Noviembre comenzará con nuevos aumentos en distintos sectores que impactarán en los gastos de los hogares y entre las principales subas se encuentran las actualizaciones de los alquileres, las tarifas de colectivos, las cuotas de medicina prepaga, los aranceles de colegios privados y los peajes.

Los incrementos se aplicarán con porcentajes diferentes según cada actividad. Mientras algunos ajustes ya tienen valores definidos, las tarifas de electricidad y gas todavía esperan la publicación de los nuevos cuadros tarifarios.

Los incrementos de los alquileres dependerán de la periodicidad y del índice de actualización establecido en cada contrato. Para los acuerdos que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL), las subas previstas para noviembre serán del 5,81% en los contratos con ajustes trimestrales, del 7,82% en los cuatrimestrales y del 12,95% en los semestrales. Los porcentajes corresponden a contratos con distintas modalidades de actualización, por lo que no se aplicarán de manera uniforme a todos los inquilinos.

El transporte público también tendrá nuevos valores desde noviembre. Los boletos de colectivos aumentarán un 4% en las líneas de jurisdicción provincial y un 3,9% en las que dependen de la Ciudad de Buenos Aires.

En la provincia, para las líneas numeradas del 200 en adelante, el boleto mínimo costará $1.263,69 para recorridos de hasta tres kilómetros. Los viajes de tres a seis kilómetros tendrán un valor de $1.421,65; los de seis a 12 kilómetros, $1.579,60; y los trayectos de 12 a 27 kilómetros llegarán a $1.895,54.

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tendrán ajustes de hasta el 2,88%. Entre los porcentajes informados, Sancor Salud aplicará una suba de hasta el 2,88%; Omint, de hasta el 2,75%; Galeno, desde el 2,2%; y OSDE, de entre el 1,7% y el 2,2%. Por su parte, la cuota de los afiliados voluntarios al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) pasará de $108.504 a $113.900.

En tanto, los colegios privados de la provincia de Buenos Aires con subvención estatal aplicarán un incremento del 3% en noviembre. Los aranceles máximos autorizados dependerán del nivel educativo y del porcentaje de aporte estatal que recibe cada establecimiento.

Para las escuelas primarias con una subvención del 100%, el valor máximo será de $39.210, mientras que en las instituciones con un aporte del 40% podrá alcanzar los $177.340. En el nivel secundario, los montos serán de hasta $43.230 y $230.450, respectivamente.

En el sector de las telecomunicaciones, Movistar confirmó un aumento del 2,6% en sus tarifas, otras compañías podrían aplicar ajustes similares, aunque los porcentajes dependerán de cada prestadora.

Las facturas de electricidad y gas también tendrán modificaciones, pero los nuevos cuadros tarifarios todavía no habían sido publicados al momento de la información. Además, el fin de los beneficios del régimen de Zona Fría tendrá impacto en las boletas de gas de 94 municipios bonaerenses.

En cuanto al servicio de agua potable y cloacas de AySA implicará un aumento de entre el 1,5% y el 2%. De esta manera, noviembre comenzará con ajustes en distintos gastos cotidianos, desde la vivienda y el transporte hasta la salud, la educación y los servicios básicos.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata resolvió otorgar efecto suspensivo a los recursos presentados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y las empresas distribuidoras de electricidad, por lo que quedó provisoriamente suspendida la medida cautelar que frenaba los aumentos tarifarios.

A partir de esta decisión de la Justicia, ahora queda habilita la posibilidad de que las prestatarias apliquen los incrementos previstos en las próximas facturas del servicio eléctrico.

El fallo de la Cámara se produjo tras las presentaciones realizadas por el Ejecutivo bonaerense y las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDES y EDEN, junto con más de 200 cooperativas eléctricas del interior de la provincia. La resolución revierte de manera provisoria lo dispuesto por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Bahía Blanca, que había dictado la cautelar a instancias de la Defensoría del Pueblo.

Para fundamentar su decisión, los jueces evaluaron los argumentos vinculados con los riesgos que la falta de actualización tarifaria podría generar para la continuidad y la sustentabilidad económica del suministro eléctrico. Entre los planteos también se incluyeron las dificultades técnicas señaladas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Según esos argumentos, existen obstáculos operativos para discriminar en las facturas los componentes tarifarios correspondientes a las jurisdicciones nacional y provincial. Esa dificultad fue uno de los elementos considerados por la Cámara al conceder el efecto suspensivo solicitado por el Gobierno bonaerense y las prestatarias.

De esta manera, mientras continúa la tramitación judicial de los recursos, las empresas distribuidoras y las cooperativas alcanzadas podrán avanzar con la aplicación de los incrementos tarifarios que habían quedado frenados por la medida cautelar de primera instancia.

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para frenar el impacto del esquema tarifario del gas en los usuarios residenciales. La acción judicial alcanza a más de 262.000 hogares y está dirigida contra el Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía; el Ente Nacional Regulador del Gas (ENREGAS) y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana S.A.

La presentación tiene dos ejes centrales: el pedido de una medida cautelar urgente para suspender la aplicación del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y los aumentos automáticos sin audiencia pública previa, y el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 27.828 y la Disposición 2/2026.

Entre los argumentos expuestos, la Defensoría denunció un “trato discriminatorio” hacia los usuarios de Mar del Plata. Según el planteo, se exigen requisitos patrimoniales estrictos para conservar los beneficios de Zona Fría en la ciudad, mientras que en la Patagonia se mantienen de manera incondicional para usuarios bajo la misma clasificación climática.

La demanda también cuestiona los criterios utilizados para determinar el acceso a los subsidios, en particular la exclusión de beneficiarios por considerar cocheras o bauleras como inmuebles independientes.

El expediente se inició bajo la doctrina “Halabi”, vinculada a los procesos colectivos. En esta etapa, la Justicia Federal deberá certificar el carácter colectivo de la acción e inscribirla en el Registro Público de Procesos Colectivos.

Una vez cumplidos esos pasos, el planteo judicial avanzará hacia el análisis de las medidas solicitadas, entre ellas la suspensión de los nuevos criterios de subsidios y de los aumentos automáticos cuestionados por la Defensoría.

Las principales expendedoras de combustible confirmaron hoy un nuevo aumento en los precios de los combustibles, con subas que alcanzan hasta un 5%. La única petrolera exenta del aumento fue la líder en el mercado, YPF, la cual hasta el momento se mantiene con los mismos precios, según explicó el referente de la Cámara de Expendedores de Combustible en Mar del Plata, Patricio Delfino.

En declaraciones a El Marplatense, Delfino señaló que “los precios estuvieron muy estables desde abril en adelante, pero hay que recordar que en marzo habían subido alrededor de un 25 a un 30%". 

"Las guerras de Medio Oriente y la que ocurre en Ucrania hace más de dos años, generan problemas en la cadena de suministro de petróleo y provocan que el barril cueste 100 dólares", agregó.

En ese sentido, señaló que "queda ver qué decide hacer YPF, si va a acompañar a sus competidoras, o si va a recibir todo el resto de la demanda, lo cuál es muy difícil que una sola petrolera pueda abastecer el 100% del mercado”.

En cuanto a las subas, Puma aumentó un 2% la nafta y un 5% en gasoil, lo que se suma a los incrementos que se registraron hace una semana en el mercado mayorista. En Mar del Plata la nafta súper se comercializa a $ 2206 el litro, mientras que la premium se ubicó en $ 2498. El gasoil trepó a $ 2394 el litro, en tanto que el diésel premium se vende a $ 2560.

Otra de las petroleras que reflejó nuevos aumentos fue Axion, donde la nafta subió por encima del 2% y el gasoil, 4,20%. De este modo, los precios en Mar del Plata quedaron en $ 2179 para la nafta súper y $ 2469 para la premium, mientras que el gasoil subió a $ 2289 y el diésel premium, a $ 2459.

Por último, Shell también registró aumentos en los combustibles. Los valores se encuentran en $ 2279 para la nafta súper, $ 2561 para la V-Power, $ 2399 para el diésel y $ 2599 para el V-Power.

Con esta actualización aplicada por Puma, Axion y Shell, la evolución de las pizarras locales queda supeditada a los próximos movimientos de YPF y al comportamiento de las variables internacionales del petróleo.

La abogada Victoria Loisi, integrante de la Liga del Consorcista, analizó el impacto de la morosidad en el pago de expensas y la evolución reciente de los gastos comunes en edificios bajo régimen de propiedad horizontal. En ese sentido, reconoció que “desde hace ya más de 12 meses existen consorcios donde las expensas se mantienen más o menos estables”.

La especialista explicó a El Marplatense que “hemos advertido en los últimos meses un aumento en las expensas, si bien ello siempre depende del tipo y circunstancia del edificio”, y atribuyó esta dinámica a múltiples factores. “El aumento se debe en parte a la inflación que hoy está un poco más controlada, los aumentos en paritarias, a las deudas que pudiere tener el consorcio por juicios y también a los morosos”, precisó.

Al abordar el fenómeno de los incumplimientos, Loisi advirtió sobre su impacto directo en la economía del consorcio: “Cuando aumentan los morosos necesariamente aumenta las expensas, ya que se prorratean entre todos los vecinos y lo que no paga uno lo paga el resto”.

Respecto a los valores actuales, indicó que “la tasa de aumento, un promedio que ya de por sí es difícil en propiedad horizontal por lo variopinto de las situaciones, pero si tuviéramos que hacer un promedio está entre el 10 y el 20%”. No obstante, destacó un cambio en la tendencia reciente: “Es importante destacar que desde hace ya más de 12 meses que advertimos que existen consorcios donde las expensas se mantienen más o menos estables. Es una circunstancia que hace algunos años era imposible siquiera de imaginar”.

En relación con estos casos puntuales, aclaró que “el porcentaje de consorcios con expensas que se han mantenido más o menos fijas es bajo, pero existe, que es lo novedoso”, y explicó que suelen tratarse de edificios “sin amenities y con propietarios comprometidos en buscar presupuestos alternativos con la misma intensidad con la que buscan precio para sus propios hogares”.

Finalmente, la abogada sintetizó el escenario actual al señalar que “en general, como decíamos, podemos hablar en promedio de un aumento de expensas que no supera el 20% y se ve reflejado en el aumento de la morosidad en el pago de expensas de forma similar”.