el postulante reúna las condiciones y capacidades necesarias para desempeñar sus funciones.

La diputada argumentó que la restricción vigente entra en conflicto con el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad ante la ley y determina que el acceso a los empleos debe basarse en la idoneidad de las personas.

En ese sentido, cuestionó la exclusión de quienes superan los 50 años y planteó: “¿Con qué argumento razonable puede determinarse que una persona, pasados los 50 años, no es idóneo para ingresar a la Administración Pública? Estimamos que ninguno”.

La propuesta también se apoya en antecedentes judiciales. En particular, la legisladora mencionó un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que declaró inconstitucional el límite de edad para acceder a cargos docentes titulares en la provincia.

A partir de ese fallo, Ricchini considera necesario revisar las condiciones de ingreso al conjunto de la Administración Pública provincial, con el objetivo de evitar exclusiones basadas exclusivamente en criterios etarios.

La modificación alcanzaría al artículo 2 de la Ley 10.430 y permitiría que personas mayores de 50 años puedan postularse a empleos estatales comprendidos en ese régimen, sin quedar automáticamente excluidas por su edad.

De todos modos, la iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. Hasta que no sea aprobada y entre en vigencia, continuarán aplicándose los requisitos actuales para el ingreso al empleo público bonaerense.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) reglamentó el procedimiento para aplicar la exención del Impuesto a los Automotores correspondiente al ejercicio fiscal 2026 para las empresas prestatarias del servicio regular de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano.

La medida establece cómo se implementará el beneficio contemplado en el artículo 183 de la Ley Impositiva 2026 y determina un mecanismo de coordinación entre ARBA y el Ministerio de Transporte provincial para identificar a las empresas y unidades alcanzadas.

Según la normativa, el Ministerio de Transporte deberá enviar mensualmente al organismo recaudador la información de los colectivos incluidos en el beneficio. Los datos deberán contemplar el dominio de cada vehículo, el CUIT de las empresas prestatarias que sean titulares o adquirentes de las unidades y la fecha en que cada colectivo fue incorporado al servicio público.

A partir de esa información, ARBA analizará los registros y determinará si corresponde otorgar o denegar la exención impositiva.

Uno de los principales aspectos de la reglamentación es que las compañías de transporte alcanzadas no tendrán que iniciar gestiones directamente ante ARBA para acceder al beneficio.

El procedimiento se realizará exclusivamente a partir de la información que proporcione el Ministerio de Transporte bonaerense, a través del sistema de intercambio de datos disponible en el sitio oficial del organismo recaudador.

De esta manera, la administración provincial centralizará la identificación de los vehículos beneficiados y la aplicación de la exención.

La normativa también contempla situaciones en las que exista más de un responsable del pago del impuesto sobre una misma unidad. En esos casos, el beneficio se reconocerá únicamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas por la Ley Impositiva y en la proporción que corresponda.

La resolución establece que, cuando un colectivo ya se encontraba afectado al servicio público antes del 1° de enero de 2026, la exención se reconocerá desde el comienzo de ese año.

La medida se enmarca en la política tributaria provincial para el ejercicio 2026 y busca instrumentar la exención del Impuesto Automotor prevista para las empresas que prestan servicios regulares de transporte público urbano y suburbano de jurisdicción bonaerense.

La llegada del fenómeno climático de El Niño abrió una nueva discusión en la Legislatura bonaerense. Diputados de la UCR y La Libertad Avanza impulsaron proyectos para reforzar el seguimiento de sus posibles efectos y exigir al Gobierno de Axel Kicillof información sobre las medidas previstas para prevenir inundaciones y anegamientos.

Una de las iniciativas fue presentada por el radical Valentín Miranda, quien propuso crear una Comisión Especial de Seguimiento en la Cámara de Diputados. El espacio tendría a su cargo el tratamiento de los proyectos vinculados al fenómeno y el monitoreo de las acciones de prevención, mitigación, asistencia y recuperación que se implementen en territorio bonaerense.

El legislador advirtió sobre los riesgos para el noroeste y el centro de la provincia, regiones identificadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario como las de mayor exposición. Entre las consecuencias posibles mencionó caminos rurales intransitables, campos anegados, dificultades para las actividades agropecuarias y barrios vulnerables expuestos a inundaciones. La propuesta, que cuenta con el acompañamiento de María Alejandra Lordén y Priscila Minnaard, establece la presentación de informes mensuales ante la Cámara.

En paralelo, el diputado libertario Luis Ontiveros presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle las medidas de prevención, las obras hídricas previstas y su ubicación, además de las tareas de mantenimiento y limpieza de ríos, arroyos y canales. También solicitó precisiones sobre la asistencia técnica brindada a los municipios, con especial atención a La Matanza y otros distritos del Conurbano.

Por su parte, Diego Garciarena, titular del bloque UCR + Cambio Federal, pidió conocer el grado de implementación del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático. Su iniciativa apunta a obtener información sobre los organismos responsables, el presupuesto asignado, los plazos de ejecución y las fuentes de financiamiento.

Además, reclamó un diagnóstico actualizado de las cuencas y subcuencas con mayor vulnerabilidad, junto con los mapas de riesgo de inundación, los sistemas de alerta temprana y los protocolos de actuación previstos.

Los planteos opositores ponen el foco en la capacidad de respuesta de la Provincia ante un escenario de precipitaciones extraordinarias. Mientras Miranda propone crear un ámbito legislativo específico, Ontiveros y Garciarena buscan que el Gobierno provincial informe qué acciones lleva adelante y qué obras e intervenciones siguen pendientes.

Fuente: Diputados bonaerenses

Noviembre comenzará con nuevos incrementos en alquileres, transporte, medicina prepaga, colegios privados y telecomunicaciones, que sumarán presión sobre los presupuestos familiares bonaerenses.

Los porcentajes dependerán de cada rubro, la jurisdicción y los acuerdos vigentes. En algunos servicios, los valores definitivos todavía están pendientes de publicación.

Los contratos tendrán actualizaciones según el índice y la frecuencia pactados entre propietarios e inquilinos. Para los acuerdos que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL), los ajustes informados para noviembre son del 5,81% en revisiones trimestrales, 7,82% en cuatrimestrales y 12,95% en semestrales.

Estos porcentajes no se aplican de manera general a todos los alquileres, ya que cada contrato puede establecer otro mecanismo.

Las subas anunciadas para los servicios alcanzados serán del 4% en la provincia de Buenos Aires y del 3,9% en la Ciudad de Buenos Aires.

El cuadro informado para las líneas provinciales contempla los siguientes valores con SUBE:

Los importes dependen de la jurisdicción y el recorrido, por lo que no representan una actualización del boleto local de Mar del Plata.

Las empresas de medicina prepaga aplicarán incrementos de distinta magnitud. Los ajustes informados alcanzan hasta el 2,88% en Sancor Salud, hasta el 2,75% en Omint, desde el 2,2% en Galeno y entre el 1,7% y el 2,2% en OSDE.

Por su parte, la cuota de los afiliados voluntarios de IOMA pasará de $108.504 a $113.900.

Los peajes de jurisdicción porteña tendrán una suba del 3,9%. La actualización alcanzará a las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia, además de los accesos Retiro II, Sarmiento y Salguero, con tarifas diferenciadas según el horario y la categoría del vehículo.

Las escuelas privadas bonaerenses alcanzadas por el cuadro arancelario autorizado tendrán aumentos del 3% en noviembre y otro 3% en diciembre.

En noviembre, una primaria con subvención estatal del 100% podrá cobrar hasta $39.210, mientras que una con aporte del 40% tendrá un tope de $177.340.

Para el nivel secundario, los máximos serán de $43.230 y $230.450, respectivamente.

Los incrementos dependerán de cada compañía y serán comunicados a los usuarios. Movistar informó un ajuste del 2,6%, mientras que los cambios de las demás empresas deberán consultarse en las notificaciones de cada prestador.

También se anticipan actualizaciones en electricidad y gas, aunque los cuadros tarifarios definitivos todavía no fueron publicados, según la información difundida.

En el caso del agua potable y las cloacas prestados por AySA, se prevé una suba de entre el 1,5% y el 2% por la actualización mensual del coeficiente tarifario. Ese ajuste corresponde al área atendida por la empresa.

La atención presencial en los bancos estará interrumpida durante varios días de noviembre. Entre el Día del Bancario, el fin de semana y los feriados vinculados con la visita del papa León XIV, las entidades acumularán cinco jornadas consecutivas sin apertura de sucursales.

El cronograma comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario, y continuará durante el sábado 7 y el domingo 8. A esas fechas se sumarán el lunes 9, declarado feriado nacional, y el martes 10, por el feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina.

De esta manera, la actividad presencial se retomará el miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, en territorio bonaerense esa jornada también fue declarada feriado provincial por la visita del Pontífice y todavía resta determinar cómo se aplicará la medida en las entidades financieras del distrito.

La celebración del 6 de noviembre recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida en 1924. En el marco de esa fecha, los trabajadores del sector recibirán un bono de $2.275.519,25.

Durante los días de cierre, los clientes podrán realizar transferencias, pagar servicios y consultar saldos y movimientos mediante home banking y aplicaciones móviles. También estarán disponibles los pagos con tarjetas de débito y crédito y las operaciones con billeteras virtuales.

Los cajeros automáticos continuarán habilitados para extracciones y otras gestiones, por lo que quienes necesiten realizar trámites por ventanilla deberán organizarse con anticipación.

El calendario sumará otra jornada sin atención presencial el lunes 23 de noviembre, debido al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Así, serán seis los días sin actividad en las sucursales, con la posibilidad de una fecha adicional en la provincia de Buenos Aires.

Un joven de 25 años murió tras recibir una puñalada en el tórax durante una discusión ocurrida en una vivienda de la calle 25 al 4100, en Miramar. Por el homicidio, la Policía aprehendió a un sospechoso de 18 años, señalado como el presunto autor de la agresión.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima mantuvo una acalorada discusión con otras dos personas en el interior del inmueble en un episodio que ocurrió ayer. En ese contexto, uno de los involucrados le habría asestado una puñalada en el pecho y luego escapó junto a una mujer.

Tras el ataque, allegados trasladaron al joven en un vehículo particular al Hospital Municipal Marino Cassano. Allí, el personal médico de guardia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró salvarle la vida. El fallecimiento fue constatado cerca de las 19:30 del jueves.

A partir de las instrucciones de la Justicia, efectivos de la SubDDI de Miramar y personal de la comisaría local desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los involucrados. El procedimiento terminó con la aprehensión del sospechoso de 18 años en la intersección de avenida 23 y calle 24.

La causa quedó a cargo de la UFI Descentralizada de Miramar, bajo la dirección del fiscal Rodolfo Moure. El funcionario dispuso la realización de la autopsia y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 de Batán, acusado del delito de homicidio.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y establecer la posible participación de otras personas en el hecho.

La provincia de Buenos Aires estableció una licencia especial de hasta 45 días corridos, con goce íntegro de haberes, para los empleados estatales que queden al cuidado de sus hijos tras la muerte del corresponsable parental.

La medida modifica la Ley 13.459, que regula la licencia por duelo familiar, y comprende al personal dependiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial bonaerenses.

Para acceder, los trabajadores deben tener hijos menores de 18 años o con discapacidad. En este último caso, no se establece un límite de edad.

El permiso deberá solicitarse dentro de los diez días posteriores al fallecimiento y podrá extenderse hasta un máximo de 45 jornadas consecutivas. Durante ese período, se garantiza la percepción de la totalidad del salario.

La reforma también actualiza el alcance de la normativa para contemplar distintas conformaciones familiares. La redacción anterior hacía referencia al “personal masculino” ante el fallecimiento de la madre, mientras que el nuevo texto incorpora el concepto de “corresponsable parental”.

Además de reemplazar el artículo 1°, la modificación deroga los artículos 2° y 3° de la ley original y establece las nuevas condiciones para el otorgamiento del beneficio.

El Senado de la Nación aprobó una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010, que introduce modificaciones en los procedimientos de internación, la composición de los equipos médicos y las garantías para los pacientes. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con las internaciones involuntarias, es decir, aquellas que se realizan sin el consentimiento del paciente. El proyecto propone reemplazar el requisito de "riesgo cierto e inminente" por el de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física", ampliando los elementos que podrán considerar los profesionales al evaluar cada situación.

De esta manera, podrán tenerse en cuenta antecedentes de conductas o pensamientos relacionados con posibles daños, la evolución esperada del cuadro clínico y las consecuencias de no intervenir. Sin embargo, la internación continuará siendo una medida excepcional, reservada para aquellos casos en los que las alternativas de tratamiento ambulatorio no resulten eficaces.

La propuesta también establece que, ante una situación de urgencia y cuando solo se encuentre disponible un médico, este podrá disponer una internación provisoria, que deberá ser evaluada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas posteriores.

En cuanto a la atención profesional, la reforma contempla la presencia obligatoria de un médico psiquiatra en los equipos interdisciplinarios, integrados también por especialistas en psicología, enfermería, trabajo social y terapia ocupacional, entre otras disciplinas.

Para autorizar una internación sin consentimiento se exigirán dos firmas profesionales, una correspondiente a un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y otra, preferentemente, de un psicólogo. En aquellos lugares donde no haya un psiquiatra disponible presencialmente, se permitirá su participación mediante una teleconsulta en tiempo real.

Otro punto relevante es la modificación de los plazos de intervención judicial. El proyecto amplía de 10 a 24 horas el tiempo para informar una internación involuntaria al juez competente y al Órgano de Revisión. La Justicia mantendrá facultades de control y podrá solicitar documentación o dejar sin efecto una medida cuando no se cumplan los requisitos establecidos.

Asimismo, se incorpora la obligación de elaborar un plan de egreso desde el comienzo del tratamiento, contemplando las necesidades terapéuticas y los recursos familiares o comunitarios disponibles para acompañar al paciente. Se considerarán prolongadas las internaciones que superen los 180 días consecutivos o alcancen ese período mediante ingresos reiterados.

La iniciativa también busca fortalecer la participación de las familias y las personas de apoyo, garantizando su acceso a información y orientación para acompañar los tratamientos. Cuando el paciente no cuente con familiares disponibles o estos no puedan asumir esa responsabilidad, el Estado deberá proporcionar los dispositivos de asistencia necesarios.

En el caso de niños y adolescentes, se establece que deberán recibir atención en espacios diferenciados de los destinados a adultos y mediante equipos especializados. También se refuerzan el derecho a ser escuchados, la confidencialidad y el principio de autonomía progresiva. Su internación en establecimientos para adultos quedará limitada a circunstancias excepcionales y por el menor tiempo posible.

Por otra parte, el texto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y suma expresamente el rechazo a las prácticas manicomiales. La atención podrá desarrollarse en hospitales generales, centros especializados y dispositivos comunitarios, con alternativas ambulatorias, domiciliarias y de inclusión social.

Entre las novedades figura además el reconocimiento de las directivas anticipadas sobre tratamientos, que permitirán a las personas dejar expresadas sus preferencias respecto de determinadas intervenciones médicas y designar a alguien que comunique sus decisiones cuando no puedan hacerlo personalmente.

Durante el debate parlamentario también surgieron cuestionamientos sobre los recursos económicos necesarios para implementar las modificaciones. En ese sentido, el proyecto conserva la previsión de destinar al menos el 10% del presupuesto sanitario a salud mental y establece mecanismos de cooperación entre el Gobierno nacional y las provincias.

Tras obtener media sanción en el Senado, la reforma continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde deberá conseguir la aprobación definitiva para que los cambios puedan entrar en vigencia.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires busca avanzar con una nueva legislación destinada a regular las condiciones laborales de quienes trabajan mediante aplicaciones de reparto y transporte. La iniciativa, impulsada por la gestión de Axel Kicillof, comenzó a discutirse en el Senado bonaerense y apunta a establecer mayores medidas de protección para los trabajadores del sector.

El tratamiento se desarrolló en la Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara Alta, con la participación de funcionarios provinciales, representantes sindicales y trabajadores de plataformas digitales. El objetivo del oficialismo es acelerar el debate para intentar que la normativa sea aprobada antes de que finalice el año legislativo.

Entre los principales puntos de la propuesta se encuentra la creación de un registro provincial obligatorio para las empresas, que deberán proporcionar información sobre la cantidad de personas que prestan servicios a través de sus aplicaciones, las modalidades de contratación, las horas trabajadas y los ingresos promedio.

Otro aspecto central establece que las compañías deberán contratar seguros de accidentes personales para quienes realizan tareas de reparto y transporte. Estas coberturas deberán incluir asistencia médica de emergencia, invalidez permanente y fallecimiento accidental, además de contemplar el tiempo durante el cual los trabajadores permanecen conectados a las plataformas y determinados recorridos relacionados con su actividad.

La iniciativa también propone habilitar espacios de descanso para repartidores, equipados con sanitarios, agua potable, sectores para alimentarse, resguardar pertenencias y estacionar los vehículos utilizados durante la jornada. Su implementación podría realizarse mediante acuerdos entre el Estado provincial, los municipios y las empresas.

Asimismo, se contempla el desarrollo de una aplicación oficial que permita acceder a información, realizar trámites, recibir capacitación y utilizar herramientas de emergencia ante situaciones de inseguridad o accidentes.

Durante el encuentro legislativo, representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense expusieron los alcances del proyecto, mientras que organizaciones sindicales plantearon las dificultades que enfrentan diariamente quienes dependen de estas plataformas para obtener ingresos.

La presidenta de la comisión, María Rosa Martínez, manifestó la intención de continuar con el análisis de la iniciativa en los próximos días, aunque el calendario legislativo representa uno de los principales desafíos para conseguir su aprobación durante 2026.

De avanzar, la normativa alcanzaría a trabajadores de aplicaciones que operan en distintos municipios bonaerenses, incluida Mar del Plata, donde los servicios de entrega a domicilio forman parte de la actividad comercial cotidiana.

Por el momento, la propuesta continúa en discusión y todavía no se encuentra vigente, por lo que su implementación dependerá de la aprobación legislativa y de las disposiciones que se establezcan posteriormente.

El Gobierno bonaerense promulgó una modificación del Código de Tránsito provincial que establece precisiones sobre la prioridad de paso en esquinas y cruces. La disposición conserva la regla general que favorece al vehículo que se aproxima por la derecha, aunque detalla en qué circunstancias debe ceder el paso.

La iniciativa, impulsada por la diputada Silvina Vaccarezza, de UCR-Cambio Federal, incorporó el artículo 28 quater a la Ley 13.927. El cambio busca resolver una falta de precisión que persistía desde la sanción de la normativa provincial en 2009 respecto de los cruces entre calles de diferente jerarquía.

Una de las principales definiciones establece que quienes circulan por autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas tienen prioridad sobre los vehículos que ingresan desde una vía de menor categoría. En esos casos, el conductor que pretende incorporarse o atravesarla debe detener la marcha antes de avanzar.

La preferencia de quien llega por la derecha también queda sin efecto cuando existe señalización que indica lo contrario, ante el cruce de trenes o frente a vehículos de emergencia que cumplen funciones y llevan activadas las advertencias correspondientes.

La disposición establece que los vehículos que ya circulan dentro de una rotonda tienen prioridad sobre aquellos que intentan ingresar. Además, quienes transitan por una calle de tierra deben ceder el paso a los que avanzan por una vía pavimentada.

Cuando un conductor gira hacia una calle transversal, debe permitir el paso de quienes circulan por ella. También se reconoce la prioridad de los peatones que cruzan o están por hacerlo legalmente por una senda peatonal o un cruce habilitado.

Para las intersecciones donde se forman filas de circulación lenta en ambas calles, se dispone un avance alternado, con un vehículo por vez de cada transversal.

El artículo determina que pierde la prioridad el conductor que detiene completamente su vehículo antes de ingresar al cruce cuando otro llega en movimiento.

En las cuestas estrechas, debe retroceder el vehículo que desciende, excepto cuando lleva un acoplado o remolque. En zonas rurales, peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos, salvo en sectores señalizados que les otorguen preferencia.

Cuando coinciden varias excepciones, corresponde respetar el orden establecido en el artículo. Si ninguna de esas circunstancias se presenta, continúa vigente la prioridad de quien se aproxima por la derecha.

Los peajes en las estaciones de Uribelarrea, de la ruta nacional 205,  e Hinojo, en las 226, duplicaron su valor luego de un ajuste de tarifas aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad. En otros tramos de la 226 y en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas también hubo incrementos, pero mucho menores.

La concesionaria CORRESUR, que comenzó a operar oficialmente el 1 de julio, precisó que el incremento es elevado porque ya terminaron la primera etapa de obras de mantenimientos comprometidas.

A la vez, CORRESUR informó que en las estaciones de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, y a las estaciones de Cañuelas, El Dorado y Vasconia, se aplicó solo el incremento trimestral previsto originalmente en el contrato que del 0,86%.

CORRESUR hizo una aclaración importante: “Los valores informados corresponden a la modalidad TelePASE. Para quienes utilicen el pago electrónico manual, se aplicará la tarifa correspondiente a esa modalidad, equivalente al doble de la tarifa TelePASE”.

Las Reglas “Papa Francisco” fueron presentadas en la Universidad Católica de La Plata (UCALP), las cuales proponen agilizar las causas judiciales que involucren a sectores vulnerables y fortalecer el trato digno hacia personas excluidas. 

El documento, producido por la Pastoral Judicial, reúne 18 directrices destinadas a construir una justicia más humana y a resguardar la vida y la dignidad de quienes quedaron a los márgenes de la sociedad. 

La presentación de las mismas, se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP, donde referentes eclesiales, fiscales, jueces y procuradores analizaron el trabajo comunitario que dio origen al texto y su posible aplicación en el sistema judicial argentino.

Entre los puntos principales, las Reglas buscan garantizar necesidades básicas como la alimentación,  abrigo y  vivienda, como también la habilitación de certificados de identidad provisorios, en caso de que no cuente con un DNI.

 Además estas reglas, buscan brindar una atención a la situación psicosocial de las personas involucradas, como además, permitir la presencia acompañantes de confianza. 

Por otro lado, la apertura de la presentación estuvo a cargo de la rectora de UCALP, Rita Gajate, quien sostuvo que el encuentro era “un puntapié inicial” para revisar actitudes vinculadas con quienes llegan al sistema judicial y “necesitan mucho más” que una respuesta formal.

En este sentido, el Obispo de San Justo y quien es además uno de los impulsores del proyecto, monseñor Eduardo García remarcó que “una justicia verdaderamente justa no puede descargar toda su fuerza sobre los más débiles”, y planteó que, además de juzgar el acto, también hay que mirar el camino de la vida de cada persona.

Durante la jornada también participaron el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand; y el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara.

Este jueves se cumplen dos años del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, ocurrido el 29 de octubre de 2024 en Villa Gesell. En la fecha, familiares y allegados de las víctimas renovarán el pedido de justicia con una jornada de homenaje y una movilización por el centro de la ciudad.

Las actividades comenzaron durante la noche del miércoles, cuando los seres queridos de los damnificados se reunieron frente a las ruinas del edificio y encendieron velas a partir de la medianoche. Para este jueves estaba previsto un rosario en el lugar y, posteriormente, una marcha por la avenida 3 hasta la Municipalidad.

La conmemoración se desarrolla en medio del malestar generado por la decisión del Gobierno municipal de presentar este mismo jueves la temporada de verano 2026/27 en un restaurante de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria, prevista para las 18, está dirigida a comerciantes, hoteleros y prestadores turísticos.

La coincidencia de ambos acontecimientos abrió cuestionamientos en la comunidad por la elección de la fecha para el lanzamiento institucional, en una jornada marcada por el recuerdo de las nueve víctimas fatales.

En el plano judicial, la investigación cuenta con una prórroga de seis meses dispuesta en agosto. Además, el 31 de julio fueron imputados otros cinco profesionales vinculados con la obra: el arquitecto y agrimensor Roberto Rossi; Sergio Selinsky, director de Obras Particulares y de Fachadas de Edificios; el maestro mayor de obras Nicolás Valdez; el arquitecto Nicolás Vergani; y el ingeniero Jorge Guerbi.

Previamente, ya habían sido imputados capataces, albañiles, arquitectos, contratistas y representantes del grupo propietario del hotel, entre ellos su propietario, Antonio Arcos Cortés. La fiscalía les atribuye el delito de estrago culposo agravado.

Un informe pericial incorporado a la causa relevó indicios de trabajos de remodelación y demolición previos al derrumbe, además de fisuras y fracturas en elementos estructurales. El documento también señaló que las condiciones de viento registradas al momento del colapso estaban dentro de los parámetros contemplados por la normativa vigente. La mecánica del derrumbe y las responsabilidades deberán establecerse en el marco de la investigación.

El colapso provocó la muerte de nueve personas. Entre ellas estaban María Rosa Stefanic, expropietaria del hotel, y su sobrino Nahuel; el carpintero Javier Fabián Gutiérrez, de 54 años; el plomero marplatense Ezequiel Matu, de 38; Mariano Troiano, de 47; el albañil Ezequiel Chapsman, oriundo de Batán; y Dana Desimone, pareja de Nahuel y empleada del establecimiento.

También murió Fabián Ciocchini, de 84 años, quien se encontraba en un edificio contiguo junto a María Josefa Bonazza, que sobrevivió al derrumbe. Bonazza recibió el alta médica, pero falleció el 28 de noviembre de 2024, casi un mes después de la tragedia.

A dos años del hecho, las familias mantienen el reclamo de justicia mientras la causa continúa en etapa de investigación.