Se presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación para exigirle al Ejecutivo que realice un relevamiento de edificaciones en desuso, como estaciones de servicio abandonadas o inmuebles no edificados o con obras paralizadas, y que no cumplan con las medidas de seguridad respectivas con el fin de que se ejecute la ordenanza de propietario responsable.

En el proyecto, presentado por el concejal de Unión por la Patria, Diego García, se indica que alcanza con recorrer General Pueyrredon “para identificar que son muchas las construcciones abandonadas, ya sean casas, estaciones de servicio o muchas veces obras sin finalizar. De esta manera, estos lugares terminan con altos riesgos de ser usurpados u ocupados, ocurriendo situaciones donde se instalan bunkers o aguantaderos, siendo un riesgo para los vecinos”.

En ese sentido se recordó que la ordenanza de propietario responsables tiene por objetivo establecer criterios para el mantenimiento y conservación de estos inmuebles, añadiendo la obligación de la instalación de cercos que garanticen visibilidad hacia el interior del terreno, a los fines de garantizar la seguridad pública y de evitar los hechos señalados previamente.

“Además, se establece la responsabilidad efectiva por parte del propietario o dueño del establecimiento en dar cumplimiento con estos criterios. En este sentido, la Ordenanza es muy expeditiva acerca de la forma en la que se debe instalar el cerco, de qué tipo tiene que ser, además de su altura y extensión”, consideró el edil opositor.

En ese sentido, señaló que “cualquiera que transite por la ciudad sabe que este tipo de lugares generalmente tienen algún tipo de tapeo, que no permite ver hacia adentro de los lugares y que, por lo tanto, salvo casos en donde se cierran definitivamente las aberturas, son vulnerables a que sean usurpados, sin dar la posibilidad de conocer qué sucede ahí adentro”.

Por lo tanto, García consideró como “importante” ya que “hablamos de seguridad pública y General Pueyrredon no está en condiciones de ceder ni un centímetro de territorio a los delincuentes. Este tipo de iniciativas son para cuidar a los vecinos y evitar hechos de inseguridad”.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de distintas áreas, llevó adelante un operativo para derribar una propiedad que se encontraba en estado de total deterioro y abandono, con humedad y rajaduras significativas en sus paredes, ubicada en el barrio La Florida.

Se tomó la decisión debido a que la estructura tenía peligro de colapso y existía la posibilidad de que cayeran escombros hacía la vía pública, que podrían haber generado daños de distinta magnitud.

La presidente de la sociedad de fomento barrial había manifestado los reiterados hechos de inseguridad en el barrio, lo que fue motivo inicial del reclamo ante este inmueble: se había establecido un refugio para usurpadores, señalados a su vez como causantes de ilícitos y conductas de diferentes tipos. Las personas que usurparon la vivienda ingresaban por la parte trasera de la propiedad, que linda con el arroyo que atraviesa el barrio. En su interior, también se encontraron vehículos abandonados.

En este marco, se iniciaron las acciones desconectando el remanente de los servicios, conexiones de vereda para la contención del riesgo asociado a los mismos. En el operativo intervino personal de EMVIAL, Defensa Civil y EMSUR.

En tanto, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, explicó: "Después de haber agotado todas las instancias administrativas, de haber perimetrado recurrentemente una zona en el barrio La Florida, de muchas denuncias de los vecinos, y tras un proceso de notificación y otro que se relaciona con la posibilidad de que el privado tome cartas en el asunto ante la imposibilidad y la negativa, el Estado municipal tomó la decisión y la determinación con diferentes elementos para el derribo controlado de esta estructura".

"Donde hay riesgo público, donde hay actividades inescrupulosas y directuales, tomamos determinaciones severas y de fondo para darle a los vecinos la tranquilidad que se merecen", añadió.

Debido a que la propiedad no tenía vinculación con las estructuras lindantes, el procedimiento no requirió desvinculación a mano, sino que fue un trabajo directo de la maquinaria pesada, con supervisión para evitar situaciones de daño colateral. El material resultante generó seis traslados de camión batea llenos.

Este procedimiento es parte de un trabajo que busca generar un control del espacio público, interviniendo sobre ciertas propiedades en abandono y usurpación como el caso de la ubicada en Santa Fe y Córdoba, donde la problemática excede el mero uso o estado de la propiedad, y se convierte en un foco conflictivo y un riesgo potencial para la sociedad.