El Senado de la Nación Argentina aprobó el proyecto de ley que propone ampliar la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata mediante la creación de una nueva Sala con jueces y estructura propia, con el objetivo de mejorar el servicio de justicia en una jurisdicción que abarca cerca del 40% del territorio bonaerense. La iniciativa obtuvo media sanción y será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

La propuesta busca dar respuesta al crecimiento sostenido de causas que tramitan en el tribunal, donde actualmente alrededor del 75% de los expedientes están vinculados a temas previsionales y de salud.

Durante el debate en comisiones, el presidente de la Cámara, Alejandro Tazza, advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el organismo: “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo al exponer sobre el incremento de casos y la complejidad de las materias abordadas.

En la actualidad, la Cámara Federal de Mar del Plata recibe apelaciones de ocho juzgados federales. Mientras que en sus primeros años tramitaba alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 alcanzó los 8900 casos, lo que representa un crecimiento superior al 1100%. Además, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.

El escenario se complejiza por la amplitud territorial de la jurisdicción y la diversidad de materias que atiende, que incluyen cuestiones penales, civiles y comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de la gestión administrativa interna.

La necesidad de ampliar la estructura del tribunal fue reconocida en distintas instancias por autoridades nacionales, provinciales y municipales, ante el aumento de la judicialización en el ámbito de la Justicia Federal.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata procesó sin prisión preventiva al ex camarista de ese órgano judicial, Jorge Ferro, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a dos abogados y a una abogada, coimputados por el delito de tráfico de influencias en causas donde se investigaba el delito de trata de personas.

El fallo -firmado por Alfredo López, Pablo Candisano Mera y Federico Villena-, es consecuencia de una orden de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado la resolución dictada hace casi dos años por la Cámara Federal de Mar del Plata por la que Ferro y las otras tres personas fueron sobreseídas. El tribunal había declarado prescripta la acción respecto del ex camarista y su situación había arrastrado la del resto de los acusados.

El recurso ante la Cámara de Casación que propició el nuevo fallo fue interpuesto por el fiscal general Daniel Adler junto al fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y la fiscal federal -ex cotitular de esa procuraduría- Laura Roteta. La investigación está a cargo de la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, con quien coadyuva la procuraduría especializada.

Ferro está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por enriquecimiento ilícito, acciones vinculadas al tráfico de influencias que se les atribuyó a los restantes imputados.

De acuerdo con la investigación, el ex juez habría utilizado información con la que contaba en razón de su cargo para privilegiar los intereses particulares de los tres coimputados, “menoscabando así los intereses del Estado y poniendo en jaque la correcta administración de justicia”, indicaron la fiscalía y la PROCELAC.

La pesquisa tuvo su origen en una denuncia formulada por el fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); la fiscal Roteta y el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, ex cotitulares de la PROCELAC; y el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik, a raíz del análisis de las pruebas obtenidas en el marco del caso Madaho’s, en el que se desbarató una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

La fiscalía y la PROCELAC informaron que, de acuerdo a los peritajes de los teléfonos investigados, uno de los acusados -abogado- en ese caso mantenía un estrecho vínculo de amistad, laboral y económico con Ferro, pese a lo cual este último intervino como camarista en el caso “con el propósito de mejorar y favorecer la situación procesal” del imputado, a quien “también le ofrecía asesoramiento jurídico y colaboración en procesos penales del estudio jurídico al que pertenecía”. Aquel abogado fue patrocinado en ese caso por otros dos profesionales pertenecientes a su estudio jurídico. Los tres, en definitiva, ahora están procesados por tráfico de influencias agravado.

En este contexto, la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata y la PROCELAC también investigan la posible generación de ganancias ilícitas para los imputados derivada de aquellos hechos. En efecto, se investiga si Ferro, cuanto menos desde 2002 y hasta el 1 de mayo de 2020, habría incrementado de modo apreciable y sin justificación su patrimonio. Ferro renunció a su cargo el 1 de mayo de 2018 cuando era investigado por el Consejo de la Magistratura de la Nación en función de los sucesos ventilados en el caso Madaho’s.

Según indicaron la fiscalía y la PROCELAC, en el caso se están llevando cabo medidas tendientes a trazar el perfil patrimonial de las personas investigadas. En concreto, se busca identificar activos y/o movimientos de índole económico que permitan revelar ganancias ilícitas.

Fuente: Fiscales.org