El Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva a 29 personas por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en el marco de una causa que investiga el funcionamiento de una red de “cuevas financieras” vinculada a los grupos Jonestur y Transcambio. 

Según la resolución judicial, estos imputados habrían proporcionado la infraestructura societaria, operativa y financiera necesaria para canalizar fondos ilícitos hacia el sistema financiero nacional e internacional, usando estructuras offshore, cuentas en el exterior y operaciones no declaradas. 

Para la fiscal federal Laura Mazzaferri, impulsora de la causa junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), los grupos actuaban como “bancas de hecho”, realizando operaciones cambiarias, apertura de cuentas, préstamos, inversiones y traslados de fondos sin fiscalización. 

La investigación detectó que operaban de manera encubierta dentro de casas de cambio autorizadas, así como también mediante operadores en la vía pública -conocidos como "arbolitos”- en el corredor de la avenida Luro, con la colaboración de algunos efectivos policiales que evitaban controles y allanamientos. 

Entre los casos emblemáticos vinculados al entramado investigado, se mencionan las maniobras de lavado en torno al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y el grupo Salvatore, vinculado al tráfico de cocaína hacia Europa en la causa conocida como “Carbón Blanco”. 

El fallo dispuso además embargos por sumas que van desde 10 mil millones hasta 50 mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados, así como inhibiciones generales de bienes incluso a nivel internacional para los activos que se detectaron en el exterior. 

La causa tiene antecedentes que datan de 2014, cuando se recibió un reporte del Banco Central a PROCELAC sobre operaciones cambiarias no autorizadas. A lo largo de la investigación se realizaron peritajes forenses, informes de entidades públicas y privadas, y cooperación internacional con Andorra y Panamá. 

El magistrado consideró que algunos miembros de Jonestur y Transcambio actuaron como jefes de la asociación ilícita, mientras que otros cumplían funciones de operadores y directivos, y decretó la falta de mérito para imputados con menor participación.

La acusación sostiene que estas estructuras no solo movían fondos ilícitos, sino que también ofrecían un andamiaje financiero para blanquearlos, los cuales eran volcados a inversiones inmobiliarias, fondos fiduciarios o administrados en cuentas en el exterior. 

La resolución fue dictada el 25 de septiembre, tras el pedido de procesamiento presentado en diciembre pasado por Mazzaferri y el procurador de PROCELAC, Diego Velasco, luego del análisis de un voluminoso caudal de documentación y pruebas recabadas.

Fuente: Fiscales

El Tribunal Oral Federal de Resistencia (Chaco) condenó este viernes a los integrantes de la organización criminal que fuera liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, con penas de hasta 9 años de prisión por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En el juicio oral intervino el fiscal general de esa jurisdicción, Federico Carniel.

El veredicto alcanza al círculo íntimo de Salvatore, quien también había llegado como acusado al debate iniciado en marzo del año pasado, pero falleció durante su transcurso: su esposa, Silvana Susana Vallés, y su suegro, Santiago Vallés Ferrer, fueron condenados a 7 años; la condena más alta fue para su socio Ricardo Gassan Saba, a quien se le impuso la pena de 9 años de prisión. En tanto que su hija, Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, resultó absuelta.

El Ministerio Público Fiscal había señalado en su alegato que el mecanismo detectado consistió en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real, creadas al solo efecto de inyectar el constante flujo de dinero proveniente del narcotráfico, disimulando así su origen delictivo. El propio Salvatore ocupaba un rol central en las sociedades pantallas o designaba a personas de su círculo íntimo. Otra de las características principales de la operatoria tuvo que ver con la amplia diversificación de actividades económicas, que iban desde la construcción de edificios en de Mar del Plata hasta la producción cinematográfica.

Las operaciones de lavado incluyeron además la utilización de una organización sin fines de lucro llamada “Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes”, que tenía como objeto presunto realizar actividades académicas, de diagnóstico, rehabilitación y reinserción social de pacientes, entre otras.

De esa forma, la investigación pudo corroborar la existencia de una organización criminal transnacional, comandada por Salvatore, que generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, con ramificaciones por el país y el extranjero, dedicado a colocar, en el mercado legal, el dinero de origen ilícito que provenía de su actividad como traficante de estupefacientes.

Carniel detalló durante su alegato las sociedades involucradas en las maniobras y la participación en el delito de los imputados, ya sea a través de ellas o a título personal, según cada caso. A su término pidió penas más altas que las impuestas por el TOF, a saber: 18 años para Gassan Saba, 15 para Vallés padre e hija y 7 para Carla Salvatore.

La pesquisa fue llevada adelante en la etapa de instrucción por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo por entonces del fiscal Carlos Sanserri, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Por otra parte, el veredicto contempló el decomiso solicitado por el MPF y que se le dé de baja a las sociedades identificadas en la maniobra. En esa línea, la Fiscalía había pedido que se le corra vista de la resolución a la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación para que disponga el destino con fines sociales de los bienes en cuestión.

El fiscal general de Resistencia (Chaco), Federico Carniel, solicitó penas de hasta 18 años de prisión para la organización criminal que fuera encabezada por el abogado Carlos Alberto Salvatore por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la cual operaba también en Mar del Plata. Fue en el marco del juicio oral y público que desde hace casi un año lleva adelante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad.

El representante del Ministerio Público Fiscal encontró acreditada la participación en los hechos de la esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, en casi una treintena de casos, por los que requirió una condena a 15 años; en 18 respecto de su suegro Santiago Vallés Ferrer, para quien pidió 15 años; en 23 de su socio Ricardo Gassan Saba, para quien solicitó la pena más alta -18 años-; y en 7 de su hija Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, motivo por el que instó a que sea condenada a 5 años de prisión. Al juicio oral -que comenzó en marzo del año pasado- también había llegado como acusado el propio Salvatore, pero falleció durante el transcurso del debate.

En septiembre de 2015, en la causa conocida como “Carbón Blanco”, Salvatore había sido condenado a 21 años de prisión por el Tribunal Oral Federal al considerarlo organizador de la asociación ilícita que envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en containers que llevaban carbón vegetal, disimulado dentro de esas bolsas. En el mismo expediente, otros cuatro imputados recibieron penas de entre 12 y 19 años.

La investigación del lavado

Durante el desarrollo de la pesquisa llevada adelante en la etapa de instrucción por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo por entonces del fiscal Carlos Sanserri, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se pudo acreditar cómo la organización aplicó desde aproximadamente el mes de mayo de 2015 el producido de la actividad ilícita desarrollada en el mercado formal de bienes y servicios, más precisamente empresario e inmobiliario.

El mecanismo consistió en la constitución de un complejo entramado de sociedades comerciales sin actividad real, creadas al solo efecto de inyectar el constante flujo de dinero proveniente del narcotráfico, disimulando así su origen delictivo. El propio Salvatore ocupaba un rol central en las sociedades pantallas o designaba a personas de su círculo íntimo. Otra de las características principales de la operatoria tuvo que ver con la amplia diversificación de actividades económicas, que van desde la construcción de edificios en la ciudad bonaerense de Mar del Plata hasta la producción cinematográfica.

Las operaciones de lavado incluyeron además la utilización de una organización sin fines de lucro llamada “Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes”, que tenía como objeto presunto realizar actividades académicas, de diagnóstico, rehabilitación y reinserción social de pacientes, entre otras.

De esa forma, la investigación pudo corroborar la existencia de una organización criminal transnacional, comandada por Salvatore, que generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, con ramificaciones por el país y el extranjero, dedicado a colocar, en el mercado legal, el dinero de origen ilícito que provenía de su actividad como traficante de estupefacientes.

Carniel detalló durante su alegato las sociedades involucradas en las maniobras y la participación en el delito de los imputados, ya sea a través de ellas o a título personal, según cada caso. A saber: Lugin SRL, Saint Maxime SRL, Abuela Clementina SRL, Casilugi SRL, Aristóbulo Del Valle SA, Milenio Bienes Raíces SA, Casilugi Corporation -en Estados Unidos-, Ruth Steinberg LLC -también en EEUU-, Fuerte Plan SA, CS Entertainment SRL y Manos Digitales Animation Studio SA, General Paunero 2256 SA, Libres Ddel Sud 2079 SA y LBC Service & Consulting SA.

Al término de su exposición, el fiscal general señaló que corresponde que el destino de los bienes decomisados debe “efectuarse teniendo en cuenta el inmediato, próximo y efectivo resarcimiento de los daños causado a la sociedad por el hecho delictivo”. Asimismo, resaltó la existencia de “una gran cantidad de adquirentes de distintas unidades funcionales en aquellos proyectos inmobiliarios en los que la organización confundió los fondos ilícitos, los que, ante un inminente decomiso de terrenos o inmuebles edificados, deberá además de restituirse los fondos invertidos, indemnizarse los daños irrogados al frustrarse sus derechos o expectativas patrimoniales”.