El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña iba a comenzar el 7 de octubre en Corrientes, pero el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron adelantar la fecha, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes reconsiderará el inicio del proceso.

Durante esta mañana se realizó la primera audiencia preliminar del debate oral y público que investiga la desaparición del niño de 5 años.

La audiencia se desarrolló de manera mixta: los particulares damnificados y los fiscales estuvieron presentes en la sala, mientras que varios acusados participaron por Zoom desde las cárceles donde se encuentran alojados. La imputada Mónica del Carmen Millapi lo hizo desde Neuquén, donde cumple arresto domiciliario. Algunos defensores, como Rodolfo Baqué y Pablo Jurado, asistieron de forma presencial.

Los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco informaron que el juicio estaba previsto para comenzar el 7 de octubre, con audiencias los miércoles y jueves hasta diciembre.

Sin embargo, los abogados querellantes Alejandro Vecchi y María Belén Russo Cornara, representantes legales de los padres del menor, solicitaron revocar esa decisión al considerar que “es casi imposible” lograr acuerdos probatorios con 17 imputados y más de 20 defensas que no residen en Corrientes.

“Es revictimizante para los padres y los hermanos. La familia es hostigada y no tiene protección”, denunciaron los letrados durante la audiencia.

El fiscal federal Carlos Schaeffer adhirió al planteo de los familiares. En tanto, Ernesto González, defensor de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y del ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, se opuso a la incorporación por lectura de 588 testigos.

Tras casi una hora de cuarto intermedio, los magistrados indicaron que reconsiderarán la fecha de inicio del juicio y confirmaron que los imputados deberán asistir de manera presencial al debate, aunque evaluarán situaciones particulares por razones de distancia y económicas.

En diálogo con la prensa, el padre del niño, José Peña, expresó que la búsqueda continúa aunque “no se encuentra nada de nada”. Por su parte, la madre, María Noguera, reclamó la aparición con vida de su hijo y pidió a los acusados que “se quiebren y digan dónde está”.

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio, adonde había concurrido con su padre para almorzar y luego dirigirse a un naranjal. Tras su desaparición se activó el Alerta Sofía, pero hasta el momento no existe información certera sobre su paradero.

Siete de los imputados están acusados por la sustracción y ocultamiento del niño: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Por el supuesto entorpecimiento de la investigación están imputados Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La Justicia Federal confirmó que 111 personas murieron por la administración de fentanilo contaminado, tras finalizar el análisis de 159 casos evaluados durante la Feria Judicial. El informe fue elaborado por el Juzgado Federal a cargo de Ernesto Kreplak y enviado en las últimas horas al Cuerpo Médico Forense.

El relevamiento permitió establecer que, además de las 111 víctimas fatales, otras 48 personas sobrevivieron al consumo del opioide adulterado. El trabajo incluyó la revisión de historias clínicas y documentación médica recopilada en distintos puntos del país.

Desde el entorno de la causa indicaron que el personal del Cuerpo Médico Forense estudiará ahora las muestras recibidas y, en caso de ratificarse los resultados, podría agravarse la situación judicial de los 14 procesados y detenidos en el expediente, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, señaló una fuente allegada a la investigación judicial.

García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Según la acusación, el empresario habría intervenido junto a otros 16 integrantes de los laboratorios mediante “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” del lote 31202 del opioide, destinado al uso público sanitario y cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024.

El expediente sostiene que “las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.

Además del dueño de HLB Pharma, también fueron procesados Diego Hernán García, Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, quienes se encuentran detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz. Sin prisión preventiva, fueron procesados María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk, con prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y obligación de presentaciones periódicas ante la Justicia.

El juzgado prevé elevar la causa a juicio a mediados de este año. Así lo anticipó el juez Ernesto Kreplak en noviembre, durante su exposición ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, cuando explicó que el objetivo era consolidar un número definitivo de víctimas fatales y no fatales para avanzar con la instancia judicial correspondiente.

En paralelo, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y condenas para los responsables de lo que consideran la peor crisis sanitaria del país vinculada a la inoculación de un opioide adulterado con bacterias. En los más de seis meses de investigación, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para visibilizar el reclamo y mantener vigente la memoria de las víctimas.

Fuente: con información de DIB

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que había revocado la ampliación de los procesamientos por el delito de cohecho contra un funcionario de la Dirección General de Aduanas y un comerciante, acusados de integrar y liderar, respectivamente, una organización criminal dedicada al contrabando de celulares de alta gama, administración de juego online ilegal y lavado de activos.

El planteo fue elevado por el fiscal general Daniel Adler y la fiscal del caso, Laura Mazzaferri, quienes sostuvieron el recurso junto al fiscal general ante la Casación, Raúl Pleé. Los representantes del Ministerio Público cuestionaron el fallo de Cámara dictado el 25 de abril, con votos de los jueces Alejandro Tazza y Bernardo Bibel, por considerar que incurrió en defectos de motivación y prescindió de valorar pruebas determinantes.

La investigación, dirigida por el juez Santiago Inchausti, determinó que el comerciante pagó y el funcionario recibió la suma de 594.000 pesos -equivalente a 5.871,88 dólares en diciembre de 2021- mediante un depósito en efectivo realizado por un empleado en una sucursal del banco BBVA Francés. El monto superaba ampliamente el salario del imputado en la Aduana y, según la resolución, las explicaciones dadas fueron “inverosímiles”. La prueba clave fue el ticket del depósito hallado en un allanamiento realizado el 6 de mayo de 2024.

Desde el Ministerio Público Fiscal se señaló que la resolución de Cámara desplegó “una fundamentación aparente, configurativa de arbitrariedad” y que los delitos de corrupción son de difícil prueba, por lo que la prueba indiciaria adquiere mayor relevancia. Se destacó la existencia del recibo de pago, la intervención del funcionario en operaciones aduaneras vinculadas al comerciante y la irregularidad posterior de esas operaciones, en el marco de una organización criminal.

El 2 de diciembre, los jueces de Casación hicieron lugar al recurso del MPF y confirmaron el procesamiento dictado por el magistrado instructor. Gustavo Hornos lideró la votación y coincidió con el voto en disidencia del juez Eduardo Jiménez, al señalar que la valoración conjunta de los indicios permite acreditar la materialidad del hecho. Mariano Borinsky y Javier Carbajo también sostuvieron que la Cámara omitió analizar integralmente la prueba y que su fallo resultó arbitrario.

La causa se inició en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima ante la Policía Federal, bajo el título “Red de contrabando de iPhone”. Allí se señalaba a los denunciados como “los mayores contrabandistas de Mar del Plata”, vinculados a la venta de aparatos Apple, Xiaomi, Samsung y Motorola, además de la explotación de casinos online y maniobras de lavado de activos mediante empresas fantasma.

El juez Inchausti procesó a nueve imputados y ordenó el decomiso anticipado de fondos en criptomonedas por 28.589,26 USDT. En procedimientos recientes se identificaron subgrupos que explotaban casinos online sin autorización y canalizaban las ganancias mediante un complejo sistema de cuentas digitales, utilizando datos de personas en situación de vulnerabilidad para dificultar el rastreo del dinero ilícito.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar

A casi ocho años del trágico hundimiento del submarino ARA San Juan, que costó la vida de sus 44 tripulantes, la causa penal que investiga posibles responsabilidades de altos mandos de la Armada Argentina enfrenta una nueva etapa crucial. La Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, definirá qué tribunal llevará adelante el juicio oral, tras fijar una audiencia para el próximo lunes 29 en la que escuchará a todas las partes involucradas. Este proceso busca esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.

El debate se centra en la competencia del Tribunal Oral Federal (TOF) de Río Gallegos, Santa Cruz, actualmente a cargo del expediente. Luis Tagliapietra, padre del tripulante Alejandro Tagliapietra y querellante en la causa, cuestionó esta jurisdicción y propuso que el juicio se realice en Mar del Plata, ciudad desde donde zarpó el submarino y sede de la Fuerza de Submarinos. Las defensas de los imputados Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide apoyaron esta moción, sugiriendo también los tribunales de Buenos Aires, por ser el centro de decisiones operativas de la Armada.

La causa, instruida por la jueza Marta Yáñez en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, fue elevada a juicio con cuatro oficiales imputados por estrago culposo agravado, incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público. El TOF de Río Gallegos rechazó los planteos contra su competencia, pero el fiscal de juicio Julio Zárate respaldó el traslado del debate a Mar del Plata, argumentando que fue el último puerto del submarino.

En contraste, la defensa oficial de los otros dos imputados, Héctor Alonso y Hugo Correa, junto a la abogada querellante Valeria Carreras, defendieron la continuidad del proceso en Santa Cruz para evitar más demoras.

La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, admitió los recursos presentados por el fiscal y la defensa de Villamide. Borinsky y Carbajo destacaron la importancia de resolver esta cuestión en una etapa temprana para evitar nulidades futuras, señalando que “resulta oportuno darle tratamiento ahora a la cuestión, a fin de no generar perjuicios irreparables”. Hornos, en cambio, votó por declarar inadmisibles los recursos, aunque coincidió en la necesidad de escuchar a las partes en la audiencia.

Los imputados, entre ellos López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento, y Villamide, ex jefe de la Fuerza de Submarinos, enfrentan cargos por presuntas negligencias en el mantenimiento y control del ARA San Juan. La acusación sostiene que se ignoraron advertencias técnicas y que la nave operó en condiciones inadecuadas.

Fuente: con información de Perfil

Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, investigada en la causa de los audios, se presentó ante el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py para entregar su teléfono celular y cumplir con la orden de requisa dictada por la Justicia. Lo hizo acompañado por su abogado, Martín Magram.

Kovalivker, retirado de la gestión de la empresa y dedicado a la escritura, aguardó unos minutos fuera de la fiscalía hasta que su abogado le indicó que podía ingresar. Permaneció en el lugar poco más de una hora y se mostró confiado en que la investigación judicial permitirá esclarecer el “escándalo mediático” que, según afirmó, rodea a una empresa que “está en orden”.

La presentación de Kovalivker se dio en el marco de una investigación que lo buscaba desde la semana pasada. Según fuentes cercanas, su demora en presentarse se debió a un problema de salud relacionado con un cuadro de hipertensión. Sus hijos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, quienes actualmente dirigen Suizo Argentina, ya se habían presentado en la causa y entregaron sus teléfonos celulares, aunque sin las claves de acceso.

El fiscal Picardi enfrenta dificultades para acceder al contenido de los dispositivos. La empresa israelí Cellebrite, proveedora del software utilizado por las fuerzas de seguridad para desbloquear celulares, informó al Ministerio Público que no cuenta con la tecnología necesaria para acceder al teléfono de Jonathan Kovalivker, un Samsung de última generación. Sin embargo, la Justicia dispone de una copia del contenido de uno de los teléfonos de Spagnuolo, otro de los investigados, quien desde ayer es representado por los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.

En simultáneo con la presentación de Kovalivker, la Policía de la Ciudad realizó este mediodía nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la sede de Suizo Argentina, como parte de los operativos encomendados por el fiscal Picardi. Además, desde el lunes, Eduardo Kovalivker, sus hijos y los ex funcionarios investigados, Spagnuolo y Daniel Garbellini, tienen sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

La causa, que permanece bajo secreto de sumario, se originó a partir de audios que involucrarían a Spagnuolo. En uno de los fragmentos, una voz atribuida a él señala: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono’”.

Por la mañana, el abogado Santiago Kent, representante legal de Suizo Argentina como persona jurídica, también se presentó brevemente en la fiscalía.

Fuente: con información de La Nación

Un informe del Instituto Malbrán fue clave para acelerar la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, y otros responsables, por la producción de fentanilo contaminado que provocó -hasta el momento- más de 90 muertes. Las detenciones, ordenadas por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se llevaron a cabo este miércoles en el marco de una investigación liderada por la fiscal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

El informe del Instituto Malbrán señaló graves irregularidades en la producción de los lotes de fentanilo HLB 31202 y 31244, destacando “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Los científicos identificaron un proceso de producción “poco robusto e inconsistente”, con fallas en el sellado de las ampollas que aumentaban progresivamente.

“La práctica de someter las unidades a múltiples inspecciones para rescatar las rechazadas inicialmente demuestra que la calidad del proceso de llenado y cierre fue deficiente”, explicaron, advirtiendo que “un defecto de mal cierre compromete la esterilidad del producto, representando un peligro directo para el paciente”.

Además, el informe reveló problemas en las condiciones de trabajo, como turnos de casi ocho horas continuas del personal en áreas asépticas, una práctica cuestionable según estándares farmacéuticos. También se detectaron fallas en el control de calidad, con ensayos de esterilidad que analizaban múltiples lotes simultáneamente, lo que “invalida el ensayo, ya que impide la trazabilidad e introduce un alto riesgo de resultados falsos negativos”.

El estudio identificó la presencia de bacterias peligrosas, como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, esta última multirresistente a antibióticos y capaz de causar infecciones mortales en pacientes críticos. Las bacterias halladas en las ampollas coincidían genómicamente con las detectadas en pacientes infectados, confirmando la relación directa con los decesos.

Entre los detenidos, además de García Furfaro, se encuentran Diego y Damián García, Olga Luisa Arena, Nilda Furfaro, Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, José Antonio Mairorano, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano, vinculados a la dirección y operación de HLB Pharma y el laboratorio Ramallo. El abogado de García Furfaro, Gastón Marano, trasladó a su cliente a Ezeiza tras enterarse de la orden de detención mientras asistía a los tribunales de Comodoro Py por otra causa.

Fuente: con información de TN

En una audiencia clave del juicio por la expropiación de YPF, la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la República Argentina entregar los chats de WhatsApp y correos electrónicos del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor, Sergio Massa.

La audiencia, que se extendió por aproximadamente 90 minutos, reunió a representantes de Argentina y los fondos demandantes ante la jueza Preska. Durante la sesión, se discutieron aspectos centrales del proceso de discovery, que incluye la entrega de documentos requeridos por los demandantes para cumplir con la sentencia, así como información relacionada con el concepto de “alter ego” de YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA), el Banco Nación y ENARSA.

La magistrada dio lugar a la solicitud de los beneficiarios, quienes buscan demostrar que los activos de estas entidades son equivalentes a los de la Argentina y, por lo tanto, susceptibles de embargo. En este contexto, Preska ordenó la entrega de comunicaciones internas relacionadas con YPF y el BCRA, así como mensajes desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y ex funcionarios.

La Procuración General del Tesoro expresó su preocupación por la decisión y señaló que está evaluando opciones para apelar. “La jueza ordenó a la República Argentina producir comunicaciones internas relacionadas con YPF y el BCRA. También dispuso la entrega de comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios. Además, se autorizó discovery sobre posibles vínculos de alter ego con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA”, comunicó. Agregó que esta medida “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”.

Asimismo, la Procuración denunció un abuso del proceso de discovery por parte de los demandantes, afirmando que Burford Capital, su financiador, “reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar ‘arrojar arena en los engranajes’ de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”. Según la entidad, Argentina ya ha entregado más de 100.000 páginas de documentos, incluyendo información sobre cuentas financieras en diversos países.

Para los demandantes, esta decisión representa un avance en la causa, en la que Argentina enfrenta una sentencia que la obliga a pagar US$16.100 millones más intereses, estimados en US$2,5 millones por día. A mediados de julio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió de manera preventiva la entrega de acciones de YPF ordenada por Preska.

El Gobierno argentino espera que la Corte de Apelaciones prorrogue esta suspensión o, de lo contrario, continuará apelando hasta llegar, si es necesario, a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Fuente: con información de TN

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz confirmó su competencia para llevar adelante el juicio oral contra ex miembros de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017. La decisión, que aún puede ser apelada, marca un paso clave en el proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades en la tragedia que dejó 44 víctimas fatales.

La resolución judicial avanza en la elevación parcial a juicio de Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, ex jefe del departamento de operaciones. Estos oficiales enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, siendo los únicos imputados en el expediente hasta el momento.

El Tribunal desestimó planteos que proponían trasladar el juicio a Mar del Plata, donde, según algunas partes, “acontecieron gran parte de las causas mediatas del naufragio del submarino” y donde “se encuentran muchos de los testigos que serán citados a juicio”. También se rechazó la solicitud de derivar el caso a Comodoro Py. 

Los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto fundamentaron que el Juzgado Federal de Caleta Olivia, por su cercanía al lugar de la implosión del submarino, es la sede competente. Según peritajes, “la implosión habría ocurrido al sur del límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, por consiguiente, era competente el Juzgado Federal de Caleta Olivia”.

En su fallo, los magistrados destacaron que “no interesa que la tragedia aconteciera más allá de las 200 millas marinas. El ARA San Juan era un buque de guerra, según la definición del art. 29 de la Convención sobre el Mar”. Además, subrayaron que “los buques en alta mar están sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado cuyo pabellón enarbolan. Por lo tanto, estaba sometido a la jurisdicción del Juzgado Federal de Caleta Olivia”.

Sobre las decisiones operativas, el Tribunal señaló que “no tiene mayor autoridad que las decisiones para navegar del ARA San Juan se hayan tomado en CABA o en Mar del Plata. Serían tales decisiones las presuntas violaciones al deber de cuidado. Lo importante es que el resultado habría acontecido en la jurisdicción de competencia de este Tribunal”.

La sentencia también resaltó que, tras el hallazgo del submarino en 2018, “la competencia del Juzgado Federal de Caleta Olivia fue ratificada por todas las partes en todas las instancias pertinentes. El Ministerio de Defensa, la propia Armada Argentina realizó la denuncia en dicha jurisdicción, validando el anclaje territorial desde el inicio”. Los camaristas advirtieron que “trasladar la causa a otra jurisdicción a esta altura del proceso, y con el peligro que implica dicho cambio, implica una revictimización directa de los familiares”.

Por otro lado, el expediente no ha avanzado en determinar responsabilidades políticas. Aunque el ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur están denunciados, no hay progresos significativos en esta línea. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó investigar qué conocimiento tenían Macri y Aguad “sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que llevaba adelante el ARA San Juan”. En su momento, Macri escribió en Twitter: “Ganó la verdad”.

Fuente: con información de TN

La Justicia de Salta sobreseyó a Héctor Romero, el camionero de 71 años que estaba acusado por el homicidio de María Cash. La joven fue vista por última vez el 8 de julio de 2011.

La decisión fue tomada por el Juzgado Federal N°2 de la provincia, luego de que se determinara que no existen pruebas suficientes para involucrarlo en el caso.

Según el comunicado de la Oficina de Prensa de la Justicia de Salta, la medida fue dictada el 12 de mayo, aunque se dio a conocer recién hoy.

El sobreseimiento se resolvió luego de una investigación llevada a cabo por la División de Análisis de Evidencia Digital Forense, la Subdirección de Forensía Digital de la División de Criminalística y Estudios Forenses de la Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Gendarmería Nacional Argentina y por un perito oficial Licenciado en Criminalística y Criminología de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta.

A partir de esto, se determinó que “no existen pruebas suficientes, elementos objetivos, ni evidencias, que permitan vincular de manera fehaciente a Héctor Romero con los hechos imputados”.

Por último, el comunicado señaló que la investigación fue “rigurosa, imparcial y respetuosa”, y que priorizó “la búsqueda de la verdad y la preservación de los derechos constitucionales de las partes involucradas”.

Después de que se diera a conocer el fallo, Santiago Cash, el hermano de la joven desaparecida en julio de 2011, expresó su indignación. “Solo quiero mencionar la mediocridad de la Justicia argentina, pero eso no es ninguna novedad”, indicó.

El 26 de noviembre del año pasado, Romero, que inicialmente había sido citado como testigo, fue detenido por orden de la jueza Mariela Giménez. La Fiscalía General del Distrito de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, había llevado a cabo una investigación que terminó en la imputación del camionero por el delito de “homicidio calificado por alevosía”.

Romero ingresó a la escena de la investigación seis días después de que a María Cash se le perdiera el rastro. Fue a partir de la declaración de un testigo que dijo haber visto a una mujer haciendo dedo al costado de la ruta. Esta persona dijo que observó el momento en que “un camión Mercedes Benz blanco la levantó”.

Este punto es una de las cuestiones que despertó sospechas en los investigadores, ya que el camionero nunca comunicó haber visto a María el día que desapareció, ni tampoco informó a la Policía haberla “acercado” hasta un lugar.

Antes de su detención, Romero declaró cinco veces, cuatro en 2011 y una en 2019. En esos testimonios, la Fiscalía concluyó que dio diferentes ubicaciones en la que habría dejado a la joven diseñadora, luego de que se subiera al camión.

Fuente: TN

En el marco del juicio que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda, madre de uno de sus hijos, desató una controversia al hacer públicos unos chats que involucran a la psiquiatra Agustina Cosachov. Ante la difusión del material, la profesional rompió el silencio y emitió un contundente descargo a través de sus redes sociales.

Ojeda mostró una conversación entre Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, quien le dijo: “Te garchaste al gordo, sinvergüenza!!!!”. Y la mujer le respondió: “Y bueno, jaja, terapia es terapia. Cada uno con su técnica, jaja”.

“Es absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice sobre una supuesta relación íntima con mi paciente”, afirmó Cosachov en un extenso comunicado. La psiquiatra fue categórica al asegurar que su vínculo con Maradona, al igual que con todos sus pacientes, fue estrictamente profesional: “No mantendría otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente”.

Sobre los chats difundidos, Cosachov explicó que fueron “sacados de contexto” y corresponden a un diálogo privado y “claramente sarcástico” con un colega. “Entiendo que este diálogo privado, que jamás debió hacerse público, pueda prestarse a malas interpretaciones. Pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación íntima e informal con un colega”, insistió la profesional.

Cosachov detalló que los mensajes datan de noviembre de 2020, momento en que ciertos medios insinuaron una relación sentimental con Maradona, lo que generó rumores que, según ella, resurgen y se tergiversan en la actualidad.

Finalmente, la psiquiatra lamentó la difusión de este tipo de información y reclamó respeto. “No podemos seguir normalizando el lenguaje humillante y la violencia mediática. He tolerado en silencio muchas cosas, pero esta vez el dolor y el agravio son demasiado grandes para callar. Que se haga justicia. Sin mentiras. Sin manipulación. Sin juego sucio”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas

El pasado 23 de enero dos sujetos armados ingresaron a una verdulería ubicada en Rodríguez Peña al 7200 e instaron a un joven de 17 años a ingresar en una vivienda ubicada detrás del local, donde el menor y la empleada del comercio fueron atados. Finalmente, los delincuentes huyeron con 16.000 dólares y 1.300.000 pesos. Pero el caso tuvo derivaciones impensadas por estas horas, cuando la empleada fue señalada como cómplice del atraco.

Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones Mar del Plata y comisionado personal del Gabinete de Robos Agravados a Viviendas llevaron adelante una investigación, que constó del análisis de cámaras y declaraciones testimoniales.

Con todos los datos recabados, se pudo determinar que la empleada le facilitó el ingreso al interior de la propiedad a los malvivientes.

Por lo tanto, con la intervención del fiscal Mariano Moyano, se ordenó un allanamiento en Rodríguez Peña 7136, donde se pudieron secuestrar elementos que habían sido robados. Además, se ordenó el secuestro del teléfono celular de la empleada para su posterior análisis.

Finalmente, la mujer fue detenida para tomar su testimonio y posteriormente fue liberada.

La justicia platense revocó la prisión domiciliaria que había beneficiado al ex concejal massista Facundo Albini y a su padre, el ex subdirector de personal de la Legislatura bonaerense Claudio Albini, ambos acusados de haberse apropiado de los sueldos de empleados “ñoquis” de la Legislatura provincial junto a Julio “Chocolate” Rigau.

Rigau consiguió estar preso en su casa con una tobillera electrónica. Fue detenido mientras retiraba dinero de cajeros del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito ajenas.

El mismo beneficio habían obtenido los Albini, pero ahora la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata revocó esa decisión y ordenó que sigan en prisión preventiva en las condiciones que tenían hasta ahora.

Esto fue a pedido de la fiscal Betina Lacki, que argumentó que la decisión de mandarlos a la casa era arbitraria y no estaba motivada. Dijo que no se habían valorado correctamente las circunstancias personales y procesales de los imputados, “especialmente su rol jerárquico dentro de la organización criminal”.

Pablo Secchi, de Poder Ciudadano, también impugnó la decisión, argumentando que se aplicaron incorrectamente los argumentos utilizados en el caso de Rigau, pues los Albini tenían un “rol jerárquico” en la organización de recaudación de fondos para la política.

El tribunal destacó que Claudio Albini estaba en la cúspide de la estructura delictiva y que Facundo Albini tenía un rol intermedio, lo que los ubica en un lugar de mayor riesgo de obstrucción de la justicia.

Los riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y la obstrucción de la investigación, no se neutralizan con el arresto domiciliario, dijeron, y mencionaron que al revocar el arresto domiciliario y mantener la prisión preventiva aseguraban la integridad del proceso judicial.

Rigau fue detenido el 9 de septiembre del año pasado y así se inició esta causa. Y los Albini fueron arrestados el 23 de noviembre de 2023 y desde entonces están tras presos, procesados con prisión preventiva.

Rigau y los Albini afrontarán un juicio oral, acusados de haber desviado al menos 464 millones de pesos de las arcas públicas, con la complicidad de 48 “ñoquis” y empleados “fantasma” de la Legislatura bonaerense, durante años.

Fuente: DIB

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el decomiso anticipado de los fondos que tenía en una cuenta exchange (una plataforma para operaciones con criptomonedas) un hombre acusado de liderar una organización criminal dedicada al contrabando de teléfonos celulares, organizar y realizar juegos de azar clandestinos, llevar a cabo operaciones de intermediación financiera no autorizada y lavar los activos provenientes de esas actividades ilícitas.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General, este caso es el primero en el país en el que se dicta y confirma una orden de decomiso anticipado de criptoactivos que, se sospecha, fueron utilizados para brindar apariencia legal a las ganancias obtenidas con los delitos cometidos.

La investigación de este caso se inició en septiembre de 2023, a partir de una denuncia anónima, que derivó en una serie de allanamientos en junio de este año. El acusado, que de acuerdo a la investigación sería el líder de la estructura criminal, fue procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita, por administración y explotación de juegos de azar sin la debida autorización y por lavado de activos agravado. El resto de las conductas que se le imputan son aún materia de investigación.

En los primeros pasos de la investigación, el juez instructor, Santiago Inchausti, había ordenado -entre otras medidas- el decomiso de los fondos existentes en la cuenta del acusado en la plataforma Binance en favor de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se constituyó como querellante durante el proceso.

La defensa del imputado planteó la nulidad de la decisión con los argumentos de que el sujeto no había sido notificado de tal decisión -se encontraba prófugo al momento del dictado de la medida cautelar- y que su procesamiento -confirmado el pasado 11 de diciembre- había sido apelado. Con estos argumentos, y al considerar que la sentencia violaba el derecho de propiedad, la defensa apeló la decisión del juez Inchausti.

Antes de resolver, los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez requirieron la opinión de la UIF, por intermedio de su apoderado, y del fiscal general Daniel Adler.

En el fallo, emitido el 20 de diciembre, los jueces de la Cámara Federal desarrollaron el criterio de la Corte Suprema de Justicia en relación a las nulidades: “Sólo cabe pronunciarse por la anulación de las actuaciones cuando exista un derecho o interés legítimo lesionado, de modo que cause un perjuicio irreparable, más no cuando falte una finalidad práctica en su admisión”.

En tal sentido, los camaristas entendieron que “en el caso no se evidencian vicios u omisiones que conlleven a la invalidez de los actos denunciados, pues no se trasluce la afectación de los principios constitucionales argüidos por la defensa”, y repararon en los “graves delitos” investigados en la causa.

“Somos de la idea -manifestaron más adelante los camaristas- que la remisión de esos fondos a la Unidad de Información Financiera se presenta como la vía más idónea que el juez ha escogido para perfeccionar el cumplimiento del decomiso anticipado que ha quedado firme”.

En esta línea, los jueces citaron el dictamen del fiscal Adler, quien había sostenido que el decomiso anticipado de los fondos “fue dispuesto en un todo conforme por lo normado en los artículos 23 y 305 del Código Penal, con miras de hacer cesar la comisión del delito o sus efectos y evitar que se consolide su provecho”, pues para ordenarlo se tuvieron en cuenta las siguientes situaciones: el alto grado de verosimilitud del derecho en función de los elementos probatorios acerca de la comisión del lavado de activos; el peligro en la demora; y la condición de prófugo en la que se encontraba el imputado.

“En este aspecto -sumó el fiscal general- cobra especial importancia el tipo de bienes cuyo decomiso se dispuso, ya que, al tratarse de activos digitales, con una condición altamente volátil, su pronta liquidación se torna adecuada y necesaria en el marco de procesos como el presente”.

Frente al segundo argumento de la defensa, basado en la supuesta falta de notificación del decomiso, los magistrados de la Cámara Federal repararon en que el imputado se encontraba prófugo y con pedido de captura nacional e internacional al momento de esa resolución.

Fuente: Fiscales.gob.ar

“Estoy muy emocionado y contento de que podamos como familia saber la verdad después de un gran sufrimiento y persecución judicial”, dijo Marcelo Macarrón, esposo de la víctima, en un breve intercambio después de que se difundiera la noticia sobre el ADN positivo y la identificación de un nuevo sospechoso en la causa. “Después de dieciocho años, que no es poco”, reafirmó.

Hoy la Justicia informó que Roberto Bárzola, que trabajaba como colocador de pisos en la casa de Dalmasso en el country Villa Golf de Río Cuarto al momento de su asesinato, es el nuevo sospechoso señalado.

La sospecha de un crimen por encargo persiguió a Macarrón casi desde el inicio del resonante caso y recién hace tres años, cuando fue juzgado y absuelto por un jurado popular en 2022, pudo empezar a hacer el duelo por su esposa asesinada. También entonces, se reabrió la investigación en busca de “la verdad histórica” del crimen de Nora Dalmasso.

En esta nueva línea fue clave la llegada del fiscal Pablo Jávega -el sexto fiscal del caso-, quien con personal de la División de Investigación Operativa y la colaboración de un laboratorio asociado al FBI, hizo un mapeo de más de 200 personas que pasaron por la casa de los Macarrón y logró aislar, en el cinturón usado como arma homicida, un ADN que no pertenecía ni a la víctima ni al marido.

Este perfil genético, que ya fue identificado por la Justicia, es el que se presume pertenece al asesino.

Durante el juicio en el que absolvieron a Macarrón también se cayó la hipótesis de un crimen premeditado. Los forenses Martín Subirach y Mario Vignolo coincidieron en plantear: “Fue algo del momento (…). Algo pasó en la relación (…) el asesino no había llevado nada para matarla (…). El agresor se sacó y provocó el estrangulamiento con algo que tenía a mano”.

En esa prueba, el cinturón o el arma homicida, fue que se concentró la investigación que aún sigue abierta. “En el debate se reveló que en el cinto de una bata había tres rastros genéticos”, explicó el fiscal Pablo Jávega, y completó: “El de la víctima y dos masculinos. Uno de los ADN pertenecía a Marcelo Macarrón y el otro desconocido”.

Para avanzar en esta dirección, en los últimos meses se analizaron 44 nuevas muestras de ADN y se pidió la colaboración del Centro Nacional de Ciencias Forenses de Florida, laboratorio asociado al FBI que ya había asistido previamente en este caso.

“Pudimos ubicar a la misma persona del laboratorio norteamericano que intervino hace 18 años”, destacó Jávega. “El conservaba todavía los registros”, sumó. De esta manera, se facilitó el trabajo de cotejo y pudieron “aislar, separar el perfil de Macarrón del otro desconocido”, ya que ambas huellas estaban entrelazadas.

“Desde hace dos años se viene trabajando en un barrido de quiénes pudieron haber hecho ese aporte genético. Estamos plenamente conscientes de las dificultades, pero la expectativa siempre está”, decía el fiscal, que además tomó distintas testimoniales.

“No sólo a la familia, también fueron citados a declarar como testigos el personal doméstico o de mantenimiento, todas las personas con las que podíamos consultar cuestiones asociadas a los hábitos de la casa, la cotidianeidad”, sostuvo Jávega.

“Estamos aplicando un método y ese método nos puede llevar a un resultado”, explicó sobre su trabajo el fiscal. Y el resultado llegó, sorpresivamente, cuando se cumplieron 18 años el crimen de Nora Dalmasso.

Fuente: TN

La Justicia vuelve a darle otro revés a la ex presidenta Cristina Kirchner. En este caso, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ordenó volver a investigar el patrimonio de la líder de Unión por la Patria en una causa por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas.

La Cámara desestimó el archivo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la ex presidenta y ordenó que se realice un peritaje contable del patrimonio. El expediente había sido archivado por el juez Julián Ercolini, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

“La hipótesis de enriquecimiento ilícito que aquí se denunció denota una conexión directa entre el incremento desproporcionado del patrimonio de una persona y la imposibilidad de justificarlo correctamente en las respectivas declaraciones juradas. Se trata de dos aristas de una misma maniobra, las omisiones o irregularidades en la exteriorización de un patrimonio, cuyo incremento apreciable e injustificado se pretende ocultar”, expresó el fallo de Cámara.

El tribunal determinó “revocar la decisión del 5 de junio pasado en todo cuanto ha sido materia de recurso, debiendo el magistrado de grado ordenar la realización de un peritaje contable, estableciendo los puntos de pericia que estime pertinentes”.

Las inconsistencias datan de entre 2010 y 2014. El fiscal Pollicita había decidido archivar la causa, aunque la Unidad de Información Financiera (UIF) se opuso y los camaristas ratificaron la decisión de continuar con la investigación. La fiscalía explicó que los plazos fijos informados por las entidades financieras coincidía con la información presentada por la ex mandataria.

Clarín precisó que “los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens explicaron que no se analizó el presunto delito de enriquecimiento ilícito, porque no fue lo que la UIF apeló en su rol de querellante”.

Llegó la peor noticia para Cristina Kirchner. La Corte Suprema ordenó que deberá someterse a juicio oral por encubrimiento agravado, a raíz de haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán. Se trata de otro duro revés en los tribunales para la ex presidenta, que queda complicada por las múltiples implicancias de la causa.

En principio, porque el atentado a la AMIA fue un ataque terrorista gravísimo, y ahora Cristina Kirchner queda sospechada de haberlo encubierto gracias a un siniestro acuerdo con el régimen terrorista.

En segundo lugar, porque la Corte le da credibilidad a la denuncia que había hecho el fiscal federal Alberto Nisman, quien apareció muerto en enero de 2015, horas antes de presentarse en el Congreso para exponer sobre su grave acusación. Ese hecho nunca se esclareció, pero quedó instalada en la opinión pública la certeza de que a Nisman lo asesinaron por esa causa.

Además, porque la ex jefa de Estado ya tiene una condena por corrupción (causa Vialidad), confirmada por la Cámara de Casación Federal. El nuevo juicio oral la expone, entonces, a otra condena penal, pero sobre todo a una gravísima sanción moral.

Y por último, la Corte acaba de ubicar a Cristina en el hemisferio exactamente opuesto al de Javier Milei: mientras el presidente está alineado con los Estados Unidos e Israel, el máximo tribunal del país señala que la ex presidenta pudo haber apoyado a Irán, el mayor enemigo declarado de Occidente.

Fuente: TN

La Fiscalía General y el Tribunal Oral Federal en lo Penal N°1 aceptaron la propuesta presentada por una empresa fabricante de harina de pescado que, como resolución de una causa penal que afrontaba, propuso una compensación económica destinada exclusivamente a la finalización de las obras de extensión de red cloacal en el Puerto de la ciudad.

La Justicia Federal consideró viable esta alternativa de acuerdo conciliatorio, con aporte de una suma de dinero que quedará afectada en una cuenta a nombre del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, que se encargará de licitar y completar esta obra pública.

“Celebramos que la justicia haya apoyado esta opción para la resolución de esta causa y, con ella, la oportunidad de priorizar como destino la finalización de una obra que resulta fundamental para el desarrollo de nuestro puerto y el cuidado ambiental de toda la jurisdicción”, señaló Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Los jueces fijaron una serie de pautas a cumplir que incluyen además el seguimiento periódico del destino de esos fondos y su aplicación, que deberán quedar reflejados en informes de avance de la obra comprometida, desde el proceso licitatorio previo hasta su materialización en el tramo de red de servicios sanitarios por completar.

“Los fondos económicos ofrecidos por los directivos de la empresa permitirían la conclusión de la obra de redes cloacales en el ámbito portuario y favorecería a más de cien empresas vinculadas a la actividad”, resumieron en su fallo y advierten que resulta “fundamental” que el dinero ofrecido a modo de reparación integral “vuelva transformado en una obra que beneficiaría no sólo a las empresas locales, sino a la comunidad y medio ambiente en general”.

El acuerdo conciliatorio fue propuesto por la empresa demandada, valorado y aceptado por el Ministerio Público Fiscal y acompañado por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, a quien se confía el depósito de los fondos y su aplicación a la obra comprometida ante el tribunal.

“La compensación ofrecida como reparación integral adquiere en consecuencia un carácter preventivo, en tanto implica no sólo detener el efecto ambiental negativo que motivó la formación de la causa, sino también tomar un rol proactivo en el cuidado del bien jurídico colectivo”, coincidieron desde el Tribunal en su resolución.

Si bien más temprano se había dado a conocer que el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, había decidido archivar la causa por el hundimiento del buque pesquero Repunte, finalmente la hermana del capitán desaparecido, Gabriela Sánchez, confirmó que aceptaron la apelación.

De este modo, los siete acusados que habían sido sobreseeídos vuelven a ser imputados, al menos hasta que haya una resolución por parte de la Cámara de Comodoro Rivadavia.

“Tengo una novedad que nos avisó nuestra abogada. La apelación fue aceptada y el fiscal de la causa apeló en el mismo sentido que nosotros, es decir que no había sido tenido en cuenta el informe técnico de la Junta de Seguridad en el transporte. Ahora, los que estaban sobreseídos vuelven a quedar imputados hasta que resuelva la Cámara de Comodoro Rivadavia”, le contó Sánchez a El Marplatense.

Sánchez ya se había manifestado con este medio, luego de que la semana pasada se diera a conocer de que Lleral planeaba archivar la causa después de siete años de investigación. “El juez hizo lo mismo con la causa Maldonado. Jurídicamente no se explica el porqué, ya que hasta junio estuvo tomando declaraciones a imputados, la causa se movió y quedaron un montón de cuestiones por resolver. Lo que intenta hacer con esta medida es dejar sin justicia un hundimiento que a todas voces denota las causas”, había denunciado. 

El buque pesquero Repunte zarpó de Mar del Plata el 13 de junio de 2017 y se hundió el 17 de ese mismo mes frente a las costas de Rawson, mientras operaba en la captura de langostino en medio de una fuerte tormenta con doce tripulantes a bordo.

Lucas Trillo y Julio Guayma fueron los únicos sobrevivientes, y Silvano Coppola, Jorge Gaddi y José Homs fueron hallados sin vida. En tanto, Gustavo Sánchez, Jorge Arias, Horacio Airala, Néstor Paganini, Claudio Islas, Isaac Cabanchik y Fabián Samite nunca fueron encontrados.

El fiscal federal Nicolás Czizik pidió penas de entre 1 año y 6 meses y 8 años y medio de prisión para 20 de los acusados, al concluir, tras seis horas de exposición, su alegato en el megajuicio por asociación ilícita y más de 300 fraudes contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), con un perjuicio millonario al Estado, a través de la fabricación de beneficios previsionales fraudulentos.

Caso por caso y de manera detallada, el representante del Ministerio Público Fiscal dio cuenta de las responsabilidades de las personas acusadas. También requirió la absolución de 19 imputados: 17 de ellos beneficiarios y dos mujeres -una abogada y una psicóloga- por no determinarse en instancia de juicio sus responsabilidades en las maniobras. Además, solicitó la absolución parcial de un ex funcionario de la ANSES por falta de evidencia, pero requirió pena por la tenencia ilegítima de tres armas de fuego de guerra.

Por otro lado, abordó los acuerdos de juicio abreviado donde reconocieron su responsabilidad cuatro médicos, dos empleados, otra persona con vínculos en el estudio y una contadora, y pidió su homologación.

Como la semana pasada, la audiencia de este juicio que comenzó hace casi un año, tuvo 34 audiencias y por el que cual declararon 117 testigos, volvió a conjugar la presencialidad y la virtualidad.

Czizik -quien estaba a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata cuando se instruyó la causa-, alegó de manera remota ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Mar del Plata, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas y Karina Yabor.

En la sala de audiencias del TOCF, estuvieron presentes algunos de sus empleados; algunos imputados con sus abogados; y la secretaria de la fiscalía, Guillermina Jiménez.

LAS PENAS

Las penas más altas fueron solicitadas para los cuatro principales imputados que tenían a cargo el estudio previsional desde donde se realizaban las defraudaciones. Para el abogado Luis Miguel Iros, pidió una pena de 8 años y 6 meses de prisión; para el también abogado Rubén David Cagni y para Roberto Balbuena, el pedido fue de 8 años y 3 meses de prisión y para el letrado Luciano Conrado Diez Suárez el requerimiento fue de 7 años y medio.

Los cuatro están acusados de ser jefes de la asociación ilícita, además de 97 casos de defraudación contra la administración pública, más 250 en grado de tentativa, 102 adulteraciones dolosas de registros y cuatro casos de tenencia ilegítima de DNI ajenos. El primero, además, fue acusado por dos casos de cohecho.

El fiscal pidió, para los cuatro, absoluciones por 15 casos de defraudación, uno de alteración dolosa de registro y otro de utilización de documento privado falso, además de siete tenencias ilegítimas de DNI ajenos.

Además, requirió el decomiso de los inmuebles ubicados en la esquina de avenida Paso 2880 y 2890, además el dinero en efectivo incautado a los cuatro principales responsables de la organización. El juicio se reanudará en dos semanas, con el inicio de los alegatos de las defensas.

Fuente: Fiscales.gob.ar

La ex presidente Cristina Kirchner declarará el 14 de agosto en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufriera el 1 de septiembre de 2022. Así lo confirmaron fuentes del entorno de la ex mandataria. 

El juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio último en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de “La banda de los copitos”.

Con distintos roles, los tres están acusados por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidente de Alberto Fernández.

Fuente: Noticias Argentinas

Se adjuntó un nuevo informe médico en las últimas horas al nutrido expediente que investiga la muerte de Diego Maradona, que tiene fecha de juicio para el próximo 4 de junio en los tribunales de San Isidro. Se trata de una pericia realizada a pedido de la defensa de uno de los principales imputados, Leopoldo Luque, y que pone en duda la causa de muerte del astro consensuada por una junta médica y que llevó a los 8 acusados al banquillo. Los fiscales del caso cuestionaron la idoneidad del trabajo con dureza.

El nuevo documento que se incorporó al expediente señala que el ex capitán de la Selección murió por un “paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular izquierda agusane, un cuadro agónico de corta duración, siendo estimado en minutos o a lo sumo en pocas horas”.

“La versión del perito severamente cuestionado por la Fiscalía, como ya había adelantado en este proceso, y en otros, como el de Alejandro Cohn, en el que el mismo perito dijo que no había mala praxis de ninguno de los médicos; viene a contradecir la labor de 21 expertos que durante tres meses examinaron todas las constancias de la causa al realizar la junta médica interdisciplinaria”, se quejaron los instructores de la causa Maradona, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, en un texto al que accedió Infobae.

El informe fue pedido por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro que va a realizar el juicio, a solicitud de la defensa de Luque y en el marco de lo que se conoce como instrucción penal secundaria. Es decir, las últimas pruebas antes del juicio.

Muchos de los abogados defensores, tomaron este documento como una buena señal porque, según interpretaron, los beneficia porque “les saca responsabilidad”, ya que la muerte no se produjo, según este informe, por una “descuido” o por “falta de atención”.

Sin embargo, desde la parte acusadora cuestionaron el documento porque está confeccionado por “un médico cuya especialidad no es la cardiología”. Se trata de Pablo Ferrari, experto oficial de la Suprema Corte Bonaerense en la asesoría pericial de San Isidro. Lo escrito allí se contrapone con lo expuesto por la junta médica, que analizo la causa durante cuatro meses hasta llegar a las conclusiones finales. Este informe se elaboró en poco más de 72 horas.

En sus conclusiones, Ferrari asegura que en cuanto a las causas del paro respiratorio agudo, no puede descartarse “la presencia de un tóxico ajeno a las drogas indicadas terapéuticamente”.

En contrapartida, la Fiscalía sacó un comunicado donde se queja de la entidad del nuevo informe: “Desde el Ministerio Público Fiscal señalan que no existe ningún giro en la causa, ni nada que se parezca”. Y agregaron que, además de que “inexplicablemente lo hizo un perito en soledad en 72 horas -en un día hábil y durante un fin de semana-... su informe aparece absolutamente carente de fundamentos lógicos y basado en análisis de sólo un mínimo segmento de pruebas que ofreció la defensa de Luque, y no de toda la prueba reunida en la causa en casi cuatro años; y a espaldas de las evidencias y cuestionamientos señalados por la Fiscalía”.

Para continuar: “Además de extralimitarse el perito, ya que sólo debía decir si los puntos que pidió Luque estaban respondidos en la pericia anterior; no hace otra cosa que arrojar dudas sobre elementos no controvertidos bajo un formato de potencialidad de asuntos sin sustento”.

Y cierran, concluyendo: “La versión de este perito, cuya especialidad no es la cardiología, va a ser cuestionada por los fiscales en el propio juicio y con las acciones legales que entiendan pertinentes contra aquel supuesto experto”.

La junta médica, entre peritos oficiales y de parte, más especialistas designados por las defensas, deliberó durante dos meses por Zoom cada lunes y jueves, conectados entre sí en un grupo de WhatsApp. Aseguraron que, efectivamente, los remedios eran correctos, pero que sus combinaciones podían traer efectos adversos directamente relacionados con el corazón de Diego. Encontraron que esas interacciones entre pastillas y alcohol podrían haber dañado gravemente a Maradona e incluso costarle la vida.

Sus conclusiones: “A pesar de que por separado los psicofármacos indicados pudieran no tener una interacción directa y marcada con bebidas alcohólicas, la acción conjunta de los mismos, en un paciente complejo con una triple afección (cardíaca-hepática-renal), puede producir estados de sedación intensos, confusión, posibles descontroles conductuales severos, disminución de la capacidad motora, alteraciones en el ritmo cardíaco y la presión arterial. Teniendo en cuenta la farmacodinamia y farmacocinética de los fármacos y el etanol, el suministro conjunto (no necesariamente en el mismo momento, sino durante el mismo día) está contraindicado”.

Los ocho profesionales de la salud imputados por la muerte de Maradona están acusados por el delito de homicidio con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Se trata del neurocirujano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Los fiscales consideran que los ocho acusados que se sentarán en el banquillo tuvieron algún grado de participación en la supuesta “internación domiciliaria” de Maradona en la casa de Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020.

Entre las pruebas, hay cerca de 130 mil audios que involucran a muchos de los imputados y que refieren desde la etapa en la que Maradona estaba con vida hasta que murió por causas que, según la Justicia, se podrían haber evitado.

Maradona falleció a los 60 años: la autopsia realizada en la morgue de San Fernando determinó que su deceso se produjo como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”. Y también se descubrió que tenía una “miocardiopatía dilatada”.