La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará hoy desde las 10:00 una jornada de visibilización en Mar del Plata para reclamar respuestas sobre la situación laboral de los trabajadores de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). El referente local del gremio, Diego Lencinas, advirtió que unos 250 empleados de las 31 farmacias cuyo cierre fue dispuesto podrían quedarse sin trabajo a fines de noviembre.

Según explicó Lencinas en diálogo con El Marplatense, la protesta busca exponer una situación que afecta “no solamente en las farmacias que son propiedad de la obra social de las Fuerzas Armadas, sino también la situación que se sigue viviendo en los hoteles”.

El dirigente gremial señaló que, después de las gestiones realizadas a fines de septiembre, lograron “la extensión de los contratados hasta el 30 de noviembre”. Sin embargo, sostuvo que todavía no recibieron respuestas sobre lo que sucederá una vez vencido ese plazo.

“Hasta el momento todo sigue sin definiciones por parte de las autoridades”, afirmó a la vez que insistió: “No hay nada en claro, en concreto, qué es lo que va a pasar con los trabajadores de los hoteles y de las farmacias”.

Lencinas también se refirió a la decisión de cerrar las farmacias de la obra social y cuestionó la falta de precisiones sobre el destino de sus empleados. Al dimensionar el impacto de la medida, advirtió: “Estamos hablando alrededor de 250 trabajadores en las 31 farmacias que hasta la fecha la única información que tienen es que su puesto de trabajo dejaría de existir a fin de noviembre”.

Como parte del plan de acción sindical, ATE realizará la jornada de visibilización hoy en Mar del Plata y participará el jueves de una movilización nacional en la Ciudad de Buenos Aires. “Vamos a estar participando con los distintos centros donde hay dependencias de la obra social en todo el país”, graficó.

Según detalló el referente de ATE, se movilizarán a Capital Federal para “llevar el reclamo ante las autoridades pertinentes: Ministerio de Defensa, la obra social y Ministerio de Economía”. El gremio reclama definiciones sobre la continuidad de los puestos de trabajo, tanto en las farmacias como en los hoteles, ante la proximidad del vencimiento de los contratos y la falta de información oficial sobre las medidas que se adoptarán.

La tensión entre el Gobierno nacional y los trabajadores estatales sumará un nuevo capítulo esta semana. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una movilización a la Quinta Presidencial de Olivos para el miércoles 21 de octubre, a las 17, en rechazo al plan de retiros voluntarios impulsado por la administración de Javier Milei.

La convocatoria, que se desarrollará bajo la consigna “No se aguanta más”, surge luego de la oficialización de un régimen destinado a reducir la planta de personal de la Administración Pública Nacional. Según las estimaciones difundidas por el sindicato, la medida alcanza a 21.187 empleados públicos.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la iniciativa y aseguró que detrás de la propuesta existe un mecanismo de presión sobre los trabajadores para que abandonen sus puestos.

“No es retiro voluntario, es despido extorsivo”, afirmó el dirigente, quien advirtió que la posibilidad de perder el empleo y la cobertura médica condiciona la libertad de decisión de los empleados alcanzados.

El nuevo esquema contempla distintas modalidades de compensación económica según la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados por el gremio es que quienes acepten el retiro no podrán reincorporarse al Sector Público Nacional durante ocho años.

Además, los cargos que queden vacantes como consecuencia de las desvinculaciones serán eliminados, una disposición que ATE considera parte de una estrategia de reducción permanente de la estructura estatal.

El sindicato también manifestó su preocupación por la situación de los empleados que desempeñan funciones de representación gremial, ya que quienes tengan mandatos sindicales vigentes o sean candidatos a delegados deberán renunciar a esa condición para acceder al programa.

La decisión de movilizarse hasta Olivos responde a la intención de trasladar el reclamo directamente al entorno presidencial. Aguiar sostuvo que el Gobierno concentra buena parte de su actividad política en la residencia oficial y consideró necesario visibilizar allí el conflicto.

La protesta también incluirá reclamos por la pérdida del poder adquisitivo, los acuerdos salariales por debajo de la inflación, la falta de renovación de contratos y la reducción de puestos de trabajo en distintos organismos públicos.

Desde ATE advirtieron que el conflicto podría profundizarse si el Ejecutivo mantiene su política de reducción de personal. El sindicato anticipó que enfrentará el régimen mediante medidas de acción directa y cuestionó las consecuencias que, a su entender, podría tener el recorte sobre la prestación de servicios públicos.

Por su parte, el Gobierno nacional enmarca el programa de retiros voluntarios dentro de su política de reorganización administrativa y reducción del gasto estatal, con el objetivo de disminuir la estructura del sector público.

En este escenario, la movilización del miércoles se perfila como una nueva demostración del enfrentamiento entre el Ejecutivo y los gremios estatales, en medio de una discusión que vuelve a poner en el centro el futuro del empleo público y el alcance del ajuste sobre la administración nacional.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un cese de tareas para este martes a partir del mediodía, en rechazo al fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras.

La medida alcanzará a trabajadores de ministerios, organismos públicos y empresas estatales. Según informó el gremio, desde las 12 comenzará el retiro de los lugares de trabajo y posteriormente se realizará una movilización hacia la sede del máximo tribunal.

El reclamo está relacionado con la Ley 26.737 de Tierras Rurales, una norma que establecía límites a la cantidad de tierras que podían quedar en manos de personas o empresas extranjeras. Esa ley había sido derogada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023.

La discusión llegó a la Justicia y la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo del decreto que eliminaba la Ley de Tierras. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre la Corte Suprema revocó esa decisión.

De esta manera, volvió a quedar vigente la derogación de la ley y dejaron de aplicarse los límites que establecía para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Desde ATE cuestionaron duramente la decisión. “Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio a nivel nacional.

El dirigente también sostuvo que el fallo “destruyó la división de poderes” y aseguró que la Corte pasó “por encima del Congreso”. Además, calificó la resolución como “el fallo más entreguista de los últimos 150 años”.

Aguiar señaló que para el sindicato la decisión no afecta solamente a la propiedad de las tierras, sino que abre una discusión más amplia sobre el control de los recursos naturales del país.

La protesta tendrá alcance nacional, aunque la movilización principal se realizará en la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento, con la información difundida, no se detalló qué dependencias de Mar del Plata tendrán una adhesión específica a la medida.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mar del Plata realizará este miércoles una radio abierta en defensa de los puestos de trabajo en los hoteles y la farmacia del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

La actividad está prevista para las 9:30 en avenida Luro y la Costa, en el marco del plan de lucha impulsado por el sindicato ante el cierre de los hoteles Antártida Argentina y Tierra del Fuego y de la farmacia de IOSFA.

Desde ATE Mar del Plata señalaron que 177 trabajadores y trabajadoras podrían quedar sin empleo como consecuencia de estas medidas.

En ese marco, el gremio reclamó al presidente de IOSFA, Ariel Guzmán, la continuidad de los trabajadores hasta el 31 de diciembre. Según indicaron, el presupuesto contempla los puestos laborales hasta esa fecha.

“Exigimos al Presidente de la IOSFA, Ariel Guzmán, la continuidad de todos los trabajadores hasta el 31 de diciembre, dado que el presupuesto los contempla”, expresaron desde el sindicato.

La convocatoria se realizará bajo la consigna “en defensa de los puestos de trabajo” y forma parte de las acciones anunciadas por ATE Mar del Plata frente a la situación de los trabajadores afectados.

Fuente: ANSI

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos tras la salida del Gobierno nacional de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era una pieza clave del entorno de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

"ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos", celebró el sindicato mediante un comunicado en su cuenta de la red social X.

Según ATE, el personal reincorporado se distribuirá entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia con el fin de reorganizar el esquema de trabajo luego de los cambios en la estructura de seguridad.

El jueves pasado el oficialismo anunció una modificación clave en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos, la cual implicó que Casa Militar concentre todas las tareas relacionadas con la protección de Javier Milei y su familia.

La medida provocó que 15 personas sean desplazadas y se desarme la estructura que se encargaba de administrar la residencia presidencial.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó hoy la sede central de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) en la Ciudad de Buenos Aires para rechazar un plan de 600 despidos y denunciar un presunto vaciamiento institucional.

La medida de fuerza se desarrolló en el marco de un conflicto creciente por la situación financiera y operativa del organismo, que según el gremio atraviesa una crisis estructural. Desde ATE señalaron que la protesta busca visibilizar la problemática y frenar las cesantías previstas para fines de septiembre.

Durante la manifestación, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, y del titular de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Se la robaron toda”, afirmó el dirigente, al denunciar un deterioro acelerado de las cuentas de la entidad.

De acuerdo con los datos difundidos por el sindicato, la obra social pasó de registrar un superávit de $25.000 millones a fines de 2023 a acumular un pasivo superior a los $500.000 millones. Asimismo, apuntaron contra presuntas irregularidades administrativas, como el uso de fondos destinados a equipamiento médico para cubrir gastos corrientes y el cierre de establecimientos propios -entre ellos farmacias, hoteles y residencias- reemplazados por servicios tercerizados.

El conflicto se vincula además con la disolución del antiguo IOSFA y la creación de la OSFA mediante el DNU 88/2026, una medida que, según el gremio, profundizó el deterioro institucional. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, ATE advirtió que podría extender las ocupaciones a otras dependencias del país.

En ese contexto, la organización sindical confirmó la realización de una vigilia el próximo miércoles 30 en los hoteles de la obra social, en defensa de los puestos de trabajo de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció hoy que impulsará un pedido de examen médico para el presidente Javier Milei, con el objetivo de determinar su aptitud para el ejercicio del cargo, en el marco de un nuevo capítulo de tensión política e institucional.

La iniciativa fue comunicada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo en declaraciones públicas: “Los desequilibrios del presidente son muy evidentes -y agregó que- no hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Javier Milei padece algún tipo de psicosis”.

A través de una publicación en la red social X, el dirigente sindical argumentó que “la salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, y cuestionó los requisitos exigidos a los trabajadores estatales en contraste con los cargos jerárquicos. En ese sentido, afirmó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda”.

En la misma línea, planteó que el gremio buscará avanzar con una iniciativa legislativa para que se establezcan exámenes psicofísicos obligatorios para todos los cargos electivos a partir del próximo año. Además, aclaró: “Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”.

Por otra parte, el dirigente advirtió sobre las eventuales implicancias jurídicas de la situación al señalar que, en caso de no cumplirse condiciones de aptitud, “las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”.

En ese contexto, la vicepresidente Victoria Villarruel también había expresado días atrás en la misma red social que le preocupaba “profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la reapertura urgente de la paritaria salarial mediante una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, con el objetivo de discutir un nuevo incremento para el último tramo del año.

El pedido fue canalizado a través de una nota dirigida al director de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, en la que la organización gremial requirió la activación de la cláusula de revisión prevista para este mes, luego de haberse efectivizado el aumento del 5% correspondiente a agosto que completó el esquema acordado previamente.

Desde el sindicato argumentaron que el contexto económico actual impacta de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. En ese sentido, señalaron que la política económica del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, sumada al incremento de tarifas de servicios esenciales como transporte, electricidad, gas y agua, profundiza el deterioro salarial y el endeudamiento de los hogares.

En el documento, ATE sostuvo: “La defensa del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores debe constituir una prioridad”, e instó al Ejecutivo provincial a realizar los mayores esfuerzos para sostener e incrementar los ingresos del sector público frente al escenario inflacionario.

La Seccional Mar del Plata de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), denunció el vaciamiento de la sede local del PAMI y señaló que sus afiliados quedan a la deriva por falta de centros de atención.

En un comunicado, la Seccional informó que desde hace algunos años el Instituto viene sufriendo la pérdidas de derechos en todos los sentidos, una medida que afecta a los más de 220.000 afiliados que hay dentro de la Unidad de Gestión Local (UGL) XI (Mar del Plata y la región).

“Hoy en día tenemos a los prestadores colapsados por la demanda y la falta de complejidad dentro de la región. Esta semana se sumó el Sanatorio Belgrano que dejó de prestar servicios a 8000 capitados y entre ellos internados, más los afiliados que no capitaban y se atendían con diferentes especialistas y hasta con cirugías ya programadas”, subrayaron desde la ATE local. 

Para el Sindicato “todo esto tiene una consecuencia dañina para el afiliado; el abandono es total ya que debe ir a las diferentes agencias o bocas de atención a pedir soluciones”.

Asimismo, agregó en el comunicado que “esto es parte del desguace del PAMI, lo que genera una demanda que hoy en día es mayor a la que los trabajadores ya veníamos teniendo años anteriores con largas filas desde temprana hora ocasionando turnos con más de un mes para poder dar alguna respuestas”.

Según subrayaron “los trabajadores del Instituto venimos sufriendo las políticas de ajuste y maltrato de este gobierno con más de 600 despidos a nivel nacional en un año, con la caída de un 60 % del salario sin paritarias dignas y vemos hoy con mucha preocupación la situación y continuidad, tanto de las agencias como las de bocas de atención que cuenta la ciudad y alrededores, ya que la implementación del retiro voluntario determinó que el 30% de la planta de esta UGLXI se ha ido”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará hoy una jornada de protesta en la Unidad Turística Chapadmalal, que incluirá concentración, recorrida y movilización, en defensa de los hoteles, el turismo social y los puestos de trabajo, en un contexto de reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.

En este marco, la delegada de ATE, Florencia Marco Ruiz, detalló en diálogo con El Marplatense que la jornada de protesta comenzará a las 08:00 con una concentración en el edificio de administración, frente a la capilla, sobre Ruta 11, dentro del predio.

Respecto a las consignas, la delegada fue contundente: “En defensa de los hoteles, en defensa de Chapadmalal, en defensa del turismo social y en defensa de los puestos de trabajo”. Asimismo, a las 10:00 se realizará una recorrida por el complejo y a las 11:00 los manifestantes se trasladarán hacia la Municipalidad para continuar con la protesta.

La medida gremial se produce luego de que el Ejecutivo oficializara el pase a disponibilidad de 58 trabajadores del complejo, decisión publicada en el Boletín Oficial a través de una resolución de la Jefatura de Gabinete. Según informaron desde el sindicato, 48 empleados pertenecen a planta permanente y otros 10 tenían contratos vigentes hasta fin de año.

El pase a disponibilidad implica que los trabajadores dejan de cumplir tareas habituales, aunque deben permanecer localizables y pueden ser convocados por el Estado, además de acceder a capacitaciones o desempeñarse en áreas tercerizadas. La medida también alcanza a 19 empleados del complejo turístico de Embalse, en Córdoba.

En paralelo, el Gobierno avanza con un proyecto para otorgar en concesión los complejos de Chapadmalal y Embalse por un plazo de 30 años, con el objetivo de atraer inversiones privadas para su modernización, aunque aún no se inició un proceso formal de licitación.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron el vaciamiento de la Unidad Turística Chapadmalal, tras la firma de una resolución oficial que decreta el fin de las funciones del complejo e inicia un proceso de despidos masivos. La delegada Florencia Marco Ruiz confirmó que de la situación los tomó por sorpresa y que el personal se enteró de la medida de forma extraoficial.

En diálogo con El Marplatense, Marco Ruiz señaló que se trata de “una noticia de último momento, nos enteramos hoy a la mañana”. Según explicó, la Jefatura de Gabinete de Ministros firmó ayer la Resolución 129, donde decreta el fin de las funciones de la Unidad Turística y pone en marcha el despido masivo de todo el personal.

Asimismo, aclaró que aunque el documento está “firmado digitalmente con nombre y apellido”, los trabajadores aún no recibieron una notificación oficial, algo que estiman que sucederá en los próximos días. Respecto al mecanismo que está utilizando el Gobierno nacional para desmantelar el complejo, desde el gremio detallaron que la medida afecta a todas las modalidades de contratación, golpeando tanto a los empleados históricos como a los más recientes.

En cuanto al personal de planta permanente, la medida afecta a un grupo de entre 40 y 45 trabajadores con estabilidad adquirida y años de carrera en el Estado. Marco Ruiz advirtió que el Ejecutivo está utilizando las herramientas legales vigentes para avanzar sobre sus puestos: “Utilizan la Ley Bases para pasarnos formalmente a disponibilidad, que es el paso previo al despido definitivo”.

En cuanto al personal contratado, la situación es aún más directa para quienes están vinculados al funcionamiento operativo y los servicios de los hoteles. Según la dirigente, la resolución “está sepultando cualquier posibilidad de continuidad para el personal contratado”.

Marco Ruiz concluyó que estas acciones sistemáticas del Gobierno no hacen más que “consolidar el vaciamiento de los hoteles” que históricamente garantizaron el turismo social en la región.

Trabajadores de la salud, junto a organizaciones sociales y sindicales, realizaron hoy la Marcha Federal de la Salud con una movilización hacia la Plaza de Mayo para rechazar el ajuste en el sector, reclamar mayor presupuesto y exigir mejoras salariales.

La concentración comenzó en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina y se trasladó hacia el centro político del país, en una jornada atravesada por el debate en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La convocatoria fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a gremios como la Unión Obrera Metalúrgica, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, además de agrupaciones de pacientes y el Foro por el Derecho a la Salud.

Desde la CTA Autónoma señalaron que el eje central del reclamo es el aumento del presupuesto sanitario y una recomposición salarial urgente. La protesta apuntó al presidente Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes responsabilizan por las políticas de recorte.

Uno de los datos centrales expuestos por los organizadores es un recorte de 63.000 millones de pesos en partidas sanitarias. Entre los programas afectados mencionaron al Programa Remediar, que redujo la entrega de botiquines en centros de atención primaria, y al PAMI, cuyo presupuesto habría caído un 40%.

El médico sanitarista Leonel Tesler advirtió que “el sistema estatal está en una crisis sin pandemia”, con hospitales sobrecargados y mayor demanda producto de pacientes que migran desde el sistema privado.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “la salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, y alertó que el ajuste “se está traduciendo en enfermedad y muerte”.

Los manifestantes también denunciaron demoras en el Calendario Nacional de Vacunación, dificultades en el acceso a medicamentos y reducción de programas, con impacto especialmente en los sectores más vulnerables.

La jornada contó además con el respaldo del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak, y tuvo réplicas en distintas ciudades del país como Rosario, Santa Fe, Gualeguaychú y Jujuy.

Fuente: con información de Infobae

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires advirtió que la situación en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, particularmente en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, impacta negativamente en las actividades de mensura e inmobiliarias en todo el territorio bonaerense, a raíz de una medida de fuerza gremial que mantiene virtualmente paralizado el organismo desde fines de febrero.

A través de un comunicado, señalaron que el conflicto impulsado por el gremio Asociación Trabajadores del Estado -con asambleas prolongadas y retención de tareas- afecta el normal funcionamiento de un área clave para el desarrollo económico y profesional de la provincia.

Según indicaron, para los ingenieros matriculados en el CIPBA la situación constituye un “bloqueo directo” a su derecho constitucional al trabajo, ya que las tareas de mensura se encuentran detenidas por la imposibilidad de aprobar planos y registrar estados parcelarios, lo que impide concluir los trabajos, afecta los ingresos y compromete el vínculo con los comitentes.

En la misma línea, remarcaron que el impacto se extiende al mercado inmobiliario, donde numerosas operaciones de compraventa se encuentran demoradas por la falta de informes catastrales y certificados actualizados, lo que impide a los escribanos avanzar con las escrituras y genera incertidumbre jurídica en las transacciones.

Además, advirtieron que la situación perjudica directamente a los contribuyentes que necesitan regularizar sus propiedades o avanzar en subdivisiones para construir, quienes ven limitados sus derechos al quedar atrapados en un conflicto que el Estado provincial aún no resolvió.

Desde el Colegio también consideraron “paradójico” que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria se haya convertido en un obstáculo para la circulación de capitales, y señalaron que la legitimidad de los reclamos gremiales no puede derivar en la interrupción total de un servicio público esencial.

Frente a este escenario, reclamaron la intervención del gobernador Axel Kicillof para restablecer con urgencia el funcionamiento pleno de Catastro.

“Los ingenieros del CIPBA y la sociedad bonaerense en su conjunto no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia de funcionarios y sindicalistas que una vez más desatienden los intereses de la sociedad para seguir una agenda propia electoral, que día tras día solo provoca que se degrade la actividad profesional y comercial de todos los sectores involucrados congelando la actividad que ya viene golpeada”, concluyó el mensaje.

Suteba y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a un paro este lunes, lo que afectará el normal funcionamiento de las escuelas bonaerenses. La huelga se enmarca en la adhesión a la convocatoria del Paro Internacional Feminista vinculada al Día Internacional de la Mujer, celebrado el domingo.

La medida se produce días después de que docentes y estatales bonaerenses aceptaran un aumento del 7,5% para los próximos dos meses, por lo que el reclamo salarial quedó desvinculado de este paro. Suteba adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que convocó a sus organizaciones de base a participar según la modalidad que cada sindicato defina.

El impacto será mayor por la adhesión de los auxiliares de la educación nucleados en ATE, responsables de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos. 

En paralelo, el personal docente y no docente de universidades públicas anunció un paro del 16 al 22 de marzo por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que prorrogará el inicio del semestre.

Fuente: Dib

El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para mañana, en rechazo a la reforma laboral. La medida de fuerza incluirá una concentración a partir de las 11:00 en el Congreso de la Nación.

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó al Ejecutivo y a los gobernadores por acompañar la iniciativa oficial. “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, afirmó.

Aguiar agregó que algunos mandatarios provinciales “juntaron votos hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas”.

El paro nacional responde a tres ejes principales: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias con recomposición salarial y el posible recorte en organismos descentralizados, que según el gremio podría afectar al 10% de los trabajadores. Entre los organismos señalados figuran la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

En la Ciudad de Buenos Aires, los estatales realizarán retiros de los lugares de trabajo desde las 10:30 para participar de la protesta en el centro porteño.

El paro se adelantó tras conocerse que mañana el Gobierno dará a conocer la reforma laboral elaborada junto al Consejo de Mayo. La iniciativa contempla cambios en vacaciones, indemnizaciones y despidos. Según fuentes oficiales, se trata de un proyecto moderado para garantizar apoyos en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será el encargado de presentar la propuesta y otras reformas en la reunión del Consejo de Mayo, prevista para las 13:30 en Casa Rosada. El Ejecutivo buscará aprobar la modernización laboral en sesiones extraordinarias con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado.

Fuente: con información de TN

El Gobierno quiere realizar otro recorte en la planta de empleados estatales. Si bien no se dio a conocer el número exacto de los puestos afectados, según fuentes de Casa Rosada que la cifra podría llegar al 10% del total de los trabajadores.

A cargo de la nueva etapa del “plan motosierra” están el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En ese sentido, el personal total de estatales en la administración pública nacional, empresas y sociedades es de 285.570 personas, según los datos oficiales del último informe del Indec en octubre.

Además, la información oficial de septiembre indica que la gestión de Javier Milei desvinculó del Estado a más de 58.000 personas. Los despidos fueron, sobre todo, en organismos centralizados del Estado.

Ahora, en esta nueva etapa, se espera que el Gobierno ponga el foco en reducir los organismos descentralizados como el ARCA, Anses, Indec y la Oficina Anticorrupción.

El Gobierno busca reducir la planta de estatales. (Foto: X/ @fedesturze)

Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, ATE evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral.

“Federico Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, amenazó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El jefe de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que ATE evalúa adelantar el paro nacional. (Foto: X @ateprensa)

El gremialista agregó: “El Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%”.

“A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado, sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país”, cerró Aguiar.

Para el sindicato de los estatales, el 10% que el Gobierno podría despedir representaría unas 28.000 personas.

Fuente: TN

El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció penalmente a Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. 

La presentación fue realizada ante la Justicia federal por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich.

El eje de la denuncia son declaraciones públicas de Aguiar, realizadas en el marco de la inminente presentación del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”, afirmó el dirigente en una entrevista. Para el Ministerio de Seguridad, esa frase constituye una amenaza dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente Javier Milei.

En el escrito se sostiene que el llamado a “poner en crisis” al Gobierno podría encuadrar en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que castigan las amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. “Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, publicó Bullrich en sus redes, mensaje que luego fue replicado por el propio Milei.

La presentación también subraya la gravedad institucional de que esas declaraciones provengan del representante de los trabajadores estatales y destaca la amplia difusión que tuvieron, al ser replicadas en medios de comunicación y en plataformas como Instagram, X y TikTok. Para el Gobierno, esa masividad refuerza el carácter público y la “idoneidad” de la amenaza atribuida al sindicalista.

En un contexto de fuerte tensión política y sindical por la reforma laboral, la denuncia reaviva el debate sobre el límite entre la protesta gremial y la protección del orden democrático. Semanas atrás, Aguiar había sido recibido por Cristina Kirchner en el domicilio de San José 1111, un dato que en la Casa Rosada leen como parte del reacomodamiento de fuerzas frente a las reformas oficiales.

Fuente: Infobae

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales a una nueva instancia de negociación paritaria, que se desarrollará el próximo martes 18 a las 17:15, en la sede del Ministerio de Trabajo provincial, en la ciudad de La Plata.

La convocatoria se produce tras reiterados pedidos de los sindicatos para reabrir la discusión salarial, en un contexto de creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo. El último acuerdo paritario se firmó en agosto e incluyó un incremento del 5%, distribuido entre los meses de septiembre y noviembre. Desde entonces, las organizaciones gremiales sostienen que los salarios han quedado rezagados frente al avance de la inflación.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, confirmaron desde ATE, uno de los gremios que venía reclamando una nueva audiencia desde octubre.

La convocatoria se extendió a los gremios con representación entre los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, y participarán con dos representantes por organización: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba).

El pasado 22 de octubre, ATE había solicitado formalmente la reapertura de la paritaria mediante una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, en la que expresaban: “Resulta indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto entre el Estado provincial y los sindicatos para sostener una paritaria abierta y permanente, y así logremos recuperar poder adquisitivo salarial”.

Fuente: con información de DIB

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que los empleados del PAMI llevan desde octubre de 2024 sin paritarias, en un contexto de inflación que supera el 400% en los últimos dos años. Según el comunicado difundido, la pérdida salarial acumulada ronda el 45% y para recuperar el poder adquisitivo de 2023 sería necesario un incremento inmediato del 60%.

“Necesitamos un aumento del 60% para volver a tener el nivel adquisitivo del 2023”, advirtieron desde la organización, donde remarcan que la situación obligó a muchos trabajadores a sumar changas o empleos informales para sobrevivir. Algunos manejan vehículos de traslado como Uber, otros realizan tareas domésticas o venden productos por redes sociales, mientras se multiplican los adelantos de haberes y el endeudamiento con tarjetas de crédito, de acuerdo a la denuncia.

El gremio también cuestionó las condiciones laborales dentro del PAMI, que calificaron como “sobreexigidas y desprofesionalizadas”, sin carrera administrativa ni posibilidad de ascenso. Además, señalaron que los gobiernos de turno utilizan el organismo con fines políticos: “Pagan con cargos que corresponden al personal de planta a sus militantes”, criticaron.

Ante este panorama, se conformó una mesa intersindical integrada por ATE, SUTEPA y UTI para impulsar un reclamo que va más allá de lo salarial. “Pedimos dignidad, reconocimiento y condiciones de trabajo humanas. El PAMI funciona gracias al sacrificio invisible de sus trabajadores, y ese sacrificio ya no puede sostenerse más”, expresaron.

El comunicado concluye con un mensaje directo a las autoridades nacionales: “No alcanza solo con paritarias, no alcanza solo con aumentos, necesitamos de manera urgente recomposición salarial ya”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció su adhesión al paro nacional que se llevará a cabo este miércoles 17, en el marco de la Marcha Federal convocada por los universitarios en rechazo al veto a las leyes de Presupuesto Universitario y Emergencia Pediátrica. 

Al respecto, Claudia Rey, secretaria general adjunta de ATE seccional local, le dijo lo siguiente a El Marplatense: “Acompañamos a nuestros compañeros de CONICET por la ley de financiamiento universitario, que el Presidente vetó y ese día se estaría tratando en el Congreso”. 

Asimismo, es un “rechazo al veto de la política de salud a nivel nacional, que en este caso ha tenido una mayor convocatoria sobre el presupuesto del Garrahan, pero que obviamente afecta todos los organismos de salud que dependen del Estado Nacional.” 

En cuanto a Mar del Plata, “es por el INAREPS con todo lo que vienen pasando los residentes, como la situación de sanidad de frontera, en el INE donde los compañeros están realizando asambleas para ver la modalidad que van a aplicar este miércoles”. 

De modo que “en principio es la convocatoria a la Marcha Federal que convoca tanto a los compañeros de la universidad como los de salud”, concluyó.