El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la apertura de una investigación judicial para esclarecer una denuncia del Gobierno argentino sobre una presunta operación ilegal de inteligencia. Según la acusación, se habrían grabado y difundido conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los hechos habrían ocurrido en el ámbito federal, involucrando jurisdicciones bajo competencia del Gobierno nacional.

En su dictamen, Stornelli señaló que la denuncia apunta a prácticas delictivas que incluyen la captación, edición, manipulación y difusión clandestina de audios privados. Estas acciones, según el Ejecutivo, habrían sido amplificadas a través de redes sociales y ciertos medios de prensa, algunos seleccionados intencionalmente o sorprendidos en su buena fe.

El fiscal subrayó que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que sirvan al descubrimiento de la verdad”.

La denuncia del Gobierno sostiene que el propósito de estas maniobras sería desacreditar al Ejecutivo, influir en la opinión pública, generar falsas acusaciones, alarmar a la población, desestabilizar indicadores económicos, afectar las próximas elecciones legislativas y provocar una crisis política con posible ánimo destituyente. Además, se menciona la participación de sectores de la oposición kirchnerista en una presunta campaña de desinformación.

El pedido de investigación surge tras la solicitud del abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien exigió el allanamiento del canal de streaming Carnaval, que difundió audios atribuidos a Karina Milei y Diego Spagnuolo, así como de los domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio. Stornelli aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.

Fuente: con información de Infobae

En el marco de la investigación de una presunta red de espionaje ilegal, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó, por quinta vez, al fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli, a prestar declaración indagatoria para el próximo 18 de julio.

Stornelli fue declarado rebelde el 27 de marzo pasado, cuando se ausentó a declarar por tercera vez, y la semana pasada la Cámara de Casación Penal confirmó su rebeldía, que ya había sido ratificada por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Esta es la quinta vez que Ramos Padilla lo cita a dar explicaciones sobre sus vínculos con el falso abogado Marcelo D'Alessio.

Mientras tanto, en la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, se tramitan dos expedientes administrativos para evaluar la conducta de Stornelli: uno por haber sido declarado rebelde y otro por su conducta como fiscal a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas. Cuando se cumpla el plazo de 60 días hábiles que estableció Casal para estudiar la conducta del fiscal, en la Procuración se deberá tomar la decisión de avanzar o no sobre un posible juicio político o remoción de Stornelli, medida que solicitó el juez Ramos Padilla.

A pesar de haber sido citado en numerosas oportunidades y de la fuerte repercusión que tuvo su conducta, Stornelli considera que la causa de Dolores surgió como una maniobra para desplazarlo de la causa de los cuadernos y entonces -amparado en sus fueros como fiscal federal- se ausentó a prestar declaración indagatoria, instancia en la que los imputados deben hacer una presentación en su defensa.

Además de haber citado al fiscal Stornelli, Ramos Padilla citó a prestar declaración testimonial el espía Antonio "Jaime" Stiuso, ex jefe de Operaciones de la ex SIDE. Hace dos días, Stiuso -espía que concentró poder durante la década kirchnerista- se presentó en los tribunales y dijo que él fue una víctima de operaciones de inteligencia.

Pidió ser querellante en dos expedientes: el que tiene Ramos Padilla en Dolores, y el que tramita en Comodoro Py el juez federal Luis Rodríguez, que tiene a su cargo la causa contra D'Alessio por extorsión al despachante de aduanas Gabriel Traficante. Según detalla La Nación, Stiuso y el juez Luis Rodríguez tienen un vínculo cercano.

Stiuso dijo que fue víctima de la banda de D'Alessio y busca ahora ser acusador en ambas causas. En su presentación a la Justicia disparó contra la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, y dijo que cuando ella denunció al ex jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión por la mafia de los contenedores, habría recibido información de D'Alessio. Carrió y las legisladoras de su espacio, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, están imputadas en el expediente que se tramita en Dolores.

Ramos Padilla también llamó como testigo al funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Pablo Pinamonti, que había pedido ser querellante, para explicar por qué se considera víctima de D'Alessio. D'Alessio le había dicho al empresario chacarero Pedro Etchebest -quien lo denunció por extorsión- que había sido Pinamonti el que lo contactó desde la AFI.

Pinamonti también fue mencionado en uno de los intentos del ex espía Hugo "Rolo" Barreiro -que formó parte de la banda que integraba D'Alessio- por ser aceptado como arrepentido en el expediente de Dolores, como uno de los supuestos responsables de la banda que funcionó de manera clandestina bajo el ala de la AFI.

Según el relato de Barreiro, que finalmente no fue aceptado como arrepentido, los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, detenidos y procesados en el expediente de Dolores por orden de Ramos Padilla, recibían órdenes de Pablo Pinamonti y Darío Biorci, otro alto funcionario de la AFI y hombre cercano a la subdirectora de ese organismo, Silvia Majdalani.

Cuando quedó detenido, D'Alessio dijo que trabajó para Ricardo Bogoliuk, un expolicía bonaerense que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para desarrollar tareas desde el 4 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2017, y para Aníbal Degastaldi, que fue separado de la policía bonaerense en 2003. También dijo que Etchebest, supuesta víctima de extorsión, trabajó en connivencia con Bogoliuk.

Según indicó el juez Ramos Padilla, el objeto de la investigación ya no consiste en verificar si el fiscal Carlos Stornelli participó o no de la extorsión a Pedro Etchebest, sino en investigar operaciones de inteligencia clandestinas y su presunta relación con el Ministerio Público Fiscal.

La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó hoy el estado de rebeldía del fiscal federal Carlos Stornelli por no presentarse a indagatoria en cuatro oportunidades ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien lo investiga en el marco de una causa de supuesta asociación ilícita y extorsión, en un presunto entramado de espionaje ilegal.

Los jueces Bernardo Bibel y Eduardo Jiménez rechazaron la apelación que hizo la defensa de Stornelli para que la rebeldía sea revocada, según informaron fuentes judiciales.

"En un sistema democrático, con funcionamiento republicano de las instituciones, no deben admitirse privilegios personales que permitan al beneficiario de una inmunidad de arresto, abstraerse del cumplimiento de determinadas cargas procesales derivadas del proceso judicial regular, como la de comparecer ante la justicia (habiendo sido convocado en ésta ocasión, por el juez de la causa a prestar declaración indagatoria), y que ello no conlleve la consecuencia de ley en su contra, excepción hecha de la privación de la libertad, mientras el beneficiario se encuentre aforado", sostuvieron los camaristas.

En el mismo marco, los jueces se manifestaron con respecto al accionar de Stornelli: "Creemos sinceramente que no es posible admitir que, invocando su condición de funcionario público, un ciudadano exija o espere un trato preferencial en ese sentido".

El fiscal Juan Manuel Pettigiani solicitó este viernes ante la Cámara Federal de Mar del Plata que la causa contra el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D´Alessio sea trasladada de los tribunales de Dolores a los de Comodoro Py, tal y como lo requirió la defensa de Stornelli.

En su presentación, Pettigiani pidió que se decrete "la incompetencia del Juzgado Federal de Dolores", a cargo de Alejo Ramos Padilla, para continuar interviniendo en la investigación que comenzó por una presunta extorsión y derivó en una supuesta red ilegal de espionaje, de la que los dos imputados habrían formado parte.

A continuación, el fiscal solicitó que las actuaciones sean remitidas "a la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal, a los efectos que sea asignada al juzgado que corresponda". Pettigiani, fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, intervino en esta causa en reemplazo del fiscal Daniel Adler, que se excusó.

Si bien la semana pasada la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, por mayoría, no hizo lugar a la recusación planteada por Stornelli respecto de Ramos Padilla, aún quedaba por resolver el pedido de incompetencia, en el que ahora deberá decidir la Cámara de Mar del Plata.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, por mayoría, declaró inadmisible el recurso de queja planteado por la defensa particular del fiscal Carlos Stornelli contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata que no hizo lugar a la recusación planteada respecto del juez Alejo Ramos Padilla, magistrado a cargo del Juzgado Federal de Dolores.

El juez Slokar, que lideró el acuerdo, resaltó "la falta de fundamentación del recurso interpuesto, al no lograr desvirtuar el razonamiento de la Cámara, por no rebatir sus fundamentos". Además, puso de manifiesto que "el recurrente no logró acreditar que se verificara vulneración a garantía constitucional o las condiciones atendidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

El juez Yacobucci adhirió a su colega, sin perjuicio de lo cual resaltó "la falta de definitividad de la sentencia", y que la cuestión tratada se refería "pura y exclusivamente a la recusación intentada y no a una cuestión de competencia que se encuentra planteada en otras incidencia". En tanto, la jueza Ledesma entendió que correspondía abrir la queja para oír a las partes.

Con esta resolución -y hasta tanto se resuelva el pedido de falta de competencia también planteado por Stornelli- Ramos Padilla fue confirmado al frente del expediente en el que se investiga una supuesta red de espionaje ilegal integrada por el detenido Marcelo D´Alessio.