Con el Aula Silvia Filler colmada, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en Mar del Plata su informe anual “El sistema de la crueldad XIX”. La actividad, organizada junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y distintas organizaciones sindicales y sociales, reunió a referentes de derechos humanos, estudiantes, trabajadoras y trabajadores.

El documento, que la CPM elabora desde hace más de veinte años como mecanismo local de prevención de la tortura, realiza un diagnóstico integral sobre los lugares de encierro, las políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires. En esta edición, el informe volvió a denunciar la persistencia del sobreencarcelamiento, la tortura sistemática, la violencia policial y la impunidad judicial.

Durante la presentación, el secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García, destacó que el informe “es una radiografía de las violaciones a los derechos humanos que el Estado penal ejecuta en la provincia de Buenos Aires”, y explicó que los equipos del organismo realizan un trabajo permanente de relevamiento e inspección en cárceles, comisarías y centros de salud mental. “Ninguna democracia puede convivir con las violaciones de derechos humanos que relevamos cotidianamente. Lo que pretendemos es aportar información y evidencia para que efectivamente las políticas públicas cambien”, sostuvo.

Además, Cipriano García advirtió que “las políticas de seguridad y penitenciarias son transversales a todos los gobiernos” y que, aunque existen algunas iniciativas de mejora, “estructuralmente no se modifican las condiciones de encierro”. En esta edición del informe, la CPM documentó una sobrepoblación del 110% y más de 80 mil hechos de tortura denunciados durante el año pasado.

Por su parte, la presidenta de la APDH Mar del Plata, Anahí Tanguikián, subrayó la importancia de que existan organismos independientes que mantengan una mirada crítica sobre las instituciones del Estado. “Las personas privadas de su libertad o en contextos de encierro viven situaciones de gran vulnerabilidad. Este informe permite visibilizar las violaciones institucionales y sostener una defensa activa de los derechos humanos como pilar de la democracia”, señaló.

Tanguikián también se refirió al contexto político actual, marcado por un retroceso en materia de derechos: “Estamos muy preocupados porque se desconocen conquistas básicas de hace más de 70 años. Se promueven discursos que legitiman la violencia y el odio hacia los sectores más vulnerados. Frente a eso, es fundamental mantenernos firmes y organizados”.

La jornada cerró con un intercambio entre los presentes sobre la necesidad de sostener una agenda común en defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia institucional.

El informe completo puede consultarse en la página web de la Comisión Provincial por la Memoria: www.comisionporlamemoria.org

La cárcel estará ubicada en Saint-Laurent-du-Maroni, una comuna en plena selva amazónica, y se prevé que reciba a sus primeros internos en 2028. Contará con capacidad para 500 reclusos y demandará una inversión cercana a los 450 millones de dólares. 

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, sostuvo que el objetivo es alojar allí a narcotraficantes e islamistas considerados de alta peligrosidad, muchos de ellos provenientes de la Francia metropolitana.

El anuncio, sin embargo, desató el rechazo de dirigentes políticos locales, académicos y organizaciones de derechos humanos. “Nosotros no somos la basura de Francia”, expresó el diputado francoguayanés Davy Rimane, quien denunció que la decisión se tomó sin consulta previa a los representantes del territorio.

Entre 1852 y 1953, la Guayana Francesa fue sede de un sistema de colonias penales que recibió a más de 70.000 presos condenados al trabajo forzado, en condiciones extremas y con alta tasa de mortalidad. El nuevo penal estará ubicado muy cerca del antiguo puerto de entrada a la Isla del Diablo, célebre por el libro Papillon.

Para críticos del proyecto, como la criminóloga Marion Vannier, enviar presos a una zona tan remota no solo remite al pasado colonial sino que puede violar derechos humanos. Advirtió que el aislamiento geográfico afectará el contacto con familiares y complicará el acceso a atención médica, ya que Guayana tiene un sistema sanitario frágil y escasos hospitales.

La Colectividad Territorial de Guyana (CTG), que representa a la asamblea regional, también expresó su rechazo al considerar que la prisión es una “réplica de muy mal gusto” del antiguo “bagne”. Incluso desde el propio gobierno, el primer ministro François Bayrou pidió que el plan no avance sin diálogo con las autoridades locales.

A pesar de las críticas, el Ministerio de Justicia sostiene que la cárcel busca combatir el narcotráfico en un territorio clave para el tránsito de drogas hacia Europa.

Fuente: BBC

La realidad carcelaria en Argentina suele estar fuera del foco cotidiano. Solo se cuela en la conversación pública cuando ocurre una fuga, un motín o un hecho policial resonante. 

Sin embargo, en las sombras del sistema penitenciario se libra una batalla silenciosa entre el castigo y la posibilidad de una segunda oportunidad. 

En diálogo con "Los datos del día", programa que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7), Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ofreció una radiografía del sistema penitenciario argentino.

"Lo que vemos hace más de una década es un crecimiento constante de la población detenida", advirtió Fernández Hoffman. 

"La mayoría de las personas presas no están por homicidios o delitos violentos, sino por delitos contra la propiedad, como hurtos o robos menores", remarcó la especialista. 

"La cárcel termina siendo un lugar al que es fácil entrar, pero cada vez más difícil salir definitivamente", graficó.

La situación se complejiza aún más con decisiones recientes que afectan derechos fundamentales dentro del encierro. El Ministerio de Seguridad resolvió prohibir los centros de estudiantes en cárceles federales, espacios clave para sostener vínculos con el mundo exterior y para fomentar proyectos educativos entre personas privadas de libertad. "No es una regulación, es directamente una prohibición. Es una medida de máxima, poco proporcional y muy preocupante", señaló Fernández Hoffman.

"El problema es que el discurso del castigo como única respuesta a la delincuencia se instaló socialmente hace años. Pero si realmente queremos que alguien no vuelva a delinquir después de pasar por la cárcel, tenemos que garantizarle el acceso a otros derechos mientras está encerrado: educación, trabajo, contacto con su familia", sostuvo la investigadora.

La mirada de la sociedad sobre las personas presas, admite, es una de las barreras más difíciles de romper. "Es una mirada de desprecio. Y eso no ayuda a que una persona pueda reinsertarse. Lo que termina pasando es que la cárcel, lejos de rehabilitar, empeora la situación: es un espacio duro, violento, sin contención. Y salir de ahí, sin redes ni oportunidades, es volver a un círculo que se repite", afirma.

En ese contexto, el Estado aparece más presente para encarcelar que para prevenir. “Hay muchísima inversión estatal en encerrar, pero muy poca en prevenir el delito o en acompañar a las personas que ya pasaron por una cárcel”, dijo.

Mientras tanto, los números —que aún deben analizarse con más profundidad— muestran que las cárceles están cada vez más llenas de jóvenes de sectores vulnerables, sin condena firme, que purgan penas en condiciones inhumanas por delitos menores. Fernández Hoffman lo resumió con crudeza: "Nadie sale igual de la cárcel. Pero lo más grave es que muchos salen peor".

Pensar en un sistema penitenciario diferente no implica ser ingenuos respecto al dolor que generan los delitos ni minimizar la necesidad de justicia. Pero sí nos invita a preguntarnos qué hacemos después del delito, cómo garantizamos que no se repita, y sobre todo, qué clase de sociedad queremos construir.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, inauguró la Cárcel Federal de Coronda “Dr. Eusebio Gómez” (Unidad 36), con el faltazo del gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en medio de versiones sobre la terminación o no de la obra. 

Se trata de un establecimiento penitenciario diseñado para enfrentar las crecientes demandas del sistema de justicia penal y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

“Esta cárcel es un símbolo de nuestra estrategia integral de seguridad”, dijo Bullrich durante el acto, donde enfatizó en la importancia de esta obra en el marco del combate al narcotráfico y otros delitos federales.

Para Bullrich, esta “nueva cárcel es un paso fundamental en esa lucha, una herramienta para garantizar que aquellos que cometan delitos graves enfrenten las consecuencias de sus actos en un entorno controlado, seguro y bajo el marco de la ley”. 

Tras el desplante de Pullaro, la titular de la cartera nacional fue respaldada en el escenario por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.

Ubicada estratégicamente a la vera de la ruta provincial N°64, entre las localidades de Coronda y Larrechea, la Cárcel Federal de Coronda tiene capacidad inicial para alojar a 464 internos y cuenta con instalaciones modernas que incluyen cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales, patios internos diseñados para actividades recreativas y de integración y un área educativa equipada con seis aulas para la formación de los internos.

Fuente: Noticias Argentinas

A través de una resolución publicada en las últimas horas firmada por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, el Gobierno estableció “la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”.

La medida precisó que las actividades podrán ser llevadas a cabo durante cinco horas diarias. También se detalló que estos trabajos no serán remunerados.

La resolución indicó que será el SPF el encargado de “elaborar los planes y cronogramas específicos de las tareas asignadas y controlar su cumplimiento”.

“Las personas privadas de la libertad no son víctimas sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual”, argumentó el gobierno nacional en su relación.

Allí se agregó que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a la legalidad y a los fines de la reinserción social”.

“Con el fin de reparar el daño causado a la sociedad y compensar los recursos invertidos por el Estado nacional en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo, es necesario que la totalidad de la población penitenciaria, en cualquier instancia de alojamiento que se encuentre, realice las actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes”, continuó la medida.

Esta resolución se deriva de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, “en cuanto establece que las cárceles serán sanas y limpias, sino que también son actividades que se orientan a facilitar una convivencia ordenada en beneficio de la población carcelaria”.

Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, remarcó que los materiales para que los internos realicen dichas tareas serán entregados por el SPF.

El funcionario expresó: “Todos tienen que participar si por ejemplo hay que pintar la celda, el pabellón o hacer mantenimiento de las camas”. Luego dijo que “con la resolución fortalecemos las tareas, se establecen cuáles son y un plazo total de cinco horas por día para llevarlas a cabo”.

“Cuando en pabellones hay conflictos, quedan dañados. Lo que viene a organizar esta resolución es a darle forma a esta situación de mantener el lugar y repararlo si hay algún daño, además de ser denunciado el que lo provocó”, explicó Curi.

El funcionario completó: “Queremos que los internos dejen de estar ociosos, sin hacer nada, que es el peor castigo que puede tener la sociedad. La persona que no se reinserte atenta contra la sociedad”.

Fuente: TN

El presidente Javier Milei habló hoy en un acto de entrega de sables a las fuerzas federales de seguridad, en el que se refirió a las políticas garantistas y anunció que los presos no podrán mudarse de cárcel por cambios en la identidad de género.

"Los delincuentes no van a a poder solicitar un cambio de penal bajo el paragüas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir", expresó durante su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El jefe de Estado hizo referencia al caso de “Guille” Cantero, el líder de la banda de narcos de Rosario “Los Monos”, quien se declaró bisexual y poliamoroso como excusa para agregar nombres a la lista de contactos estrechos.

En su discurso, hizo hincapié en los casos de delincuentes que utilizando la Ley de Identidad de Género buscan ser trasladados a cárceles de mujeres "para aprovecharse de las reclusas, o conseguir negociados a partir de condiciones más laxas".

"Quienes no adhieran a esta normativa lo único que estarán haciendo es premiando la creatividad de los criminales y faltándole el respeto a las víctimas del delito", advirtió.

Asimismo, Milei destacó el rol de las fuerzas de seguridad durante la ceremonia y aprovechó para criticar gestiones pasadas por la liberación de presos, como ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández en pandemia, y por un garantismo.

El presidente una vez más dijo que su gestión está basada en tres pilares: "el que las hace las paga", orden público y que "los buenos son los de azul".

"Son esos pilares que han diferenciado a la civilización de la barbarie a lo largo de la historia, y estos pilares nos están trayendo resultados positivos en el primer año de gestión bajo la brillante conducción de la doctora Bullrich", señaló y pidió un aplauso para la ministra.

Finalmente, brindó dos consignas que definió como "verdades inmutables" y allí destacó a la seguridad pública como “indispensable para el crecimiento del país”, al igual que el respaldo a las fuerzas de seguridad.

El Gobierno Nacional aumentó la suma que destina de forma diaria para el alojamiento de presos en los servicios penitenciarios federales y de las provincias.

La medida se confirmó a través de la Resolución 610/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada este jueves en el Boletín Oficial. “Fíjase el monto único y total a reconocer por el alojamiento y atención integral recíproca de internos de extraña jurisdicción en establecimientos penitenciarios federales y provinciales, en la suma de PESOS DOS MIL ($2.000) por día y por interno desde el 1° de enero de 2024″, establece el artículo primero del texto que lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich. “Cúrsense las debidas comunicaciones a las Provincias respecto de la modificación que se aprueba”, agrega la normativa.

La decisión responde al objetivo de alcanzar la cancelación de las obligaciones reclamadas por las Provincias en relación al alojamiento de internos: “Conforme al principio de solidaridad que el Estado Nacional mantiene con las Provincias y por las razones de urgencia que los asuntos de política penitenciaria demandan en cada una de las jurisdicciones, esta Administración tomó la decisión de encausar la cancelación de las obligaciones reclamadas por las Provincias”, señaló el Gobierno en los considerando.

El modelo vigente de Convenio de Adhesión al “Régimen de Fijación y Modificación del Valor Diario por el Alojamiento de Internos”, relativo a las prestaciones recíprocas de alojamiento de internos de extraña jurisdicción en los establecimientos penitenciarios federales y provinciales, se aprobó en 2013.

Dicho convenio, establece el mecanismo para la modificación del monto que se destina por día para el alojamiento de presos del Servicio Penitenciario Federal, “conforme las posibilidades presupuestarias del Estado Nacional”.

Dicho monto se estableció en el año 2016 en la suma de 375 pesos por día y por interno. Aquel importe aprobado en el 2016 se encuentra significativamente retrasado, y en tal sentido la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad remitió remitió las presentes actuaciones a la Secretaría de Coordinación Administrativa para su competente intervención mediante las áreas técnicas correspondientes”, informó el área a cargo de Patricia Bullrich.

La ministra está facultada a tomar esta decisión ya que al comienzo del Gobierno de Javier Milei, el Poder Ejecutivo determinó que el Servicio Penitenciario Federal dejara de depender del Ministerio de Justicia y pasara a funcionar bajo la órbita de Seguridad. En este marco se le transfirieron las unidades organizativas, como así también los créditos presupuestarios, bienes y dotaciones vigentes, como así también el personal con sus respectivos cargos y niveles escalafonarios, situación de revista y suplementos vigentes a la fecha de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia a Seguridad, se recordó en la publicación oficializada esta madrugada.

El Servicio Penitenciario desde hace años que se encuentra en crisis en Argentina. Un relevamiento de Infobae, con información al último 15 de abril, revela que en el SPF no hay plazas disponibles en sus cárceles dado que la capacidad operativa es de 10.932 cupos, mientras que los alojados ya suman 11.532. O sea, hasta esa fecha había 600 presos más de los que debería haber.

De esos 11.532, el 58% de los internos del SPF tienen condena, mientras que el 42% está procesado. La mayoría son hombres (93%) y mayores de edad (97%). El 83% son argentinos y el resto extranjeros. El 20 % de los detenidos estaba desocupado al momento de su detención, y solo 47 de los más de 11.500 detenidos, tienen un título universitario. En cuanto al tipo de delitos, los relacionados con las drogas ocupan el mayor porcentaje: 38%; le siguen los delitos contra la propiedad (32%) y contra las personas (11%).

El 56% de este universo se encuentra alojado en el AMBA, donde hay tres complejos penitenciarios federales: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. 

Fuente: Infobae.

Personas privadas de la libertad de seis cárceles bonaerenses participaron este jueves de un conversatorio virtual sobre el film “Mía”, en una jornada de reflexión en el marco sobre el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”.

La experiencia se desarrolló en penales de La Plata, Dolores, Junín, San Martín, Mar del Plata y Campana, en una iniciativa que forma parte de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que hace posible implementar el programa “Cine en Cárceles”.

“Mía”, dirigida por Javier Van de Couter y protagonizada por Rodrigo de la Serna, Camila Sosa Villada y Maite Lanata, no sólo plantea como ejes los derechos de las minorías y las discusiones sobre género, sino que también desarrolla temas como el respeto y la tolerancia para relacionarse con el prójimo.

La actividad fue posible por la coordinación desde el Servicio Penitenciario Bonaerense de la Dirección de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales conjuntamente con la Dirección de Jóvenes Adultos.

El encuentro vía zoom tuvo lugar en la Unidad 1 Olmos, 6 Dolores, 13 Junín, 47 San Martín, 50 Batán y 57 Campana, y contó con la presencia del director del film Javier Van de Couter y con la actriz Maite Lanata, la directora de Vinculación, Gestión y Planificación de Políticas Institucionales, Valeria Sampayo, el director de la Dirección de Jóvenes Adultos dependiente de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, Jorge Ruiz; el coordinador del programa Cine en Cárceles del INCAA, Camilo Moreira Biurra, el coordinador de Programas Especiales de la Subgerencia de Desarrollo Federal del INCAA Walter Pich y dos de los integrantes de ese organismo Nicolás Sciaccaluga y Rocío Santos, junto al personal penitenciario.

El realizador de la película remarcó: “Lamentablemente la discriminación sigue y vemos cómo desde la película se abre una puerta para la reflexión. Es necesario mirar más de cerca una problemática histórica por la que tenemos aún una deuda enorme”.

Maite Lanata, se mostró muy contenta por participar del evento “Me pone muy contenta que hayan visto la película. Yo tenía 9 años y esa fue mi primera experiencia en el cine. Creo que para el momento de su estreno, en 2011, la película fue disruptiva, adelantada y generó un avance importante en la mirada de la gente, sobre el tema de la identidad de género.”

En el debate se compartieron opiniones, como por ejemplo la de Jonathan de la cárcel de Dolores, quien leyó a los presentes unas líneas que destacaban la importancia de la familia. Además, se abordaron argumentos en relación a la discriminación, intolerancia, marginación y la exclusión social, pero también el de la capacidad de amor que, en ciernes, tienen todos los seres humanos.

Por su parte, Maite Lanata y Javier Van de Couter, contestaron todas las preguntas y recibieron aplausos y felicitaciones de todos los privados de libertad, quienes compartieron sus ideas, y remarcaron la necesidad de la aceptación, solidaridad y respeto para poder construir una sociedad en la que la discriminación y la intolerancia dejen de existir.

El programa Cine en Cárceles El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, firmó en enero pasado un convenio con el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Luis Puenzo, con el que se renovó un ciclo de cine destinado a personas privadas de su libertad que se encuentran alojadas en unidades penitenciarias.

En esa oportunidad acompañaron el subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio, José González Hueso y el vicepresidente del INCAA, Nicolás Batlle.

La agenda incluye las películas “Todo el año es navidad”, de Néstor Frenkel; “Las Vegas”, de Juan Villegas; “No sabés con quién estás hablando”, de Demian Rugna; "Badur hogar”, de Rodrigo Moscoso; “Yo sé lo que envenena”, de Federico Sosa; y ¨Pájaros volando”, de Néstor Montalbano, entre otros.

La propuesta incluye la proyección de la película, en primer término, y la oportunidad de establecer un intercambio de manera virtual con las personas privadas de su libertad -mediante la plataforma zoom- con el director y/o actores del film, posteriormente, con el fin de enriquecer cualitativamente la actividad.

En marzo de 2021, por el Día Internacional de la Mujer y en el marco del ciclo “Nosotras movemos el mundo”, mujeres y varones privados de la libertad se convirtieron en los espectadores de películas invitaban a reflexionar sobre el rol de las mujeres.

Internos de las Unidades 1 Olmos, 50 Batán y 51 Magdalena vieron el film “Alanis”, que aborda la diversidad de género, y luego asistieron a un encuentro por la plataforma Zoom, donde conversaron con la protagonista, Sofía Gala.

En las alcaidías departamentales La Plata II y Roberto Pettinato, Avellaneda y San Martín, y en las Unidades 9 La Plata, 5 Mercedes y 4 Bahía Blanca se presentó “Niña mamá”, una película sobre las tensiones de las maternidades forzadas y las consecuencias de los abortos clandestinos. Luego, con la emoción a flor de piel, los encarcelados mantuvieron una charla con la directora del film, Andrea Testa.

En tanto “Gilda, no me arrepiento de este amor” llegó a la alcaidía departamental La Plata III, a José C. Paz, a Lomas de Zamora y a Campana con la exposición de la guionista argentina Tamara Viñes.

En la Semana de los Pueblos Indígenas, que se conmemora entre el 19 y el 25 de abril, jóvenes adultos de la Unidad 9 La Plata y 45 Melchor Romero visualizaron el documental “4 Lonkos: Vida, Muerte y Profanación”, y luego participaron de un debate virtual con su realizador, Sebastián Díaz, y con el licenciado en Antropología del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Fernando Miguel Pepe Tessaro.

En conmemoración de la Guerra de las Islas Malvinas, se desarrolló un conversatorio virtual del documental:” Nosotras también estuvimos”, en siete unidades penitenciarias con la presencia del director de la película, Federico Strifezzo, y la participación de una de las enfermeras protagonistas, Alicia Reynoso.

Y con la proyección del film de 2012, dirigido por Ricardo Díaz Iacoponi, “Industria Argentina, la fábrica es para los que la trabajan”, los internos de las Unidades 1 Olmos, 6 Dolores, 9 La Plata, 13 Junín, 15 Batán, 51 Magdalena y 57 Campana, dialogaron con el director y productor, Néstor Sánchez Sotelo y la actriz y guionista, Cecilia Font, sobre la crisis de 2001.

Personas privadas de la libertad alojadas en la Unidad 3 de San Nicolás fabricaron una bicicleta adaptada para un joven con discapacidad y en uno de los penales de Magdalena, los internos elaboraron materiales educativos y más de 50 juegos didácticos para niños con autismo.

La fabricación de la bicicleta y su posterior entrega se produjo en el marco del programa “Más trabajo, menos reincidencia”, que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Como parte del proyecto “Manos que dan”, que se lleva adelante en el penal de San Nicolás, personas privadas de su libertad se capacitaron en el oficio de bicicletero y pusieron en práctica sus conocimientos con el armado de rodados para personas con discapacidades visuales y motrices.

Días atrás se concretó la donación de la bicicleta adaptada a Mateo, un joven con discapacidad motriz quien la recibió junto a su madre. “Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos llevado adelante con mis compañeros”, destacó Oscar, instructor del taller.

A lo largo de seis meses los internos se capacitaron bajo la coordinación de la jefa de la oficina socio laboral, Fernanda Domínguez; el coordinador de Formación Técnica, Nicolás Morales, y el jefe de Talleres, Gastón Ortega.

En tanto, en el marco del proyecto solidario denominado “Ayudar te ayuda” un grupo de detenidos de la Unidad 36 Magdalena, del Servicio Penitenciario Bonaerense, realizó una donación de elementos educativos y juegos didácticos a una institución de niños con autismo.

A través de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario se realizó la entrega del material didáctico y lúdico a la Red Federal de TGD “Padres TEA”, que poseen centros en todo el país, donde trabajan en educación y contención con niños y jóvenes con autismo para lograr una inclusión social.

Fueron 53 juegos didácticos realizados con materiales reciclables, como cajas de cartón, botellas de plástico y retazos de tela, además de goma eva, témperas, tijeras, fibrones y plasticola. Entre los juegos se destacaron la producción de barquitos, aviones, tortugas, para distribuir entre los niños.

Este material será donado a distintos centros terapéuticos y escuelas especiales, donde asisten personas con autismo de pocos o nulos recursos económicos.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, firmó este martes un acta acuerdo con el Centro Ana Frank Argentina, representado por Héctor Shalom, y con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos, para comenzar a dictar talleres de concientización sobre la violencia de género en once unidades penales que alojan a jóvenes adultos y en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

"Hay que trabajar en la esperanza, entonces si logramos que entren a las unidades instituciones como el Centro Ana Frank, ese camino va a ser más rápido”, puntualizó Alak tras la firma del convenio.

Por su parte, el embajador resaltó: "nos enorgullece participar de este proyecto, desde el Mundial '78 que hemos colaborado en materia de derechos humanos con Argentina, el ejemplo de Ana frank es una fuente de inspiración, igualdad y resistencia para los jóvenes en estos contextos”.

El acuerdo se firmó en el marco del programa de lucha contra la violencia de género “Convivencia inclusión y género. Vínculos y perspectiva de futuro”, una propuesta que busca concientizar en derechos y otorgar herramientas para reducir la conflictividad en contexto de encierro. “Este proyecto piensa en construirles un sentido de vida", destacó Héctor Shalom.

El Programa se dictará de manera semanal durante 90 minutos durante este año, con talleres de reflexión, escritura, literatura y teatro, de manera virtual en las Unidades penitenciarias 1 Olmos, 3 San Nicolás, 4 Bahía Blanca, 8 Los Hornos, 9 La Plata, 13 Junín, 15 Batán, 45 Melchor Romero, 47 San Martín, 54 Florencio Varela y 57 Campana.

El proyecto, elaborado juntamente con el Centro Ana Frank Argentina, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la Embajada del Reino de los Países Bajos, es coordinado por la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Asistencia y Tratamiento y la Dirección de Gestión, Vinculación y

Planificación de Políticas Institucionales

La iniciativa está dirigida, además de las personas privadas de su libertad jóvenes adultos y cadetes, a la totalidad de agentes penitenciarios del SPB.

A través de los talleres, se procurará brindar recursos para reflexionar y transmitir aprendizajes e ideas, utilizando metodologías innovadoras para generar actitudes positivas en los destinatarios, en cuanto a Derechos Humanos y derechos de la mujer para prevenir la violencia de género.

Teniendo en cuenta la situación actual en pandemia el proyecto contempla en su primera etapa encuentros virtuales exposición-taller.

“Violencias que Marcan, géneros en la Mira”, es el título de uno de los talleres que hará hincapié en los roles de víctima, protector, observador pasivo y agresor especialmente con respecto a la violencia contra la mujer.

La intención será generar empoderamiento ante la violencia de género, incluyendo historias de vida, procesos de detección temprana, situaciones frecuentes, derechos específicos, relación con pobreza, embarazos tempranos y violencia doméstica, femicidio, intimidad, dominación, agresión, abuso, campañas de prevención y sensibilización, entre otros.

El proyecto incluye la producción de relatos de los privados de libertad que serán publicados en una revista y la presentación de obras de teatros escritas y actuadas por los participantes.

Participaron de la firma del acta acuerdo el Embajador del reino de los Países Bajos, Roel Nieuwenkamp; la coordinadora del programa, Noami Szulman; el Ministro de la Corte Suprema de Justicia y presidente del centro académico Ana Frank, Sergio Torres; el subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso; el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses y Valeria Sampayo, a cargo de la Dirección de Vinculación y Planificación de Políticas Institucionales.

El programa buscará "desarrollar e implementar dispositivos tratamentales respecto de las violencias de género, para un abordaje psico socio educativo dirigido al universo de varones privados de su libertad alojados en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense o en alcaidías departamentales", indicó la resolución.

La medida planteó que "resulta de fundamental importancia poder pensar la masculinidad hegemónica como un problema que atraviesa a la sociedad toda, y abordarla en este proyecto específicamente en lo que respecta al universo de varones privados de su libertad".

"Esa masculinidad es el punto de identificación desde el cual se actúa, dando lugar a múltiples tipos de discriminación a lo diferente, así como a roles de género muy rígidos, donde la violencia es la expresión que los confirma en su identidad de género", expresó.

De ese modo, se expuso que poder problematizar dicha masculinidad "poniendo el acento en la construcción social del género y en que la misma se aprende en el proceso de socialización, permite contribuir a revisar y reconstruirla de una forma consciente".

El programa propone construir un dispositivo grupal coordinado por personal profesional penitenciario capacitado en temas de género, dirigido a los varones privados de libertad para abordar esa temática en cárceles y alcaidías.

El plan interdisciplinario abordará lo vinculado a masculinidades tanto para población general que elija participar como para los varones que se encuentren alojados en ellas, ya sea en forma voluntaria o por sugerencia de los juzgados.

El programa tendrá cuatro etapas: relevamiento de cada unidad penitenciaria para determinar los recursos humanos disponibles e interesados en formar parte del plan en calidad de talleristas; capacitación de esos profesionales; puesta en marcha del programa en cada cárcel; y monitoreo y seguimiento.

Se trabajará de modo semanal durante 90 minutos en forma grupal de entre 10 y 15 participantes con la coordinación de 2 personas.

La participación a los dispositivos grupales es voluntaria y confidencial; no se tendrán en cuenta las causas penales por los que los participantes se encuentran privados de su libertad y se trabajará para garantizar que quienes estén participando del programa no sufran traslados a otras unidades. ]]>

El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, creó este viernes mediante la Resolución 726/2020 publicada en el Boletín Oficial del distrito el Prog...]]>

Unos 45.000 cuadernillos de continuidad pedagógica y material de lectura fue entregado en las unidades penitenciarias bonaerenses, informó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Con el objetivo de garantizar el acceso a la educación y a través del programa de inclusión “Más trabajo, menos reincidencia”, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y el Ministerio de Justicia entregaron material de lectura y continuidad pedagógica para las cárceles.

El programa, que comenzó en junio, establecía la elaboración de material pedagógico específico dirigido a los internos que cursan algún nivel del sistema educativo provincial.

Esas acciones permitieron avanzar de manera articulada en el desarrollo de propuestas y acciones educativas para implementar en contextos de encierro mientras continua la suspensión temporaria de las clases presenciales. Asimismo, la cartera educativa elaboró un cuadernillo de actividades sobre temáticas generales para la población que no se encuentra cursando su escolaridad.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, dijo que "la iniciativa ‘Más trabajo, menos reincidencia’ está generando instancias de capacitación y empleo extramuros, la única manera de dar inserción y dignidad a quien cumplió una condena".

En tanto, la titular de la cartera educativa, Agustina Vila, expresó que se debe tener en cuenta que “si no hubo derechos básicos no hubo inserción”, y que por ese motivo “el acceso a la educación es un derecho social que debe ser garantizado para que se convierta en un hecho emancipatorio”.

En las unidades penales bonaerenses funcionan 123 servicios educativos de la DGCyE: 66 de nivel primario, en los que cursan 9.045 personas, y 57 de nivel secundario, en los que estudian 9.174 personas.

Esos estudiantes recibieron cuadernillos especialmente planificados y producidos por la cartera educativa siguiendo los diseños curriculares y las estrategias pedagógicas que surgen del área de Educación en contexto de encierro.

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó este jueves que un programa de asistencia y contención psicológica virtual para los detenidos alojadas en cárceles y alcaidías de Buenos Aires comenzará a aplicarse el próximo lunes, en el marco de la pandemia por COVID-19.

Se trata de un programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia que atenderá "la demanda de contención emocional y orientación de los internos que atraviesen situaciones de ansiedad, nerviosismo o depresión, preocupados por el impacto del coronavirus en la sociedad y en sus entornos más íntimos en la coyuntura de la pandemia".

El acompañamiento profesional estará coordinado por el área de Salud Mental y Adicciones de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, y contará con el aporte de psicólogos que prestan servicio en esa dependencia, en el SPB y en la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia.

El contacto de los profesionales con las personas privadas de libertad se realizará de manera digital a través de videollamadas y será un espacio de escucha y contención que buscará llevar calma y contrarrestar "los efectos de las tensiones que genera la crisis sanitaria".

Voceros del SPB explicaron que la población carcelaria de la provincia "no tiene contacto cara a cara con sus familiares desde mediados de marzo de este año, cuando se suspendieron las visitas con el fin de reducir las posibilidades de ingreso de coronavirus en ámbitos de contexto de encierro" y en cada una de las cárceles y alcaidías se conformaron listados con las personas que se han visto "más afectadas emocionalmente".

Los profesionales de la salud utilizarán la tecnología como método de acercamiento, a través de telefonía y salas de video conferencias en todas las Unidades Penitenciarias.

Luego de las entrevistas y en el caso de detectar síntomas psicopatológicos, se realizará la derivación a los profesionales competentes.

Un diagnóstico previo determinó que al menos unas mil personas privadas de la libertad manifestaron necesidad de asistencia psicológica, inquietudes por falta de información confiable, dudas y temores por motivos relacionados con la situación de pandemia.

Cada profesional se conectará desde su domicilio, utilizando las aplicaciones virtuales para establecer la comunicación con el individuo designado, en un marco de formalidad y seguridad de las comunicaciones que brindará el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Además, se asignará un tiempo determinado para asegurar igualdad de oportunidades de acceso al dispositivo, y se considerará el traslado desde los pabellones hasta las salas dispuestas para las teleconferencias, con condiciones de bioseguridad vigentes por la pandemia.

Tras las muertes de dos internos del penal de Batán, familiares y organizaciones sociales realizaron una acción de visibilización de las condiciones de detención de las Unidades Penales 15, 50 y 44 en el ingreso al edificio de Tribunales, con la lectura púbica de un petitorio.

Se trata de un banderazo, mediante el cual buscan hacer visible el reclamo que vienen llevando a cabo desde hace tiempo, vinculado al respeto de los derechos humanos de todas las personas detenidas y a la promoción de políticas públicas que den respuestas de forma integral a la compleja problemática del encierro en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Entre los familiares que se reunieron allí, se encuentra la esposa de Matías Serrano, quien, según indicaron fuentes oficiales, "se ahorco en la celda el pasado 12 de junio".

Canela Bella, referenta del espacio indicó: "Pedimos que puedan darle a los detenidos atención psicológica y psiquiátrica". "Nada se construye desde la tortura y desde el maltrato. Creemos que la educación y la cultura tienen que entrar a las cárceles", dijo.

"Este año ingresaron solamente, de dos mil detenidos, cinco detenidos a la Universidad Pública", remarcó y señaló las condiciones de hacinamiento: "Hay una superpoblación de un 120%".

"Le pedimos a los jueces de ejecución que intervengan, también le pedimos al presidente de la Cámara que nos atienda, tenemos un habeas corpus, que lo presentamos en diciembre, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta, ni sobre el hacinamiento, ni sobre las condiciones sanitarias", indicó.

"Las víctimas tienen derechos. Nosotros no queremos que liberen ni a violadores, ni a femicidas, ni a genocidas, pero sí queremos que cumplan con la Constitución Nacional", remarcó.

"La cárcel no sirve para reinsertar personas, es un sistema perverso", consideró. Además, se refirió al programa “Más trabajo, menos reincidencia”, que avanza en la documentación de personas en conflicto con la ley penal para que puedan trabajar y aseguró que "es por ahí".

Y sentenció que "en la cárcel de Batán no hay jabón, no hay cloro, no hay distanciamiento social. Que los que se tienen que quedar se queden con distanciamiento y los que pueden obtener domiciliaria que se vayan, sino va a ser un genocidio encubierto en las cárceles".

"No queremos que se mueran en la cárcel. En Argentina no existe la pena de muerte. Que la cárcel sirva para que cuando salgan no reincidan", subrayó.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial Julio Alak informó que en las cárceles de la Provincia hay 22 mil teléfonos registrados en manos de los presos, casi uno cada dos de los cerca de 50 mil internos en total dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El funcionario destacó la decisión judicial que habilitó que los presos puedan usar celulares y consideró que esa medida fue un factor clave para reducir los conflictos en las prisiones desde que la pandemia de coronavirus llevó a prohibir el ingreso de visitas, a fines de marzo pasado.

Los números fueron confirmados por el funcionario en una videoconferencia donde hizo un panorama con la situación de las cárceles con los legisladores que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

El tema penitenciario fue eje de un fuerte conflicto por los motines y revueltas de los últimos meses por las malas condiciones de alojamiento y los riesgos de un brote de coronavirus.

Ante los diputados, el titular de Justicia dijo que en la actualidad no hay casos positivos de coronavirus dentro de las cárceles, aunque no se informó qué cantidad de testeos se realizaron en los doce complejos penitenciarios.

Fuente: DIB

El titular del Juzgado de Garantías Nº 4, Juan Tapia, confió en su cuenta de Facebook habló sobre su visita a las Unidades Penales 50 y 44 del complejo penitenciario Batán, junto a funcionarios judiciales, la Defensora General Cecilia Boeri, y a Lucía Inés, Silvina Librande y Florencia Tittarelli, funcionarias del Ministerio de Justicia de la Provincia y del Patronato de Liberados bonaerense. A partir de ello, se armaron dos Mesas de Diálogo, con detenidos y personal de salud penitenciaria, que se suman promovida por diversos actores judiciales.

El magistrado expresó que “ni informes oficiales, ni relevamientos subjetivos de operadores judiciales. Para tener una descripción de cómo se vive en un contexto de encierro es necesaria una entrevista confidencial con cada detenido, en un ámbito propicio para conocer la cárcel real y con el tiempo suficiente para indagar sobre las condiciones de vida. Es la única manera de saber las problemáticas cotidianas de personas que están detenidas, en algunos casos siendo inocentes (prisión preventiva) y en otros cumpliendo una pena que sólo las priva de su libertad, pero no del resto de sus derechos como personas”.

Tras la conformación de la Mesa de Diálogo se mantuvieron entrevistas personalizadas con los internos, donde revelaron diversos reclamos que fueron derivados a sus defensores, tanto como a los jueces a cuya disposición se encuentran detenidos.

Según manifestó Tapia, “la posibilidad de ingreso del virus COVID-19 al complejo penitencia Batán presenta mayores niveles de riesgo en la Unidad 44, que es la unidad que ha permitido que no haya detenidos varones en comisarías de Mar del Plata, pero que a su vez recibe a los aprehendidos en flagrancia de cada día (un número que varía entre 4 a 8 personas aproximadamente por jornada). A esos aprehendidos se les toma declaración por la Fiscalía en 24 horas y se resuelve su situación procesal en los siguientes 5 días. En caso de permanecer detenidos, la Fiscalía tiene plazos de 20 días prorrogables por otros 20 para requerir la prisión preventiva al Juzgado de Garantías”.

Por lo cual, agregó que “es clave que se mantengan las propuestas formuladas en la Mesa de Diálogo para que los nuevos detenidos que vayan ingresando a la Unidad 44 permanezcan durante ese período, en forma previa a definir si se les dicta la prisión preventiva, en dos pabellones de ingreso, aislados del resto de la población (otros 480 internos), ya que al venir de la calle pueden resultar portadores asintomáticos de covid-19 y contagiar al resto de la población. Esto más allá de las recomendaciones que permanecen vigentes de realizar controles sanitarios permanentes, proveer medidas de higiene (en algunos casos insuficientes) y mantener las medidas de orientadas a evitar el contacto con el exterior”.

Asimismo, el titular del Juzgado de Garantías aclaró que “es menor el riesgo en la Unidad 50 (mujeres), donde la población descendió de 116 detenidas hace un año a 82 mujeres privadas de libertad en la actualidad, con sólo dos ingresos de detenidas desde el 20 de marzo. En esa Unidad se controla a cualquier persona que ingresa desde el exterior tomándole la fiebre”.

Por otra parte, Tapia puntualizó que “es importante destacar que el diagnóstico general sobre la situación carcelaria bonaerense se mantiene en el complejo Batán: superpoblación, hacinamiento, faltante de colchones (que fueron reclamados en forma urgente), insuficiente atención médica (se reclamaron las derivaciones al área de sanidad resultantes de las entrevistas)”.

Distintas asociaciones de familiares de víctimas de delitos expresaron hoy su rechazo a la eventual liberación de presos de las cárceles ante la pandemia del coronavirus y advirtieron que denunciarán a cada juez responsable de la libertad de un recluso que vuelva a reincidir, informaron en un comunicado.

"Asociaciones y familiares de víctimas de delitos repudiamos la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto", señaló el comunicado firmado por las Madres del Dolor y Usina de Justicia, entre otras organizaciones.

"Nos indigna que los distintos poderes del estado accedan a una negociación fruto de actos delictivos y violentos y se comprometan con los detenidos, en el marco de un motín, a aplicarlas acordadas que dispusieron las Cámaras de Casación", agregó.

Los familiares recordaron que "cada decisión vinculada a la libertad o prisión domiciliaria debe contar con la intervención previa de las víctimas de acuerdo a lo establecido por la Ley de Víctimas 27.372".

"Al no considerar a las víctimas, sentimos que nos vuelven a matar a nuestros seres queridos que ya no tienen voz y no la tuvieron cuando perdieron la vida en manos de quienes hoy destruyen y amenazan por sus derechos", indicó el comunicado.

Las asociaciones afirmaron que "si el problema es el hacinamiento, se pueden utilizar espacios que en este momento se encuentran libres" y remarcaron que "optar por firmar un acuerdo otorgando libertades es garantizar la impunidad y exponer la vida de los ciudadanos de bien".

Por último, advirtieron que "las organizaciones firmantes, apoyada por la sociedad civil, denunciará como responsable a todos y a cada juez que libere a un preso que reincida en el delito".

El comunicado estuvo acompañado de varias fotografías de familiares de víctimas con la imagen de su hijo o hija asesinados y un cartel con el hashtag #NoLosLiberen.

Además de Madres del Dolor y Usina de Justicia, el texto llevó la firma de Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson; Matías Bagnatto, sobreviviente de la Masacre de Flores; Familiares y amigos de las víctimas y heridos de la Tragedia de Once; Graciela y Silvino Báez Sosa, padres de Fernando, el joven asesinado este verano en Villa Gesell; Victoria Bargna, mamá de Soledad Bargna; Alberto Lebbos, padre de Paulina; la Red Cuidarte; y Familiares Atravesados por el Femicidio, entre otros actores y organizaciones.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, se reunió con el titular de la Defensoría del Pueblo, Guido Lorenzino, y su subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini y otras 23 personas a través de plataformas digitales para avanzar en la unificación de una política sanitaria para las personas privadas de la libertad.

En consonancia con las medidas de prevención dictadas por el ministerio de Salud, el ministro convocó a reforzar las inversiones en productos de higiene y a que todos los profesionales de la salud (tanto médicos como psicólogos) sean llamados a abocarse de lleno a la salud penitenciaria. Estas medidas se suman al 100% acatamiento por parte de la población carcelaria de auto aislarse y restringir las visitas.

Por otro lado el Comité de Crisis, creado días atrás, no descartó invitar al Poder Judicial a sumarse a participar de futuros encuentros.

El Juez de Garantías, Juan Tapia, celebró la declaración de "emergencia penitenciaria" que resolvió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación días atrás al poner énfasis en la gravedad de la problemática y considerar que no se ha podido generar una "masacre en las cárceles solamente por azar".

El funcionario judicial consideró que la medida que determinó el Gobierno, y que sólo es extensiva para las unidades penales de órbita federal, "implica reconocer que hay una violación estructural a los derechos de las personas que están privadas de su libertad".

"La emergencia reconoce que hay superpoblación carcelaria, que hay que hacer programas para buscar mecanismos alternativas para la prisión en algunos casos y procurar que se fijen cupos en otras ocasiones, y abordar la problemática con los tres poderes del Estado", sostuvo, a Radio Mitre Mar del Plata.

Para el titular del Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata, la declaración de emergencia "introduce una cuestión cultural muy importante que es poner la cuestión carcelaria en la agenda pública" para "generar compromisos a distintos actores del Estado".

En diálogo con Antes que sea Tarde, Tapia consideró que en las cárceles hay un "sinnúmero de conflictos de mínima cuantía que podrían ser resueltos de una manera diferente al castigo y revertir la situación de superpoblación".

"Hay un aumento de la conflictividad, y eso muchas veces tiene una respuesta por la vía penal. Hay veces que hay problemas sociales que demandan respuestas sociales y que son canalizados con el aparato represivo del Estado; la respuesta penal es eso, es un castigo", señaló, y analizó: "El aumento desmedido de la respuesta panal es el fracaso de otras herramientas de contención estatal".

Sin embargo, el juez consideró que la situación que se presenta en la Provincia de Buenos Aires es "más grave" que la que afrontan las cárceles federales, y citó como ejemplo el complejo penitenciario de Batan, donde hay un importante faltante de colchones para que puedan dormir en condiciones dignas los presos. "Hoy no se genera una masacre en la cárceles solamente por azar", aseveró.

"Si uno compara la tasa encarcelamiento (NdeR: que es la cantidad de personas que hay cada 100 mil habitantes) a nivel nacional, está absolutamente desbordada a nivel provincial: en 2012, había 198 cada 100 mil habitantes y en 2017 había 276 cada 100 mil, que es algo que ni siquiera tiene relación con el crecimiento población", puntualizó.

Tapia también puso énfasis en la "importante ausencia" que muestra el Estado en los últimos años para hacerse cargo de áreas claves y básicas como la salud. "En Batan, nos ha pasado de que hay internos que empiezan a toser y ni los revisan. Entonces su situación se empieza a agravar y una intervención posterior ya es muy tarde. Se mueren por tuberculosis, que es una enfermedad del medioevo pero que resulta un facto muy concurrente para las cárceles argentinas y en particular las bonaerenses", afirmó.

Ante este escenario, el responsable del Juzgado de Garantías N°4 insistió en que el Estado no puede violar la "propia ley". "Gran parte de la comunidad no sólo mira para otro lado con estos temas sino que refuerza el discurso de que esa gente se tiene que pudrir en la cárcel", lamentó.