Este martes comenzó una nueva audiencia clave en el camino hacia un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. 

Marta Montero, madre de la joven, expresó su hartazgo ante la interminable pelea judicial: “Este va a ser el sexto juicio que atravesamos. Que se haga justicia de una vez por todas. Que el femicida, Matías Farías, vaya preso como corresponde”.

La causa por el femicidio de Lucía ha sido un símbolo del reclamo social contra la impunidad y la violencia de género en Argentina. Sin embargo, pese al fallo histórico que reconoció el crimen como femicidio, el proceso judicial ha tenido idas y vueltas que, para su familia, resultan insostenibles.

“Es dolorosísimo. Es increíble tener que volver a este tribunal y ver que la secretaria es la misma que estuvo en el juicio donde se dictó la condena. Es vergonzoso. Lo que hace la justicia es patético”, sostuvo Montero.

Durante la audiencia, la madre de Lucía apuntó también contra lo que considera una trama de encubrimiento: “¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué mafia hay detrás? ¿Por qué pasa esto cada vez que hay droga de por medio? Este no fue un novio celoso: es un asesino, un abusador, un dealer. ¿Qué se está queriendo salvar?”

Desde su mirada, el caso representa algo más profundo que un fallo erróneo o una dilación judicial: “Ese tipo sale a la calle y hace lo mismo que hizo con Lucía. Entonces, ¿Qué perversión se está tratando de proteger? Esto no puede seguir así”.

Montero exigió una respuesta concreta de la Justicia y un cierre definitivo: “Esperamos que de una vez por todas se haga justicia. Basta de torturar a una familia. Esto es una tortura. Van a pasar nueve años del asesinato de Lucía y seguimos en el mismo lugar. Quieren quitar la figura del femicidio. ¿Qué es esto?”

La audiencia se realiza en los tribunales de Mar del Plata, donde se espera que la Cámara de Casación disponga si se sostiene el cargo por femicidio contra Matías Farías, único imputado en el nuevo proceso.

Antes de ingresar a la sala, Marta Montero cerró con una frase cargada de dolor y firmeza: “No tengo nada contra los jueces. Solo quiero justicia para mi hija. Que ese asesino vaya donde tenga que ir”.

A poco más de un año de que el Tribunal N°2 dictara la condena de 10 años de prisión, en el segundo juicio realizado tras la anulación de la primera sentencia, la docente del colegio Gianelli y Fleming, Analía Schwartz fue absuelta por el Tribunal de Casación Bonaerense por los casos de abuso sexual y corrupción de menores.

La denuncia había surgido en el jardín de infantes de las instituciones durante el año 2012 y 2013.

En el año 2017 se llevó a cabo el primer juicio en su contra que terminó con una absolución de la maestra. Sin embargo Casación resolvió anular la condena y se llevó a una nueva instancia judicial. 

El fallo implicó una condena de 10 años que se emitió en enero del 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata por un caso de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado” y por nueve de “promoción a la corrupción de menores”.

Al revisar la sentencia, Casación resolvió anular la condena y confirmar la absolución de Schwartz por todos los casos acusados tras considerar que las conclusiones incriminatorias “no encuentran sustento suficiente en la prueba meritada”. 

En diálogo con FM 99.9, Patricia Perelló, abogada de la docente acusada, contó que “estaba pensando que pasaron 11 años desde el comienzo de este calvario para que después de 11 años el Tribunal de Casación diga exactamente lo que siempre fue: una creencia de los padres falsa, alentada por la palabra de una mujer que por una interpretación que hizo un nene de 8 años de los dichos de su hermanito, termina armando todo esto junto a un grupo de personas exacerbado”.

Asimismo, destacó que “también fue incitado por los psicólogos que consultaron y los abogados. Yo estuve del día cero, conozco cómo declararon los padres en su primera oportunidad, cómo fueron rectificando el vector en la siguiente y cómo en este segundo juicio oral también fueron modificando los dichos siempre para su beneficio”. 

Por lo que “la sentencia de Casación es impecable, en cuanto desmenuza cosa por cosa la actuación de la licenciada Catera, el apartamiento de la licenciada Manterola, que es la que naturalmente debió haber actuado por ser la perito de Mar del Plata con 10 años de experiencia menores, y fue reemplazada por una que hasta el año anterior había estado trabajando con detenidos porque era oficial del Servicio Penitenciario”. 

Entre las irregularidades, se refirió “al modo de cuestionar del particular damnificado, a las peritos nuestras le preguntaban por sí o por no como si fuera tan fácil en un tema psicológico dar una respuesta así y no le permitían contestar de otra manera” 

“Esto el tribunal lo permitió, la agresión de la fiscal Florencia Salas a los peritos, incluso aquellos que había citado ella misma”, continuó 

De modo que “hoy el Tribunal de Casación después de 11 años pone blanco sobre negro y dice señores, esto fue así. Empezó porque una madre interpretó el juego del hijo, llamó a medio mundo, interrogaron inapropiadamente a los chicos que nunca dijeron nada, había mucha presión por parte de los padres para que hablaran”. 

Respecto al accionar de la parque querellante que fue arduamente cuestionado, contó que “hay denuncias hechas por las peritos que fueron tan maltratadas ante la procuración y control judicial de la corte. Al igual que Mariano Nino, uno de los de las personas que elaboró la guía de la buena práctica de UNICEF, que fue tratado de una manera vergonzosa”. 

Sin embargo, la importancia en este momento radica en que los padres “se sientan contentos de que hay alguien que explica claramente que sus hijos no sufrieron ningún abuso y que estos jóvenes escuchen lo que estoy diciendo para se den cuenta que los padres se equivocaron”. 

La Cámara Federal de Casación Penal firmó acordada extraordinaria en la que recomendó a los tribunales federales y nacionales que de ella dependen que otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos en prisión preventiva por delitos no violentos, condenados a penas de menos de 3 años, que estén en condiciones de tener salidas transitorias, mujeres embarazadas o en los grupos de riesgo a raíz del coronavirus.

El objetivo es descomprimir cárceles federales ante riesgo de foco infeccioso. Restringe su aplicación a delitos violentos, de lesa humanidad y de corrupción. Además, tendrán prioridad aquellos que estén a punto de cumplir la pena o quienes superen los plazos de la preventiva.

La decisión fue firmada por la presidenta de la Cámara de Casación Angela Ledesma, los jueces Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa (según su voto), Guillermo J. Yacobucci, Eduardo Riggi (en disidencia), Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci (en disidencia) y Javier Carbajo.

El tribunal recomendó que se adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo.

Los jueces encomendaron analizar "con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves".

También recomendaron a las autoridades penitenciarias el estricto cumplimiento de los protocolos y normas vigentes en materia sanitaria ante la detección de síntomas compatibles con Covid-19 de modo de aislar a los presos dentro del penal y atenderlos.

La medida no es una obligación para los jueces inferiores, pero permite a los abogados defensores a que articulen sus pedidos de libertad domiciliaria.

En los considerandos de la acordada se aclara que "las medidas recomendadas se motivan exclusivamente en la pandemia Covid-19, motivo por el cual, una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo examen".