Con el Aula Silvia Filler colmada, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en Mar del Plata su informe anual “El sistema de la crueldad XIX”. La actividad, organizada junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y distintas organizaciones sindicales y sociales, reunió a referentes de derechos humanos, estudiantes, trabajadoras y trabajadores.

El documento, que la CPM elabora desde hace más de veinte años como mecanismo local de prevención de la tortura, realiza un diagnóstico integral sobre los lugares de encierro, las políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires. En esta edición, el informe volvió a denunciar la persistencia del sobreencarcelamiento, la tortura sistemática, la violencia policial y la impunidad judicial.

Durante la presentación, el secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García, destacó que el informe “es una radiografía de las violaciones a los derechos humanos que el Estado penal ejecuta en la provincia de Buenos Aires”, y explicó que los equipos del organismo realizan un trabajo permanente de relevamiento e inspección en cárceles, comisarías y centros de salud mental. “Ninguna democracia puede convivir con las violaciones de derechos humanos que relevamos cotidianamente. Lo que pretendemos es aportar información y evidencia para que efectivamente las políticas públicas cambien”, sostuvo.

Además, Cipriano García advirtió que “las políticas de seguridad y penitenciarias son transversales a todos los gobiernos” y que, aunque existen algunas iniciativas de mejora, “estructuralmente no se modifican las condiciones de encierro”. En esta edición del informe, la CPM documentó una sobrepoblación del 110% y más de 80 mil hechos de tortura denunciados durante el año pasado.

Por su parte, la presidenta de la APDH Mar del Plata, Anahí Tanguikián, subrayó la importancia de que existan organismos independientes que mantengan una mirada crítica sobre las instituciones del Estado. “Las personas privadas de su libertad o en contextos de encierro viven situaciones de gran vulnerabilidad. Este informe permite visibilizar las violaciones institucionales y sostener una defensa activa de los derechos humanos como pilar de la democracia”, señaló.

Tanguikián también se refirió al contexto político actual, marcado por un retroceso en materia de derechos: “Estamos muy preocupados porque se desconocen conquistas básicas de hace más de 70 años. Se promueven discursos que legitiman la violencia y el odio hacia los sectores más vulnerados. Frente a eso, es fundamental mantenernos firmes y organizados”.

La jornada cerró con un intercambio entre los presentes sobre la necesidad de sostener una agenda común en defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia institucional.

El informe completo puede consultarse en la página web de la Comisión Provincial por la Memoria: www.comisionporlamemoria.org

El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires ordenó la prisión domiciliaria a más de 700 detenidos. Según el fallo dictado por la Justicia, la resolución comprende a todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus” que están cumpliendo condena en las cárceles del territorio por delitos leves.

Así, se los trasladará a su hogar a aquellos reclusos mayores a 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres con hijos menores.

El vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, fue el encargado de firmar la resolución, aunque en el documento se expresa que la misma fue consensuada con el resto de los jueces de casación bonaerenses.

De esta manera, se firmó un habeas corpus colectivo y lo presentó, en principio, Cecilia Boeri, defensora general de Mar del Plata. No obstante, la acompañaron también sus colegas de los 17 departamentos judiciales en los que trabajan en Buenos Aires.

El fallo explica que se identifica una “gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención”, según informa el diario Clarín. La decisión se sostuvo con el objetivo de “contener la pandemia” para instrumentar medidas alternativas a la prisión o incluso “reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo”.

Vale la pena añadir que existe una superpoblación del 120% en el sistema penitenciario provincial. Si bien hay capacidad para alojar a 24 mil detenidos, se registraron cerca de 52 mil personas dentro de los penales. Desde el Ministerio de Justicia se aceleraron medidas preventivas y recursos sanitarios en cuanto comenzó la pandemia.

Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, planteó que hay que limitar las instancias de apelaciones que se deben atravesar antes de que una condena quede firme y restringir los pedidos de habeas corpus.

“Hoy el delincuente tiene un menú de recursos de todo tipo para mantenerse libre. Esa es la realidad de la Provincia hoy: siete instancias para que una condena a prisión quede firme”, cuestionó el ministro.

Además, se refirió a las reformas del Código Procesal Penal. Insistió en generar cambios con el objetivo de “restringir los habeas corpus” y que “con una doble instancia de apelación la persona ya quedé detenida”. “Si te condenan en tribunal oral y te confirman en segunda instancia, vas preso”, precisó.

Además, en una entrevista concedida a Clarín, el ministro de Justicia bonaerense remarcó la necesidad de incorporar “la reiteración de la conducta delictiva” a la posibilidad de prisión preventiva, con el objetivo de no restringir la excarcelación solo “cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación”.

Según el funcionario, la gobernadora María Eugenia Vidal impulsa otra reforma que busca poner a la víctima “en el centro de los procesos” y que sea escuchada por el juez. “Un país es seguro cuando a una persona que delinque se la detiene, luego se la condena y esa condena se cumple”, puntualizó Ferrari. Advirtió, también, que "se equivocan los que solo quieren aumentar las penas" porque "los países más seguros son aquellos donde se disuade".

Finalmente, el ministro dio algunas cifras sobre la población en las cárceles. Hay 43.658 presos, cuando en diciembre de 2015 eran 32.927. Los delitos más comunes son los robos agravados, que suman un 35,9%; mientras que por homicidio está detenido el 18,4% y por abuso sexual, el 12,4%.

Ferrari precisó que, mientras la media nacional de prisionización es de 175 personas cada 100 mil habitantes, en el territorio bonaerense esa relación trepa a 252, lo que el ministro calificó como "la más alta de la historia" y agregó que el índice de reencarcelamiento "ronda el 50%".

Concluyó diciendo que el problema de la República Argentina está en la escasez de cárceles y que las que ya existen, tienen muy mala infraestructura. "Son del 1800", criticó.