El abogado Maximiliano De Mira, defensor particular de Horacio Norberto Asensio -entrenador de hockey detenido recientemente en Mar del Plata-, solicitó su sobreseimiento e inmediata libertad al considerar prescripta la acción penal por el transcurso del tiempo.

El planteo fue presentado ante la fiscalía a cargo de Diego Torres, y sostiene que los hechos investigados se encuadran en la figura de delito continuado, vinculados a presuntos abusos cometidos contra jugadoras menores de edad en Monte Hermoso hace más de una década.

Asensio, ex funcionario municipal de esa localidad y actual director técnico en el club Sporting de Mar del Plata, fue aprehendido en su domicilio del barrio Bosque Peralta Ramos.

Tras la oposición del Ministerio Público Fiscal, la resolución del pedido de prescripción y excarcelación quedó en manos de la jueza de Garantías Marisa Promé.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a Héctor Lorenzo Andersen, ex sargento primero del Ejército Argentino, a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por abusar sexualmente de dos soldados voluntarias en 2022, en el cuartel de Azul, donde estaban bajo su mando.

El tribunal -integrado por los jueces Roberto Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini- consideró acreditada la autoría del delito de abuso sexual simple y valoró los planteos con perspectiva de género impulsados por el fiscal general subrogante Carlos Fioriti y la defensora pública de víctimas Inés Jaureguiberry.

Además de la pena, la sentencia dispuso que Andersen deberá abonar una reparación económica de cinco millones de pesos a cada una de las damnificadas. También le impuso la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 500 metros de las víctimas y sus familiares.

En el mismo fallo, se estableció la obligación de que el condenado participe del programa Dispositivo Masculinidades, implementado por el Patronato de Liberados y la Municipalidad de Azul. Asimismo, el tribunal exhortó al Ministerio de Defensa y al Ejército Argentino a implementar protocolos de acompañamiento interdisciplinario, confidencialidad y registro estadístico ante denuncias por delitos contra la integridad sexual en el ámbito castrense.

Ingresó en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires una iniciativa que busca garantizar el derecho de los estudiantes del Sistema Educativo Provincial a una convivencia digital segura. La propuesta establece lineamientos para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles y modalidades educativas.

El proyecto define la violencia digital como “toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” que provoque daños de carácter físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral.

La iniciativa plantea que las medidas de prevención y abordaje deberán contemplar la protección de la privacidad y la dignidad de los estudiantes, así como su desenvolvimiento seguro en entornos virtuales y la integridad de toda la comunidad educativa.

Entre las conductas que el texto busca identificar expresamente se encuentra la difusión no consentida de material íntimo, erótico o sexual, tanto real como editado mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

El proyecto también contempla como formas de violencia digital la suplantación de identidad, el hostigamiento y la extorsión, estableciendo un marco específico para abordar aquellas situaciones que puedan producirse o agravarse mediante el uso de tecnologías digitales.

Asimismo, la propuesta incorpora entre las conductas de especial gravedad la producción o distribución de material de abuso o explotación sexual infantil impulsado mediante tecnologías digitales generativas.

De esta manera, la iniciativa busca establecer un marco específico para la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia digital dentro del sistema educativo bonaerense, contemplando tanto las modalidades tradicionales de hostigamiento como aquellas que incorporan nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial.

El juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata contra el sargento primero Héctor Lorenzo Andersen continúa su curso tras la apertura de las audiencias concretada a inicios de esta semana.

El suboficial del Ejército Argentino se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple cometido de manera reiterada en perjuicio de tres soldadas voluntarias que prestaban servicios bajo su mando directo en el cuartel militar de la localidad de Azul durante el transcurso del año 2022.

El debate judicial cuenta con la acusación impulsada por el fiscal general subrogante Carlos Fioriti junto al auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes, en tanto que la defensora pública de víctimas, Inés Jaureguiberry, ejerce la representación legal de dos de las denunciantes ante los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini.

Conforme a la hipótesis desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado habría instrumentado su jerarquía dentro del organigrama de la fuerza castrense para ejecutar maniobras continuadas de acoso, violencia psicológica y tocamientos no consentidos, condicionando la permanencia de las víctimas mediante presiones operativas y amenazas de baja.

Los testimonios ventilados en el proceso dan cuenta de un patrón sistemático de hostigamiento verbal y físico desplegado tanto en oficinas como en el Casino de Oficiales del predio militar, sumado a persecuciones mediante aplicaciones de mensajería.

La primera de las víctimas denunció agresiones entre agosto y diciembre de 2022, la segunda relató episodios similares registrados entre octubre y noviembre de ese mismo año bajo coacción para evitar denuncias, mientras que la tercera víctima detalló al menos doce ataques ocurridos entre enero y abril de 2022.

Finalizada la etapa inicial de alegatos y declaraciones testimoniales, el tribunal dispuso un cuarto de intermedio y fijó la reanudación del debate para el lunes 24 de agosto.