La Justicia federal procesó Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una causa por presunta corrupción en la compra de medicamentos. La decisión fue tomada por el juez Sebastián Casanello, quien además le impuso un embargo superior a los $200 millones, aunque sin dictar prisión preventiva.

El procesamiento también alcanza al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija y a otros 14 imputados. Spagnuolo quedó acusado por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada en perjuicio del Estado y asociación ilícita.

La investigación se originó a partir de audios que se viralizaron en agosto del año pasado, en los que una voz atribuida a Spagnuolo denunciaba un presunto esquema de retenciones del 8% en compras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad. 

En esas grabaciones, el exfuncionario afirmaba que la operatoria se realizaba “a sus espaldas” y que no tenía control sobre el circuito denunciado.

Fuente: TN

El Gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo informó este martes en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, destacó la eliminación de 16 cargos políticos: “Implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

Adorni dijo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades".

“Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó el jefe de Gabinete de la Nación sobre el próximo funcionamiento de la ANDIS.

El funcionario destacó que “un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan a donde tienen que ir: las personas con discapacidad, los equipos de salud y los cuidados que los asisten”.

Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: Facebook Agencia Nacional de Discapacidad)

Adorni aclaró que la medida tomada por el Gobierno no significa que se vayan a cortar pensiones" y aclaró su relación con las partidas presupuestarias.

“Una cosa es la reorganización de la exAndis, donde el objetivo es transparentarlo y recortar estructura inútil que no tiene sentido, después de haber hecho la auditoría correspondiente. Con la auditoría en curso no se podía hacer”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Nada tiene que ver con el tema presupuestario, nunca nos apartamos de la ley y no lo vamos a hacer ahora”

Previamente, el jefe de Gabinete criticó el funcionamiento de la ANDIS desde su fundación, en el año 2017. “Se creó como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad”.

“Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, agregó.

En ese contexto, dijo que esa manera de funcionar “provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicio”.

En este último apartado, se refirió a la fundación Metas: “Decía dar clase de apoyos escolares, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró moho, suciedad, escombros y excremento de roedores“.

La decisión de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad se da luego de un año donde estuvo en la mira por el escándalo por las presuntas coimas que involucró al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Hace una semana, el exnúmero 2 del organismo, Daniel Garbellini, presentó un escrito ante la Justicia donde desmintió todas las acusaciones en su contra y aseguró que el propio Spagnuolo era el único con acceso a la información completa de compra de medicamentos.

Fuente: TN

La causa por presuntas irregularidades y pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una etapa clave. Tras tres meses de secreto de sumario, este martes comienzan las indagatorias ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello, que busca determinar si entre julio de 2024 y agosto de 2025 operó en el organismo un entramado de contrataciones direccionadas y sobreprecios por más de $43.000 millones.

El primero en declarar será el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado por su presunta participación en la maniobra. Un día después, el miércoles, deberá presentarse Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y apuntado como jefe del esquema. En total, fueron citadas 15 personas entre exfuncionarios, operadores y empresarios vinculados a droguerías, prestadoras médicas y proveedores tecnológicos.

La investigación detectó vínculos irregulares entre la agencia y droguerías como New Farma, Floresta, Profarma y Génesis, acusadas de articular compras direccionadas mediante el sistema informático SIIPFIS, que simulaba transparencia en las contrataciones. Según el expediente, el circuito incluía transferencias de efectivo, cheques, cuentas cruzadas y movimientos destinados al blanqueo de fondos.

El juez ya ordenó la detención domiciliaria del urólogo Pablo Atchabahian, exfuncionario de la Agencia que se negó a declarar y aparece mencionado en chats, documentos internos y comunicaciones con proveedores. Otra figura clave es Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, quien habría actuado como operadora externa a pedido de Atchabahian.

También fueron citados Daniel María Garbellini (segundo de ANDIS), Eduardo Nelio González (director nacional de Apoyo), Lorena Di Giorno (área de PACBI), Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo y los presidentes de New Farma y Floresta, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, pareja y presuntos articuladores de parte del circuito financiero.

Para el fiscal Franco Picardi, la ANDIS “se constituyó como una agencia donde existió un esquema sostenido de direccionamiento de contrataciones y defraudación al Estado”, un mecanismo que habría operado durante más de un año y afectado fondos destinados a personas con discapacidad.

El cronograma de indagatorias se extenderá hasta el 5 de diciembre, mientras el juzgado analiza nuevos peritajes, auditorías y testimonios que podrían derivar en más imputaciones en las próximas semanas.

Fuente: TN

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ubicó a Sergio Daniel Mastropietro, socio del financista Fred Machado, como un actor central en el presunto circuito de lavado de dinero armado por el grupo que encabezaba Miguel Ángel Calvete. 

Según el dictamen, Mastropietro habría gestionado parte de los recursos obtenidos a través de adjudicaciones direccionadas a droguerías que operaban con sobreprecios y un esquema de favoritismos. 

Su rol, de acuerdo con la fiscalía, fue funcional al armado económico que permitía darle apariencia lícita al dinero proveniente de maniobras dentro de la ANDIS, en las que también aparece mencionado el exdirector Diego Spagnuolo.

El entramado sumó conexiones con Río Negro: allí tienen vínculos el dueño de Baires Fly, Luis Grande, y la diputada Lorena Villaverde, mencionada en la causa por su relación con Machado.

Para la fiscalía, todos estos elementos consolidan un circuito diseñado para convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.

Fuente: NA

Tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal federal Franco Picardi citó a Diego Spagnuolo -ex funcionario del organismo- a prestar declaración indagatoria. La medida alcanza también a otros 14 imputados, entre ex funcionarios y empresarios vinculados a droguerías y prestadores de medicamentos e insumos de alto costo.

La investigación judicial habría detectado una organización delictiva dedicada al direccionamiento de compras, aplicación de sobreprecios y pago de sobornos en perjuicio de la administración pública. Los hechos afectan especialmente al sector poblacional adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas y sin cobertura médica, entre ellas madres con siete hijos y adultos mayores en situación de pobreza.

El caso se originó en agosto, tras la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo describe un supuesto esquema de retornos del 3% en compras estatales. En esas grabaciones también se mencionan a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor del Gobierno, aunque ninguno de ellos fue imputado.

El abogado defensor de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito en el que sostiene que los audios podrían haber sido manipulados con inteligencia artificial, y que su cliente no reconoce la conversación. “Parece que es mi voz, pero no soy yo. Esa conversación no la tuve con nadie”, habría dicho Spagnuolo a su entorno, según trascendió.

No obstante, fuentes judiciales indican que existiría más material audiovisual que comprometería al ex funcionario. También fue citado a indagatoria el número dos de la ANDIS, Daniel Garbellini, acusado de haber montado un sistema paralelo de pedido de coimas.

Fuente: con información de TN

En el marco de una audiencia realizada en la Cámara Federal de Comodoro Py, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se refirió por primera vez a los audios que lo vinculan con un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos. A través de su nuevo abogado, Mauricio D'Alessandro, solicitó la nulidad de la causa y aseguró que “los audios son falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial y fuera del contexto de charla”.

La causa se inició en agosto tras la difusión de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se menciona el supuesto pago de sobornos del 3% en operaciones con la droguería Suizo Argentina, que habrían involucrado a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Según el fiscal federal Franco Picardi, el expediente se abrió por denuncias basadas en notas periodísticas y decretos presidenciales que cesaron a Spagnuolo y a su segundo, Daniel Garbellini.

Durante la audiencia, D’Alessandro sostuvo que su defendido “no reconoce la voz” en los audios y que podrían haber sido manipulados, incluso mediante espionaje ilegal. También planteó la posible conexión con otra causa en la que se investiga la difusión de audios de Karina Milei, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, y pidió que se evalúe la acumulación de ambos expedientes.

El fiscal Picardi rechazó el pedido de nulidad y afirmó que “a los audios no se les dio valor probatorio” y que existen otros elementos que justifican la investigación. Además, negó que se haya violado la intimidad de Spagnuolo: “El estándar de expectativa de intimidad cede en un funcionario público. No hay derecho a la intimidad cuando se habla de corrupción”, expresó.

La defensa también solicitó un peritaje para determinar el origen de los audios y cuestionó que se haya iniciado una nueva causa por hechos que, según el abogado Martín Magram -representante de los empresarios involucrados-, ya fueron investigados y archivados en 2024. El juez federal Sebastián Casanello rechazó ese planteo y el caso llegó a la Cámara Federal.

La audiencia dejó en evidencia dos cambios significativos: Spagnuolo adoptó una estrategia activa en su defensa, tras meses de silencio, y designó a su tercer abogado desde el inicio del expediente. D’Alessandro, de alto perfil mediático, asumió la representación esta semana.

La investigación continúa bajo secreto de sumario, que se levantará la semana próxima. La decisión sobre los planteos presentados quedará en manos de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal: Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Fuente: con información de Clarín

A través de la iniciativa, el bloque de Unión por la Patria propuso la creación de una Mesa de Planificación y Seguimiento de Políticas de Accesibilidad y Asistencia para Personas con Discapacidad en el ámbito del Partido de General Pueyrredon. 

El objetivo es generar un espacio de articulación para el diseño de nuevas políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad, además de asegurar el control y seguimiento de las partidas y programas existentes.

La propuesta contempla la participación de asociaciones civiles, instituciones y ONG dedicadas al trabajo y acompañamiento en discapacidad, así como de autoridades del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS), representantes de la Dirección de Discapacidad y de las Secretarías de Desarrollo Social y de Obras y Planeamiento Urbano. También integrarán la mesa miembros de las comisiones de Salud y Derechos Humanos del HCD, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las universidades públicas y privadas del distrito.

Según el expediente al que accedió El Marplatense, en General Pueyrredon más de 38.000 personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que representa el 5,8% de la población local, frente al promedio nacional del 3,3%. Sin embargo, estimaciones oficiales indican que entre el 11% y el 13% de la población podría tener algún tipo de discapacidad, lo que evidencia un importante subregistro.

En los fundamentos, desde el bloque kirchnerista señalaron que es “necesario garantizar un ámbito institucional de seguimiento para todas las políticas destinadas a la accesibilidad, obras, programas y proyectos de apoyo y asistencia que aseguren la independencia y autonomía del colectivo de personas con discapacidad”.

Finalmente, remarcaron que “resultaría mucho más fructífero establecer un espacio de planificación con participación de instituciones y asociaciones de la sociedad civil, en conjunto con el Departamento Ejecutivo, para fortalecer el abordaje local del área de discapacidad”.

Tras una reunión caliente en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre representantes de diversos sectores vinculados a la discapacidad y el interventor del organismo, Alejandro Vilches, desde Prestadores Unidos MDP exigieron a través de un comunicado “la puesta en marcha inmediata y efectiva de la Ley 27.793, con ejecución presupuestaria real y verificable”.

La suspensión imprevista de una reunión programada para esta jornada, llevó a que los delegados ingresaran al edificio y forzaran un encuentro con Vilches. Según indicaron los prestadores “en el diálogo mantenido, el interventor no garantizó la realización de la reunión del directorio en el corto plazo y sugirió que la convocatoria podría posponerse hasta después de las elecciones”.

“Esta postergación provocó una reacción inmediata entre las organizaciones presentes, que interpretaron la respuesta como una amenaza implícita a los derechos fundamentales”, señalaron en el comunicado. Por eso, además del cumplimiento de la ley piden “la convocatoria inmediata del Directorio de ANDIS para resolver, sin más dilaciones, los puntos pendientes” y “garantías de pago inmediato a prestaciones adeudadas, actualización del nomenclador y mecanismos de transparencia en la gestión”.

Sobre la dilación a cumplir con la reunión y los pagos pendientes, Prestadores Unidos MDP señaló que es una postura que “debe ser denunciada con firmeza, pues votar no puede convertirse en moneda de cambio para garantizar prestaciones básicas que sostienen la vida diaria de miles de personas”.

“La gravedad de la situación es tangible y cuantificable -señalan y enumeran- centros de día, escuelas especiales y espacios terapéuticos cierran u operan con pérdidas; tratamientos vitales se interrumpen por falta de fondos; y profesionales e instituciones abandonan el sector o no logran mantener la atención adecuada. La postergación agrava esta realidad, que hoy se manifestó en las calles con protestas y reclamos urgentes”.

Además, recordaron que la no implementación de la Ley 27.793 “expone a personas con discapacidad, sus familias y prestadores a una vulnerabilidad extrema. Lejos de ser un retraso técnico, se trata de un vaciamiento sistemático del sistema de discapacidad, reflejo de una decisión política que desfinancia y elude responsabilidades estatales, recayendo el peso sobre este sector olvidado”.

En el comunicado, los representantes de Prestadores Unidos MDP indicaron que rechazan “cualquier forma de extorsión institucional que condicione derechos a un calendario electoral; el silencio y la dilación como instrumentos de gobierno; el vaciamiento por omisión”.

“La discapacidad no puede esperar. No toleraremos que la vida y el sustento de personas y familias queden como rehenes de decisiones políticas. Seguiremos visibilizando, acompañando y movilizando hasta que el Estado cumpla su obligación primordial: garantizar derechos, no negociarlos”, concluyeron.

La Justicia levantó este jueves el secreto de sumario en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida permitirá que los imputados y sus abogados accedan a pruebas clave como declaraciones testimoniales, registros de countries y peritajes sobre teléfonos celulares.

El expediente, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, se centra en la presunta existencia de retornos económicos en operaciones con la droguería Suizo Argentina. En el caso aparecen mencionados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem, por supuesta participación en el reparto de sobreprecios.

Uno de los elementos más sensibles son los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, difundidos en agosto en Carnaval Stream por Jorge Rial y Mauro Federico. En esos registros se describiría cómo se distribuían los fondos. Su publicación aceleró los tiempos judiciales y derivó en nuevas medidas de prueba.

La denuncia fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner en causas civiles, y derivó en la apertura de esta investigación que ya cuenta con pericias sobre dispositivos electrónicos y declaraciones de allegados.

El levantamiento del secreto de sumario marca un nuevo capítulo en la causa y anticipa que saldrán a la luz detalles hasta ahora reservados sobre una trama que combina denuncias de corrupción, internas políticas y posibles repercusiones en el escenario electoral.

Fuente: Infobae

Mientras avanza la investigación por los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, el Gobierno oficializó las nuevas designaciones en el organismo.

De esta manera, a través del Decreto 666/2025 publicado en el Boletín Oficial, se estableció como nuevo subdirector ejecutivo de la Andis a Gianfranco Scigliano.

El nombramiento, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, tiene fecha de vigencia a partir del miércoles pasado, pero se publicó recién esta madrugada.

En los considerandos, se menciona la intervención dispuesta a través del decreto 601/2025, emitido el 21 de agosto, que especificó que la Andis permanecerá intervenida por un plano inicial de 180 días bajo la órbita de Alejandro Vilches, quien dejó su cargo anterior como secretario de Gestión Sanitaria.

Scigliano dirige el área de Desarrollo Local en la Fundación Poliedro y el área de Políticas Públicas en el Observatorio Esteban Echeverría.

Diego Spagnuolo el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, investigado tras el escándalo de los audios. (Foto: ANDIS)

Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó la Especialización en Estudios Políticos. Actualmente, realiza la maestría en Administración Aplicada en la Escuela de Negocios de la UNLZ.

Según detalla en sus perfiles profesionales, desde los 18 años ocupa cargos en el sector público: fue director nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina; también trabajó en el Municipio de Esteban Echeverría, en la Subsecretaría de Tierras y Acceso Justo al Hábitat del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y como docente a cargo de la cátedra de Mediación Política en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de Buenos Aires.

Se define como un “apasionado por la gestión pública, el desarrollo territorial y la articulación de políticas basadas en evidencia”.

La Policía realizó tres operativos en simultáneo este viernes por la tarde para obtener información sobre Diego Spagnuolo, que en una serie de audios denunció supuestos hechos de corrupción cuando estaba a cargo de la Agencia de Discapacidad.

En el medio de la operación, renunciaron los dos abogados del extitular de la Andis “por motivos personales”. Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.

Los efectivos estuvieron en el country de Pilar donde vive Spagnuolo, en otro ubicado Berazategui y también en una sucursal del Banco Francés en el barrio porteño de Almagro, donde el exfuncionario posee una caja de seguridad. El objetivo fue secuestrar dispositivos electrónicos, dinero, documentos e información de interés para la investigación.

En la caja de seguridad bancaria no encontraron documentación, pero sí dinero: 80 mil dólares y 2000 euros. Ahora buscarán comprobar si están declarados.

Los pedidos de allanamientos fueron solicitados por el fiscal Franco Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello. Uno de los procedimientos se da en el country Altos de Campo Grande, donde vive Spagnuolo. El otro barrio es El Pato Country Club, en el sur del Gran Buenos Aires.

Los efectivos de la Policía solicitaron a las autoridades y/o personal de las garitas de seguridad que entreguen la nómina de personas y sus respectivos datos personales, así como el listado de los vehículos que ingresaron a los referidos barrios privados, desde el 1 de enero del 2024 al día de la fecha, en carácter de “visitas” del domicilio de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, también exfuncionario de ANDIS.

Fuente: TN

Los abogados que representaban a Diego Spagnuolo en la causa donde lo investigan por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad renunciaron hoy a su defensa. Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes notificaron su apartamiento del caso a través de un escrito presentado a la Justicia.

“Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, se lee en el documento al que accedió Infobae.

Además, el fiscal del caso, Franco Picardi, realizó allanamientos en propiedades del ex titular de la ANDIS y Daniel Garbellini, otro ex funcionario del organismo, y en otro operativo llevado a cabo en la sucursal de un banco se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo.

Tanto Diego Spagnuolo como Daniel Garbellini optaron por no apoyar el pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, también investigada en el expediente. Los abogados de Spagnuolo -que ahora renunciaron- argumentaron la necesidad de revisar el expediente antes de fijar posición y solicitaron una prórroga ante el juez federal Sebastián Casanello.

Hasta el momento, las defensas de ambos ex funcionarios no habían acompañado el planteo de nulidad ni descartaron la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque su entorno sostiene que no han tomado una decisión definitiva al respecto.

El pedido de nulidad cuestiona la validez de los audios como prueba, denunciando un inicio del proceso caracterizado por “oscurantismo” y desinformación, y señalando una supuesta vulneración al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución Nacional. Por este motivo, consideraban que todo lo actuado en la causa debe ser anulado.

Actualmente, ninguna de las personas mencionadas en la causa -Spagnuolo, Garbellini o los dueños de la droguería- recibió una imputación formal. El expediente se mantiene bajo secreto de sumario, situación que restringe el acceso de las partes y que podría prorrogarse otros diez días a pedido del fiscal Franco Picardi. El juez Casanello espera ahora la opinión de la fiscalía y la querella (a cargo de la ONG Poder Ciudadano), para resolver sobre el planteo de nulidad, decisión que podrá ser apelada.

Fuente: Infobae

El consultor y asesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, declaró este jueves por la noche ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ante el representante del Ministerio Público Fiscal en Comodoro Py, Cerimedo confirmó que el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había "hablado de hechos de corrupción" y le hizo mención "a coimas".

La declaración de Cerimedo es clave en la investigación que busca determinar si existió un circuito de sobornos que involucra a la ANDIS, bajo la dirección de Diego Spagnuolo, y a la droguería Suizo Argentina SA de la familia Kovalivker. Según supo Noticias Argentinas, el testimonio de Cerimedo refuerza la credibilidad de las denuncias sobre la corrupción, aunque el consultor negó rotundamente haber grabado a Spagnuolo o haber filtrado los audios que desataron el escándalo.

Durante su declaración testimonial, Cerimedo abordó varios puntos centrales de la causa:

La defensa de los empresarios Kovalivker, por su parte, ha interpuesto un planteo pidiendo la nulidad de la investigación, argumentando que se inició en base a una grabación que es producto de un ilícito y una "violación a la intimidad de Spagnuolo".

En una semana vence la prórroga del secreto de sumario, momento en el que las partes tendrán acceso al expediente. En este contexto, Diego Spagnuolo evalúa convertirse en "imputado colaborador" para mejorar su situación legal, lo que lo obligaría a decir la verdad y aportar datos novedosos y de relevancia para la investigación, apuntando posiblemente hacia alguien de mayor jerarquía.

Fuente: NA

Este martes comenzó a sesionar la Comisión Investigadora $LIBRA en la Cámara de Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). El cuerpo, integrado por 28 legisladores, tendrá poco más de dos meses para esclarecer el rol político del Presidente Javier Milei en el escándalo de la criptomoneda recomendada por él en febrero pasado.

La comisión ya aprobó su reglamento y prepara las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de información a la Justicia argentina e internacional y citaciones a funcionarios nacionales. El informe final deberá presentarse el 10 de noviembre, dos semanas después de las elecciones nacionales.

En paralelo, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad debatirán este martes los pedidos de interpelación a funcionarios por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal reclaman explicaciones públicas de Karina Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Necesitamos una explicación completa y documentada sobre lo ocurrido”, señaló el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal). Desde UxP, en tanto, Sergio Casas pidió información sobre un presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a laboratorios farmacéuticos y al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

El oficialismo de La Libertad Avanza, junto con aliados del PRO y otros bloques, sostiene que los plazos de la comisión Libra ya vencieron el 30 de julio y denuncian que la oposición busca “mantener vivo el circo político”. Sin embargo, la oposición logró destrabar la paridad y consagró a Ferraro en la presidencia, lo que reactivó el proceso.

Ambos debates, el del caso Libra y el de la Agencia de Discapacidad, se desarrollan en plena campaña electoral y prometen mantener alta la tensión en el Congreso hasta el desenlace del 26 de octubre.

Fuente: TN

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber facilitado la fuga de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. 

El empresario logró escapar en medio de los operativos vinculados a la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según el fiscal Franco Picardi, De Vincentis colaboró de manera activa para que Kovalivker evadiera a las fuerzas federales que realizaban los allanamientos en el exclusivo complejo de Tigre. Horas más tarde, el empresario se presentó ante la Justicia y entregó su teléfono celular como parte de las medidas de prueba.

El caso forma parte de una causa de alto impacto político y económico que investiga la presunta connivencia entre funcionarios y laboratorios en el suministro de insumos médicos a través de la ANDIS.

La situación procesal de De Vincentis agrava el escándalo, ya que expone las maniobras de encubrimiento que rodearon la huida de Kovalivker, considerado un actor central en la trama de sobornos.

La investigación sigue abierta y podría ampliarse a otros responsables de seguridad y funcionarios vinculados al operativo. Por ahora, la Justicia intenta determinar si hubo más colaboradores en la fuga y qué rol jugaron en la cadena de encubrimiento.

Fuente: TN

Tras el escándalo desatado por los audios revelados de Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que conducía, en las últimas horas difundieron otras grabaciones adjudicadas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.

La semana pasada, en el programa Data Clave, de Carnaval, se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo era amigo de Javier Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de Estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En la noche del jueves 21 de agosto, apenas conocidos los audios, el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó 14 allanamientos, que incluyeron las sedes de la ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y los domicilios de varios involucrados.

Por ejemplo, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaba yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres, en cuyos interiores había distintas cantidades de dólares. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.

A Spagnuolo lo encontraron al día siguiente, mientras manejaba dentro de un country en Pilar.

Además, esta mañana volvieron a realizar múltiples allanamientos en sedes de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina. El objetivo es dar con documentación de interés para la causa que será secuestrada y puesta en manos de la Justicia.

Ayer, Spagnuolo presentó ante la Justicia Federal el nombre de los dos abogados que llevarán el caso: el ex funcionario designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales. Hasta el momento, se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada.

Fuente: Infobae