El Gobierno creó un nuevo programa destinado a fortalecer el uso de pulseras y tobilleras electrónicas como alternativa al encarcelamiento. La medida fue establecida mediante la resolución 434/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial.

El programa de Asistencia Tecnológica para la Supervisión de Medidas Restrictivas de la Libertad Ambulatoria funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Su objetivo será colaborar con jueces y fiscales de todo el país en la implementación de sistemas de monitoreo electrónico, especialmente en casos de personas que no hayan pasado previamente por una cárcel o alcaidía. 

Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a un reclamo  de los jueces, que necesitan contar con dispositivos de monitoreo para controlar a personas que no deben ser trasladadas a un establecimiento penitenciario. Según la resolución, los dispositivos permiten supervisar medidas de coerción durante un proceso y controlar el cumplimiento de penas o restricciones de la libertad fuera de las cárceles.

El programa podrá aplicarse, siempre mediante una orden judicial y luego de una evaluación de la situación personal y domiciliaria, a tres grupos principales:

El control efectivo de las tobilleras estará a cargo de una empresa proveedora, según fuentes del Ministerio de Justicia, actualmente Surely SA es la única firma que ofrece este servicio. El Departamento no realizará directamente la vigilancia de las personas monitoreadas, sino que actuará como intermediario entre la empresa y el Poder Judicial. Además centralizará la logística y el financiamiento del sistema con recursos propios y brindará capacitación a jueces y equipos judiciales.

Si durante el monitoreo se genera una alerta, la empresa deberá comunicarla de inmediato a la autoridad judicial que interviene en el caso. También tendrá que enviar la información al programa, que estará a cargo del abogado Brian Ezequiel Gallo, quien desempeñará la función ad honorem. 

La resolución también destaca el menor costo que implica el monitoreo electrónico frente a una prisión preventiva en un establecimiento penitenciario. Según el documento, el gasto estatal para controlar a una persona mediante estos dispositivos es “significativamente inferior” al de mantenerla privada de su libertad en una cárcel.

El Ministerio de Justicia también fundamentó la medida desde el punto de vista jurídico. La resolución cita el fallo “Nápoli” de la Corte Suprema de Justicia y tratados internacionales que establecen que la prisión preventiva debe utilizarse de manera excepcional y únicamente cuando sea estrictamente necesaria para garantizar los fines del proceso. Para las personas que cumplen una medida de prisión domiciliaria, el sistema permite mantener los vínculos familiares, laborales y educativos y evitar los efectos negativos asociados al ingreso a una institución penitenciaria. Este aspecto adquiere especial relevancia en el caso de los adolescentes, para quienes el régimen penal busca favorecer la resocialización.