La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió nuevas pautas para quienes opten por el sistema simplificado del Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de agilizar el cumplimiento y reducir trámites.

El esquema está dirigido a personas físicas que cumplan determinados requisitos de ingresos y patrimonio, y no formen parte del grupo de grandes contribuyentes. Además, su adhesión es opcional y debe confirmarse cada año para continuar dentro del sistema.  

Uno de los principales cambios es que la declaración se presenta de forma precargada por el organismo, en base a la información disponible, lo que simplifica el proceso. El contribuyente solo debe revisar, ajustar si es necesario y validar los datos.  

A su vez, quienes se sumen quedarán exceptuados de informar el detalle de su patrimonio y consumos personales, lo que reduce la carga administrativa y los controles tradicionales sobre la evolución de sus bienes.  

El régimen también establece límites para poder ingresar, vinculados al nivel de ingresos y al patrimonio total, además de exigir el cumplimiento de condiciones formales para mantenerse dentro del sistema.  

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a simplificar el sistema tributario y facilitar la adhesión voluntaria de contribuyentes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió que no se juegue la fecha 9 de los torneos del fútbol argentino programada del 5 al 8 de marzo, en protesta por una causa judicial que afecta a sus principales dirigentes.  

La decisión fue adoptada este lunes en una reunión del Comité Ejecutivo, donde todos los clubes presentes votaron por suspender esa jornada de la Liga Profesional y también los partidos del resto de las categorías. Según explicaron en un comunicado, la medida se toma en repudio a una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA.  

El conflicto se originó después de que se ordenara que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, presten declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas irregularidades en el pago de aportes y tributos, acusaciones que la entidad rechaza. En su comunicado, la AFA afirma que está al día con sus obligaciones fiscales y que no existe deuda exigible, y sostiene que la denuncia es infundada.  

La suspensión afecta todos los encuentros planificados para esos días y refleja una nueva etapa de tensión entre la dirigencia del fútbol y el organismo fiscalizador que presentó la denuncia.  

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió excluir a las billeteras virtuales del pago del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, una medida que había sido incorporada hacia fines de 2025 y que generó preocupación en el sector fintech. La decisión alcanza a las plataformas sin licencia bancaria y rige desde el inicio de 2026 en todo el país.

La exclusión se produjo luego de que varias billeteras virtuales tomaran conocimiento, a finales del año pasado, de que dejarían de estar exentas del tributo. Entre las afectadas se encontraban aplicaciones que operan bajo el esquema de proveedor de servicios de pago (PSP), como Mercado Pago, App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box y Claro Pay, entre otras.

Durante el cierre de 2025, ARCA había incorporado al padrón del Impuesto al Cheque a las fintech que no cuentan con licencia bancaria, equiparándolas en términos tributarios a otras entidades financieras. Sin embargo, esa decisión finalmente no se implementó y el organismo optó por dar marcha atrás.

Distinta es la situación de las billeteras cripto, que continúan dentro del padrón de contribuyentes, tal como ocurre desde fines de 2024, y siguen alcanzadas por el tributo.

El Impuesto al Cheque implica una retención del 1,2% sobre las transacciones financieras, distribuida en partes iguales entre el emisor y el receptor de los fondos, siempre que al menos uno de los participantes sea una persona jurídica. De haberse aplicado a las billeteras virtuales, el impacto habría recaído especialmente en comercios y pymes que las utilizan para cobrar ventas o realizar pagos a proveedores.

La decisión de ARCA generó alivio en el sector fintech, ya que una mayor carga impositiva habría implicado un incremento de costos operativos, con un posible traslado a las comisiones que afrontan los usuarios finales. Además, la medida habría alterado los incentivos competitivos entre bancos tradicionales y plataformas digitales de pago.

La discusión también reavivó el debate sobre el marco regulatorio de las billeteras virtuales. La inclusión de los PSP en el impuesto habría significado un cambio respecto del tratamiento previo, que contemplaba un esquema de exención similar al de los bancos, y abría la puerta a nuevas exigencias regulatorias en un contexto de creciente uso de estas plataformas para pagos, transferencias y consumo.

En este escenario, el mercado sigue atento a la postura de Mercado Pago, que concentra cerca de dos tercios del mercado local de billeteras virtuales y cuya posición podría incidir de manera decisiva en el diálogo futuro entre el sector fintech y el Estado.

Fuente: con información de UCIP

El Gobierno redefine los montos a partir de los cuales una irregularidad tributaria puede convertirse en delito penal, con el objetivo de focalizar los controles en casos de mayor magnitud.

La propuesta de inocencia fiscal introduce una modificación clave en el régimen penal tributario: eleva de manera significativa los montos mínimos necesarios para que una maniobra sea considerada evasión. Con este cambio, muchas situaciones que antes podían derivar en una denuncia penal quedarían ahora dentro del ámbito administrativo, reduciendo la criminalización de incumplimientos de menor escala.

En el nuevo esquema, solo los casos que superen determinados umbrales económicos habilitarán a la autoridad fiscal a avanzar con una denuncia por evasión simple o agravada. La intención oficial es concentrar recursos en operaciones de mayor impacto fiscal y evitar procesos penales por diferencias impositivas que, ajustadas por inflación, resultaban desproporcionadas.

Además de redefinir los límites penales, la iniciativa plantea un enfoque más gradual en las sanciones. Antes de aplicar multas o iniciar acciones más severas, se prevé que el organismo recaudador otorgue instancias de aviso y plazos para regularizar la situación, especialmente en incumplimientos formales o errores declarativos.

El esquema también busca generar un marco de mayor previsibilidad para personas y empresas, alentando la formalización de fondos y operaciones que hoy permanecen fuera del sistema. La discusión legislativa será determinante para establecer el alcance definitivo de estas medidas y su impacto en la relación entre el fisco y los contribuyentes.

Más de 1 terabyte de información confidencial habría quedado expuesta tras un presunto ataque informático a SudamericaData, una empresa dedicada a la elaboración y venta de reportes sobre personas y compañías. El incidente fue reportado por Daily Dark Web, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de los organismos estatales mencionados en las bases.

Según la información difundida, la firma habría continuado operando bajo el nombre Work Management luego de una clausura judicial en 2023. El material filtrado incluiría tanto bases de datos como código fuente de sistemas internos, lo que amplifica el impacto potencial del episodio.

De acuerdo con los detalles publicados en foros clandestinos, el archivo expuesto contendría información de distintas fuentes, entre ellas:

Captura de una publicación en la Dark Web publicada (Vía Daily DArk Web)

Más allá del volumen, el principal riesgo radica en la combinación de múltiples bases en un solo repositorio, lo que permite reconstruir perfiles completos de personas físicas con un alto nivel de detalle.

En el ámbito de la ciberseguridad, este tipo de exposiciones son consideradas de alto impacto porque facilitan delitos como:

Además, la presunta presencia de código fuente podría facilitar nuevos ataques o vulnerabilidades si esos sistemas continúan activos.

SudamericaData ya había quedado en el centro de una investigación judicial en 2023, vinculada al uso y comercialización de información sensible. En ese contexto, la empresa fue clausurada por orden judicial, aunque algunos especialistas sostienen que habría seguido operando bajo otra razón social.

El caso vuelve a poner en discusión el rol de empresas privadas que concentran grandes volúmenes de datos personales y la necesidad de controles más estrictos sobre el uso, almacenamiento y protección de esa información.

Aunque no existe, por ahora, un canal oficial para verificar si una persona está afectada, las recomendaciones son prestarle atención a la seguridad y estar alerta:

El caso funciona como un recordatorio del valor de los datos personales y de los riesgos que implica su circulación sin controles adecuados, tanto para los ciudadanos como para las empresas y el Estado.

Fuente: TN

Juan Alberto Pazo renunció a su cargo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según confirmó el Ministerio de Economía durante la madrugada de este martes. La salida se formalizó a través del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, y será efectiva a partir del 18 de diciembre.

De manera simultánea, el Gobierno nacional designó como nuevo titular del organismo a Andrés Edgardo Vázquez, quien hasta el momento se desempeñaba como director general de la Dirección General Impositiva (DGI). El nombramiento fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde la cartera económica explicaron que la renuncia de Pazo responde a su decisión de regresar al sector privado, aunque seguirá colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas al fortalecimiento de la actividad privada y el crecimiento del país. En el decreto, el Ejecutivo agradeció expresamente los servicios prestados durante su gestión.

Pazo había asumido al frente del ARCA el 11 de diciembre de 2024, en reemplazo de Florencia Misrahi. Su gestión estuvo marcada por una serie de reformas estructurales, entre ellas la simplificación de regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal.

La llegada de Vázquez es presentada por el Gobierno como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras. El flamante director cuenta con más de 30 años de trayectoria en el ámbito fiscal, una sólida formación académica y experiencia internacional en prevención del lavado de activos y control financiero.

Con este recambio, el Ejecutivo busca sostener el rumbo del ARCA en línea con la estrategia económica de la actual administración, en un contexto de reformas orientadas a la desregulación, el control fiscal y la consolidación de las cuentas públicas.

Fuente: Infobae

ARCA oficializó una modificación en el régimen especial de IVA que alcanza a quienes comercializan bienes o servicios a través de plataformas digitales. La medida ya está vigente y redefine los criterios para determinar a partir de qué momento un usuario debe comenzar a tributar este impuesto, en un contexto de fuerte crecimiento del comercio electrónico.

El organismo dispuso que serán alcanzados aquellos usuarios que no estén inscriptos en IVA, no sean exentos ni monotributistas, pero que realicen actividad frecuente dentro de las plataformas. Se considerará habitualista a quien concrete diez o más operaciones mensuales con un monto total igual o superior a $750.000, o a quienes registren cuatro o más operaciones por mes durante un cuatrimestre superando ese mismo acumulado.

En el caso de ventas de objetos usados de uso personal, las operaciones no serán consideradas habituales si el monto no supera los $1.500.000, siempre que el usuario lo declare previamente antes de concretar la venta.

Las plataformas estarán obligadas a identificar a sus vendedores mediante datos tributarios y a discriminar en forma clara las percepciones de IVA cuando corresponda. Aquellos que queden alcanzados pasarán a ser considerados “sujetos no categorizados” y tendrán el impuesto aplicado automáticamente, hasta tanto se inscriban en IVA, adhieran al monotributo o cese la habitualidad que los incorpora al régimen.

Desde ARCA señalaron que los parámetros anteriores se encontraban desactualizados frente al avance del comercio electrónico y la dinámica económica, por lo que la actualización busca ordenar la actividad y mejorar la transparencia fiscal dentro del ecosistema digital. Si querés, la adapto a un tono más coloquial o más económico.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y cuotas del Monotributo para noviembre de 2025, medida que introduce cambios directos para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes en Argentina. El sistema afecta a unos dos millones de personas bajo este régimen simplificado. La actualización semestral modifica los parámetros de facturación y los montos de las cuotas para cada categoría.

Actualmente, existen 11 escalas que determinan la categoría de cada contribuyente según su nivel de facturación anual. El monitoreo de estos topes resulta fundamental para cumplir las obligaciones impositivas sin perder los beneficios del régimen. El ajuste de los valores depende de la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permite que los importes de facturación y las cuotas se mantengan en relación al contexto económico.

Los límites de facturación anual para cada una de las categorías del Monotributo a partir de noviembre de 2025 quedan establecidos así:

Estos valores funcionan como guía para determinar el encuadre según los ingresos del último año.

Las cuotas mensuales para noviembre de 2025 presentan los siguientes importes:

La asignación de la categoría adecuada para cada monotributista es clave para evitar sanciones y mantener los beneficios del régimen. El proceso de recategorización se realiza de forma online en el portal de Monotributo ARCA, donde el usuario debe ingresar CUIT y clave fiscal. Este trámite está disponible durante enero y julio.

Para recategorizarse, la persona debe informar el monto facturado en los últimos 12 meses e indicar si utiliza un local comercial. El sistema propone la nueva categoría según los datos y permite corregir cualquier error antes de confirmar. El trámite puede completarse desde la aplicación móvil, facilitando la actualización de la situación fiscal.

El salto de la categoría A a la B implica superar el umbral de $8.992.597,87 anuales para la facturación (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos están obligados a recategorizarse. Quedan exceptuadas las personas que no hayan cambiado de categoría respecto al período anterior y quienes iniciaron actividad hace menos de seis meses. El sistema utiliza la información registrada sobre la facturación anual para validar si corresponde o no actualizar la categoría.

Las actualizaciones en cuotas y topes de facturación modifican directamente las obligaciones mensuales de quienes forman parte del régimen. El pago de la cuota mensual debe concretarse hasta el día 20 de cada mes, únicamente por canales electrónicos. Los importes mensuales reflejan la inflación del semestre previo para mantener la validez de los parámetros.

Según lo establecido en la Ley 24.977, el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes determina la actualización semestral de los parámetros de facturación y las cuotas, a partir del IPC acumulado de enero a junio para la recategorización que rige en la segunda parte del año. Este mecanismo consolida el proceso y busca transparencia en el alcance del sistema.

Es fundamental consultar la categoría y el monto mensual que corresponde abonar mediante la página oficial de ARCA (https://www.arca.gob.ar/monotributo/categorias.asp). Allí se encuentran publicados los datos vigentes, lo que facilita el acceso a la información y despeja dudas sobre topes y obligaciones.

Tener actualizada la recategorización, el importe mensual y cumplir con los pagos es esencial para evitar sanciones y la pérdida de beneficios. La correcta declaración de los montos y la verificación continua de los ingresos determinan el encuadre fiscal, que puede variar según la evolución de la actividad económica y el impacto de la inflación.

El ajuste de valores busca sostener un equilibrio entre la presión tributaria y la continuidad del régimen. El sistema mantiene la segmentación según el nivel de facturación y el tipo de actividad. La actualización semestral y la recategorización periódica conforman el esquema de administración habitual dentro de este régimen. 

Fuente: Infobae

Tras el anuncio del nuevo plan de pagos difundido desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se generaron algunas buenas noticias para los contribuyentes, según destacó el contador Marcelo Corbalán, quien informó los plazos que ahora se disponen y además las ventajas para evitar las ejecuciones fiscales.

Hace relativamente poco vencía un plan de facilidad de pago extendida por deudas al 31 de diciembre del 2024 y se había levantado la restricción de las ejecuciones fiscales: “¿Qué es lo que ve el organismo? Hace una reversión de este plan, lo estira para deudas hasta el 30 de abril, lo abre nuevamente, da algunas cuotas más. Y tenés tiempo para ingresar esas deudas desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre”, destacó el profesional.

El especialista aseguró en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, que la utilidad que tienen estos planes de pago “es para evitar una consecuencia peor cuando viene el juicio de ejecución fiscal” y destacó que se pueden incluir “casi todas las deudas que se puedan tener”.

En este sentido, el contador detalló que si se tiene un plan vigente, no se puede refinanciar y por eso mismo los consejos profesionales le están pidiendo esa cuestión a ARCA “que pueda refinanciar, lo mismo que hace el Estado con la deuda externa, es decir, reprogramar el vencimiento. Lo que está bien en un contexto recesivo”.

Si la idea de ARCA es poder meter a todos dentro del sistema, Corbalán calificó como “una práctica de sana administración tributaria” el hecho de que “la gente pague por cumplimiento voluntario y no que te obliguen con el juicio de ejecución fiscal”.

“Hace relativamente poco ARCA cambió un poco el momento en el cual se traban las medidas cautelares de ese juicio. Qué quiere decir: te inhiben, tenés una inhibición general de bienes o el embargo de las cuentas. El juicio de ejecución fiscal es un juicio ejecutivo donde vos no tenés muchas posibilidades de defensa. La causa de la obligación no se discute. Pero sí tenés, en un lapso cortito -y esto está muy bien- la opción de oponer lo que técnicamente se llama excepciones”, explicó el especialista.

Para profundizar lo referido a las medidas cautelares, el contador señaló que lo que cambió “no es que no va a haber medidas cautelares. Cambia el momento. Entonces, ahora yo te inicio el juicio, te notifico, tenés cinco días para dar este tipo de explicaciones. Cuando se vencen esos cinco días, ahí cae el juicio. Ahí cae el embargo. Se corrió un poco de tiempo”.

“En un momento, ARCA tenía facultades para embargarte, facultades que eran de lo que puede hacer un juez. Esto en la última reforma se cambió, ahora el juez es el que da una instancia más. Pero igual no la deniega nunca. Vos sabés que cuando tenés un juicio de ejecución fiscal, las consecuencias que esto te trae”, agregó Corbalán.

Como recomendación a los contribuyentes, el especialista indicó que lo ideal es “no llegar a la ejecución; hay que pagar si puedo pagar, porque a veces no puedo. Utilicemos todas estas instancias previas para evitar intereses punitorios, porque el interés se va al doble, honorarios de la gente fiscal y las trabas de medidas cautelares”.

Con el objetivo de poner en movimiento la economía, el Gobierno avanza con reformas estructurales. Una de esas acciones es el nuevo régimen simplificado de ganancias, que según el contador Marcelo Corbalán tiene la intención de “sacar los dólares del colchón”. El profesional profundizó en los aspectos fundamentales, y destacó que si bien “es una buena intención, le faltan una serie de modificaciones importantes”. 

Corbalán aseguró que “ahora tenemos un poquitito más de precisión en el régimen simplificado de ganancias”, aunque resaltó que si bien las personas ya pueden optar “cada uno va a tener que analizar su situación particular porque depende de su situación cómo van a ser las consecuencias”.

En diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, el contador explicó que pueden optar al régimen las personas humanas, las sucesiones, que sean residentes en el país, pero no de una residencia migratoria, sino fisca. “Pero solamente quienes obtengan rentas de fuente argentina. Con lo cual ahí ya hay un montón de gente que tiene dinero ya declarado o bienes en el exterior que obtienen algún tipo de renta, que quedó afuera”, aclaró.

Otro punto que destacó Corbalán es que con este régimen se debe armar la declaración jurada “con menos información” y destacó que “no se va a tener que dar información, ni de tus bienes, ni de tus consumos”. Y con relación al sistema anterior, que ejercía un mayor control, indicó que “es una forma, depende de cómo quieras hacer tu trabajo”.

Para el especialista, esto tiene detrás el interés de “sacar los dólares del colchón”. Entonces, indicó “si vos tenés en el colchón 50.000, 100.000 dólares, vos los volcás a la economía formal, nadie te va a preguntar de dónde lo sacaste ni qué es lo que vas a hacer con ellos. Una cuestión que no es menor”.

También explicó que entrar a este régimen significa, para quienes lo son, renunciar al monotributo “porque vas al régimen general simplificado de ganancias”. Y detalló que “si bien del régimen simplificado de ganancias, vos podés entrar y salir cuando quieras, no podés hacer lo mismo en el monotributo, que tenés que esperar tres años calendarios completos”.

Corbalán confió que si bien “el objetivo del Gobierno es que se pasen todos para acá”, no se han visto “las ventajas económicas del punto de vista fiscal que trae el monotributo”, lo que hace que todavía la gente no se decida a pasarse de sistema. Y recordó que “el monotributo tiene expresamente establecido normas de trazabilidad, por lo que si yo opto por no entrar y sigo en el monotributo, la situación de ese contribuyente no cambió en nada”.

Por lo tanto, el especialista consideró que para que este plan del Gobierno tenga éxito “debería haber no solamente las reformas que se están trabajando -ley penal cambiaria, ley penal tributaria y ley de procedimiento-, sino una modificación a la ley del monotributo y a la del impuesto a la ganancia”. Al respecto recordó un estudio que salió recientemente que indica que “cuanto más formalizás el gasto, se te va arreglando la informalidad”.

Para Corbalán, por lo tanto, si se pudieran deducir todos los gastos “todos pedirían el ticket y eso te acomoda la recaudación”. Por lo tanto bajo su punto de vista, el nuevo régimen “es una buena intención, pero creo que le faltan una serie de modificaciones importantes”. 

El Gobierno permitirá un “tapón fiscal” para el impuesto a las Ganancias en el nuevo proyecto de ley que envió al Congreso. La modificación propuesta implicará que ARCA solo podrá limitarse a fiscalizar a los contribuyentes de acuerdo a lo que diga su última declaración jurada.

Esto implica que más allá de que el plazo de prescripción de la evasión tributaria pase a ser de 3 años según el cambio propiciado en el proyecto de ley, el fisco no podrá examinar de manera retroactiva declaraciones anteriores.

“Con esto limitamos la fiscalización al período de la última declaración jurada", aclararon fuentes oficiales. “Es lo que llamamos presunción de exactitud: presumimos la buena fe de la gente y hasta que ARCA no determine que un contribuyente miente, se presume que es real la declaración jurada”, sumaron.

Este beneficio forma parte del nuevo régimen simplificado de Ganancias, uno de los ejes central de la iniciativa parlamentaria girada este jueves al Congreso y presentada por el titular de ARCA Juan Pazo y el diputado José Luis Espert.

Como otra novedad respecto a los anuncios de hace dos semanas, el proyecto de ley delimita quiénes podría ingresar en el régimen nuevo de Ganancias. Será, entonces, aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonio de hasta $10.000 millones.

“Esta situación debe verificarse el año inmediato anterior al de ejercer la opción, y durante los dos años anteriores a aquel. Esto se establece con el fin de evitar maniobras de desapoderamiento de activos y/u otras formas de planificación fiscal agresiva a los fines de calificar a futuro y beneficiarse del tapón fiscal”, especificaron desde el Gobierno. “Además, se deja abierta la posibilidad de que ARCA sume otros requisitos en caso de ser necesario, como por ejemplo el origen de las rentas”, sumaron.

El contribuyente que acepte la declaración propuesta por ARCA y realice el pago en término obtendrá efecto liberatorio respecto del tributo correspondiente a ese período fiscal. Este beneficio no se aplicará si se omiten ingresos, se computan deducciones improcedentes o se utilizan facturas truchas.

Otro elemento que precisó el proyecto de ley tiene que ver con el criterio de “discrepancia significativa”, esto es, a partir de qué montos, ARCA podría considerar que hay una diferencia marcada entre la declaración jurada y lo que el fisco tiene como información sobre ese contribuyente. En resumen, esa discrepancia será considerada como tal si existiese una distancia de un 15% entre lo declarado y lo que estipula el organismo recaudador.

El proyecto de ley enviado al Congreso para “blindar” las medidas de impulso para los dólares bajo el colchón ampliará la ventana de oportunidad para que cada contribuyente pueda evitar una denuncia penal de ARCA por deudas tributarias a través de un pago directo, en una sola cuota, que dejará sin efecto la posibilidad de una demanda por evasión.

Una de las principales novedades está estipulada en el artículo 11°, que establece que el fisco "no formulará denuncia penal cuando el importe correspondiente a las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia".

Dicho de otra forma, si un contribuyente tuviera deudas tributarias y ARCA todavía no hubiese efectuado una denuncia penal, esa persona podría presentarse ante una sede del organismo recaudador para cancelar ese monto con un único pago y así conseguir un “cerrojo” que bloquee la vía penal. Es una oportunidad “por única vez” para cada contribuyente, aseguraron fuentes oficiales.

Esa chance ya existe con la normativa actual, pero la ley presentad este jueves da una “segunda chance” para casos de reincidencia o bien si ya hubiese una denuncia penal de ARCA presentada. Esa persona podrá liberarse de la demanda penal con un pago del capital total adeudado, con intereses y más un 50 por ciento adicional. Fue planteado así para establecer un “castigo muy fuerte” y que incentive la cancelación de las deudas antes que extender demandas en la justicia durante años.

“El principal objetivo de la ley es cambiar el paradigma del régimen tributario argentino: pasar de ser un régimen persecutor a recaudador. Eso se ve en distintas medidas de la ley para el régimen general”, planteó una fuente oficial involucrada en la elaboración del proyecto, hasta este jueves por la tarde que fue girado a Diputados.

“Actualmente, la ley prevé el beneficio que permite evitar la acción penal cancelando la deuda y sus intereses por única vez. Con el cambio propuesto, el contribuyente podrá seguir haciendo uso del instituto una vez realizada la denuncia, aunque pagando un importe adicional del 50% de la suma total”, con deuda de capital, intereses y multas. “Favorece soluciones alternativas al proceso penal, pero solo si hay restitución plena y sanción económica adicional”, mencionaron desde la Casa Rosada.

En el Gobierno estiman que la actualización de los umbrales por los cuales el fisco puede investigar el delito de evasión reducirá casi la totalidad de las denuncias actuales. Fuentes de ARCA mencionaron que hay vigentes 6.652 denuncias penales, pero que con los nuevos montos, que empiezan en los 100 millones de pesos para la evasión simple, podrían quedar firmes solo 198.

Fuente: Infobae

Este martes, trabajadores del organismo recaudador ARCA realizaron una asamblea en la sede de San Martín 2932 en el marco de una jornada de lucha nacional convocada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP). La medida se adoptó tras el cierre de la oficina de esa dirección, que fue unificada con la agencia de Avenida Independencia, lo que genera preocupación entre los empleados por sobrecarga operativa y posibles cesantías.

En diálogo con El Marplatense, Stella Maris Elías, secretaria general de AEFIP en Mar del Plata, explicó: “Hoy estamos de asamblea porque se cerró la sucursal de San Martín y se unificó con la de Independencia, que queda como la única atención al público. A esto se suma que ahora Mar del Plata absorberá la atención de todos los contribuyentes desde General Lavalle hasta General Alvarado”.

La sindicalista aclaró que hasta el momento no hubo despidos efectivos, pero advirtió sobre la fragilidad de la situación laboral en el organismo: “Tenemos una cautelar vigente por un pedido judicial, pero cuando caiga, quedaríamos dentro de la Ley Bases bajo la causal de reestructuración. Eso pondría a los compañeros a disponibilidad. En Mar del Plata hablamos de aproximadamente 100 trabajadores”, dijo.

Respecto al funcionamiento diario, Elías aclaró que la jornada de protesta no afectó la atención al público, ya que no implicó desconexión ni paro. Sin embargo, admitió que se produjeron demoras debido a inconvenientes técnicos: “La unificación llevó a que los trabajadores perdieran claves y no se puedan completar trámites con normalidad. Algunos sistemas no fueron actualizados”.

Desde AEFIP remarcan que no se oponen a cambios ni modernización del organismo, pero denuncian que el proceso se está haciendo sin el soporte necesario:

“Quieren convertir a ARCA en un organismo totalmente manejado por inteligencia artificial, pero no se actualizó normativa, ni maquinaria, ni sistemas. Además, muchos contribuyentes no pueden acceder a la digitalización total”.

En ese sentido, Elías resaltó que en Mar del Plata hay más de 800 mil contribuyentes, de los cuales 500 mil son monotributistas, y muchos realizan sus trámites sin asesoramiento, lo que vuelve indispensable el rol humano en la atención.

Por ahora, los trabajadores continuarán con su plan de lucha, que se define a nivel nacional. Mientras tanto, la tensión dentro del organismo crece, en medio de un proceso de reorganización estatal impulsado por el Gobierno Nacional.

Entre las novedades impositivas que surgieron en los últimos días, destaca una relacionada con los consumos que hace la gente a través de sus tarjetas de crédito: ahora, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) profundizó el pedido de información hacia las entidades financieras, que tendrán que brindar información mucho más desglosada. “Esto no es novedoso, pero profundiza el control”, aseguró el contador Marcelo Corbalán.

Sobre esta situación, el especialista destacó que “ARCA tiene un montón de información económica de las personas, y este es sólo uno de los tantos regímenes existentes. Con la digitalización y la inteligencia artificial, el control se hace mucho más fácil. Por ejemplo, puedo recibir información de todos mis gastos en el exterior y compararlos automáticamente con mis ingresos declarados”. Y resaltó: “Si gasto $5000 en el exterior, tengo que demostrar de dónde saqué ese dinero”.

En ese sentido, señaló en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, que si no se puede demostrar de dónde salió el dinero, ARCA “puede considerarlo ingresos en negro y exigirte que pagues los impuestos correspondientes. Si decís ‘me lo dio mi mamá’, ARCA sabe quién es tu mamá. Si ella tiene una jubilación mínima, te pedirán la escritura de una donación o el expediente de una herencia. Cada peso gastado debe tener un origen serio”.

Con relación a los controles, el contador destacó que se informan saldos de consumos por más de un millón de pesos en tarjetas de crédito y más de $600,000 en tarjetas de débito. “Ese umbral no es un perdón; simplemente, no están yendo a controles más abajo. Pero con inteligencia artificial, ¿cuánto tardarán en revisar todo?”, se presentó.

Pero la situación es más compleja: según un informe reciente, el 42% de la población está en un terreno de informalidad laboral, por lo que esto además representa un desafío extra para el sistema impositivo. Para Corbalán “es un problema grande” y señaló que si bien “los blanqueos han sido una solución parcial, el Estado, durante años, también contribuyó a esta informalidad. Hay que acomodar lo general para ir a lo particular”.

De todos modos, el contador resaltó que “ahora, hasta el jardinero lleva un posnet. Pero no es suficiente cobrar a través del posnet, también hay que emitir factura. La AFIP tiene un sistema de facturación online que facilita esto. La trazabilidad es clave: si gasté $5000, debo demostrar que los facturé, que tengo un sueldo o ahorros que lo justifiquen. O tengo ahorros. O mi esposa y tenemos la sociedad conyugar. Tiene que ser seria esa trazabilidad”.

Lo que sí está claro, según el especialista, que se ha observado una evolución en la capacidad de la AFIP para cruzar datos y perfeccionar el control fiscal. “Es cada vez es más fino -señaló-. Veníamos de blanqueos, de la pandemia, de la inflación generada por el propio gobierno. Los valores del monotributo, por ejemplo, quedaron desactualizados durante mucho tiempo. Ahora, con la tecnología, el cruce de datos es más preciso, y el control llega a casi la totalidad de los gastos”.

El Gobierno de Javier Milei recordó que a partir de este mes todas las facturas de bienes y servicios deberán incluir el detalle del Impuesto al Valor Agregado (IVA), algo que hasta ahora alcanzaba a las grandes empresas.

La medida, anunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), busca que los consumidores conozcan el impacto de la presión fiscal en los precios finales.

Según se informó, los vendedores deberán incorporar en sus comprobantes un apartado donde se desglose el monto del IVA y otros impuestos internos. Esta disposición alcanza a “todo el universo de contribuyentes”, en línea con el cronograma de implementación del régimen de transparencia fiscal establecido por ARCA.

Hasta ahora, la obligación de discriminar el IVA sólo aplicaba a grandes empresas. Sin embargo, quienes utilizaban herramientas de facturación electrónica de ARCA, como Facturador Móvil o Comprobantes en Línea, ya tenían la opción de mostrar el impuesto en sus tickets. Con esta nueva normativa, la exigencia se amplía a todos los comerciantes y prestadores de servicios.

El objetivo principal de la medida es que los consumidores puedan visualizar con mayor claridad “la presión fiscal que incide sobre el precio final de los productos”. Para ello, los comprobantes deberán incluir un apartado titulado “Otros impuestos nacionales indirectos”, donde se detallará el IVA y los impuestos internos.

Desde ARCA aclararon que “el consumidor final no debe hacer ninguna operación”, ya que el desglose será únicamente informativo. Además, las facturas deberán llevar la leyenda: “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”, con la correspondiente discriminación de impuestos.

Fuente: DIB

El contador público Marcelo Corbalán brindó detalles en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), sobre cómo deben proceder los empleados en relación de dependencia a la hora de declarar las deducciones del Impuesto a las Ganancias. Explicó qué conceptos se pueden cargar, cómo hacerlo y cuáles son los plazos clave para no perder dinero.

“Los empleados en relación de dependencia tienen una liquidación particular. En general, el impuesto se lo retiene el empleador, y esto tiene dos patas; por un lado la información que genera el impuesto a las ganancias vinculada con su sueldo, pero entran en juego otras cosas más quer se pueden descontar, si bien se desconocen si el trabajador no lo comunica”, indicó el profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

En este sentido, explicó que “para informarlo se debe recurrir a la página de ARCA -ex AFIP-, donde hay un formulario que completa el trabajador cuando empieza la relación laboral y se informa la cantidad de hijos, el estado civil o los gastos que se pueden deducir que no están vinculados al trabajo, entre otras cosas”.

Al mismo tiempo, añadió que en el Impuesto a las Ganancias también “se pueden deducir los gastos por educación, que no es solo la cuota de un colegio, sino útiles, uniformes y las clases particulares, y tiene como tope el porcentaje del mínimo no imponible”.

“Cuando empezás a sumar todos esos conceptos, termina siendo importante. Podés deducir lo que pagás de empleada doméstica, por salud, si hacés alguna donación o el alquiler de tu casa. Eso lo carga el empleado, porque cuando liquidan se fijan en la página”, detalló el contador público.

Por otro lado, se refirió a las deducciones de las percepciones de los gastos que se realizan en el exterior, donde informó que las del año pasado se pueden descontar hasta el 31 de marzo.

“Ahora es el momento para cargar todo lo que hiciste en el exterior, y ahí el empleador te hace una liquidación completa, y si retuvo de más debe devolver la plata. Sin embargo, las percepciones de gastos en el exterior no tienen límite, aunque sí el resto, como las donaciones, la casa/habitación o la educación”, puntualizó.

Y por último, le advirtió a los empleados en relación dependencia “sobre un monto que ARCA todavía no publicó, acerca de que si tus ganancias superan alrededor de los 36 millones de pesos, el empleador te dará un formulario para realizar una declaración jurada informativa que vence el 30 de junio”.

La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) retomó su plan de lucha en Mar del Plata tras la finalización de una conciliación obligatoria de 30 días, debido al congelamiento salarial y al cierre de 38 dependencias en distintas ciudades del país. La secretaria general del gremio, Stella Maris Elías, confirmó que las medidas de fuerza que se extenderán los próximos días, incluyen asambleas y suspensión de tareas en las oficinas de ARCA.

"Estamos con un plan de lucha retomado después de una conciliación de 30 días porque tenemos congelamiento salarial y el cierre de 38 dependencias en diferentes ciudades, siendo Ayacucho, Mar del Tuyú, Miramar, Balcarce, Azul y Pinamar. Esto puso a nuestros compañeros en una situación de despido indirecto al trasladarlos a más de 100 kilómetros de su lugar de trabajo", expresó la referente.

Para mañana, el gremio mantendrá el mismo cronograma de protesta, con una nueva asamblea de 8 a 10 sin atención al público y una concentración en el edificio de Independencia. "En caso de no tener solución respecto a los cierres, el miércoles haremos un plenario de secretarios generales en Buenos Aires y ahí decidiremos las medidas de fuerza, más allá de adherir al plan de lucha de la CGT", adelantó la dirigente sindical.

El conflicto se enmarca en una situación de creciente tensión entre el Gobierno Nacional y los trabajadores del sector, quienes denuncian la precarización de sus condiciones laborales y la falta de diálogo por parte de las autoridades. Desde AEFIP advirtieron que, de no obtener respuestas favorables las protestas podrían profundizarse en los próximos días.

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, implementó un recorte significativo que afectará a 695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI) y resultó en el cierre de varias oficinas en la provincia de Buenos Aires. 

Esta medida, respaldada por la disposición 36/2025 y la Ley 27.742, impactó a 670 trabajadores y provocó el cierre de agencias, distritos y receptorías en localidades como Pinamar, Mar del Tuyú y Miramar, entre otras. Las oficinas restantes quedaron centralizadas en ciudades como Mar del Plata, Tandil y La Plata, lo que generó preocupación por las demoras y dificultades que enfrentaron los contribuyentes, así como la sobrecarga laboral para los empleados que permanecieron en funciones.

Sobre esto, Stella Maris Elias, titular de AEFIP dialogó con El Marplatense y dijo: "Otra nueva medida anunciada primero desde la presidencia y luego por las autoridades del organismo. Se trata del cierre de treinta y ocho dependencias del ARCA, que involucra a todo el territorio de la Nación. Esto significa el cierre de la única oficina de muchos de los lugares en nuestra zona, desapareció de la estructura, el distrito Pinamar, el de Balcarce, el de Mar del Tuyú, de Miramar, de Ayacucho y Azul". 

"Todos esos lugares tienen oficina única y cierra. Es un perjuicio para los trabajadores que tienen que desplazarse más de cien kilómetros para tomar servicio en otra oficina. Hoy estamos en incertidumbre por como fueron todas las medidas tomadas. Primero se lanzó la medida y luego verán qué se hace con la misma", expresó. 

"Ahora, el sindicato tiene una cautelar ante la Justicia que salió favorable en favor de la estabilidad, pero estamos dependiendo de esa decisión judicial. Esto significa un despido encubierto porque uno tiene organizada su familia, su vida y los niños en las escuelas", sumó.

Asimismo agregó que también "generaría un inconveniente en la atención al público a la hora de del servicio. Lo que está sucediendo es que esto hace que la gente de carrera presente la renuncia y se jubile y tenemos más de treinta compañeros que van a dejar de trabajar el 31 de marzo porque se adhieren al retiro voluntario". 

"La situación es caótica y la reflexión es que no les interesa recaudar ni el cumplimiento fiscal o que el estado esté presente con la gente porque quién va a una oficina en forma presencial. A esos ciudadanos nosotros los dejamos sin servicio y creo que es muy grave", aclaró. 

"Se tienen que redistribuir los edificios en este momento porque nosotros tenemos dos agencias una en independencia y otra en San Martín y los equipos de fiscalización que salen a la calle a hacer las inspecciones están en duda. Las bajas de personal se concentrarían y se redistribuirían en dos edificios. Pero las agencias de fiscalización van a ser una", concluyó Elias.

La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, avanza con un recorte que, según se estima, impactará en al menos 695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI) y provocará el cierre de múltiples oficinas en la provincia de Buenos Aires, donde se verán afectadas dos agencias, 18 distritos, 19 receptorías y un total de 670 trabajadores.

Esta medida, respaldada por la disposición 36/2025 y amparada en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Nº 27.742), ya generó asambleas, advertencias gremiales y reclamos de varios municipios bonaerenses.

La secretaria general de AEFIP Seccional Mar del Plata, Stella Maris Elías, manifestó su preocupación por la decisión gubernamental: "Estamos ante un ajuste brutal que no solo deja sin empleo a cientos de trabajadores, sino que además atenta contra el acceso a los servicios impositivos en numerosas localidades".

En Mar del Plata, la medida contempla el cierre de los distritos de Pinamar y la receptoría de Mar del Tuyú y Miramar, que pasarían a depender de Mar del Plata. Asimismo, el Distrito Balcarce, Azul y la Receptoría Ayacucho quedarían bajo la jurisdicción de la Agencia Tandil.

A nivel provincial, solo quedarán operativas las sedes de Junín, La Plata, Mercedes, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de oficinas en Tandil y Necochea. En tanto, la Agencia La Plata absorberá los partidos de La Plata, Brandsen, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena, Castelli, Dolores, General Guido, Tordillo, Maipú, Pila, Chascomús, General Paz y General Belgrano.

Por su parte, la Agencia Mar del Plata concentrará la atención de Mar Chiquita, General Alvarado, General Pueyrredón, General Lavalle, General Madariaga, La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

Elías advirtió sobre el impacto de estas disposiciones en la atención al contribuyente: "La centralización de oficinas generará demoras y dificultades para los ciudadanos, además de una sobrecarga para los trabajadores que permanezcan en funciones".

Desde AEFIP, anunciaron que continuarán con las medidas de reclamo y solicitan una revisión urgente de las disposiciones adoptadas. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante este atropello. Exigimos respuestas y soluciones para los trabajadores y para la sociedad en su conjunto", concluyó la dirigente gremial.

La incertidumbre crece entre los empleados afectados, mientras distintos sectores sindicales y municipales buscan frenar el avance del ajuste en ARCA. Algunos empleados podrían ser reubicados en otras delegaciones, aunque el reciente anuncio del Gobierno sobre la eliminación de 695 cargos en la DGI y el cierre de más oficinas de ARCA genera incertidumbre sobre su futuro laboral.

En un comunicado reciente, la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) Mar del Plata expresó su preocupación y malestar ante la reestructuración anunciada, que implicaría la eliminación de varios departamentos, divisiones, agencias y distritos. 

Según el comunicado, la medida, anunciada un viernes previo a un fin de semana largo, generó incertidumbre y angustia entre los empleados y sus familias.

El sindicato resaltó que un reciente fallo judicial a favor de la estabilidad laboral de los empleados es crucial para la seguridad de los mismos y el funcionamiento óptimo de la institución. Asimismo, la Asociación exigió a la patronal que cese su comportamiento ofensivo y adopte una actitud de respeto hacia los empleados, subrayando la importancia de la unidad sindical para enfrentar estos desafíos.

El comunicado:

“Un vez más los trabajadores a través de un mensaje grandilocuente y malintencionado fuimos colocados en un lugar de incertidumbre, con el anuncio de una reestructura que implica la eliminación de Departamentos, Divisiones, Secciones, Agencias, Distritos y Receptorías. La perversidad en su accionar se ve plasmada en que el anuncio es realizado un día viernes previo a un fin de semana largo, creando angustia y preocupación a todos los compañeros y sus familias”.

"Los trabajadores no nos oponemos a los cambios. Estamos preparados para los desafíos a los que nos enfrentan las transformaciones del mundo del trabajo. A lo que si nos oponemos es a que justifiquen sus decisiones calificándonos de ineficientes, corruptos o innecesarios. Sus prácticas de maltrato y desprecio hacia los trabajadores han generado un ambiente de desasosiego.Esto no es una reestructura más. Estamos dentro de un proceso en el que vemos con absoluta preocupación el desguace del organismo, la amenaza de pérdida de funciones, de cierre de lugares físicos sumado a la cantidad de bajas por jubilación y retiro del personal más calificado de nuestra organización".

“En medio de éste contexto de incertidumbre, las únicas certezas la construyó nuestro Sindicato. Hoy gracias a la presentación judicial realizada tuvimos un importante fallo a favor de la estabilidad laboral de los trabajadores. Esta estabilidad es crucial no solo para la seguridad de los trabajadores, sino también para el funcionamiento óptimo de nuestra institución. Sin embargo, la patronal persiste en su intento de socavarlo mediante prácticas malintencionadas que siembran inestabilidad y angustia entre nuestros compañeros y compañeras”.

“Por lo tanto, exigimos a la patronal que cese de inmediato este comportamiento ofensivo y falto de empatía, y que adopte una actitud de respeto y consideración hacia los trabajadores. Es esencial que se atiendan de manera real y efectiva las necesidades de nuestro Organismo, pero sin ignorar a quienes la hacen posible: los trabajadores y trabajadoras”.

“Canalicemos nuestros miedos y nuestro enojo en acción. Mantengamos la unidad porque es la única forma en que vamos a poder luchar por nuestra dignidad como servidores públicos que somos. Confiemos que en lo colectivo está la respuesta como lo marca la historia de nuestro sindicato”.

Tras la finalización del Sistema de Retiro Anticipado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los trabajadores del sector se encuentran en estado de alerta por la falta de respuestas del gobierno sobre la nueva reestructuración. 

En este sentido, Pablo Flores, secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, señaló en diálogo con El Marplatense que “estamos haciendo recorridas por todas las dependencias del país, sobre todo los del frente de conducción nacional”. 

De modo que “tenemos una falta de respuesta por parte de las autoridades del organismo, por primera vez en años, ante la solicitud de reuniones o planteos de diálogo”. 

Asimismo, recalcó que “hace pocos días se terminaron los retiros voluntarios, necesitamos definiciones sobre nuestra cuestión salarial, las modificaciones de la estructura que siguen pendientes”. 

Por lo que “toda la política que bajan es de forma unilateral y necesitamos que dialoguen con la representación de los trabajadores”, argumentó. 

En este marco, “estamos tratando de esclarecer la situación a nuestros compañeros y el cómo nos preparamos para hacernos escuchar”. 

Por otro lado, aclaró que “hoy no corre riesgo ningún puesto de trabajo, hemos logrado una cautelar que le impide al estado nacional y al organismo llevar despidos adelante”. 

Por consiguiente, la principal preocupación es que “hace un año tenemos el salario congelado, nos han ajustado fuertemente nuestro fondo de jerarquización”. 

El organismo, “está funcionando con cierta deficiencias porque toda al política de desmantelamiento del organismo hace que por la improvisación se hayan ido más de 2500 trabajadores y son los de mayor experiencia”, concluyó.