Suteba y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a un paro este lunes, lo que afectará el normal funcionamiento de las escuelas bonaerenses. La huelga se enmarca en la adhesión a la convocatoria del Paro Internacional Feminista vinculada al Día Internacional de la Mujer, celebrado el domingo.

La medida se produce días después de que docentes y estatales bonaerenses aceptaran un aumento del 7,5% para los próximos dos meses, por lo que el reclamo salarial quedó desvinculado de este paro. Suteba adhiere a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que convocó a sus organizaciones de base a participar según la modalidad que cada sindicato defina.

El impacto será mayor por la adhesión de los auxiliares de la educación nucleados en ATE, responsables de limpieza, mantenimiento y asistencia en los establecimientos. 

En paralelo, el personal docente y no docente de universidades públicas anunció un paro del 16 al 22 de marzo por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que prorrogará el inicio del semestre.

Fuente: Dib

El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para mañana, en rechazo a la reforma laboral. La medida de fuerza incluirá una concentración a partir de las 11:00 en el Congreso de la Nación.

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó al Ejecutivo y a los gobernadores por acompañar la iniciativa oficial. “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, afirmó.

Aguiar agregó que algunos mandatarios provinciales “juntaron votos hablando contra el ajuste nacional y ahora pretenden ser funcionales a esas políticas”.

El paro nacional responde a tres ejes principales: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias con recomposición salarial y el posible recorte en organismos descentralizados, que según el gremio podría afectar al 10% de los trabajadores. Entre los organismos señalados figuran la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, Anses, Conadis, Enargas, Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.

En la Ciudad de Buenos Aires, los estatales realizarán retiros de los lugares de trabajo desde las 10:30 para participar de la protesta en el centro porteño.

El paro se adelantó tras conocerse que mañana el Gobierno dará a conocer la reforma laboral elaborada junto al Consejo de Mayo. La iniciativa contempla cambios en vacaciones, indemnizaciones y despidos. Según fuentes oficiales, se trata de un proyecto moderado para garantizar apoyos en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será el encargado de presentar la propuesta y otras reformas en la reunión del Consejo de Mayo, prevista para las 13:30 en Casa Rosada. El Ejecutivo buscará aprobar la modernización laboral en sesiones extraordinarias con el respaldo de Patricia Bullrich en el Senado.

Fuente: con información de TN

El Gobierno quiere realizar otro recorte en la planta de empleados estatales. Si bien no se dio a conocer el número exacto de los puestos afectados, según fuentes de Casa Rosada que la cifra podría llegar al 10% del total de los trabajadores.

A cargo de la nueva etapa del “plan motosierra” están el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En ese sentido, el personal total de estatales en la administración pública nacional, empresas y sociedades es de 285.570 personas, según los datos oficiales del último informe del Indec en octubre.

Además, la información oficial de septiembre indica que la gestión de Javier Milei desvinculó del Estado a más de 58.000 personas. Los despidos fueron, sobre todo, en organismos centralizados del Estado.

Ahora, en esta nueva etapa, se espera que el Gobierno ponga el foco en reducir los organismos descentralizados como el ARCA, Anses, Indec y la Oficina Anticorrupción.

El Gobierno busca reducir la planta de estatales. (Foto: X/ @fedesturze)

Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, ATE evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral.

“Federico Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, amenazó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El jefe de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que ATE evalúa adelantar el paro nacional. (Foto: X @ateprensa)

El gremialista agregó: “El Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%”.

“A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado, sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país”, cerró Aguiar.

Para el sindicato de los estatales, el 10% que el Gobierno podría despedir representaría unas 28.000 personas.

Fuente: TN

El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció penalmente a Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. 

La presentación fue realizada ante la Justicia federal por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich.

El eje de la denuncia son declaraciones públicas de Aguiar, realizadas en el marco de la inminente presentación del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”, afirmó el dirigente en una entrevista. Para el Ministerio de Seguridad, esa frase constituye una amenaza dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente Javier Milei.

En el escrito se sostiene que el llamado a “poner en crisis” al Gobierno podría encuadrar en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que castigan las amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. “Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, publicó Bullrich en sus redes, mensaje que luego fue replicado por el propio Milei.

La presentación también subraya la gravedad institucional de que esas declaraciones provengan del representante de los trabajadores estatales y destaca la amplia difusión que tuvieron, al ser replicadas en medios de comunicación y en plataformas como Instagram, X y TikTok. Para el Gobierno, esa masividad refuerza el carácter público y la “idoneidad” de la amenaza atribuida al sindicalista.

En un contexto de fuerte tensión política y sindical por la reforma laboral, la denuncia reaviva el debate sobre el límite entre la protesta gremial y la protección del orden democrático. Semanas atrás, Aguiar había sido recibido por Cristina Kirchner en el domicilio de San José 1111, un dato que en la Casa Rosada leen como parte del reacomodamiento de fuerzas frente a las reformas oficiales.

Fuente: Infobae

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales a una nueva instancia de negociación paritaria, que se desarrollará el próximo martes 18 a las 17:15, en la sede del Ministerio de Trabajo provincial, en la ciudad de La Plata.

La convocatoria se produce tras reiterados pedidos de los sindicatos para reabrir la discusión salarial, en un contexto de creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo. El último acuerdo paritario se firmó en agosto e incluyó un incremento del 5%, distribuido entre los meses de septiembre y noviembre. Desde entonces, las organizaciones gremiales sostienen que los salarios han quedado rezagados frente al avance de la inflación.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, confirmaron desde ATE, uno de los gremios que venía reclamando una nueva audiencia desde octubre.

La convocatoria se extendió a los gremios con representación entre los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, y participarán con dos representantes por organización: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba).

El pasado 22 de octubre, ATE había solicitado formalmente la reapertura de la paritaria mediante una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, en la que expresaban: “Resulta indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto entre el Estado provincial y los sindicatos para sostener una paritaria abierta y permanente, y así logremos recuperar poder adquisitivo salarial”.

Fuente: con información de DIB

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que los empleados del PAMI llevan desde octubre de 2024 sin paritarias, en un contexto de inflación que supera el 400% en los últimos dos años. Según el comunicado difundido, la pérdida salarial acumulada ronda el 45% y para recuperar el poder adquisitivo de 2023 sería necesario un incremento inmediato del 60%.

“Necesitamos un aumento del 60% para volver a tener el nivel adquisitivo del 2023”, advirtieron desde la organización, donde remarcan que la situación obligó a muchos trabajadores a sumar changas o empleos informales para sobrevivir. Algunos manejan vehículos de traslado como Uber, otros realizan tareas domésticas o venden productos por redes sociales, mientras se multiplican los adelantos de haberes y el endeudamiento con tarjetas de crédito, de acuerdo a la denuncia.

El gremio también cuestionó las condiciones laborales dentro del PAMI, que calificaron como “sobreexigidas y desprofesionalizadas”, sin carrera administrativa ni posibilidad de ascenso. Además, señalaron que los gobiernos de turno utilizan el organismo con fines políticos: “Pagan con cargos que corresponden al personal de planta a sus militantes”, criticaron.

Ante este panorama, se conformó una mesa intersindical integrada por ATE, SUTEPA y UTI para impulsar un reclamo que va más allá de lo salarial. “Pedimos dignidad, reconocimiento y condiciones de trabajo humanas. El PAMI funciona gracias al sacrificio invisible de sus trabajadores, y ese sacrificio ya no puede sostenerse más”, expresaron.

El comunicado concluye con un mensaje directo a las autoridades nacionales: “No alcanza solo con paritarias, no alcanza solo con aumentos, necesitamos de manera urgente recomposición salarial ya”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció su adhesión al paro nacional que se llevará a cabo este miércoles 17, en el marco de la Marcha Federal convocada por los universitarios en rechazo al veto a las leyes de Presupuesto Universitario y Emergencia Pediátrica. 

Al respecto, Claudia Rey, secretaria general adjunta de ATE seccional local, le dijo lo siguiente a El Marplatense: “Acompañamos a nuestros compañeros de CONICET por la ley de financiamiento universitario, que el Presidente vetó y ese día se estaría tratando en el Congreso”. 

Asimismo, es un “rechazo al veto de la política de salud a nivel nacional, que en este caso ha tenido una mayor convocatoria sobre el presupuesto del Garrahan, pero que obviamente afecta todos los organismos de salud que dependen del Estado Nacional.” 

En cuanto a Mar del Plata, “es por el INAREPS con todo lo que vienen pasando los residentes, como la situación de sanidad de frontera, en el INE donde los compañeros están realizando asambleas para ver la modalidad que van a aplicar este miércoles”. 

De modo que “en principio es la convocatoria a la Marcha Federal que convoca tanto a los compañeros de la universidad como los de salud”, concluyó. 

De acuerdo a un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, durante el gobierno de Javier Milei se destruyeron más de 180 mil puestos de trabajo, mientras que el salario mínimo vital y móvil (SMVM) retrocedió en julio un 0,5% y acumula una caída que lo ubica en términos reales en el nivel más bajo desde septiembre de 2001.

El documento alerta que el poder adquisitivo del SMVM se erosionó un 62% respecto a su valor máximo en 2011. La tendencia negativa comenzó en diciembre de 2023, con una contracción del 15% tras la aceleración inflacionaria, seguida por una caída aún mayor del 17% en enero de 2024. Desde entonces, los ingresos no logran recomponerse y continúan perdiendo contra la inflación.

En Mar del Plata, el referente de ATE, Ezequiel Navarro, señaló que la política de recortes del Ejecutivo nacional tuvo un fuerte impacto en la ciudad, donde 150 familias quedaron sin trabajo por el cierre del ENACOM, el Ministerio de Desarrollo Social y el espacio cultural Unzué. “Milei se autodefinió como el topo que venía a destruir el Estado desde adentro, y eso hicieron desde el día uno”, afirmó en diálogo con El Marplatense

Navarro advirtió además que las iniciativas en discusión, como la disolución de Vialidad o la reducción del INTA y el INTI, no solo implican pérdida de puestos laborales sino también un retroceso en políticas de control y seguridad. “Estamos viendo lo que significa la falta de regulación en organismos como la CNRT o la ANMAT: más de 100 muertes en el país por fentanilo contaminado son un ejemplo concreto”, subrayó.

Respecto a los salarios, el dirigente sindical fue tajante: “La mayoría de los trabajadores estatales están por debajo de la línea de indigencia. En Mar del Plata, empleados del Hotel Antártida, del Hotel Tierra del Fuego y personal civil de la Base Naval cobran menos de 600 mil pesos, muy lejos del ingreso de 1.250.000 necesario para no ser pobre”. 

La última paritaria otorgada por el Gobierno, con un incremento del 1,3% en tres meses, fue calificada como “irrisoria”.

En este escenario, los gremios advierten que el plan de “motosierra” del presidente no solo precariza a los trabajadores estatales sino que debilita servicios esenciales para la sociedad. “No se trata solo de empleos perdidos, sino de un Estado que deja de cumplir funciones básicas en salud, control y seguridad”, concluyó Navarro.

Según un reconocido portal de noticias el gobierno nacional evalúa recurrir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos presidenciales al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La Casa Rosada tiene en carpeta dos alternativas jurídicas: avanzar con un pedido de nulidad de la sesión en el Senado o recurrir al fuero Contencioso Administrativo, en un intento por frenar las iniciativas que cuentan con amplio respaldo parlamentario.

La jugada se produce en medio de un clima político tenso, ya que los proyectos vetados apuntaban a ampliar la cobertura social en sectores vulnerables y garantizar recursos para universidades y programas de discapacidad. La resistencia del Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, abre un nuevo frente de disputa con la oposición y las organizaciones sindicales.

En diálogo con El Marplatense, el referente de ATE en la ciudad, Ezequiel Navarro, afirmó que “estamos en una etapa de resistencia” y que el apoyo inicial al presidente “ha ido decayendo notablemente” por los efectos de la política económica. “A los 180 mil puestos estatales que se perdieron tenemos que sumarle los miles de empleos privados que desaparecieron. En Mar del Plata lo vemos todos los días con pymes que cierran y colas interminables de gente buscando trabajo”, sostuvo.

Sobre los vetos en discusión, Navarro advirtió que se trata de medidas de enorme sensibilidad social. “Un aumento mínimo a los jubilados, la financiación de las universidades y la ley de discapacidad nos parecen claves. Ojalá el Gobierno no consiga sostener los vetos, porque estamos hablando de cosas mínimas”, planteó el dirigente sindical.

El referente gremial cuestionó la estrategia del oficialismo de bloquear iniciativas que buscan contener la crisis social. “Este gobierno vino a hacer esto y no va a cambiar el rumbo, pase lo que pase”, remarcó Navarro, en línea con el diagnóstico de los gremios estatales que anticipan un año de fuertes tensiones.

Con el escenario en manos de la Corte y del Congreso, el desenlace de esta pulseada definirá no solo el alcance de los vetos presidenciales, sino también el futuro inmediato de políticas claves en jubilaciones, educación y discapacidad.

En una semana en la que la ciencia argentina captó la atención del país con la transmisión en vivo desde el fondo del mar, los trabajadores del CONICET iniciaron este lunes un paro nacional con vigilia para denunciar la crítica situación presupuestaria que atraviesa el organismo bajo el gobierno de Javier Milei.

La medida, impulsada por ATE y distintas agrupaciones científicas, busca visibilizar el ajuste que afecta al sistema de investigación, reclamar aumentos salariales y defender el financiamiento de la ciencia pública. 

Según advirtieron desde la Red Federal de Afectadxs, cientos de becas están en riesgo y numerosos proyectos estratégicos podrían quedar paralizados por la falta de recursos.

“La investigación en Argentina está en una situación límite”, señalaron desde el colectivo, remarcando que el impacto del ajuste no se resuelve con popularidad mediática. La ironía del momento es evidente: mientras miles de personas siguen con entusiasmo el streaming submarino, quienes lo hacen posible deben salir a la calle para reclamar por condiciones dignas.

Desde ATE explicaron que si bien la repercusión del streaming, que llegó a superar en audiencia a canales de noticias como TN y C5N, sirvió para poner la ciencia en agenda, “la situación estructural del sector es grave y no se puede tapar con likes”.

El paro incluye vigilias y actividades en múltiples sedes del CONICET a lo largo del país, y se extenderá hasta que el Gobierno nacional dé respuestas concretas sobre salarios, becas y presupuesto. En paralelo, continúa la expedición científica a casi 4.000 metros de profundidad frente a las costas de Mar del Plata.

Fuente: NA

En el marco de la paritaria de trabajadores estatales, el Gobierno nacional ofreció un aumento salarial del 7,5% en seis meses, junto con tres sumas fijas de $25.000 y otras tres de $20.000. La propuesta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, pero rechazada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), conducida por Rodolfo Aguiar.

La oferta del Gobierno incluye aumentos acumulativos del 1,3% en junio, julio y agosto; 1,2% en septiembre; y 1,1% en octubre y noviembre. Además, se otorgarán bonos no remunerativos de $25.000 en junio, julio y agosto, y de $20.000 en septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, ATE calificó la propuesta como insuficiente, argumentando que no compensa la pérdida del poder adquisitivo.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, criticó duramente la oferta: “Es una oferta miserable, inaceptable después de meses de congelamiento salarial. Este acuerdo condena a la indigencia a la mitad de los estatales, y a la pobreza a casi la totalidad”. Según el gremio, el acuerdo paritario anterior (junio 2024 - mayo 2025) generó una pérdida salarial del 22,7%, ya que el aumento del 20,8% quedó muy por debajo de la inflación del 43,5% en ese período.

Aguiar denunció que los bonos ofrecidos “son irrisorios y una extorsión porque no forman parte del salario y desaparecen en cualquier momento”. Además, alertó que el cambio de un esquema mensual a semestral “pone en evidencia que después de octubre se viene una nueva devaluación que terminará de destruir todos los ingresos en el sector público”.

Ante esta situación, el gremialista afirmó que “el Gobierno apuesta al conflicto” y advirtió que “va a aumentar en todo el Estado”. ATE está evaluando un nuevo plan de lucha.

Fuente: con información de TN

En el marco de una jornada nacional de lucha en defensa de la salud pública, trabajadores del INAREPS realizaron una protesta en Mar del Plata y advirtieron sobre la crítica situación presupuestaria del único centro público de rehabilitación psicofísica del país.

“El presupuesto que manejamos es el mismo desde 2022. Y ahora, con la creación de la NES, ya no vamos a tener control administrativo desde Mar del Plata: todo pasará por Buenos Aires”, explicó Juan Bustamante, delegado de ATE en dialogo con El Marplatense.

A pesar del recorte, Bustamante destacó el compromiso de los trabajadores. “Tenemos un servicio de excelencia porque los compañeros laburan de corazón. Pero los residentes ganan $700 mil y trabajan jornadas completas, con pacientes internados y sin vacaciones”, señaló.

Respecto a las paritarias, fue tajante: “Nos dieron un 1,6% en tres cuotas. No esperamos más nada. Con un sueldo de $600 mil no llegás a fin de mes ni loco, tenés que tener otro trabajo sí o sí”.

La jornada incluyó el apoyo de otros gremios, pacientes y trabajadores del hospital. “La cantidad de gente que se sumó emociona. Es una causa común más allá de los partidos”, aseguró Bustamante. 

El secretario adjunto de ATE, Ezequiel Navarro, acusó de “mentiroso” al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de Argentina, Daniel Scioli, al referirse a los anuncios sobre emprendimientos privados en el complejo hotelero de Chapadmalal: “Más allá de estas propuestas, no hay nada en concreto”, aseguró el referente gremial.

En las últimas semanas se conocieron algunos proyectos, que hablan de construir en ese lugar un espacio similar al de Puerto Madero, e incluso un anuncio de CAME respecto de que se podrían generar 5000 puestos de trabajo. “En principio, desconozco la veracidad de esos números y de dónde saldrían esos fondos para invertir en el lugar. Que hay que hacer una gran inversión, de eso no tenemos duda”, indicó Navarro en diálogo con El Marplatense.

“Más allá de estas propuestas, que yo insisto, no hay nada en concreto, también tendrá que ver la decisión del Gobierno de finalmente qué quiere hacer con ese espacio”, enfatizó Navarro.

Al señalar los dichos del presidente de CAMECO, Juan Antonio Gutiérrez, sobre un diálogo que había mantenido con Scioli, el dirigente gremial recordó que el funcionario nacional “el año pasado les envió un mensaje a los trabajadores a través de un funcionario de la unidad turística, diciéndoles que se queden tranquilos, que su fuente de trabajo no corría peligro y que los hoteles no se iban a tercerizar”.

Ante esto, el dirigente de ATE fue categórico: “Scioli es un mentiroso, no le creemos nada y obviamente que, así como les mintió a los trabajadores, les debe haber mentido a los empresarios también”. 

El gremialista expresó que “desde nuestro lugar lamentamos el fin del turismo social” y señaló “la pérdida de 80 fuentes laborales en los próximos meses, porque lamentablemente hoy los hoteles están cerrados” y confió que “esta temporada los hoteles de la unidad turística no van a tener el fin con el cual fueron creados”.

El Gobierno del presidente Javier Milei anunció la eliminación del Día del Trabajador del Estado, celebrado cada 27 de junio en todo el país, mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas. 

La medida, comunicada este miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni, implica que las dependencias de la administración pública nacional permanecerán operativas, aunque las oficinas provinciales, como las de Buenos Aires bajo la gestión de Axel Kicillof, mantendrán el asueto al no haber adoptado aún una disposición similar.

La decisión, según explicó Adorni en su conferencia de prensa, busca equiparar las condiciones laborales entre los sectores público y privado, eliminando lo que el Gobierno considera un privilegio injustificado.

“El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos sin justificación”, afirmó el vocero, destacando que el día libre se financia con los aportes de los contribuyentes. Además, subrayó que trabajar en el sector público implica un compromiso esencial que impacta directamente en el presente y el futuro del país.

Sin embargo, la medida enfrenta posibles cuestionamientos legales, ya que el Día del Trabajador del Estado está establecido por la Ley 26.876, sancionada el 3 de julio de 2013 por el Congreso de la Nación, y cuenta con adhesión en varias provincias, como Buenos Aires, a través de la Ley Nº14.600. Aunque no se considera un feriado oficial, funciona como un día de asueto para los empleados estatales, lo que podría derivar en una disputa judicial tras la oficialización del decreto.

La respuesta de los gremios no se hizo esperar. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la medida como “un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”. A través de sus redes sociales, Aguiar criticó duramente al vocero presidencial, acusándolo de incorporar “familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios” en la Secretaría de Comunicación.

“Quieren destruir el Estado y a los estatales, pero no podrán”, afirmó, advirtiendo que solo el Congreso tiene la potestad de derogar una ley que él mismo sancionó.

Fuente: con información de DIB

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional en el sector salud a partir de la medianoche de este jueves, tras una audiencia fallida en la Secretaría de Trabajo con representantes del Hospital Garrahan. La reunión, calificada como un “fracaso estrepitoso” y un “fraude” por el gremio, no contó con la presencia de funcionarios de alto rango del Gobierno, según denunciaron los representantes sindicales.

El conflicto, que inicialmente involucraba solo a los trabajadores del Hospital Garrahan, se intensificó tras la falta de propuestas concretas en la audiencia. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, señaló que “el Gobierno no tiene intención de resolver el conflicto, lo que nos lleva a nacionalizar la protesta”. En consecuencia, el gremio decidió extender el paro a todos los hospitales del país, exigiendo un salario mínimo de $1.800.000, equivalente al costo de la canasta familiar, y el cese de amenazas de despidos a los trabajadores.

La protesta, originalmente prevista desde las 21:00 del miércoles hasta las 07:00 del viernes, se transformó en un paro nacional a partir de la medianoche de este jueves. Además, se mantiene la movilización programada para este jueves hacia el Ministerio de Salud y la Plaza de Mayo. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, afirmó que “no hubo ninguna propuesta” en la reunión, lo que profundiza el conflicto. “Es una pelea por la continuidad del hospital frente a un aparente intento de desmantelamiento por parte del Gobierno”, agregó.

Por su parte, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan, denunció amenazas de despidos a los residentes y reiteró la demanda de un aumento salarial del 100% para todo el personal, incluyendo residentes, becarios y contratados. En tanto, los médicos residentes autoconvocados decidieron no sumarse al paro, según un comunicado emitido casi en simultáneo con el anuncio de ATE.

La audiencia, adelantada 24 horas respecto a lo inicialmente previsto, respondió a una Conciliación Obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo tras el rechazo de los residentes a un bono unilateral del Gobierno, que incrementaba sus ingresos de $800.000 a $1.300.000. ATE consideró que la reunión careció de validez por la ausencia de autoridades del Ministerio de Salud, Economía y Jefatura de Gabinete, y acusó al Gobierno de incumplir la conciliación.

Fuente: con información de Infobae

Los despidos en el sector estatal encabezaron las cifras de cesantías en Mar del Plata durante los primeros cuatro meses del año. Así lo reveló un informe del Ministerio de Trabajo correspondiente a la Región Octava, que indicó que el 34% de los despidos registrados en la ciudad afectaron a empleados del Estado.

“Es la realidad que venimos viviendo desde hace un año y medio con las políticas del Gobierno Nacional”, señaló a El Marplatense Claudia Rey, secretaria general de ATE Mar del Plata. “No es solamente el despido de estas trabajadoras y trabajadores, sino también cómo se lesionan las políticas públicas”, agregó.

Entre los organismos más golpeados se encuentran la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social (CDR), ANSES, y los hoteles de Chapadmalal.

“La SENAF ha pasado a bienes del Estado, que entendemos es el paso previo a liquidar el organismo. Lo mismo ocurre con los hoteles de Chapadmalal. La intención es el cierre, el desguace y poder garantizar en esos espacios el negocio del privado”, denunció.

Rey advirtió que los recortes también impactan directamente en la atención al público: “Al haber menos personal, la demanda también ha mermado porque han dejado de brindarse políticas. En ANSES, por ejemplo, ya no hay moratoria, ni créditos ni Progresar. Todo trámite se ve resentido”.

Por otra parte, la dirigente de ATE cuestionó la reciente disposición del Gobierno nacional que limita el derecho a huelga en servicios esenciales, estableciendo un piso del 75% de operatividad. “Es un manotazo más contra los derechos de nuestro pueblo. Afectar el derecho a huelga es afectar el derecho que tenemos los laburantes para reclamar”, afirmó.

“Te consideran esencial para que no puedas manifestarte, pero eso no se refleja en los salarios. Es una medida más del Gobierno para seguir ajustando y quitando derechos”, concluyó Rey.

Este jueves se llevará a cabo un paro general que afectará tanto a organismos nacionales como provinciales en todo el país, incluyendo Mar del Plata. La medida fue confirmada por Claudia Rey, referente de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), quien señaló que la protesta tendrá fuerte impacto en áreas clave como educación, salud, niñez y administración pública.

“No va a haber clases”, aseguró Rey, al confirmar la adhesión del sector educativo al paro, lo que implicará la suspensión de actividades en escuelas públicas de todos los niveles en el ámbito provincial.

Además, se espera una importante adhesión en el sistema de salud público, aunque se garantizará la atención en los servicios considerados esenciales, como guardias médicas, emergencias y áreas críticas. Lo mismo ocurrirá en los sectores vinculados a niñez y contención social, donde se establecerán guardias mínimas para garantizar intervenciones urgentes.

El paro es parte de una jornada nacional de protesta convocada por gremios estatales y organizaciones sociales, en rechazo a las políticas de ajuste, los despidos en el Estado y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Concluida la temporada de verano, Mar del Plata comienza a evaluar los resultados de la actividad turística en la ciudad. En este contexto, resurge la inquietud por el futuro de los hoteles de Chapadmalal, cuya privatización parece ser una posibilidad cada vez más cercana. 

Según la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), las reservas durante el verano fueron escasas, lo que ha generado incertidumbre entre los trabajadores y la comunidad.

Ezequiel Navarro, secretario adjunto de ATE, expresó su preocupación en diálogo con El Marplatense: “Lamentablemente, el Gobierno, antes de tomar una decisión, no contempla ni a los trabajadores ni las políticas públicas que se venían aplicando. Esta temporada, el hotel estuvo casi vacío y esta es una decisión de ellos. A principios de febrero, el complejo en Córdoba pasó a manos del Estado para la venta, y podría suceder lo mismo con este local”.

El referente también destacó que, aunque desde el área de Turismo se han realizado reuniones para mantener los hoteles en la órbita estatal, la situación sigue siendo incierta. “Peligran las fuentes laborales de 80 trabajadores y la política de turismo social, una de las pocas en Latinoamérica que permitía a jóvenes, estudiantes y jubilados acceder al mar a precios módicos”, agregó.

La falta de reservas durante esta temporada se atribuye, según Navarro, a la implementación de tarifas equivalentes a las de un hotel de tres estrellas en la ciudad, sumado a la ausencia de políticas de convenios. “En temporadas anteriores, los hoteles estuvieron casi llenos porque se trabajó bien. Este verano, estuvieron casi vacíos”, explicó.

Además, desde ATE criticaron al embajador Daniel Scioli, quien en diciembre aseguró a los trabajadores que sus empleos no corrían peligro y que los hoteles seguirían siendo estatales. “Hoy todo esto sí corre riesgo. Aunque nos dicen que intentan que se quede en la misma órbita, entendemos que no depende de él. Esperamos tener certezas en las próximas semanas”, concluyó.

La posible privatización de los hoteles de Chapadmalal no solo afecta a los trabajadores, sino también a la continuidad de una política de turismo social que ha sido emblemática en la región. Mientras tanto, la comunidad y los trabajadores, esperas respuestas claras sobre el futuro de estos espacios y su impacto en el turismo local.

Ante los constantes despidos que está sufriendo el sector estatal, el emblemático Hotel Tierra del Fuego de la ciudad podría cerrar sus puertas. Se trata de una crisis que afectó a los establecimientos y a los trabajadores de forma directa, ante las determinantes medidas de recorte que dictó el Gobierno Nacional. En ese marco, representantes gremiales señalaron que la situación reflejaba las dificultades que atravesó la administración pública nacional tras la llegada de Javier Milei.

La escasez de personal resultó clave para anticipar una catástrofe. Según Diego Lencina, secretario gremial de ATE, en diálogo con El Marplatense, "este lunes se vencieron los contratos del personal temporario, que solían extenderse hasta después de Semana Santa. Alrededor de 65 trabajadores dejaron de cumplir funciones, lo que imposibilitó el normal funcionamiento de ambos hospedajes. Ante esta situación, la administración evaluó la posibilidad de mantener operativo únicamente el Antártida Argentina.

El problema no se limitó al Tierra del Fuego ni al Antártida Argentina sino que “los hoteles de Chapadmalal enfrentan la misma incertidumbre tras confirmarse su transferencia de la Secretaría de Turismo a la Agencia de Bienes del Estado, con miras a una eventual venta”, según el referente. Esto puso en riesgo el futuro laboral de más de 70 trabajadores. Además, añadió que “el espacio Unzué sufrió despidos masivos, lo que dejó al lugar casi sin personal operativo”.

Desde los gremios, denunciaron un desmantelamiento de las políticas públicas en beneficio del sector privado. Según señalaron, el Ejecutivo Nacional desarticuló estas políticas para favorecer intereses privados. Mientras tanto, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) intentaron revertir la situación reuniéndose con autoridades de IOSFA.

En ese sentido, los trabajadores insistieron en la importancia de garantizar los contratos eventuales para mantener operativos los hoteles. "Estos hospedajes son emblemáticos para nuestra ciudad, y su cierre habría representado una pérdida no solo laboral, sino también cultural y turística", concluyeron.

La incertidumbre vivida en torno al Hotel Tierra del Fuego evidenció los desafíos que afrontaron diversas áreas de la administración pública, subrayando la importancia de preservar tanto los puestos de trabajo como estos espacios esenciales para las comunidades.

En las últimas horas el Gobierno Bonaerense oficializó unas nuevas paritarias para el sector de trabajadores estatales, siendo un 7% para febrero y un 2% para marzo. El incremento impactará en los básicos y beneficiará a los jubilados.

No obstante, desde el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba) convocaron para este martes a asambleas de afiliados en toda la provincia para debatir la oferta salarial y discutir acciones de cara al inicio del ciclo lectivo por el ajuste en el Fonid y el desfinanciamiento educativo de la gestión del gobierno nacional.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Ezequiel Navarro, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) quien oficializó los nuevos porcentajes salariales para los próximos meses. Además, adelantó que habrá nuevos pases a planta permanente en los próximos días. 

"En principio nosotros queremos poner en valor la herramienta de la discusión paritaria porque lo venimos hablando hace varias semanas con el Gobierno Provincial. En ese sentido, este martes se acordó un aumento del 7% para febrero, del 2% para marzo y retomar la paritaria en abril", expresó. 

"El Gobierno Nacional otorgó un 1,2% y un 1,5%, por eso nos parece importante destacar el esfuerzo que hizo la Provincia porque muchos sindicatos están teniendo incrementos de esos valores y en el contexto que se viene dando, donde Buenos Aires es asfixiada por parte de Nación con una deuda millonaria. Además, en las próximas horas se dará a conocer un avance de pase a planta permanente en algunos sectores, un tema que es fundamental para los trabajadores estatales", dijo.

"Cuando nos sentemos a negociar en abril, veremos como esto sigue. Antes todos cuestionaban los índices inflacionarios que planteaba el gobierno anterior pero ahora parece que estos 2%, 2,5% que venimos teniendo los últimos meses no es cuestionado. Sin embargo, cuando los trabajadores vamos a hacer las compras y los precios tuvieron aumentos mucho mayores. Por eso creemos que este mandato tiene cierto blindaje que hace que parte de nuestra sociedad no cuestione", concluyó desde ATE.