El intendente Guillermo Montenegro destacó nuevamente en redes sociales el accionar de la Patrulla Municipal que desactivó otra toma y señaló la violencia de una mujer, que agredió a los agentes que grababan la situación con su celular. Como dato singular, es la misma mujer que en febrero apuñaló a un hombre en plena Peatonal San Martín.

“Otra toma desactivada. No me voy a someter a los métodos de los fisuras. No voy a mirar para otro lado cuando intenten profanar propiedad privada, aunque griten, maldigan o peguen”, manifestó el jefe comunal y la publicación fue acompañada de un video con el operativo en la vivienda.

Como viene sucediendo, Montenegro profundizó en su posteo su política de seguridad y su forma discursiva directa: “Los voy a ir a buscar, porque es mi deber. En honor a todos los que se rompen el lomo para juntar mango por mango y lograr comprarse un terreno, una casa o alquilar un departamento”.

En cuanto a la mujer, en febrero pasado había protagonizado una pelea con un hombre en Peatonal San Martín y Santa Fe, que terminó cuando la agresora sacó un cuchillo y se lo clavó en la espalda. Según testigos, la disputa había sido por dinero.

“Ella parece drogada. Aparte el vocabulario, gritaba que el gato le robó”, fue el testimonio a este medio de algunas de las personas que vieron el ataque.

“Son gente de la calle, los vemos todos los días consumiendo. Los pibes estaban en la plaza drogándose, la mujer le prestó plata para que se pudiera drogar, él no se la devolvió y hoy a la mañana lo encontró amanecido drogándose. Discutieron y él le empezó a pegar, llegaron a esta esquina, él le pegó la última trompada y ella se dio vuelta, sacó un cuchillo y se lo clavó”, fue otro de los relatos.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de distintas áreas, llevó adelante un operativo para derribar una propiedad que se encontraba en estado de total deterioro y abandono, con humedad y rajaduras significativas en sus paredes, ubicada en el barrio La Florida.

Se tomó la decisión debido a que la estructura tenía peligro de colapso y existía la posibilidad de que cayeran escombros hacía la vía pública, que podrían haber generado daños de distinta magnitud.

La presidente de la sociedad de fomento barrial había manifestado los reiterados hechos de inseguridad en el barrio, lo que fue motivo inicial del reclamo ante este inmueble: se había establecido un refugio para usurpadores, señalados a su vez como causantes de ilícitos y conductas de diferentes tipos. Las personas que usurparon la vivienda ingresaban por la parte trasera de la propiedad, que linda con el arroyo que atraviesa el barrio. En su interior, también se encontraron vehículos abandonados.

En este marco, se iniciaron las acciones desconectando el remanente de los servicios, conexiones de vereda para la contención del riesgo asociado a los mismos. En el operativo intervino personal de EMVIAL, Defensa Civil y EMSUR.

En tanto, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, explicó: "Después de haber agotado todas las instancias administrativas, de haber perimetrado recurrentemente una zona en el barrio La Florida, de muchas denuncias de los vecinos, y tras un proceso de notificación y otro que se relaciona con la posibilidad de que el privado tome cartas en el asunto ante la imposibilidad y la negativa, el Estado municipal tomó la decisión y la determinación con diferentes elementos para el derribo controlado de esta estructura".

"Donde hay riesgo público, donde hay actividades inescrupulosas y directuales, tomamos determinaciones severas y de fondo para darle a los vecinos la tranquilidad que se merecen", añadió.

Debido a que la propiedad no tenía vinculación con las estructuras lindantes, el procedimiento no requirió desvinculación a mano, sino que fue un trabajo directo de la maquinaria pesada, con supervisión para evitar situaciones de daño colateral. El material resultante generó seis traslados de camión batea llenos.

Este procedimiento es parte de un trabajo que busca generar un control del espacio público, interviniendo sobre ciertas propiedades en abandono y usurpación como el caso de la ubicada en Santa Fe y Córdoba, donde la problemática excede el mero uso o estado de la propiedad, y se convierte en un foco conflictivo y un riesgo potencial para la sociedad.

Luego del desalojo y cierre de una propiedad del macrocentro que fue usurpada por personas en situación de calle y en la que comercializaban cocaína, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, dio detalles del allanamiento, la situación en la que se encontraba la vivienda y el trabajo de limpieza y prevención que desarrollarán en los próximos días. “Vivían en un estado de hacinamiento, vulnerabilidad e insalubridad”, contó.

Después del allanamiento, en el que identificaron a doce personas y detuvieron a tres, también secuestraron más de 200 bochas de cocaína listas para su comercialización. Muchas de esas personas sostuvieron que eran indigentes y que pagaban cerca de 5000 pesos diarios para vivir allí, a pesar de que se cree que el número de habitantes usuales doblaba al que encontraron, debido a que la trascendencia del hecho los advirtió.

En principio, desde el interior de la propiedad, Gonçalves le contó a “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7) que se trata de “un lugar muy grande, de muchos metros cuadrados, que cuando uno ingresa puede notar el estado deplorable en el que vivía esa gente”, algunos de ellos con “padecimientos sociales y cuestiones psiquiátricas, y otros básicamente delincuentes”. Según manifestó, esto último se debe a que lograron corroborar que quienes allí vivían “se dedicaban a la compra y venta de drogas”.

Además, indicó que el inmueble “era investigado por la Policía” y que si bien “la orden de allanamiento estaba dada para el día de ayer”, no tuvo la “efectividad” que esperaban porque "la repercusión pública afectó los resultados judiciales y policiales, más no el cerramiento hermético, que es el tercero en cuatro manzanas”. 

“Viviendas en condición de abandono debido a sucesiones, muerte de los titulares o cuando no hay nadie que pueda acreditar ser el dueño, luego son usurpadas por personas que viven en condiciones paupérrimas y llevan a cabo acciones delictuales para los vecinos”, explicó acerca de los motivos más frecuentes por los que las autoridades intervienen en estos casos.

Por otra parte, el jefe de la cartera local comentó que convivían alrededor de entre 30 y 40 personas, aunque “al momento del allanamiento había doce personas, ya que algunas de ellas se fueron ayer por la tarde, producto de que tomó repercusión pública”. A su vez, detalló: “Vivían en un estado de hacinamiento, vulnerabilidad e insalubridad con un formato de alquiler de habitaciones medio extraño. Más allá de que la estructura está sólida y en pie, las más superficiales están totalmente destruidas”.

Asimismo, en cuanto a de qué manera trabajarán para prevenir que la situación se repita, aclaró que realizaron un “cerramiento hermético”, contruyeron paredes en los accesos e instalaron empalizadas “para que no puedan entrar”, al mismo tiempo que llevan a cabo un trabajo en conjunto a Espacios Públicos e Higiene Urbana.

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Y por último, el ex titular de Defensa Civil agregó que en la limpieza le dieron “prioridad” a productos “vencidos y que sean comestibles, o a los que generen interés para algún inescrupuloso que entre nuevamente a la zona”, porque algunos elementos quedarán en el lugar ya que consideran que “llevaría días limpiar el espacio por completo”.