Los usuarios de electricidad de la provincia de Buenos Aires tendrán una nueva actualización en el costo del servicio a partir de septiembre. La medida alcanza a EDEA, empresa encargada de la distribución eléctrica en la ciudad, y forma parte de los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante la Resolución 682/2026. También están comprendidas EDELAP, EDEN y EDES, además de alrededor de 200 cooperativas que operan en el territorio bonaerense. 

Los nuevos valores se aplicarán sobre los consumos correspondientes a septiembre y contemplan modificaciones tanto en el cargo fijo como en el variable. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el impacto final sobre los usuarios residenciales se ubicará entre el 1% y el 2,4%, aunque el porcentaje concreto dependerá de la categoría, el nivel de consumo y la existencia o no de subsidios. 

La actualización responde principalmente a dos componentes. Por un lado, el precio mayorista de la energía tuvo un incremento del 5,6%, definido a nivel nacional y vigente desde agosto. A eso se suma una actualización del 1,8% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente que remunera la prestación del servicio de las distribuidoras.

Como referencia, los cálculos oficiales señalan que un usuario residencial sin subsidios y con un consumo mensual de unos 150 kWh pasaría de abonar aproximadamente $55.550 a $56.900, con impuestos incluidos. Para un hogar subsidiado con el mismo consumo, una boleta de alrededor de $37.500 subiría a unos $38.000. Se trata de ejemplos generales: el monto que finalmente pague cada cliente de EDEA dependerá de su consumo y categoría tarifaria. 

Según el detalle provincial, cerca del 40% del valor de una boleta eléctrica corresponde al costo de la energía determinado a nivel nacional, otro 33% se vincula con los ingresos de las distribuidoras, incluido el componente destinado a obras, y el 27% restante corresponde a impuestos nacionales y provinciales. 

El esquema mantiene, además, tratamientos específicos para quienes se encuentran alcanzados por los mecanismos de subsidios energéticos, la tarifa social, clubes de barrio y entidades de bien público. Por ese motivo, la incidencia de la actualización no será idéntica para todos los hogares.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó una recomposición salarial para el sector, ratificada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que contempla aumentos mensuales entre agosto y diciembre de 2026 y el pago de una suma fija no remunerativa.

Para agosto, el esquema establece un incremento del 1,9% sobre los salarios mínimos de julio. En simultáneo, se liquidará un bono extraordinario por única vez, con montos diferenciados según la carga horaria semanal: $20.000 para jornadas de 16 horas o más, $11.500 para quienes trabajen entre 12 y 16 horas, y $8000 para quienes cumplan menos de 12 horas.

El cronograma continuará en septiembre con una suba del 1,8% y la incorporación al salario básico del 25% del bono. En octubre se aplicará un aumento del 1,7% junto con el 50% del adicional; en noviembre, un 1,6% con la integración del 25% restante; y en diciembre se completará la recomposición con un incremento final del 1,6%.

Desde la cartera laboral destacaron la importancia de la negociación colectiva como herramienta para sostener la actualización periódica de los ingresos del sector.

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) presentó un informe sobre el acceso al gas y las condiciones socioeconómicas en Mar del Plata. En ese marco, el licenciado en Trabajo Social Rodrigo Hernández, integrante de la entidad, analizó el impacto del costo de las garrafas en los sectores más vulnerables de la ciudad.

En declaraciones a El Marplatense, Hernández contextualizó la problemática con datos censales: “Según el censo poblacional de 2022, el 25% de las familias -más de 46.000- hoy no acceden a la red de gas natural”. Y remarcó que la totalidad de los hogares sin conexión se ubica en barrios populares registrados en el RENABAP, donde se observa una “pauperización de la vida” asociada al encarecimiento del acceso energético.

En relación al trabajo de campo, detalló que una garrafa de 10 kg cuesta alrededor de $32.000, con valores que oscilan entre $30.000 y $34.000 en comercios de cercanía. Para calefaccionar una vivienda en invierno se requieren dos garrafas mensuales, gasto que representa un 17% del Salario Mínimo Vital y Móvil. A ello se suma el consumo para cocinar, que demanda una garrafa y media más, alcanzando más del 30% del salario mínimo.

En total, cubrir ambas necesidades con cuatro garrafas al mes puede absorber hasta el 69% del haber mínimo. El costo del recipiente también es significativo: “Una garrafa usada está más de $75.000 y una nueva supera los $120.000”, destacó.

Hernández cuestionó además los cambios en la asistencia estatal tras la eliminación del Programa Hogar y su reemplazo por el esquema RASE. Señaló que ya no se trata de una transferencia directa y que el proceso de inscripción deja afuera a personas afectadas por la brecha digital. Asimismo, criticó el sistema de reintegro.

“Primero hay que comprar y después se reintegra”, señaló Hernández y precisó que el monto otorgado es de $9500 por garrafa, cifra que representa menos del 30% de lo necesario sólo para calefaccionarse.

El referente del ISEPCI concluyó que estos datos evidencian “cómo inciden las políticas de ajuste en el acceso a la garrafa en zonas sin gas natural”, especialmente en los barrios populares de la ciudad.

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires autorizó una actualización en los topes arancelarios para colegios privados con subvención estatal, con un incremento del 5,5% en agosto y otro 2,5% en septiembre, lo que configura una suba acumulada del 8,1%.

La medida fue difundida por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), desde donde su secretario ejecutivo, Martín Zurita, consideró que la pauta resulta insuficiente para afrontar la estructura de costos del sistema educativo privado y las actualizaciones salariales del personal docente.

Según indicaron desde la entidad, los establecimientos atraviesan un escenario económico complejo, marcado por el aumento de los costos de mantenimiento edilicio, dificultades en la cobrabilidad de aranceles y una caída sostenida en la matrícula, asociada al descenso de la natalidad.

En este contexto, desde AIEPA señalaron que mantienen instancias de diálogo con las autoridades educativas bonaerenses para analizar posibles mecanismos de asistencia que permitan sostener la operatividad de las instituciones y evitar cierres de secciones o recortes en la prestación de servicios.