Paola “Malala” Galeano, la interna que había generado revuelo en redes sociales por mostrar detalles de su festejo de cumpleaños dentro del Penal N°40 de Lomas de Zamora, fue despojada de su teléfono celular por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde el momento en que le secuestraron el aparato el miércoles por la tarde, la mujer dejó de subir contenido a sus cuentas.  

Galeano, que cuenta con cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram, había suscitado fuertes reacciones a partir de la difusión de imágenes de la celebración con globos, luces LED, música y torta en su celda. La ciudadana cumple una condena de 13 años por su participación en un homicidio en ocasión de robo cometido en 2013, delito por el cual fue sentenciada tras un juicio abreviado en 2014.  

Según fuentes consultadas, esta no sería la primera vez que se le quita el teléfono: el año pasado también le fue confiscado durante una requisa después de que una entrevista suya alcanzara amplia circulación en internet. Se estima que podría recuperar la libertad en agosto de 2026.  

Oscar Ernesto Barraza dejó su tenebrosa huella en Córdoba por una serie de ataques sexuales que cometió entre 1999 y 2004 contra al menos 15 mujeres que vivían solas en distintos barrios de la ciudad, como San Martín, Providencia y Crisol.

El hombre, que actualmente tiene 70 años, fue detenido en diciembre de 2006 después de una investigación que lo señaló como el “violador serial de ancianas”. La clave para atraparlo fue una botella de gaseosa, donde había dejado su perfil genético.

En 2008, la Cámara 6ª del Crimen lo condenó a 25 años de prisión por 15 abusos sexuales con acceso carnal, cuatro tentativas de abuso sexual, un hecho gravemente ultrajante y varios robos calificados.

Desde entonces, la defensa del condenado hizo varias presentaciones judiciales para acceder a la prisión domiciliaria. Por ahora, todos los pedidos han sido denegados.

Los jueces reconstruyeron un patrón de ataques: Barraza entraba de noche a las casas, maniataba a las víctimas, les tapaba la cara y, después de abusar de ellas, les robaba dinero y objetos de valor. En muchos casos, también cortaba el cable del teléfono para dejarlas incomunicadas.

Las víctimas de Barraza tenían entre 52 y 84 años. El agresor elegía a mujeres mayores porque, según los peritajes, representaban un “objeto menos ansiógeno” y le permitían desplegar una “fantasía de reivindicación”.

Barraza podrá solicitar la libertad asistida recién el 29 de junio de 2031. (Foto: gentileza La Voz).

Los especialistas detectaron en él una personalidad con rasgos psicopáticos y componentes sádicos, además de una agresividad inconsciente vinculada a su madre, con quien durmió hasta la pubertad.

Los informes psicológicos y psiquiátricos fueron contundentes: “El acusado tiene un coeficiente intelectual dentro de los límites de la normalidad; desde este punto de vista es un individuo normal que goza de la capacidad de comprensión y dirección de sus actos”. Sin embargo, también advirtieron una “tendencia compulsiva a repetir” actos antisociales para canalizar tensiones internas.

Durante el juicio, dos víctimas declararon que Barraza no era su agresor, pero el tribunal le dio más peso a los estudios genéticos. “En la balanza probatoria, cuenta con mayor contundencia convictiva el examen objetivo de ADN que los dichos de una víctima que, en razón de su edad y del shock vivido, no pudo reconocer su propia casa cuando se le presentó en fotografías”, argumentaron los jueces.

Barraza cumple su condena en la Cárcel de Villa Dolores, bajo la supervisión de la jueza de Ejecución Penal Soledad Juncos. En los últimos años, el condenado presentó varios pedidos para acceder a la prisión domiciliaria, argumentando su edad y buena conducta en el penal, donde trabaja en la panadería.

Sin embargo, la jueza fue tajante: “La jurisprudencia de Córdoba establece que no es automático; no alcanza con cumplir 70 años, tiene que existir un plus que lo justifique, y no era el caso”.

Aunque los informes penitenciarios destacan su “conducta ejemplar”, la buena conducta no garantiza beneficios como salidas transitorias o libertad condicional.

El principal obstáculo es su condición de reincidente. Antes de la condena por los abusos, Barraza ya tenía antecedentes por complicidad en un homicidio (1973) y tentativa de robo calificado (1995). Además, los informes psicológicos siguen siendo un factor clave para negar cualquier morigeración de la pena.

“El consejo del Servicio Penitenciario de Córdoba no considera que esté en condiciones para el período de prueba, por lo cual tampoco hay salidas transitorias por el momento”, explicó la magistrada.

Sin acceso a la libertad condicional y con todos los beneficios denegados, Barraza seguirá detenido en Villa Dolores casi hasta el final de su condena. Recién el 29 de junio de 2031, seis meses antes de cumplir la pena completa, podrá solicitar la libertad asistida.

Ese beneficio requiere una evaluación exhaustiva para determinar que no represente un riesgo para la sociedad ni para las víctimas.

“En la libertad asistida, lo que se evalúa es que no sea un riesgo para la sociedad, para la víctima o para sí mismo. Pero para eso, faltan muchos años”, remarcó la jueza Juncos.

Fuente: TN

Autoridades del Poder Judicial de Mar del Plata realizaron una recorrida por las Unidades Penitenciarias 15 y 50 del complejo carcelario de Batán, acompañadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses.

Participaron de la visita el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Gastón Alexis De Marco; el camarista Leandro Favaro; y los secretarios Laura Cecilia Radesca y Matías San Martín. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario Este, Gastón Collado, y los directores de las unidades penitenciarias locales.

Durante el recorrido por la Unidad 15, las autoridades observaron las obras de refacción en seis pabellones y recibieron información sobre el proyecto de remodelación integral del establecimiento. Además, visitaron la construcción de una nueva cocina central y el futuro sector de sanidad, en el marco de una inversión significativa en infraestructura destinada a mejorar las condiciones de vida y trabajo dentro del penal.

La comitiva también recorrió el centro de formación laboral, donde la cooperativa Oktupak lleva adelante actividades productivas y educativas. Posteriormente, se trasladaron a la Unidad 50, que aloja a mujeres privadas de libertad, donde se interiorizaron sobre los programas de tratamiento, educación y seguridad implementados en el lugar.

Durante la jornada, los magistrados mantuvieron diálogos con personas privadas de libertad y con personal penitenciario, con el objetivo de conocer de primera mano el funcionamiento de los programas de reinserción y las condiciones de detención.

Tras cinco meses de investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de la provincia de Córdoba desarticuló una banda dedicada a entregar drogas y otros elementos prohibidos al complejo penitenciario de Bouwer con la ayuda de drones. Hay 10 detenidos.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal provincial, se realizaron 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba que permitieron la caída de la organización.

El procedimiento, que se realizó en viviendas de los barrios General Mosconi,Liceo Segunda Sección,Ampliación Pueyrredón,San Jorge y Nuestro Hogar III, permitió la detención de cuatro hombres,cinco mujeres, y una menor de edad.

La investigación se inició a partir de informaciones suministradas por la Jefatura del Establecimiento Penitenciario de Córdoba. Fue así que pudieron establecer que la organización preparaba los paquetes con estupefacientes (cocaína y marihuana), teléfonos celulares y cables USB, objetos altamente cotizados dentro del ámbito penitenciario, y utilizaba los drones para lanzarlos hacia el interior del penal.

Durante los operativos, intervinieron efectivos del Equipo de Acción Táctica, quienes secuestraron 6.594 dosis de marihuana, 1.855 de cocaína, seis armas de fuego (con 215 municiones), $32.493.600, 1.300 dólares, cinco automóviles, cuatro motocicletas, una moto de agua, seis drones y material destinado al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El valor total de los elementos incautados asciende a $243.367.680.

Además, cuatro de los investigados fueron capturados en un peaje sobre la Ruta Nacional 36 mientras intentaban concretar una entrega dentro del penal de Bouwer. En ese momento, se les incautó uno de los drones y varios paquetes de drogas ya armados.

De acuerdo con la comunicación del MPF, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno a cargo de Carlos Cornejo emitió, además, 123 órdenes de allanamiento en el complejo penitenciario de Bouwer, que fueron llevadas adelante por efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba en cinco pabellones, en busca de detectar posibles vínculos internos con la organización desarticulada.

Por disposición del fiscal Cornejo y de la Secretaría de Investigación y Juicio para causas vinculadas a Organizaciones Criminales, a cargo de Federico Kosciuk, los detenidos y todos los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.

En junio, durante un patrullaje preventivo en las inmediaciones de la cárcel de Bouwer, personal del Sistema Penitenciario detectó un dron colgado de un tendido eléctrico.

La escena llamó la atención: el dispositivo había quedado suspendido en los cables, visiblemente trabado, con dos teléfonos celulares atascados entre su estructura.

El hecho ocurrió este lunes y forma parte de una modalidad que, si bien no es nueva, sigue preocupando a los responsables de seguridad en los establecimientos carcelarios.

El dron, marca Mavic Pro, fue detectado fuera del perímetro del penal, por lo que luego de realizar el hallazgo, el personal penitenciario dio aviso a la Policía de Córdoba, que tiene competencia sobre el lugar.

Al llegar a la zona, los policías descolgaron el dispositivo del tendido eléctrico y encontraron un paquete negro envuelto con cinta aislante, el cual pendía de un hilo blanco que estaba sujeto a una de las alas. Dentro de ese envoltorio, se encontraban dos celulares marca Samsung, que fueron incautados para la investigación.

LA FPA estuvo a cargo de los allanamientos

Esta maniobra, de acuerdo con fuentes penitenciarias, evidencia una modalidad que no es tan recurrente. En otras cárceles de la provincia, como San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Cruz del Eje y Los Arroyos, se han registrado episodios similares, pero con otras modalidades, ya que el terreno es diferente y no están rodeadas de campo, como la de Bower.

En esos casos, personas se acercan en moto a los muros perimetrales y lanzan paquetes por encima, que pueden contener desde celulares hasta drogas. Esta tendencia obliga a los guardias a estar en constante alerta.

Pero en Bouwer no pueden llegar de la misma manera y el ingenio se puso a tono con la innovación. Actualmente, el penal no cuenta con sistemas de inhibición ni mecanismos para derribar drones. Desde la institución indicaron que ya se ha iniciado un proceso de licitación para incorporar tecnología que permita detectar e impedir este tipo de vuelos no autorizados.

Mientras tanto, las estrategias de contención siguen siendo manuales y dependen de la vigilancia y los patrullajes, dado que esta cárcel está rodeada de campos.

La dificultad para neutralizar estos dispositivos responde también a los tiempos administrativos que implica la compra de tecnología de seguridad. Aunque se trata de una necesidad reconocida por las autoridades penitenciarias, los procesos formales para adquirir e implementar nuevas herramientas suelen extenderse.

En ese contexto, las organizaciones que intentan vulnerar la seguridad carcelaria continúan perfeccionando sus métodos. El uso de drones para introducir celulares no es exclusivo del complejo de Bouwer.

Estas prácticas, que combinan el uso de tecnología y logística externa, representan un desafío constante para las fuerzas de seguridad penitenciaria.

En muchos casos, la finalidad es garantizar a los internos el acceso a medios de comunicación o a elementos prohibidos, que pueden facilitar la coordinación de actividades ilegales desde el interior de las cárceles.

Fuente: Infobae.

Este lunes 7 de abril, Fede Popgold junto a Conny Pereyra estrenaron “Un día en”, una serie periodística en formato documental que busca mostrar cómo es un día en diferentes lugares del país. El primer episodio, titulado “Un día en la Cárcel”, fue filmado en el penal de Ezeiza, donde Popgold entrevistó a personas privadas de su libertad.Según declaraciones de Popgold, este proyecto es una idea que venía gestando junto a Pereyra desde hace más de un año, con el objetivo de crear un formato que ambos soñaban realizar. El episodio inaugural se estrenó a las 18:30 horas en el canal de YouTube de Resumido, plataforma que ya cuenta con conocidos podcasts como “Barbano en hechos reales” y “Juntala”.MIRÁ EL VIDEO ACÁ https://www.instagram.com/p/DILuJFVxoWe/?next=%2F

Ayer por la noche se desató un motín en la cárcel de Devoto debido a que los presos exigían la reapertura del Centro Universitario.

Los incidentes comenzaron cerca de las 22 en el establecimiento ubicado en la calle Bermúdez. Fueron los vecinos quienes comenzaron a comentar a través de las redes sociales que se escuchaban ruidos fuertes y se veía a través de las ventanas.

Enseguida se informó que los internos estaban llevando adelante una protesta por el recorte en los centros de estudiantes de las universidades. Es por eso que durante el reclamo prendieron fuego varios colchones.

Uno de los detenidos, identificado como Miguel, explicó que la medida que se llevó adelante fue una “batucada” y no un motín, y aclaró: “Se debe a la imposibilidad del ejercicio al derecho a la educación y cómo se realiza este derecho en las cárceles porque se prohíbe la creación de centros de estudiantes”.

El reclamo se llevó adelante este martes. (Foto: X @gabrieliezzi)

Luego de que se controlara la situación durante la madrugada, los presos dejaron colgadas en las ventanas banderas con distintas frases como “la universidad es de todos” y “tenemos derecho a la educación”.

El Ministerio de Seguridad Nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución 372/2025, mediante la cual se prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.

En el documento se estableció que no se permitirá “la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos”.

La medida resaltó que “la organización de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a la par de no estar expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad”.

“La asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes” de los establecimientos penitenciarios, indicaron desde el Gobierno.

Fuente: TN

En una extensa entrevista con “Los datos del día” de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, explicó de qué trata el juicio en ausencia y los cambios en el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre la reiterancia, la reincidencia y la unificación de penas. 

“Juicio en ausencia, la reiterancia y la ley antimafias son tres proyectos con objetivos específicos y tienden al mismo objetivo general, que es combatir la impunidad, generar un Estado donde primen la ley y el orden, y lo referido a la frase ´el que las hace, las paga´. Pero tienen objetivos específicos distintos porque, por un lado, el proyecto de ley que se aprobó de antimafias tiende a combatir el crimen organizado, agravando las sanciones para los miembros de las organizaciones criminales que prevé la ley", desarrolló en primer lugar.

A su vez, añadió que "la ´ley antimafias´ le da herramientas especiales de investigación a los fiscales y a las fuerzas de seguridad en estos casos, con una mesa de articulación federal entre las provincias y la Nación, y una herramienta de decomiso anticipado de bienes para sacarle su patrimonio a los delincuentes en las primeras instancias del proceso”.

Según Ferlauto, este proyecto de ley “hace referencia al combate de la criminalidad organizada, en el entendimiento de que en aquellos lugares donde está más instalada, los indicadores de violencia se disparan y crecen muchísimo”.

“Lo que vivió Rosario en los últimos años tiene que ver con esto, sobre la instalación de grupos criminales que se disputaban el territorio y el poder entre sí, y le planteaban un desafío a un Estado que no estaba coordinado para enfrentarlo seriamente”, subrayó.

Pero en tanto al juicio en ausencia, sostuvo que apunta a “otra cosa”, ya que es “una respuesta a los familiares de víctimas y también a las víctimas de hechos gravísimos y de crímenes internacionales como terrorismo, genocidio o de lesa humanidad”. En esa línea, acotó que se busca “dar una herramienta procesal excepcional para que en estos delitos no se exija la presencia física del imputado para avanzar con el juicio y la eventual condena”.

, pero ahora no hace falta, ya que puede ser en suspenso. El segundo pilar de este proyecto es la modificación de la unificación de penas, porque hasta ahora cuando una persona era condenada a cinco años y ya tenía otra condena en cumplimiento igual, el segundo juez las unificaba y la lógica indica que debía darle una pena única de diez años”, expresó acerca del proyecto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso.

Sin embargo, el ex secretario de Seguridad de General Pueyrredon aclaró que “el sistema garantista en extremo al que habíamos llegado le daba la facultad al juez para que imponga, a través de un método conocido como composicional, una reducción al número que surgía de la suma de ambas condenas”.

Entonces, lo que buscaron fue que “si una persona es condenada a cinco años y después también a otros cinco, la pena única va a ser de diez, una modificación al Código Penal que rige en todo el país”, según sostuvo.

“La reiterancia, que es un instituto nuevo en el derecho nacional, es de índole procesal y rige en las causas que se tramitan ante el fuero federal y nacional. Hay algunas provincias que incorporaron a sus régmines procesales la figura de la reiterancia, como Buenos Aires, la cual consiste en que desde ahora cuando un juez tiene que resolver y un fiscal dictaminar sobre si corresponde o no dejar a una persona presa durante el proceso, debe mirar las detenciones e imputaciones previas que tuvo esa persona. Esto evita el fenómeno de la puerta giratoria”, concluyó Ferlauto.

El presidente de Estudiantes de Río Cuarto y empresario de la carne, Alicio Dagatti, fue detenido junto a su hijo, en horas de la tarde de este miércoles 4 de diciembre, tras una serie de allanamientos que la Policía de Córdoba realizó en sus oficinas. La información que trascendió vincula a Dagatti con un presunto intento de ingresar drogas y otros productos a través de un camión frigorífico al penal de Bouwer.

El Doce TV señaló que el arresto podía estar relacionado con la presunta maniobra de llevar al interior de la cárcel, elementos como drogas, celulares y alcohol, transportados en un camión de la carne. Tal es el caso, que durante la jornada de este miércoles, las autoridades policiales aprehendieron y trasladaron al empresario hacia el penal en cuestión. El fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Enrique Gavier, también ordenó la detención de uno de sus hijos y de otras dos personas, dentro del mismo marco que se está investigando.

La prensa señaló que el arresto ocurrió después de que la policía revisara las oficinas del empresario. Respecto a los elementos detallados del paquete que se buscó ingresar, el Ministerio de Justicia de la Provincia confirmó que en el transporte encontraron más de dos kilos de estupefacientes, pastillas psicofármacos, botellas de whisky, siete teléfonos celulares, cargadores, cables USB y auriculares.

El suceso que involucró al vehículo, tuvo lugar meses atrás, pero las acusaciones habían quedado limitadas al conductor del vehículo; sin embargo, la Justicia continuó con la investigación. Dagatti también es dueño de varios medios de comunicación de la ciudad cordobesa, entre ellos un diario, un canal de televisión y una radio FM, como así también de un desarrollo inmobiliario denominado Aguas Claras.

Penal de Bouwer

La Justicia cordobesa investiga un presunto caso de fraude en el fútbol argentino, donde directivos del club Atenas de Río Cuarto habrían apostado en contra de su propio equipo. Según la información disponible, las apuestas se realizaron a través de un sitio autorizado por la provincia de Córdoba, Slots Machine S.A., y generaron ganancias significativas tras la derrota de Atenas por 3-0 frente a Juventud Unida de San Luis. Este partido, que tuvo lugar el 29 de septiembre en San Luis, formaba parte de la zona Reválida del torneo Federal A, una categoría equivalente a la Primera B Metropolitana.

El fiscal de ciberdelitos, Franco Pilnik, lidera la investigación que apunta a varios directivos del club, incluyendo al presidente, el secretario, el tesorero y otros miembros del personal, como la kinesióloga. La causa se centra en la apertura de siete cuentas en el sitio de apuestas pocos días antes del partido, desde las cuales se realizaron apuestas específicas sobre el resultado del encuentro y otros eventos del juego, como el número de jugadores amonestados.

La Lotería de Córdoba presentó la denuncia tras detectar movimientos sospechosos en las apuestas, que resultaron en ganancias de al menos cuatro millones de pesos. Las autoridades llevaron a cabo allanamientos en las viviendas de varios directivos del club, entre ellos la del presidente, ya que una de las cuentas de apuestas estaba a nombre de su hijo.

El partido en cuestión levantó sospechas debido a la actuación del equipo, especialmente del defensor central brasileño Uirá Márques, quien marcó dos goles en propia puerta y cometió un penal que no fue cobrado por el árbitro. La aparente falta de esfuerzo de la defensa en el segundo gol también fue señalada como indicio de que los directivos del club podrían haber tenido conocimiento previo del resultado.

“Recibí la denuncia y estoy trabajando en ello”, dijo el fiscal Plinik. “Tengo investigados, aún no imputados porque primero tengo que analizar toda la prueba secuestrada”.

Fuente: Infobae

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó en el Complejo Penitenciario de Ezeiza el programa Manos a la obra, que implementará el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país con el objetivo de que todos los presos trabajen en las cárceles.

La prueba piloto del programa comenzó en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza. Rápidamente, el personal penitenciario organizó un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de los edificios. Actualmente, se están terminando de pintar los interiores de las instalaciones para continuar con el exterior, y esto se replicará en todo el país.

El programa también incluye la implementación de sistemas biométricos para el control de horarios. Además, la clasificación de los internos permitirá una asignación eficiente de las tareas, bajo la estricta supervisión del SPF.

“Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del SPF, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, sostuvo Bullrich.

La funcionaria remarcó que “nosotros conocemos bien nuestra Constitución. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”.

“Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar”, agregó.

Por otra parte, la ministra de Seguridad indicó que “manos a la obra es ocio cero. El ocio además no es un tratamiento penitenciario. Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar”.

“Nuestro objetivo es devolverle a la sociedad lo que se le quitó. No queremos volver a mandar un delincuente a la calle, pero tampoco queremos que los delincuentes, en vez de trabajar, como hace cualquier persona que todos los días se levanta y toma un tren, un colectivo, monta un caballo o va caminando a su trabajo en cualquier parte del país para cobrar un salario, aquí cobren un salario por no hacer nada”, remarcó.

La titular del ministerio de Seguridad adelantó que presentará un proyecto para un cambio sustancial en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, entre otros cambios de fondo, “que reglamente que el trabajo es trabajo y al que no trabaje no le vamos a pagar un salario”.

Estuvieron presentes junto con la ministra: el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el director y subdirector del SPF, Fernando Martínez y Diego Morel, respectivamente; el director general del Cuerpo Penitenciario, Leí Zamón; el director general de administración, prefecto Jorge Alejandro Quintramar; el presidente del ente cooperador, prefecto Juan Manuel Bosia; y la jefa del Complejo Penitenciario Federal IV, prefecto Roxana Blanco.

El diputado provincial Germán Kiczka recibió la visita de sus familiares en la cárcel de Misiones, luego de haber sido detenido por tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores.

La cámara logró captar el momento en que el legislador misionero se encontró con su familia después de estar cuatro días preso. Kiczka fue detenido el miércoles por la noche, tras estar seis días prófugo.

La imagen mostró a Kiczka con todo el protagonismo de la conversación y lo enfoca como la persona que dirige la charla. En varios momentos de la visita, se lo vio riéndose junto a su padre y a su tía, quienes colaboran con él en la causa por la que es investigado.

En el video no se lo ve a Sebastián Kiczka, hermano del acusado, pese a que fueron alojados en la misma dependencia policial. Según pudo saber, los hermanos fueron alojados en celdas separadas.

El hermano de Germán Kizcka fue detenido durante la noche del jueves 29 de agosto tras estar acusado de tenencia y distribución de material de abuso infantil. Este sábado siguió la misma estrategia que su hermano y se negó a declarar ante el juez Miguel Ángel Faria.

Ambos son representados por el doctor Gonzalo de Paula y la condición que habría puesto el abogado -antes de que se entregara- era la de ponerse a disposición de la Justicia a cambio de que lo internaran en un centro de rehabilitación.

El legislador provincial está acusado de tenencia y distribución de material de abuso infantil. (Foto: TN).

El apellido Kiczka surgió en una investigación que se inició en Estados Unidos y que incluye a su padre y su hermano Sebastián, sospechados de formar junto a él una red de pedofilia internacional. Ambos aceptaron los cargos en un juicio abreviado luego de ser allanados en febrero de este año, lo que dio lugar a una nueva causa. Esto derivó en una investigación por parte de la Unidad de Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos (SAIC) de la provincia de Misiones.

Con las pruebas sobre la mesa, el Juzgado de Instrucción penal N°4 de Apóstoles, a cargo del doctor Faría, dictó una nueva orden de allanamiento en la casa del diputado provincial: allí se encontraron dos celulares y una notebook, en los cuales las autoridades hallaron archivos con material pedófilo, zoofilia e incesto, además de revistas, juguetes sexuales y otros elementos comprometedores.

Fuentes judiciales confirmaron que en su casa se encontró un soporte digital con material explícito que involucraba a menores de trece años. “Hay mucho”, indicaron fuentes cercanas al caso.

El juez Miguel Ángel Faria también ordenó el allanamiento del local Pizza Leo Club, propiedad de los hermanos Kiczka, donde encontraron 603 archivos multimedia con contenido de explotación sexual de menores.

Fuente: TN

El ex gobernador de Tucumán José Alperovich ingresó ayer a la madrugada a la cárcel federal de Ezeiza, una de las unidades de máxima seguridad del país. “Estaba ansioso por el contexto de la detención. No pidió nada en especial y preguntaba si podía tener visitas y cómo eran los trámites”, confió una fuente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que siguió de cerca la llegada de Alperovich a la cárcel, luego de ser condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y violación de su sobrina y que se ordenara su inmediata detención.

El primer lugar de alojamiento de Alperovich en Ezeiza es el hospital penitenciario. Allí se encuentra y permanecerá entre una semana y 10 días. Es el ingreso habitual que marca el protocolo. Es para que le realicen estudios médicos de rutina, como sangre y placas, y otros más profundos para conocer su estado de salud y determinar si tiene que seguir algún tratamiento en particular. Su defensa ya informó que va a presentar la historia clínica.

Con esos resultados se definirá el próximo lugar de alojamiento según la caracterización del detenido y el tipo de delitos por el que está preso. Si no hay ningún impedimento médico ni orden judicial en contrario, será un pabellón común de la cárcel. La principal opción es el pabellón del programa del SPF de ofensores sexuales. El servicio tiene una cárcel especial para alojar a condenados por delitos sexuales, que es la unidad de Senillosa, en Neuquén. Ese podría ser otro destino de Alperovich, pero ya cuando la condena quede firme, para lo que faltan instancias de revisión. El programa de ofensores sexuales tiene unidades de preadmisión y una de ellas es Ezeiza.

“No se ordenó ningún tipo de cuidado a protección especial sobre Alperovich. Para nosotros es un preso más. De hecho, ayer a la noche ingresaron otros detenidos. Pero no desconocemos su alta repercusión mediática”, contextualizó la fuente del SPF.

La cárcel de Ezeiza tiene hoy dos mil internos y supo tener entre sus presos a ex funcionarios públicos o personas vinculadas a la política. Allí estuvieron el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Obras Públicas José López, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el empresario Lázaro Báez, el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, entre otros. En sus casos formaron parte de lo que fue el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC). Y en Ezeiza actualmente están detenidos jefes de organizaciones criminales, como Esteban “Lindor” Alvarado, condenado por ser uno de los líderes de la venta de droga en Rosario.

Alperovich ya fue sometido a los primeros estudios médicos y cuando estén los resultados le serán informados al juez Juna Martín Ramos Padilla. El tribunal le informó al SPF que hoy recibirá la visita de sus abogados, encabezados por Augusto Garrido. El ex gobernador también puede recibir visitas, incluso esta mañana estuvieron sus hijos. “La verdad es que es todo mentira y la verdad va a salir a la luz. Estamos pasando el peor momento que puede pasar alguien cuando es algo falso e injusto. Esto es tremendo. Estamos unidos como familia, mi mamá y nosotros, los hijos, y como tanta gente que nos está apoyando”, dijo Sara Alperovich en diálogo con los medios cuando llegó a la cárcel de Ezeiza.

Por estar en el hospital penitenciario, Alperovich solo puede recibir la visita de sus familiares directos y con horarios y días más restringidos. Cuando pase a un pabellón común tendrá el régimen de visitas habitual de todos los internos.

El tres veces gobernador de Tucumán fue condenado ayer a 16 años de prisión como autor de tres hechos de abuso sexual y nueve violaciones contra su sobrina, quien entre 2017 y 2019 trabajó con él como secretaria privada y en la campaña electoral para volver al cargo en 2019. El fiscal Sandro Abraldes había pedido una condena de 16 años y medio de prisión y Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, los abogados del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación que representaron a la víctima, una pena de 22 años.

El juez Ramos Padilla consideró que Alperovich cometió los delitos “mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad” y ordenó “disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal”, tal como habían pedido la Fiscalía y la querella por riesgo a una posible fuga.

Fuente: Infobae

Stormy Daniels, la ex actriz porno en el centro del caso que llevó a Donald Trump a ser declarado culpable de fraude contable en un juicio penal, pidió que el ex presidente y actual candidato republicano a la Casa Blanca vaya a la cárcel, en una entrevista publicada en la prensa británica.

"Creo que debería ser sentenciado a cárcel y a algún servicio comunitario trabajando para los menos favorecidos, o siendo un saco de boxeo voluntario en un refugio para mujeres", dijo Daniels el sábado al periódico británico Daily Mirror.

Esta es la primera entrevista de Daniels desde que un jurado de Nueva York declaró culpable el jueves al ex presidente de 34 cargos por falsificación de documentos contables para esconder un pago destinado a silenciar a la ex actriz, que afirma que tuvo relaciones con el magnate, algo que él desmiente.

Daniels, de 45 años, asegura que recibió un pago de 130.000 dólares para evitar un escándalo sexual en la recta final de la campaña de 2016 que llevó a Trump a la Casa Blanca.

"Estar ante el tribunal fue muy intimidante para mí, con los miembros del jurado mirándome", contó la mujer que usa un nombre artístico, pero que legalmente se llama Stephanie Clifford. "Como siempre dije, yo he estado diciendo la verdad todo el tiempo".

El testimonio de Daniels fue uno de los momentos más comentados del juicio, ya que contó detalles de la relación sexual que tuvo con el magnate en 2006.

"Esto no ha terminado para mí. Para mí, esto nunca se va a terminar", señaló la mujer, que sostuvo que aunque Trump sea declarado culpable, ella tiene que convivir para siempre con este "legado".

El republicano de 77 años, que calificó el proceso en su contra de "injusto", fue liberado sin fianza tras la audiencia esta semana.

Trump fue declarado culpable de 34 cargos penales por un jurado de 12 neoyorquinos que dio su veredicto histórico el jueves, en una decisión que sacudió la campaña electoral para las presidenciales del 5 de noviembre.

Lo encontraron responsable de haber ocultado en los balances de su empresa un pago de 130.000 dólares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, que había tenido sexo con él y que si hablaba podría haberlo perjudicado en su campaña electoral de 2016, que lo llevó a la presidencia.

El ex mandatario podría ser condenado a cuatro años de cárcel por cada cargo, pero es más probable que sea sentenciado a libertad condicional, ya que no tiene antecedentes. Aun así, no está inhabilitado para continuar su campaña electoral, incluso en el improbable caso de que vaya a la cárcel.

Fuente: Clarín

La Justicia de Mercedes condenó a 14 años de prisión a Franco Agustín Brauton por abusar sexualmente de por lo menos cuatro jóvenes entre 2018 y 2020. La particularidad del caso es que su padre está preso por el mismo delito: cumple una pena de cuatro décadas de cárcel por haber violado a siete mujeres.

Las víctimas, que no tenían vínculo entre sí, se unieron al conocer sus historias y denunciaron a Franco Brauton, profesor de música de 29 años, por atacarlas en la localidad bonaerense de Marcos Paz. Sin embargo, aunque fueron cuatro los casos que llegaron a la Justicia, se cree que podrían ser muchas más las mujeres atacadas por el agresor.

“El tribunal ponderó la visión de género, también consideró como agravantes haber perpetrado los hechos en la madrugada y la vulnerabilidad de las víctimas que no podían defenderse ni huir”, contó a Clarín Valeria Carreras, la abogada de las cuatro víctimas.

Tras una investigación de más de dos años, Brauton (hijo) llegó al juicio detenido y esta semana el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes lo sentenció a una pena de 14 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal (en tres hechos), y abuso sexual simple en el restante, de acuerdo al fallo de los jueces Juan Miguel Tillet, Juan Manuel Renaud Mas y Jorge Pablo Vieiro.

En sus últimas palabras antes de conocer el veredicto, Brauton negó las acusaciones, y aseguró:”No tengo nada que ver con mi padre”. No obstante, dijo sentirse arrepentido por “haber sido inmaduro” y afirmó siempre les preguntaba a las chicas si querían tener relaciones por temor a ser denunciado.

La defensa, a cargo de la abogada Mónica Smidt, había pedido la absolución del imputado y responsabilizó, en cambio, a las víctimas por realizar “falsas denuncias”. Además, intentó desacreditar sus testimonios por “la paranoia de género”.

El ahora condenado es hijo de un contador Walter Brauton, quien fue sentenciado en 2009 a 40 años de prisión por siete violaciones y tres intentos de abuso, robo y nueve secuestros. Las víctimas tenían entre 17 y 23 años.

El hombre había sido beneficiado con salidas transitorias y el 17 de agosto de 2013 se escapó con su amante después de colocarle sedantes en el agua del mate al guardia que lo custodiaba durante una visita a su madre, que sufría de hipertensión.

Finalmente, fue recapturado en Bolivia a fines de 2018.

Fuente: TN

Luego de que se difundiera una grabación de una golpiza que le propinaron a una reclusa de la cárcel de Bouwer para mujeres, el Ministerio de Justicia de Córdoba explicó que la situación ya había sido controlada y que las agresoras fueron apartadas. Si bien en un fragmento del video se escuchó como la víctima pedía ayuda al exclamar: “Me están matando”, las autoridades indicaron que ésta había recibido la asistencia médica necesaria.

A pesar de que la filmación parecía ser reciente, lo cierto es que la agresión sucedió el pasado 22 de marzo, cuando un grupo de detenidas acorralaron a una de sus compañeras para golpearla. La golpiza se dio en uno de los pabellones, en donde las atacantes utilizaron como armas sus propios puños, palos de escoba, patadas y hasta llegaron a tirarla de los pelos.

“Sacá un palo de mi pieza, Jimena”, se escuchó a la presunta líder de la banda que le ordenó a otra de las involucradas que fuera a tomar los elementos que utilizaron en contra de la mujer. Si bien no se dieron detalles de qué ocurrió antes del ataque, al comienzo de la grabación ya podía observarse que la agredida estaba asustada y sentada en un rincón.

De acuerdo a la información publicada por ElDoce.tv, una vez que la otra detenida le entregó el palo a la presunta orquestadora del ataque, ésta comenzó a golpear a la mujer que estaba en el suelo y solo fue cuestión de segundos que otra más se sumara a la agresión. Por su parte, la víctima solo atinó a cubrirse el rostro con las manos, mientras pedía auxilio a los agentes del Servicio Penitenciario.

“Diego, por favor abran el portón. Por favor, te pido Diego, me están matando”, gritaba la detenida, mientras que la supuesta jefa la retaba a seguir llamando a los guardiacárceles. “Decile al putito ese, dale, dale. Decile al puto ese que no tiene huevos”, pronunciaba, para después agregar: “Dale, decile que nos lleve al portón”, en referencia a un presunto punto de penitencia establecido en el penal.

Por el momento, tampoco se dio con el origen de la discordia entre las presas, sin embargo, la señalada como la líder de la pandilla le exigió que se disculpara por algún acto que la habría afectado. “Pedime perdón en la cara, todo lo que me están haciendo, la concha de tu madre, te vamos a matar gila. Te voy a cagar a puñaladas”, amenazó.

A pesar de que no se captó el momento en el que la mujer agredida fue socorrida por los guardias de seguridad, desde la cartera de Justicia revelaron que el motivo detrás del ataque habría sido un “riña”, la cual ya fue denunciada por el Servicio Penitenciario en la unidad judicial correspondientes y al órgano de control que antes era conocido como Tribunal de Conducta. Asimismo, confirmaron que la víctima recibió atención médica, mientras que las agresoras fueron trasladadas hacia otros sectores de la cárcel.

Por otro lado, aún continúa bajo investigación el crimen de César Darío Moreno, el detenido que habría sido asesinado y torturado por el personal de la cárcel de Bouwer para hombres. Según reconstruyeron los investigadores, la víctima habría sido atacada por el personal penitenciario, por lo que tuvo que ser atendido por los médicos del lugar, quienes lo habrían atado e inmovilizado por más de 48 horas hasta que murió.

“Se procedió a una sujeción que nunca fue preventiva, una sujeción que representó una verdadera tortura”, apuntó el abogado querellante, Alejandro Pérez Moreno, al describir que “lo apretaron en todas las extremidades, lo mantuvieron al menos 48 horas sin suministrarle alimentos y bebidas”. Asimismo, el representante de la familia de la víctima denunció que “si hizo necesidades encima, no lo higienizaron”, por lo que habría transcurrido sus últimos días en condiciones infrahumanas.

Hasta el momento, la causa cuenta con nueve detenidos, entre ellos, dos médicos, los cuales tendrían diferentes grados de responsabilidad en la comisión del delito de tortura seguida de muerte. No obstante, las imputaciones de los acusados no fueron formuladas, pese a que desde la Fiscalía de Homicidios adelantaron que el expediente reunió varias filmaciones, testimonios, pruebas técnico científicas, análisis interdisciplinarios realizados por la Dirección General de Policía Judicial y del Instituto de Medicina Forense que serían contundentes, para cuando el fiscal a cargo de la investigación los cite para ponerlos en conocimiento de su situación procesal.

Fuente: Infobae.

Un nuevo detenido se sumó a la causa que investiga la muerte del preso asesinado en la cárcel de Bouwer, ubicada en el sur de la provincia de Córdoba, luego de que un médico se entregara en la Unidad Judicial de Homicidios. Se trata del segundo personal de salud que trabajaba en el penal y, según la hipótesis de los investigadores, habría sido el responsable de seleccionar el supuesto tratamiento médico que habría terminado por ocasionarle la muerte. “Él sostiene que es inocente, que hizo correcta toda la praxis que le tocó implementar”, aseguró el abogado defensor Tomás Aramayo.

El caso se dio a conocer en septiembre del 2023, cuando un detenido de 50 años, identificado como César Darío Moreno, murió como consecuencia de haber pasado 48 horas atado e inmovilizado en una camilla que se encontraba en el área médica de la cárcel. Previo a esto, el hombre se había enfrentado a varios efectivos del Servicio Penitenciario Federal, por lo que tuvo que ser trasladado para que recibiera la asistencia médica requerida.

Hasta el momento, la investigación cuenta con un total de nueve detenidos, entre ellos, el director de un módulo del penal, seis guardiacárceles y dos médicos. Según apuntó el fiscal a cargo de la causa, José Mana, el profesional que se entregó a la Justicia podría haber sido el responsable de haber indicado el tratamiento que habría desencadenado la muerte de la víctima.

De acuerdo a la información publicada por ElDoce.tv, los investigadores acusaron a los detenidos de presuntamente haberlo torturado hasta la muerte, debido a que el hombre habría sido atado a una camilla y no habría recibido la atención médica necesaria. No obstante, todavía no se dieron a conocer las imputaciones que le correspondería a cada uno de los apresados, ya que resta que Mana los convoque a una ronda de indagatorias para poder procesar las acusaciones.

“Se procedió a una sujeción que nunca fue preventiva, una sujeción que representó una verdadera tortura”, apuntó el abogado querellante, Alejandro Pérez Moreno, al describir que “lo apretaron en todas las extremidades, lo mantuvieron al menos 48 horas sin suministrarle alimentos y bebidas”. Asimismo, el representante de la familia de la víctima denunció que “si hizo necesidades encima, no lo higienizaron”, por lo que habría transcurrido sus últimos días en condiciones infrahumanas.

Por su parte, el abogado defensor del médico que se entregó a la Justicia, Tomás Aramayo, reveló que “él sostiene que es inocente, que hizo correcta toda la praxis que le tocó implementar”. En medio de una charla con el noticiero, el letrado aseguró que su cliente “no tiene ningún problema”, en referencia a la disposición que mostró ante las autoridades.

“Él está con el resto de los otros -detenidos- que es la tortura seguida de muerte, pero hay que ver el grado de participación que le atribuyen”, adelantó Aramayo sobre la imputación que podrían formularle al noveno detenido. Asimismo, indicó que la figura que le correspondería podría ser la de “colaboración”, para que el crimen fuera consumado, sin embargo, remarcó que tomó la decisión para demostrar que no tiene nada que ocultar.

Según indicaron desde la Fiscalía de Homicidios, el expediente cuenta con filmaciones, testimonios, pruebas técnico científicas, análisis interdisciplinarios realizados por la Dirección General de Policía Judicial y del Instituto de Medicina Forense que serían contundentes para formular las imputaciones contra los nueve detenidos. Asimismo, activaron los protocolos de Estambul y Minnesota para investigar presuntos hechos de tortura y muertes ilícitas en contextos de encierro penal, como fue el caso de Moreno, quien había sido trasladado al penal por falta de espacio en el Establecimiento Penitenciario 9 luego de que fuera detenido por protagonizar un incidente en una panadería.

Fuente. Infobae.

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el acto de inauguración de una nueva Alcaidía Departamental en la localidad de Melchor Romero, La Plata, junto a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni, y la directora provincial de Alcaidías Departamentales, Paula Montero.

Como resultado del Plan de Infraestructura Penitenciaria, se realizó también el cierre definitivo de los calabozos de la Comisaría 7° de Glew, en Almirante Brown.

Con una inversión de $1.030 millones de pesos, la nueva alcaidía funcionará como un lugar de detención transitoria en el que las personas esperarán la resolución de su situación procesal en condiciones adecuadas. El nuevo edificio tiene 5.600 metros cuadrados y cuenta con 312 plazas distribuidas en 52 celdas de alojamiento colectivo, además de un SUM y espacios de vinculación familiar, centro médico y área de servicios para el personal penitenciario.

“Cuando llegamos al Gobierno, encontramos una situación de emergencia en el sistema penitenciario: no solo había una sobrepoblación del 120%, la más grande de la historia, sino que 16 mil internos realizaban una huelga de hambre porque, producto del ajuste, no se pagaban los alimentos y los remedios”, expresó Kicillof y agregó: “La falta de gestión y de inversión impactaron luego en la reincidencia, que llegó al 46%. Por eso lo que estamos haciendo ahora no es solo construir mejores cárceles y comisarías: estamos atendiendo la seguridad ciudadana en beneficio de los y las bonaerenses”.

La obra forma parte de la segunda etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria, programa que permitirá incorporar 12.000 plazas y promueve el alojamiento de internos para favorecer su reinserción social, el acceso a la educación, oficios y ámbitos recreativos. En ese marco, durante la jornada se llevó adelante el cierre de los calabozos de la Comisaría 7° de Almirante Brown, donde antes de 2020 se habían llegado a alojar hasta a 54 internos.

Al respecto, Alak señaló: “La inversión no sólo está enfocada en la construcción de nuevos espacios de detención como las alcaidías o cárceles, sino también en los polos productivos que permiten que los internos se capaciten y trabajen en la producción de insumos como guardapolvos y mobiliario para las escuelas bonaerenses”. “Con este plan, logramos disminuir la reincidencia de 46 a 26%”, indicó.

“A pesar de los discursos de quienes atacan todos los días al Estado, en la provincia de Buenos Aires se observa una realidad distinta, en la que las obras empiezan, se terminan y mejoran la calidad de vida de todos y todas”, señaló el Gobernador y añadió: “El resultado de esta inversión lleva a que los detenidos dejen de estar en las comisarías y que los policías vuelvan a dedicarse a ello para lo que fueron entrenados, que es patrullar las calles y atender la seguridad de los y las bonaerenses”.

“Este plan no era un proyecto imposible ni faraónico, sino que requería toda la dedicación, el trabajo y el empeño al servicio del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Kicillof.

Participaron de las actividades el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses, y el subjefe Javier Cáceres; el intendente de Almirante Brown, Juan José Fabiani; el diputado nacional Federico Fagioli y su par María Rosa Martínez; el diputado provincial Mariano Cascallares; las legisladoras bonaerenses Lucía Iañez y Natalia Sánchez Jáuregui; las concejalas Cristina Vilotta, Ana Negrete, Paula Lambertini y Yanina Lamberti; dirigentes gremiales; funcionarios y funcionarias provinciales y municipales.

Un allanamiento en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán logró secuestrar un teléfono celular por el cual un detenido realizaba "llamados y pretendía mantener contacto casi diario con su ex esposa" mediante mensajes en los que le solicitaba ver a sus hijos, "le recriminaba conductas e intentaba persuadirla por medio de la culpa para volver a tener contacto con su hija, víctima de abusos sexuales de parte de esta persona", detallaron las fuentes de seguridad.

El caso comenzó en octubre de 2020, cuando "una menor de 17 años asistida por su madre (35) denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia que desde los 12 años era víctima de abuso sexual por parte de su padre de 44 años de edad. Por el hecho, el progenitor de la víctima fue detenido, encontrándose alojado en la Alcaidía Penitenciaria de la Unidad Penal 44 de Batán", consignaron las fuentes oficiales.

"A pesar de encontrarse privado de la libertad, a partir de mediados de febrero de 2021, el imputado ha intentado comunicarse con la denunciante desde un abonado de la empresa Telecom, a través de la aplicación Whatsapp, desde la cual pretendía mantener contacto casi diario con su ex esposa mediante mensajes en los que le solicitaba ver a sus hijos, le recriminaba conductas e intentaba persuadirla por medio de la culpa para volver a tener contacto con la víctima", continua el relato aportado a esta redacción.

Es por ello que en la tarde de este martes, personal de la Comisaría de la Mujer y la familia efectivizó orden de allanamiento en la celda donde el causante se encuentra alojado y una requiza del personal "procediendo al secuestro de un teléfono celular marca Samsung, modelo J7, Prime y tarjeta SIM de la empresa Telecom, propiedad del detenido en cuestión", informaron.

Los elementos secuestrados de acuerdo a lo dispuesto por el Dr Arévalo, a cargo de la UFIJE N°7 que lleva adelante la investigación, fueron remitidos para ser analizados a la sede tribunalicia.

Dos mujeres de 19 y 48 años fueron detenidas en las últimas horas cuando intentaban ingresar marihuana oculta en el interior de un paquete de yerba y un pomo de mayonesa a una cárcel de Melchor Romero, en La Plata, informaron hoy fuentes policiales.

Según indicaron los voceros, en la requisa de rutina el personal penitenciario halló entre varios alimentos, un paquete de yerba con 16 gramos de marihuana y un pomo de mayonesa que contenía una sustancia pastosa en su interior que las mujeres pretendían entregar a un detenido en el horario de visitas.

Voceros de la fuerza indicaron que las mujeres fueron trasladadas a comisaría 14ta. de Melchor Romero, acusadas del delito de infracción a la Ley 23.737 y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno en el Departamento Judicial de La Plata, que dispuso las actuaciones de rigor para avanzar con la causa, detallaron las fuentes.

Una persona privada de libertad ambulatoria se convirtió en el primero en rendir un examen universitario desde la cárcel bonaerense ubicada en la localidad de Urdampilleta, partido de Bolívar, informaron hoy fuentes penitenciarias.

Se trata de Cristian, un estudiante alojado en la Unidad 17, quien rindió el examen oral a través de una plataforma virtual y aprobó con 8 la materia Economía Política de la carrera de grado de Comunicación Social.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destacaron el logro que refuerza los beneficios de la conectividad digital, que en época de pandemia y crisis sanitaria fortalece los vínculos familiares, facilita audiencias judiciales y permite la continuidad pedagógica.

"Estas posibilidades que nos brindan, nos permiten soñar con mejores oportunidades al recuperar la libertad. Me ilusiono con avanzar en la carrera, desarrollarme intelectualmente y poder ayudar a mi familia", comentó Cristian, quien cursa la licenciatura en Comunicación Social dictada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), a través del programa de educación en contexto de encierro.

“Terminé el secundario en la Unidad 23 de Florencio Varela y pensaba seguir estudiando, pero no sabía bien qué carrera. Cuando llegué a la Unidad 2 Sierra Chica y me dijeron las propuestas que había enseguida me decidí por Comunicación”, dijo el detenido.

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, precisaron que tras un año de cursada atípica por la pandemia, "la tecnología fue fundamental para continuar con los procesos de enseñanza permitió que los estudiantes en contexto de encierro no vean vulneradas sus posibilidades de continuidad pedagógica".

"La educación, en todos sus niveles, forma parte de los pilares fundamentales en el trabajo del Servicio Penitenciario Bonaerense hacia la reinserción social de los privados de la libertad", subrayaron.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron hoy en Lomas de Zamora 840 plazas y cinco hospitales penitenciarios en 11 penales bonaerenses y presentaron el Programa de Infraestructura 2021–2022, que prevé la construcción de otras 10 mil plazas y 10 hospitales. Una de ellas será en Batán.

El sistema de salud tiene prevista la inauguración de otros 10 hospitales en marzo próximo en las unidades de Mar del Plata, Campana, San Martín, La Plata, Junín y los nuevos Complejos Penitenciarios Norte, Sur, Este y Oeste del conurbano bonaerense.

El acto, del que participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el intendente Martín Insaurralde, se realizó en la nueva Unidad 58 que, junto a la ampliación de otras cinco, le permitieron a la Provincia construir 1.222 plazas y levantar cinco hospitales en el primer año de gestión.

“A nadie se lo recupera socialmente en un lugar de marginalidad, donde se lo segrega y discrimina, donde no se le da de comer ni se lo cura. Nadie puede verse en esas condiciones con vocación de reintegrarse a la sociedad”, por eso es necesario “que cumplan la condena y se reintegren en la sociedad. No es un problema de mano dura, es un problema de entender que estamos en una sociedad desigual que muchas veces conduce a la desesperación del delito como única salida”, afirmó Alberto Fernández.

Estas obras son un aporte concreto a la seguridad ciudadana y a la baja de la tasa de reincidencia porque incluyen espacios educativos y de formación laboral, destinados a mejorar la reinserción social de los internos mediante la capacitación educativa y laboral, y el vínculo con sus familias y los municipios de donde provienen.

“Asumimos con 15.000 internos en huelga de hambre, así comenzó nuestro gobierno, pero un día hay que empezar a caminar la vía de la solución definitiva y de fondo de los problemas más grandes de la Provincia”, destacó Kicillof. El Programa de Infraestructura Penitenciaria financiado con fondos nacionales y provinciales será el más grande la historia y propone reducir la sobrepoblación del 110 % que heredó este gobierno, cuya gravedad fue calificada, en octubre de 2019, como "una verdadera crisis humanitaria" por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires y la ONU.

Las 840 nuevas plazas de hoy se suman a las 382 inauguradas en San Martín, Florencio Varela y Magdalena en agosto pasado e incluyen obras en seis unidades penitenciarias: la nueva Unidad 58 de Lomas de Zamora para 432 plazas, construida de acuerdo a las normas Mandela de la ONU, con espacios especiales para formación educativa y capacitación laboral; las ampliaciones de las alcaidías de Campana, con 76 nuevas plazas, y la Alcaidía Petinatto de Olmos, con 144 nueva plazas. Estas dos últimas, con salones de usos múltiples, oficinas para atención de asistentes sociales y psicólogos y guardias internas y externas.

Otras obras fueron también la ampliación de la Unidad 26 de Lisandro Olmos con 144 plazas, nuevo SUM, taller, escuela y ampliación de la cocina, nuevas guardias, externa e interna, hospital penitenciario y salón comedor para los agentes penitenciarios; la puesta en valor de la Unidad 54 de Florencio Varela, donde se construyen seis viviendas con capacidad para 48 privados de la libertad en la última etapa de la condena. También aquí se levantaron 2 SUM y nuevas aulas y talleres. Y, en la Unidad 32, se inauguró una nueva planta depuradora de efluentes, se renovó y amplió el taller y el espacio donde funciona la escuela.

Además, con la inauguración de cinco hospitales en los complejos de Lomas de Zamora, Florencio Varela, Sierra Chica, Ituzaingó, y General Alvear se pone en marcha el Sistema de Hospitales Penitenciarios, con el objetivo de aumentar de 57 a 450 las camas de internación en todo el territorio provincial, brindar atención de alta calidad y descomprimir el sistema público de salud. Estas obras fueron construidas con fondos nacionales y cuentan con laboratorio, salas y equipos de rayos y ecografía, camas de terapia intensiva, unidades de diálisis, y mamógrafos.