El debate oral por los escritos de Oscar Centeno retomará este jueves a las 9 con la lectura de uno de los tramos más contundentes del requerimiento fiscal. 

Tras el fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido que insumió gran parte de la audiencia, el Tribunal Oral Federal Nº 7 se dispondrá a avanzar con las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, donde la fiscalía expone la columna vertebral de su tesis acusatoria: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.

La última parte del tercer requerimiento aborda la valoración probatoria de los dichos de los imputados colaboradores. Sobre este apartado, la fiscalía dio por acreditado la existencia de un mecanismo dual de recaudación: uno ejecutado por funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas y otro articulado por actores financieros que recolectaban fondos mediante retornos pactados en las mayores obras públicas del período.

La reconstrucción a exponerse este jueves en la séptima audiencia detalla no solo la operatoria, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios señalados.

El análisis fiscal achaca a firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR haber participado de un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en contrataciones públicas, licitaciones, modificaciones de plazos, certificaciones, pagos atrasados y gestiones regulatorias. En cada episodio, el dictamen detalla el hecho probatorio que enlaza comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y presencia de funcionarios involucrados.

Hasta ahora, la lectura se había concentrado en reconstruir hechos y describir actores; lo que sigue es la exposición de como el fiscal Carlos Stornelli ensambló toda esa información para sostener su afirmación más fuerte: que existió una estructura delictiva centralizada cuyos circuitos, según la acusación, terminaban en el departamento de la calle Uruguay o en la Quinta de Olivos, donde el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido los fondos en nombre de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Está previsto que también sea leído el tramo referido a Roberto Baratta, presentado por el Ministerio Público durante la instrucción como la “pieza operativa clave” del circuito de recaudación en decenas de hechos que se le atribuyen y su rol como nexo permanente entre empresarios, intermediarios y otros.

La reanudación del juicio llega tras una jornada atípica. El pasado martes 2 de diciembre, el tribunal debió frenar el debate durante casi cuatro horas para analizar el pedido de recusación de De Vido, que finalmente fue rechazado por inadmisible.

La demora en la deliberación solo dejo algunos minutos para retomar la lectura de descargos y avanzar levemente en la tercera parte de la acusación principal, sin entrar de lleno en el análisis probatorio.

Fuente: NA

Los abogados defensores de empresarios, financistas y ex funcionarios procesados en la causa Cuadernos ratificaron hoy los ofrecimientos de reparación económica para evitar ir a juicio y dijeron estar dispuestos a pagar el monto de sus embargos actualizado, entregar bienes como un departamento en Miami o un yate.

A lo largo de la audiencia virtual que comenzó más de una hora después de lo previsto, pasadas las 10 de este viernes, el Tribunal Oral Federal 7 escuchaba las propuestas, entre ellas la de la defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares que ya están embargados en la causa.

Otros empresarios que piden la extinción de la acción penal por reparación ofrecen los embargos que tienen dictados en la causa actualizados, por ejemplo 732 millones de pesos en el caso de Mario Rovella u 826 millones de pesos por parte de Julio Paolini, mientras que también, ratificaron sus ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli, Ángelo Calcaterra y Hugo Dragonetti.

Entre los argumentos, los abogados aludieron a los años que podría durar un juicio donde ya se convocó a 622 testigos, con audiencias una vez por semana y múltiples acusaciones.

Al ratificar que sus clientes "se saben inocentes", pero necesitan resolver el tema para poder seguir adelante con sus empresas y con sus vidas ante la "condena natural" que se les impuso en la causa Cuadernos todos ratificaron los ofrecimientos de reparación.

El primero en hablar fue el abogado que tuvo la iniciativa de concretar el planteo al que se fueron sumando otros defensores y se trata del letrado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.

El letrado recordó que el sistema judicial argentino tuvo megacausas que "generaron tanta expectativa" y "han terminado todas sin respuesta ni para la sociedad ni para los que fueron imputados" y señaló a "la mafia del oro, la aduana paralela, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador", entre otras.

"Es la perspectiva que vemos en este proceso", advirtió y ratificó que sus clientes son inocentes, pero "llevan seis años de penas naturales, sancionados por el compliance del sistema financiero, han sufrido publicación de sus nombres".

Otro abogado, Luciano Pauls, advirtió que el futuro juicio podría durar "entre 10 y 20 años" porque es una causa que "claramente colapsa al tribunal" y cuestionó además el costo.

"¿Cuánto cuesta este juicio por mes? ¿Cuántos jueces, secretarios, prosecretarios? Cuesta 50 mil dólares por mes", dijo de manera aproximada.

A la audiencia asistía además el procesado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y los ex funcionarios Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escuchaban a las defensas y luego darán la palabra a la querella de la Unidad de Información Financiera y a la fiscal Fabiana León.

Fuente: NA

La Corte Suprema de Justicia ordenó que Cristina y Máximo Kirchner vayan a juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces por lavado de dinero y asociación ilícita. El entramado involucra a los hoteles, propiedad de la familia Kirchner: la Justicia cree que emitía facturas a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, entre otros empresarios, para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

En septiembre de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un juicio oral y revocó los sobreseimientos -apelados por el fiscal Diego Velasco- que había dispuesto en noviembre de 2021 el Tribunal Oral Fededal Nº 5 sobre la treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Sí confirmó el sobreseimiento de Florencia Kirchner.

El fiscal Velasco había pedido nuevas medidas de pruebas y sumar el entrecruzamiento de llamadas de Cristina Kirchner y el entorno presidencial con el empresario Lázaro Báez de la causa “La ruta del dinero K” y los chats del ex secretario de Obras Públicas, José López, en la causa Vialidad por la obra pública de Santa Cruz.

El TOF 5 había frenado el juicio oral con el siguiente argumento: “El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”.

Así quedó en suspenso el requerimiento del fiscal Velasco “hasta tanto lo resuelto por la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal con fecha 18 de septiembre de 2023, adquiera firmeza”. Hoy, la Corte habilitó el juicio oral.

El 18 de septiembre de 2023, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone de la Cámara Federal de Casación Penal no solo revocaron los sobreseimientos, sino que también apartaron a Daniel Obligado y Adrián Grünberg, los jueces que habían sobreseído a Cristina Kirchner.

“Los jueces (Obligado y Adrián Grünberg) que conformaron el voto mayoritario cometieron un grosero error, que torna arbitraria su conclusión de atipicidad, al pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez cuando […] las maniobras imputadas en esta causa son las maniobras de lavado realizadas para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios”, sostuvieron.

Los Sauces-Hotesur es una de las causas que la ex presidenta tiene elevadas a juicio oral. La otra es el Pacto con Irán. El jueves último, la Corte confirmó el sobreseimiento en “Dólar futuro”. En noviembre de 2025 comenzará el juicio por “Cuadernos de la coima” en el Tribunal Oral Federal 7 y la Corte debe resolver sobre la condena de 6 años que la Cristina recibió por Vialidad.

Fuente: TN

El jueves 6 de noviembre de 2025, Cristina Kirchner estará sentada otra vez en el banquillo de los acusados. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) fijó esa fecha para el inicio del juicio por el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas. Se admitieron 630 testigos para el debate oral y público en una causa con más de 147 imputados -casi todos políticos y ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios- involucrados en el circuito de sobornos.

La ex presidenta está acusada del delito de asociación ilícita en carácter de jefa y se le atribuyen un conjunto de hechos vinculados a las coimas que su gobierno percibía para garantizar a contratistas del Estado diversas concesiones, negocios y obras públicas.

Cinco años después de su elevación a juicio oral, el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez SIgnori, Fernando Canero y Germán Castelli, determinó que en noviembre del próximo año se realizará el juicio por corrupción de mayor envergadura de los que se hicieron en los Tribunales de Comodoro Py.

Un extenso listado de testigos acompaña el proveído del Tribunal en el que los jueces determinaron el inicio del juicio en el Caso Cuadernos, que en etapa de instrucción fue calificado como la mayor estructura de corrupción de los últimos veinte años.

El puntapié inicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.

El sistema funcionó con la "participación indispensable" de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho.

La estructura investigada, básicamente, consistía "en una serie de 'puntos fijos de recaudación', en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense", detalla la acusación que se leerá el día del juicio.

Con más de 220 cuerpos, y 159 imputados el expediente radicado en el TOF 7, analizó los planteos de todas las partes respecto a las medidas de prueba complementaria sugerida como también, lo manifestado por la fiscal general Fabiana León.

Las medidas de prueba complementan la realizada en etapa de instrucción. En esa etapa se impulsaron 231 medidas: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.

El extenso listado de procesados y enviados a juicio oral está encabezado por Cristina Kirchner, sobre quien pesa la mayor acusación: haber sido la jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de pagos ilegales, es decir, sobornos.

La causa está radicada en el Tribunal de juicio hace cinco años. En reiterados escritos la fiscal general que interviene ante el TOF 7, Fabiana León, se quejó por el retraso y denunció ante la Casación tal situación. Si bien su denuncia fue rechazada, sí se convalidó su reclamo de que se avance definitivamente, hacia la fijación de una fecha de comienzo de juicio, algo que ocurrió este viernes.

En la resolución, los jueces indicaron que de acuerdo a la modalidad con la que se vienen desarrollando los diversos debates orales llevados a cabo por este Tribunal y “atendiendo a las particularidades de las presentes actuaciones y sus conexas, se dispondrá la realización de las audiencias mediante la plataforma virtual Zoom”.

Sin embargo, se añadió que “frente a la existencia de alguna circunstancia que amerite la concurrencia del Tribunal en forma presencial, o ante la concreta petición de alguna de las partes para que determinadas jornadas tengan lugar en forma mixta -telemática y semipresencial-, explicados que sean los motivos de la pretensión que deberán ser puntuales y precisos, teniendo en cuenta el volumen de imputados en las causas en cuestión, se proveerá”.

El listado de imputados convocados al inicio del juicio incluye al ex chofer y primer imputado colaborador de esta caso, Oscar Centeno, al financista Ernesto Clarens, al primo de Mauricio Macri -Ángelo Calcaterra- y a su ex socio Javier Sánchez Caballero. El listado incluye también al ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor, y al ex titular de Vialidad Nacional ya condenado, Nelson Periotti, entre otros.

En este expediente la justicia federal contó con el testimonio de 31 imputados colaboradores que fueron el puntapié inicial para la realización de medidas de prueba que, sostiene el requerimiento de elevación a juicio, permiten sustentar las acusaciones.

Son en total 630 los testigos que figuran en la resolución del Tribunal de Juicio, quienes deberán declarar durante las audiencias. Pero puede, en función del debate y cómo se vaya desarrollando el mismo, sumar otras personas.

La elevación a juicio sostiene que el caso de los cuadernos se trataba de “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

A criterio del juez de instrucción, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.

Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la ex mandataria está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada.

Fuente: Clarín

La Cámara Federal porteña ordenó esta tarde que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes cumplían prisión preventiva por presunta responsabilidad en la causa de los "cuadernos de las coimas", sean liberados. Se los excarceló bajo "caución real" y el monto de la fianza será definido por el juez Claudio Bonadio.

Los miembros de la Cámara Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que ya no existe riesgo procesal que justifique su detención. Anteriormente, el  fiscal Carlos Stornelli había sostenido que sus libertades no implicaban un peligro para la causa. Bonadio se había negado a excarcelarlos.

Sobre López y De Sousa pesan dos acusaciones derivadas de las investigaciones de los cuadernos de las coimas. Una tiene que ver con un supuesto lavado de dinero en la compra de departamentos en el edificio donde vive Cristina Kirchner. La hipótesis es que detrás hubo fondos espurios vinculados al fallecido Daniel Muñoz, que fue secretario privado de Néstor Kirchner. La otra causa es por un supuesto cohecho en el manejo de la obra pública, detalló La Nación.

Estas causas avanzan en paralelo con el juicio que enfrentan López y De Sousa por la causa Oil. En ese caso también cumplían prisión preventiva, pero el Tribunal Oral Federal los excarceló hace dos semanas. Desde entonces, todo indicaba que sus días en la cárcel estaban llegando a su fin, sobre todo después de que la Cámara Federal liberó a Oscar Thomas, también en la causa de los cuadernos, a pesar de que Thomas había estado prófugo 48 días.

Las defensas habían solicitado que las cauciones fueran determinadas por la propia Cámara, para evitar que lo hiciera Bonadio. Bruglia y Bertuzzi rechazaron este pedido con el argumento de que si ellos mismos fijaban el monto, los acusados se quedarían sin una instancia de revisión en caso de pretender recurrirlo.

Los jueces sostuvieron además que López y De Sousa deberán "presentarse periódicamente" ante el tribunal y "no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas". También dispusieron que se les retuvieran sus pasaportes y que se librara una "orden expresa de prohibición de salir del país" contra ambos.

Luminoso, amplio en sus ambientes, con una cotización por encima de los 620.000 dólares y ubicado en un coqueto edificio de Puerto Madero, uno de los inmuebles decomisados por el juez Claudio Bonadio en la causa donde se investigaron maniobras de lavado de dinero por parte de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, fue recorrido por las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estados (AABE). Con las llaves en su posesión, será el primero en rematarse como parte de un programa de recupero de bienes de la corrupción.

Sergio Todisco fue procesado por lavado de dinero por el juez Bonadio en el tramo de la causa que investiga exteriorizaciones de fondos por 100 millones de dólares que se volcaron en propiedades, no sólo en Miami y Nueva York, sino que una porción fue aplicada a la adquisición de inmuebles en Argentina. De este listado, la Justicia decomisó 30 bienes que están en manos de la AABE que conduce Ramón Lanús.

El organismo que administra bienes del Estado y en este caso, aquellos que quedan bajo su potestad por designio judicial, había pedido -como contó Clarín-, las llaves de los departamentos, casas y otros bienes, al juzgado federal que instruye la causa que se desprende de los cuadernos de las coimas.

La primera llave que adquirió la AABE fue la del departamento de Sergio Todisco, señalado como operador de Muñoz y acusado de realizar maniobras para el blanqueo de fondos que, según Bonadio, provenían de los bolsos con dinero producto de los sobornos que solía mover el ex secretario de Néstor Kirchner.

Acusado en el expediente de oficiar de intermediario de operaciones inmobiliarias, Todisco está procesado por haber “realizado diferentes transacciones comerciales entre las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de estas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquellos”.

Es que junto a quien era su esposa en aquel momento, Elizabeth Municoy integraron 12 sociedades utilizadas para la compra-venta de inmuebles. Recientemente, Bonadio volvió a procesarlo por otras operaciones.

Son sólo algunas de las acusaciones que recaen sobre el ex dueño del departamento que se encuentra en el lujoso complejo Chateau del barrio Puerto Madero y que se convertirá en el primero en ser rematado por el Estado de forma online. La semana pasada, mediante un decreto presidencial, el Gobierno autorizó a la venta de los bienes cautelados en causas de corrupción, entre ellos se incluyen los 30 que fueron decomisados en este expediente.

Este departamento fue recorrido por las autoridades de la AABE. Con una superficie de 99,8 metros cuadrados y ubicado en un tercer piso, se encuentra completamente vacío. Tiene una habitación amplia, cocina, dos baños, dos balcones y un living. El departamento no conserva ni refleja el lujo de la torre donde se encuentra.

Las estimaciones privadas, según pudo saber Clarín, le otorgan un valor de U$S 626.000. Fue incluso recorrido con personal del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) que depende de la Corte Suprema.

Es sólo la primera de un conjunto de propiedades que se rematarán, estiman las autoridades, antes de octubre. Incluso esta semana, la AABE recibirá tres llaves más por parte del juzgado de Bonadio.

En ese expediente, Bonadio firmó una serie de decomisos de bienes por más 20 millones de dólares. La orden se libró sobre 38 propiedades, de las cuales tienen decomiso firme 30 y son las que alcanza el decreto de Mauricio Macri.

Cómo será el remate

La subasta pública e inmediata se realizará por medio de la plataforma COMPR.AR, y la responsable de esto será la AABE.

Entre los primeros bienes que se rematarán figuran propiedades en la Capital Federal, Buenos Aires y Santa Cruz, además de una embarcación -“Sea Ray Cummins”- propiedad de Ernesto Clarens, al igual que una propiedad en Miami que el financista de Néstor Kirchner puso a disposición del juzgado. El listado incluye bienes de la empresa Madaco SA, utilizada para la compra venta de inmuebles y vinculada a Muñoz y el arrepentido Manzanares.

Habrá una segunda etapa para la subasta de inmuebles que están inscriptos a nombre de otras sociedades utilizadas para el lavado de dinero. La Justicia indicó que el entorno de Muñoz creó al menos 17 sociedades con ese fin.

Algunos de los inmuebles pertenecen a Clarens, al ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares, y a Carolina Pochetti, viuda de Muñoz.

En el marco de la investigación de una presunta red de espionaje ilegal, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó, por quinta vez, al fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli, a prestar declaración indagatoria para el próximo 18 de julio.

Stornelli fue declarado rebelde el 27 de marzo pasado, cuando se ausentó a declarar por tercera vez, y la semana pasada la Cámara de Casación Penal confirmó su rebeldía, que ya había sido ratificada por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Esta es la quinta vez que Ramos Padilla lo cita a dar explicaciones sobre sus vínculos con el falso abogado Marcelo D'Alessio.

Mientras tanto, en la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, se tramitan dos expedientes administrativos para evaluar la conducta de Stornelli: uno por haber sido declarado rebelde y otro por su conducta como fiscal a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas. Cuando se cumpla el plazo de 60 días hábiles que estableció Casal para estudiar la conducta del fiscal, en la Procuración se deberá tomar la decisión de avanzar o no sobre un posible juicio político o remoción de Stornelli, medida que solicitó el juez Ramos Padilla.

A pesar de haber sido citado en numerosas oportunidades y de la fuerte repercusión que tuvo su conducta, Stornelli considera que la causa de Dolores surgió como una maniobra para desplazarlo de la causa de los cuadernos y entonces -amparado en sus fueros como fiscal federal- se ausentó a prestar declaración indagatoria, instancia en la que los imputados deben hacer una presentación en su defensa.

Además de haber citado al fiscal Stornelli, Ramos Padilla citó a prestar declaración testimonial el espía Antonio "Jaime" Stiuso, ex jefe de Operaciones de la ex SIDE. Hace dos días, Stiuso -espía que concentró poder durante la década kirchnerista- se presentó en los tribunales y dijo que él fue una víctima de operaciones de inteligencia.

Pidió ser querellante en dos expedientes: el que tiene Ramos Padilla en Dolores, y el que tramita en Comodoro Py el juez federal Luis Rodríguez, que tiene a su cargo la causa contra D'Alessio por extorsión al despachante de aduanas Gabriel Traficante. Según detalla La Nación, Stiuso y el juez Luis Rodríguez tienen un vínculo cercano.

Stiuso dijo que fue víctima de la banda de D'Alessio y busca ahora ser acusador en ambas causas. En su presentación a la Justicia disparó contra la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, y dijo que cuando ella denunció al ex jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión por la mafia de los contenedores, habría recibido información de D'Alessio. Carrió y las legisladoras de su espacio, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, están imputadas en el expediente que se tramita en Dolores.

Ramos Padilla también llamó como testigo al funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Pablo Pinamonti, que había pedido ser querellante, para explicar por qué se considera víctima de D'Alessio. D'Alessio le había dicho al empresario chacarero Pedro Etchebest -quien lo denunció por extorsión- que había sido Pinamonti el que lo contactó desde la AFI.

Pinamonti también fue mencionado en uno de los intentos del ex espía Hugo "Rolo" Barreiro -que formó parte de la banda que integraba D'Alessio- por ser aceptado como arrepentido en el expediente de Dolores, como uno de los supuestos responsables de la banda que funcionó de manera clandestina bajo el ala de la AFI.

Según el relato de Barreiro, que finalmente no fue aceptado como arrepentido, los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, detenidos y procesados en el expediente de Dolores por orden de Ramos Padilla, recibían órdenes de Pablo Pinamonti y Darío Biorci, otro alto funcionario de la AFI y hombre cercano a la subdirectora de ese organismo, Silvia Majdalani.

Cuando quedó detenido, D'Alessio dijo que trabajó para Ricardo Bogoliuk, un expolicía bonaerense que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para desarrollar tareas desde el 4 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2017, y para Aníbal Degastaldi, que fue separado de la policía bonaerense en 2003. También dijo que Etchebest, supuesta víctima de extorsión, trabajó en connivencia con Bogoliuk.

Según indicó el juez Ramos Padilla, el objeto de la investigación ya no consiste en verificar si el fiscal Carlos Stornelli participó o no de la extorsión a Pedro Etchebest, sino en investigar operaciones de inteligencia clandestinas y su presunta relación con el Ministerio Público Fiscal.

Apenas unos días antes de que se cumpliera este domingo un año del comienzo de una de las investigaciones judiciales más grandes de corrupción de la Argentina, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de cinco marplatenses a los que calificó en su fallo como "figuras emblemáticas" del esquema de lavado de activos para blanquear el dinero proveniente del pago sistemático de coimas a cambio de obra pública develado en "la causa de los cuadernos".

Los empresarios Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Fabián Parolari están procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de un organización delictiva. Esta causa es una derivación de la de los cuadernos, en la que los dos primeros fueron admitidos por el juez Claudio Bonadio como imputados colaboradores.

"Las figuras emblemáticas de este esquema, con epicentro en Estados Unidos, fue el matrimonio conformado -hasta el año 2015- por Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy. En un comienzo, auxiliado por quienes les aportaron su conocimiento y colaboración -Osvaldo Parolari y Marcelo Danza-, Todisco y Ortiz Municoy lograron edificar una fortuna en torno a varios inmuebles radicados en Miami -incluso con participación de Elba Municoy, madre de la nombrada-, con alguna prolongación también en la ciudad de Nueva York", detallaron los jueces Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Briglia, en la resolución a la que accedió El Marplatense.

En tanto, el agente inmobiliario Parolari y el abogado Danza "habrían intervenido en la creación de las sociedades "Gold Black Limited" y ‘Old Wolf’ (controlantes del resto de las sociedades) radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y, junto a Todisco, a través de dicha estructura societaria, habrían participado en la compra" de cinco propiedades en Estados Unidos por un total de casi 16 millones de dólares.

De acuerdo a la resolución de la Cámara, el 15 de abril de 2010 los marplatenses adquirieron, a través de la firma Succesfull Ideas Inc., la "unidad 403 900 Byscayne Blvd por U$S328.000"; el 9 de julio del mismo año, la "unidad 229, 10275 Collins Av., Habour HouseCondo por U$S290.000"; y, el 3 de agosto siguiente, la "unidad 2805, 485 Brickel Av., IconBrickelCondo por U$S215.000".

Al año siguiente, y por medio de la empresa Free Experience Inc., los supuestos testaferros de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, compraron dos unidades en el emblemático y exclusivo Plaza Hotel de Nueva York, operatoria que los llevó a estar en la mira del FBI. Los departamentos allí adquiridos fueron el 607 y 1608, por los que desembolsaron la friolera de U$S1.850.000 el 22 de septiembre de 2010 y U$S13.050.000 el 2 de diciembre del año siguiente.

Además, de la declaración que brindó Ortiz Municoy como "imputada colaboradora", surge que tanto Parolari como su ex esposo Todisco "concurrían juntos al domicilio de Muñoz - en la calle Alberto Williams 5631 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal".

La Cámara aseguró que los marplatenses procesados fueron utilizados "como intermediarios, asesores, representantes y prestanombres a los demás imputados, según sus roles y capacidades, en el marco de una estructura organizada a fin de aparentar un origen lícito para los activos invertidos" mediante "distintas operaciones de inversión que fueron efectuadas con dinero que proporcionaba Muñoz, reservándose la propiedad de esos bienes para él y Pochetti".

"Con la colaboración inicial de Danza, quien supo ser el primigenio director en la avanzada societaria de Muñoz, en aquel entonces se formalizó una de las primeras compañías. Gold Black Limited se instituía, junto a la ya referida Old Wolf Limited, en una de las dos controlantes de todo el elenco de corporaciones que a partir de allí sirvieron para recepcionar los fondos girados por Muñoz", agregaron los jueces.

Una vez montado ese entramado, “Successful Ideas Inc”, “Free Experience Inc” (2010); “Harbor Golden Inc”, “South Golden Inc”, “Lizer Investments Llc” (2011); “Mother Queen Inc”, “North Golden Inc” (2012); “West Golden Inc”, “First All Inclusive Inc” (2013) y “Dream Golden Enterprises Inc” (2014), "emprendieron entonces una carrera inmobiliaria en las ciudades de Miami y Nueva York".

"Cabe destacar que Danza, abogado conocido de Todisco, poseía los suficientes conocimientos legales para reconocer o al menos, sospechar seriamente, de la legalidad de una operación donde “prestaba” su nombre a la constitución de una sociedad en otro país, a cambio de una considerable remuneración. Justamente, una de las sociedades emblema del señorío societario de Muñoz, controlante de todas las demás, que se instituyeron en las dueñas de los aproximadamente U$S70.00.000 invertidos en departamentos en Estados Unidos", señalaron los jueces en otro tramo de la resolución.

En igual sentido, los magistrados sostuvieron que Elba Municoy, madre de Ortiz Municoy y suegra de Todisco, pese a su menor conocimiento de las operatorias, "no por ello ha quedado distanciada del hecho". "Fue ella la titular de una de esas propiedades y la accionista, junto con su empleada doméstica, de una de las tantas sociedades constituidas en el exterior", destacaron.

Los camaristas reconstruyeron en su resolución los inicios de la relación que unió a los cinco marplatenses procesados con Daniel Muñoz, hace 12 años atrás. Según las declaraciones judiciales de los propios protagonistas, el destino hizo que hacia el año 2006 o 2007 el ex secretario de los Kirchner ingresara a la inmobiliaria que Ortiz Municoy  y Todisco, su entonces marido, tenían en Mar del Plata.

"Interesándose primero por la adquisición de algunas propiedades en la zona, la visión de Muñoz se habría inclinado luego hacia la ciudad de Miami. Fue así que, con la participación de Danza y de un bróker conocedor del rubro, Osvaldo Parolari, comenzó a incursionar en las inversiones inmobiliarias en el país del norte", detallaron.

Las tres primeras operaciones inmobiliarias en Miami (por un total de U$S833.000) fueron desarrolladas en Estados Unidos por Parolari, "quien contaba allí con varios años de experiencia en el rubro inmobiliario y que, al igual que su conocido Danza, intervino como director de una de las sociedades".

"No obstante, tras la ejecución de aquellas operaciones, y conocido su particular funcionamiento, el negocio de las inversiones fue asumido directamente por el matrimonio Ortiz Municoy-Todisco y a él se constriñó, al punto de incluir como titular de algunas de las sociedades y de las propiedades a la madre de la antes nombrada, Elba Diamantina Municoy. Es a partir de este momento, entonces, que los aludidos asumieron un rol central en este segmento de los acontecimientos pesquisados", agregaron.

A los tres departamentos citados les siguieron otros 11 en Miami y 2 más en Nueva York, pero ninguno fue adquirido por valores semejantes a los que inauguraron esta serie de operaciones. Lejos de los U$S300.000 que promediaron aquellos negocios iniciales, en estos casos los valores oscilaron entre los cuatro y los trece millones, "todo lo cual culminó arrojando una cifra cercana a U$S 70.000.000 invertidos en propiedades en Estados Unidos, en cabeza de sociedades radicadas en ese país".

En cuanto a como recibían de Muñoz el dinero para concretar las operaciones inmobiliarias, en su declaración como arrepentido, Todisco refirió: "Concurríamos a Pedro Rivera, inmueble al que ingresábamos por el garaje, y allí presentábamos proyectos inmobiliarios y propiedades. Al inmueble de Pedro Rivera siempre fui con mi ex mujer. Mi ex mujer y yo retirábamos el dinero de Pedro Rivera, de a 500.000 dólares aproximadamente, contenidos en bolsos. La mayor cantidad de dinero que transporte fueron 2 millones de dólares. Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termo sellados, en otras ocasiones los billetes estaban húmedos y atados con gomitas pegoteadas".

Los dichos de Todisco son coincidentes con lo declarado por Ortiz Municoy, quien agregó que, su entonces cónyuge, "luego enviaba este dinero a través de las casas de cambio a Estados Unidos". Por estas transacciones, los empresarios marplatenses señalaron ante el juez federal Claudio Bonadio a Jonestur y La Moneta como dos de cinco financieras que utilizaban para transferir la plata, que provenía del presunto pago de coimas, a cuentas en el extranjero.

"El esquema que gobernó estos años fue siempre el mismo, definido por la tríada Muñoz-Todisco-Ortiz Municoy. Los aportes dinerarios del primero, la dirección societaria del segundo y las operaciones inmobiliarias de la tercera signaron el desarrollo de las transacciones", afirmaron los jueces con contundencia.

Sin embargo, a comienzos de 2015 esta matriz registraría su quiebre, a raíz de la separación de los cónyuges Todisco y Ortiz Municoy, lo que supuso un cambio en la modalidad operativa seguida hasta el momento. A partir de allí, Ortiz Municoy habría sido la escogida para continuar acompañando en los hechos los negocios de Muñoz, pero no habría ocurrido lo mismo con su cónyuge, a quien se habría apartado íntegramente del manejo de las sociedades.

Se registra en ese momento el traspaso de la dirección de las compañías, ingresando en escena un nuevo matrimonio: Carlos Gellert y Perla Puente Resendez. La elección de los nuevos consortes no fue casual, Gellert está unido a Carolina Pochetti (esposa de Muñoz) por lazos de parentesco. Hacia febrero de 2015, con excepción de “West Golden Inc.”, el plexo societario del cual Todisco era director, sólo o en compañía de su esposa, pasó a estar en cabeza de Puente Resendez.

Sin embargo, el nuevo estatus no duró mucho tiempo. En abril de 2016 la filtración de datos del estudio jurídico Mossack Fonseca de Panamá -suceso conocido mundialmente como “Panamá Papers”-, así como la muerte de Muñoz poco tiempo después, generaron un nuevo conflicto en la estructura montada a efectos de encausar dinero proveniente del circuito ilegal de recaudación revelado por los “cuadernos”.

Otro abogado marplatense es investigado en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, aunque esta vez -a diferencia de su colega Marcelo Danza- Pablo Goldberg no está acusado de formar parte de una asociación ilícita o de lavado de dinero, sino que está bajo la lupa de la Justicia Federal por una extraña visita que hizo al Penal de Ezeiza.

El letrado ingresó a la cárcel para visitar a la detenida Carolina Pochetti, viuda del ex secretario privado de Néstro Kirchner, Daniel Muñoz, pero la mujer se negó a recibirlo, ya que no lo conoce y, minutos antes, recibió una misteriosa llamada de la marplatense Elizabeth Ortiz Municoy, en la que le decía que un amigo de ella iría a verla para transmitirle "un mensaje".

Daniel Campos, abogado defensor de Pochetti -la última imputada colaboradora de la causa-, denunció el extraño episodio antes el juez Claudio Bonadio, que investiga el pago sistemático de millonarias dádivas durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y ordenó, en octubre del año pasado, la prisión preventiva de Pochetti, quien continúa detenida pese a que fue homologado su acuerdo como arrepentida.

Sin embargo, el juez entendió que no era una cuestión pertinente a la causa, por lo que Campos hizo una denuncia ante la Cámara Federal en los primeros días de enero, que, por sorteo, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Pochetti se sintió "presionada" por esta peculiar visita, ya que, precisamente, fue señalada en la investigación por la declaración de Ortiz Municoy, quien -junto a su ex marido, el empresario textil local Sergio Todisco– está acusada de ser testaferro de Muñoz y de integrar la asociación ilícita que funcionó durante el kirchnerismo para cobrar sobornos a cambio de obra pública. La empresaria inmobiliaria también es una de las imputadas colaboradoras de la causa. 

El episodio que ahora se investiga tuvo lugar el pasado 8 de noviembre. Ese día, en el teléfono público del pabellón de mujeres, una voz femenina pidió por Carolina Pochetti. La que llamaba era Ortiz Municoy, que días antes se había convertido en la primera mujer "arrepentida" de la causa de los cuadernos.

"Hola. Soy Liz. No digas quien soy. Va a ir a verte un amigo mío. Necesito que lo recibas. Tiene un mensaje para darte", le dijo, según detalla Infobae. Pochetti dijo que no entendía, pero la respuesta del otro lado fue: "Escuchalo, por favor".

Apenas media hora después de recibir el llamado en prisión, Pochetti fue avisada por los penitenciarios de que tenía una visita. Era Goldberg, que pedía verla. En sus manos llevaba un bolso con artículos de limpieza e higiene personal y varios alimentos.

Pochetti se negó a entrevistarse con el abogado, a quien no conocía. Tampoco quiso recibir lo que había en el bolso. Cuando el abogado supo que no iba a ser recibido, autorizó a que se repartiera el contenido del bolso entre otras reclusas.

Goldberg había dejado sus datos en la cárcel. Como era abogado, no pasó por los controles que pasan las visitas que, además, tienen ciertos días determinados para ir al penal. Registró la matrícula como abogado con tomo y folio.

Enterado de la existencia de la denuncia, Goldberg hizo una presentación espontánea por escrito en el juzgado. "Soy judío practicante y me enteré de que la señora Pochetti estaba atravesando una situación de extrema angustia. Cumpliendo los preceptos de mi fe, decidí visitarla", afirmó. Confirmó que la reunión no se concretó y que se volvió a su casa sin verla.

Ante la denuncia, la fiscalía solicitó una serie de medidas previas y envió un oficio para pedir datos del letrado al Colegio de Abogados de Mar del Plata. Su presidente, Fabián Portillo, confirmó a El Marplatense que la Secretaría Legal y Técnica recibió el requerimiento de forma digital y que ya fue contestado por la misma vía.

"Es un abogado que se encuentra suspendido en la matrícula desde el año 2004, por lo que no debe ejercer acá en Mar del Plata", manifestó Portillo. El CUIT de Goldberg también se encuentra suspendido, según se desprende de la página web que emite las constancias de inscripción de AFIP.

En tribunales dudan de que la visita frustrada a una reclusa en la cárcel pueda constituir un delito. Sin embargo, el episodio sirve para engrosar los enredos y preocupaciones que se tejen detrás de la causa de los cuadernos, esta vez, en el capítulo por detectar qué sucedió con los 70 millones de dólares que pasaron por las manos de Muñoz.

Muñoz, ex secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, habría conformado una red de empresas en la Argentina y en el extranjero para blanquear 100 millones de dólares provenientes del pago de esas coimas en la que participaron las únicas dos mujeres imputadas arrepentidas de la causa, según se desprende de la declaración de la empresaria inmobiliaria marplatense.

Mientras hicieron negocios juntas, Pochetti y Municoy fueron amigas. De hecho, Municoy estuvo en las primeras sociedades que se armaron para lavar dinero, junto a Todisco. Pero cuando Todisco y Municoy se separaron, el matrimonio Muñoz y Pochetti tuvo que salir a buscar a otros presuntos testaferros. Fue ahí que aparecieron más protagonistas. Municoy, sin embargo, siguió interactuando en varias operaciones.

Municoy fue detenida el 20 de octubre en Mar del Plata y se negó a declarar. Pochetti se entregó en Comodoro Py el 23 de octubre. Asesorada por su entonces abogado, Miguel Ángel Plo (hoy preso), la viuda lloró y aseguró que no sabía nada de los negocios de su marido.

Pero el 25 de octubre, Municoy declaró como arrepentida y contó detalles de cómo movían el dinero a Estados Unidos. Logró quedar en libertad, la primera de ese tramo de la causa en salir de prisión. Su declaración como arrepentida se fue ampliando varias veces.

Incluso, Municoy apareció en Comodoro Py el 22 de enero, cuando Pochetti designó un defensor para iniciar su camino al "arrepentimiento". Fuentes allegadas a Municoy buscaron despejar especulaciones. Según Infobae, explicaron que la mujer fue a buscar unos papeles personales que el juzgado tenía retenidos en el marco de lo secuestrado en la causa.