En las primeras semanas de abril, especialistas detectaron un aumento en la circulación de una nueva variante de COVID-19 en Estados Unidos, lo que encendió las alertas en el sistema de salud.

El linaje, denominado BA.3.2 y apodado “Cicada”, incrementó su presencia en el país y ya aparece en más del 20% de las muestras analizadas en aguas residuales, según sistemas de monitoreo epidemiológico.  

De acuerdo con datos de organismos como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante fue identificada inicialmente en 2025 y actualmente tiene presencia confirmada en al menos 25 estados, además de haberse detectado en varios países.  

Los especialistas explican que este sublinaje forma parte de la familia Ómicron y presenta una gran cantidad de mutaciones, lo que podría dificultar la respuesta del sistema inmunológico, tanto en personas vacunadas como en quienes ya tuvieron la enfermedad.  

A pesar de su expansión, por el momento no hay evidencia de que cause cuadros más graves que otras variantes, aunque su evolución sigue bajo vigilancia ante la posibilidad de que genere un aumento de casos en los próximos meses.  

Las autoridades sanitarias insisten en mantener las medidas de prevención y recomiendan la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo, como principal herramienta para reducir complicaciones.

Se presentó ante la Justicia Federal de Mar del Plata una denuncia por “incumplimiento del deber funcionario público” y “ejercicio ilegal de la medicina” contra aquellas personas, “partícipes y encubridores”, que formaron parte de la campaña de vacunación contra el COVID-19.

La presentación la realizó el abogado Julio Razona como patrocinante de una persona de Mar del Plata que se vacunó en el Museo MAR, “donde no había médico responsable, no le hicieron firmar un consentimiento informado y luego tuvo gravísimas secuelas, pero nunca fue atendido por nadie ni fue interrogado para ver cómo estaba”, indicó el letrado.

Razona mencionó como antecedente a esta presentación el amparo realizado en tiempos de la pandemia para que se suspenda la vacunación en niños, debido a un informe de la biotecnóloga Lorena Diblasi sobre las consecuencias generadas por un lote de la vacuna identificado como tóxico. 

“Es un tema que lo vengo investigando desde que comenzó la vacunación contra el Covid. En Argentina, al menos, se violaron todas las normas legales en cuanto a cómo se debe llevar a cabo una vacunación experimental con seres humanos y los tratados de derechos humanos sobre la seguridad de las personas, y el derecho a respetar la soberanía sobre nuestro cuerpo para poder disponer nosotros libremente”, manifestó el abogado en diálogo con El Marplatense.

Además, consideró que “está prohibido por el Código Civil obligar a una persona a participar de un experimento médico. Y acá indirectamente se obligó a través de una coacción. Una persona que no era vacunada no podía desempañarse laboralmente, no podía ir al colegio, un jubilado no podía cobrar su jubilación. De voluntaria tuvo poca. Hubo una responsabilidad de los funcionarios de obligar a las personas a ser parte de este experimento”.

En la denuncia presentada ante la Justicia se detallan los diversos delitos: el avasallamiento “contra la Ley de Derecho del Paciente, el artículo 59 del Código Civil que establece el consentimiento informado, el 58 que establece que nadie puede ser obligado a ser parte de un experimento, los tratados de Helsinki que prohíben experimentar medicamentos en niños, las normas del Ministerio de Salud de la Nación que establecen todos y cada uno de los pasos que se deben dar para informar a una persona de plena conciencia el riesgo que puede correr en una vacunación experimental”.

“Haber vacunado a personas sin un estudio medico previo, implica que la persona que ordenó la vacunación, y que no es médico, cometió el delito de ejercicio ilegal de la medicina. Como así también no haber hecho firmar los consentimientos que son obligatorios por ley o no haber hecho un seguimiento de las personas vacunadas, por si tienen algún tipo de secuela. Y el delito de abandono de persona y de abandono seguido de muerte a las personas que han fallecido como consecuencia de estas inoculaciones”, agregó el abogado.

Razona destacó que además estas tipificaciones, se establecen también denuncias sobre “los fabricantes de las vacunas por envenenamiento o simulación del carácter nocivo de un medicamento”. En ese sentido destacó: “Lo hemos comprobado a partir de varias presentaciones, las empresas farmacéuticas no informaron de todos los componentes de las vacunas. Y además hay una responsabilidad de los funcionarios de ANMAT de no haber cumplido con su deber irrenunciable de analizar el contenido de los inóculos”.

Sobre los alcances de la presentación, el letrado señaló que está formulada “contra los autores materiales de diferentes delitos, partícipes y encubridores. Partícipes pueden ser los médicos que aparecían en televisión diciendo que estas vacunas eran seguras y efectivas, cuando estaba comprobado científicamente que no eran ni seguras ni efectivas. Y además que obviaban manifestar que estas vacunas eran experimentales y en consecuencia no había ninguna garantía de nada”.

Para Razona el Estado no se puede amparar en la declaración de emergencia sanitaria “porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, redactado por Rosenkrantz, en el juicio que la Ciudad de Buenos Aires le inició al Estado nacional para poder habilitar las escuelas. Allí se dejó aclarado que ninguna declaración de emergencia puede hacer que no se cumplan las normas constitucionales o las leyes. La emergencia no implica un permiso para violar las leyes en el país y menos los principios constitucionales”.

Hay 14 nuevos casos de coronavirus en el distrito de General Alvarado y 11 nuevos recuperados, según se oficializó desde la Dirección de Comunicación Social del Municipio, en conjunto con el Comité de Crisis.

El detalle indica que 12 determinaciones se tomaron tras resultados detectables en hisopados, mientras que las dos restantes fueron por criterio clínico-epidemiológico al presentar síntomas siendo contactos estrechos de casos positivos por prueba de PCR, o quedarse abruptamente sin olfato y/o gusto.

De los 14 contagiados este jueves, 12 fueron detectados en Miramar y 2 en Otamendi. Por género, se trata de 6 personas identificadas con el femenino y 8 con el masculino. Por edades, 4 oscilan entre los 21 y los 30 años, 5 van de 31 a 40, y 5 tienen más de 51. Y respecto a nexos, 10 fueron considerados «contactos estrechos» y 4 están en investigación.

La cantidad de alvaradenses que espera resultados de sus testeos y figuran como «en observación» son 45. Hoy se recibieron 21 y se remitieron otras 18 pruebas.

Además bajó la cifra de aislados por contacto estrecho a 717 personas, con seguimiento de voluntarios del programa VETe.

La situación en el Hospital es la siguiente: pasaron a ser 12 los casos positivos, con 3 «en estado grave con respirador» y 9 moderados. Otros 3 pacientes reúnen criterios de caso sospechoso y aguardan sus análisis, tal como consignó El Diario de Miramar.