El juez federal Daniel Rafecas resolvió hoy archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos, en relación con el traslado de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos, mientras que el Gobierno celebró la decisión en redes sociales.

El expediente se había iniciado tras una denuncia por el viaje de Bettina Angeletti durante una comitiva oficial en el marco del evento Argentina Week, realizado en marzo pasado.

La decisión judicial se basó en la inexistencia de delito y siguió el dictamen de la fiscal federal Alejandra Mangano, quien había solicitado el archivo al considerar que no hubo uso indebido de recursos públicos.

Según determinó Rafecas, el traslado no implicó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad, ya que había asientos disponibles en la aeronave y la presencia de la esposa del funcionario no modificó los costos del viaje.

El análisis se sustentó en informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete, que indicaron que no se verifican los supuestos previstos en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras penales. Además, se consignó que el avión Boeing 757-200 contaba con 39 plazas y que existían más de diez lugares disponibles en cada tramo entre el 6 y el 11 de marzo.

Tras conocerse el fallo, Adorni publicó en redes sociales: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”, en un mensaje que generó repercusiones.

Por su parte, el presidente Javier Milei también se refirió al tema en la red social X, donde escribió: “Esto se empieza a poner lindo”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que las operaciones de personas políticamente expuestas se informan siempre a la Unidad de Información Financiera, en el marco de la polémica por una operación inmobiliaria vinculada al jefe de Gabinete Manuel Adorni, según explicó su presidente Magdalena Tato.

En declaraciones radiales, Tato remarcó que el reporte de este tipo de transacciones es obligatorio y automático. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, sostuvo, y precisó que se trata de informes sistemáticos mensuales: “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”.

La titular del Colegio diferenció este mecanismo del reporte de operación sospechosa (ROS), que se activa cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. “Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, explicó. No obstante, aclaró: “Cuando a mí me genera duda… tengo obligación de hacer un ROS”.

En relación con el caso puntual, evitó pronunciarse sobre responsabilidades, aunque confirmó que la institución realiza un seguimiento. “Nosotros lo estamos siguiendo, obviamente… trabajamos para par con la justicia”, indicó, y recordó que el Colegio actúa como auxiliar judicial y remite documentación cuando es requerida.

Tato también subrayó que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes. “Todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos”, afirmó, y señaló que los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos.

En ese marco, defendió los mecanismos de control interno del notariado. “Ese ejercicio de poder conlleva una gran responsabilidad y como colegio sí resguardamos que eso se ejerza en forma correcta”, expresó. Además, destacó que la entidad puede iniciar expedientes disciplinarios e incluso promover sanciones severas: “Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia”.

Por otra parte, explicó la importancia de la protección de la vivienda, anteriormente conocida como “bien de familia”. Porque “te protege de cualquier acción… un accidente de tránsito lo podemos tener todos”, señaló, y recordó que desde el Código Civil y Comercial de 2015 el beneficio alcanza también a personas solas: “Si sos solo o sola, lo podés hacer igual… es un derecho humano fundamental”.

Finalmente, rechazó que la actividad notarial sea hereditaria y remarcó el sistema de acceso a la profesión. “No, nunca lo fue. Es un examen absolutamente anónimo, basado en la meritocracia”, sostuvo. “Llegar a ejercer es muy difícil… cuando un escribano pone la firma se está obligando con todo su patrimonio”, concluyó.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Stefany Budán, pareja de Mariano Páez, sostuvo que el padre de Agostina Páez se encontraba “bajo los efectos del alcohol” cuando realizó gestos que imitaban a un mono en un bar, situación que se viralizó en redes sociales y generó controversia por el contexto judicial que atraviesa su hija.

Según un descargo publicado por la propia Budán, “mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad”.

En ese sentido, remarcó que “el alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros”, y consideró que “pretender que una frase dicha así tenga valor real o jurídico es completamente improcedente”.

Budán también sostuvo que lo ocurrido “fue una situación desafortunada donde se aprovecharon para que reaccionara y dijera cosas” y agregó que no deben interpretarse de manera literal las expresiones realizadas en ese estado.

El episodio tomó relevancia pública debido a que Agostina Páez enfrenta un proceso judicial en Brasil por haber realizado un gesto similar, lo que amplificó la repercusión del accionar de su padre.

En otro tramo de su mensaje, Budán pidió no trasladar las críticas hacia la joven: “Esto no tiene nada que ver con Agostina porque ella no es responsable de lo que un adulto haga cuando sale a un bar”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La Cámara Federal de Apelaciones del fuero Penal Económico ratificó la prohibición de salida del país para el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de la causa en la que fueron procesados por presunta retención indebida de aportes e impuestos, con el objetivo de asegurar su disponibilidad ante la Justicia.

La decisión confirmó la medida dispuesta previamente por el juez Diego Amarante, quien interviene en la investigación.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio consideraron “razonable” la restricción, al entender que resulta necesaria para garantizar que ambos imputados permanezcan a disposición de los requerimientos judiciales mientras avanza el proceso.

La causa se encuentra en etapa de investigación y analiza presuntas irregularidades vinculadas al manejo de aportes e impuestos en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal y solicitara una batería de medidas para analizar su patrimonio, en una investigación que se desarrolla en el ámbito judicial y se encuentra en etapa inicial.

La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien interviene tras la inhibición de la jueza María Servini. El objetivo es reconstruir la situación patrimonial del funcionario y determinar si existen inconsistencias o un incremento no justificado en relación con sus ingresos declarados.

En ese marco, el fiscal requirió doce medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la Anses.

Además, se solicitó información sobre bienes que podrían estar a nombre de Adorni o de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, incluyendo propiedades que no habrían sido declaradas, así como detalles sobre expensas en el country Indio Cuá Golf Club (Ruta 6, km 173).

La investigación también abarca los viajes realizados por el funcionario a destinos como Estados Unidos y Punta del Este. En ese sentido, se pidió a la Dirección Nacional de Migraciones el detalle completo de ingresos y egresos del país desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.

Asimismo, se requirió a la Oficina Anticorrupción copia certificada de las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025, incluyendo anexos reservados. También se solicitaron informes al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves para verificar posibles bienes registrables a su nombre.

La investigación incluye, además, el análisis de movimientos laborales, operaciones financieras e inmobiliarias y préstamos familiares mencionados en la denuncia, con el objetivo de contrastar toda la información con los ingresos declarados por el funcionario.

Fuente: con información de DIB

La ex pareja de Cristian Graf, Daniela Barreiro, declaró hoy ante el fiscal Martín López Parrando, en el marco de la causa que investiga el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron encontrados cuatro décadas después.

Fuentes cercanas al expediente confirmaron que Barreiro, madre de los tres hijos mayores de Graf, prestó declaración testimonial, aunque su contenido aún no fue difundido públicamente. La mujer mantuvo además un encuentro con Javier Fernández, parte querellante en la causa.

A fines de noviembre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal resolvió que el expediente vuelva a foja cero y declaró la nulidad del sobreseimiento de Cristian Graf, quien fue compañero de escuela secundaria de la víctima.

En los últimos meses, la investigación se amplió hacia los padres de Graf, Federico Alberto Graf y Susana Elena Grassle, con el objetivo de determinar si la desaparición tuvo algún vínculo con el Estado. En ese marco, se solicitaron informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde el entorno de Graf indicaron que el resultado de esos informes fue concluyente: “No existió vínculo con el Estado, solo hubo una sociedad comercial entre ambos adultos, que se disolvió con el fallecimiento de Federico”. Asimismo, precisaron que “por el momento la investigación continúa centrada en la familia Graf”.

Diego Fernández Lima tenía 16 años y fue visto por última vez el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires, luego de regresar del colegio, almorzar con su madre y pedirle dinero para viajar en colectivo.

Tras más de 40 años de búsqueda, sus restos óseos y pertenencias personales fueron hallados en el patio de un chalet que había sido alquilado por el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El hecho ocurrió en la tarde del 24 de julio, la víctima paseaba a su perro por la plaza Peralta Ramos. Allí fue abordada por un hombre que le tocó bocina y dijo conocerlo. Tras un breve diálogo, el jubilado creyó que se trataba del abogado de su hija. El sospechoso le comentó que había vendido un departamento y le pidió guardar el dinero en su casa.

La víctima aceptó y lo trasladó en un vehículo hasta su vivienda. Una vez allí, le mostró el lugar donde guardaba sus ahorros. Horas después, constató que el dinero había desaparecido. La investigación derivó en allanamientos y la detención de tres personas, además del secuestro de armas de fuego.

La fiscal Constanza Mandagarán, a cargo del caso, explicó en diálogo con  El Marplatense: “ ingresó a la propiedad con el consentimiento de este señor, convenciéndolo de que era un conocido, y ahí le sustrajo, sin que se diera cuenta, una suma de dinero”.

Mandagarán detalló que el vehículo utilizado por el sospechoso fue clave para dar con él. “Se rastreó el auto, se allanó la vivienda donde estaba y se encontró a un hombre con características similares a las registradas en cámaras, además de prendas coincidentes. El dinero no estaba, pero quedó aprehendido”, señaló.

Durante el procedimiento se secuestraron armas de fuego, lo que derivó en nuevas imputaciones. “El hombre no tiene antecedentes, pero deberá responder por hurto y por la tenencia de armas. Ahora habrá que esperar lo que resuelva la Justicia de Garantías”, concluyó la fiscal.

Este lunes comenzó en Bahía Blanca un juicio por jurados que conmueve a la comunidad local. Se trata del proceso contra Omar Augusto Candia Flores, imputado por haber intentado asesinar a su esposa con un machete. La causa lo acusa de tentativa de homicidio doblemente agravado: por el vínculo y por mediar violencia de género.

Durante la primera jornada del juicio, declaró la víctima, quien relató el deterioro de la relación desde el nacimiento de sus hijos y detalló el brutal ataque sufrido el 7 de septiembre de 2023 en la vivienda que compartían, ubicada en la calle Monseñor Jaime Francisco de Nevares al 2200. Según la denuncia, el hombre la atacó frente a sus hijos y fue detenido cuando otro familiar intervino.

La víctima sufrió múltiples heridas graves: dos cortes en el cuero cabelludo, una lesión profunda en el codo izquierdo con fractura, y varios cortes en ambas manos al intentar defenderse. El arma utilizada fue un machete, y los peritos determinaron que las heridas pudieron haber tenido consecuencias fatales.

El caso es juzgado bajo el sistema de juicio por jurados, una modalidad que se aplica en la provincia de Buenos Aires en delitos graves. La fiscalía sostiene que Candia Flores actuó con la intención de matar o, al menos, representándose que su accionar podía terminar en la muerte de su pareja.

La Agencia de Noticias Judiciales informó que el debate continuará en los próximos días con la presentación de pruebas médicas, testimonios de familiares y peritajes psicológicos. El jurado popular deberá definir la culpabilidad o no del acusado.

El fallo será clave para definir si el caso se encuadra dentro de un intento de femicidio, en un contexto de violencia sistemática dentro del hogar, o si se trata de un hecho aislado. La fiscalía busca dejar claro que existió una situación de violencia de género prolongada y que el ataque fue el punto culminante de esa dinámica.

Fuente: Dib

El juicio oral que investiga al pastor Roberto Tagliabué por trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina y delitos contra la fauna, ingresó esta semana en una etapa clave con la declaración de testigos presenciales y la finalización de la prueba vinculada a las víctimas.

Según confirmaron fuentes de la fiscalía, durante la audiencia de esta semana se completó la reproducción de las cámaras Gesell correspondientes a las víctimas, y se dio paso a la primera jornada de producción de prueba testimonial. Declararon cuatro personas vinculadas a las tareas de investigación del caso, en su mayoría personal policial que participó en escuchas telefónicas y procedimientos realizados en los dos allanamientos centrales: uno llevado a cabo en diciembre de 2021 y otro en agosto de 2022.

Las preguntas de las partes estuvieron enfocadas en el desarrollo de esas actuaciones, el contenido de las intervenciones telefónicas, las condiciones halladas en los sitios allanados y el rol del imputado en la estructura denunciada.

En forma excepcional, se programó una segunda audiencia que se realizó ayer —fuera del cronograma habitual de los lunes— con más testigos del ámbito policial y de otros organismos públicos que intervinieron durante los operativos. Luego de esta jornada, el juicio se interrumpirá por la feria judicial de invierno y retomará el lunes 1º de agosto.

Desde el tribunal se confirmó que ya no rige ninguna restricción de acceso al público ni a la prensa, dado que todas las declaraciones sensibles de las víctimas —ya sea presenciales o reservadas a través de Cámara Gesell— fueron finalizadas.

El debate, que se desarrolla desde el mes pasado, busca determinar las responsabilidades de Tagliabué al frente de una presunta organización que captaba personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a trabajos forzados bajo condiciones de control y encierro. La causa también incluye cargos por realizar prácticas pseudomédicas sin habilitación y por tenencia de animales protegidos en cautiverio.

El juez porteño Marcelo Aguinsky ordenó que el dinero recaudado del contrabando sea enviado a Bahía Blanca para ayudar a los damnificados tras la fatal inundación de hace más de dos semanas. Según explicó, se trata de $44 millones obtenidos en una subasta de bienes confiscados.

El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6 de Capital Federal anunció que la subasta se realizó con mesas, sillas y otros muebles procedentes de China, que se encontraban hace cinco años en un galpón de la Ciudad de Buenos Aires. Esta causa, la cual inició en 2011, es conocida como “la mafia de los contenedores”.

La subasta electrónica se llevó a cabo en diciembre del año pasado y dejó en total $43.983.500 en efectivo. Frente al escenario actual que todavía viven los damnificados del temporal, se dictaminó que esa cifra sea enviada al Banco Ciudad y luego derivada al alias oficial de la municipalidad “BahiaxBahia”.

Se trata de otra iniciativa que busca mitigar la grave situación que atraviesa la ciudad luego de que el pasado 7 de marzo se haya desencadenado un feroz temporal que dejó, hasta el momento, 16 fallecidos y miles de damnificados que perdieron todo.

La causa en la que una abuela rescató a su nieta de 17 años de una red de trata de personas sumó en los últimos días un nuevo detenido y el pedido de ampliación de la imputación para uno de los principales acusados.

El caso había salido a la luz gracias a que Fabiana, una abuela de 58 años, quien rescató a su nieta en febrero de este año. Se hizo pasar por prostituta para salvarla del edificio de avenida Libertad, donde estuvo secuestrada durante 21 días.

La Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, logró identificar a un hombre mayor de edad que también habría participado en los hechos por los que ya se encuentra procesado otro imputado: Gabriel Sánchez, acusado de ser el cabecilla de la organización.

La fiscal dispuso el secreto de sumario del expediente para así avanzar en la investigación y en las últimas semanas solicitó la detención y el allanamiento del domicilio del nuevo sospechoso. El juez de actuación del Juzgado N°3, Santiago Inchausti, autorizó las medidas que se concretaron el 18 de diciembre.

El celular del hombre estaba registrado en el edificio donde ocurrió el calvario, pero se había mudado de ese lugar a mitad de año. Se sospecha que, tras la detención de Sánchez, trató de escapar de la Justicia y buscó refugio en otro punto de la ciudad para no ser encontrado. Pero las autoridades llegaron hasta él mediante escuchas telefónicas y el entrecruzamiento de antenas.

Aunque en el lugar allanado no había mujeres ni menores de edad, la Fiscalía avanzó con su imputación. Es por los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual agravada por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por ser menor de edad, en concurso real por facilitación y comercialización de estupefacientes”.

El 19 de diciembre, el hombre fue indagado en sede judicial y actualmente el juez Inchausti se encuentra evaluando su situación procesal. El magistrado debe analizar si las pruebas que tiene la Fiscalía son suficientes para dejarlo detenido.

En paralelo, Mazzaferri había solicitado la ampliación de la imputación contra Sánchez, sumando el delito de abuso sexual agravado en relación con otra menor que también estaba alojada en el edificio de Avenida Libertad. Sin embargo, el juez decidió no hacer lugar a este pedido.

Se recuerda que a principios de este año Fabiana logró rescatar a su nieta infiltrándose en una red de trata. La joven había sido secuestrada tras un engaño por redes sociales y retenida durante 21 días en un departamento de avenida Libertad. Allí fue drogada, golpeada y abusada, mientras sus captores la ofrecían a clientes por 20.000 pesos.

Hoy, la chica ya tiene 18 años e intenta reconstruir su vida bajo la protección de su familia, mientras sigue con miedo a que la vuelvan a buscar. Aunque el rescate marcó un punto de inflexión, la investigación sigue abierta. La Fiscalía avanza en cada pista para desarticular por completo la red y obtener justicia para las víctimas.

Fuente: TN

La defensa del expresidente Alberto Fernández volverá este jueves a Tribunales para presentar ante la Cámara Federal porteña sus argumentos para recusar al juez Julián Ercolini en la causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez.

El expresidente había pedido apartar al juez Ercolini por considerarlo “parcial”. El magistrado lo había rechazado, pero la decisión debe ser confirmada por la Cámara.

Hasta que eso suceda, Ercolini suspendió el llamado a declaración indagatoria al que lo había citado inicialmente para el 17 de diciembre, instancia que Fernández logró retrasar por tercera vez en un solo mes y ganó tiempo para afinar su estrategia judicial.

Ercolini decidió que la declaración se suspendiera de forma indefinida, hasta que se resolviera la recusación que hizo el exmandatario en su contra. Por eso, no fijó fecha y deberá esperar la respuesta del tribunal superior.

Alberto Fernández hizo dos presentaciones en el juzgado en una semana. Primero, su abogada Silvina Carreira expuso que el expediente debía mudarse al fuero Penal Contravencional de la Capital Federal, al considerar que los hechos investigados deben incluirse “en las contravenciones de maltrato y hostigamiento del Código de dicha jurisdicción”.

Fernández intentó luego apartar nuevamente a Ercolini al entender que, ante una posible “parcialidad”, la indagatoria y el proceso en general “podrían verse afectados”. La solicitud de Carreira se basaba en el “temor” de que el magistrado ya hubiera formado un juicio previo sobre el caso, lo que afectaría la “imparcialidad” del proceso.

A través de una resolución, Ercolini rechazó el pedido bajo el argumento de que “no existe un basamento fáctico ni jurídico que sustente el planteo” de Fernández. “No advierto que se vean afectadas las garantías constitucionales indicadas en su respectivo planteo, pues debe demostrarse la razonabilidad del temor alegado sobre la base de elementos objetivos. En este caso, las alegaciones se basan en meras suposiciones sin acreditación”, planteó.

En ese contexto, el expresidente se presentó ante la Cámara de Apelaciones. Este jueves será su turno de presentar los argumentos ante ese tribunal, en un último intento por apartar al magistrado.

En la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yañez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama. Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja se presentara en la Justicia, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.

Fuente: TN

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al ex presidente Alberto Fernández y a otros 38 acusados en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos.

Fernández tendrá que presentarse el próximo miércoles 20 de noviembre a las 10:00 en los tribunales federales de Retiro, por primera vez en calidad de indagado desde que dejó la Presidencia.

A todos se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A.”, según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A.”, detalla la imputación.

“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros SA y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”, dice la resolución.

Y añadió el texto que “según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de Nación Seguros”.

Fuente: Noticias Argentinas

Sebastián Kiczka, hermano del ex diputado Germán Kiczka, ambos acusados por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, se negó a declarar ante el juez Miguel Ángel Faría.

El abogado defensor, Gonzalo de Paula, pidió en horas de la mañana que se suspenda la audiencia indagatoria a su defendido.

El imputado había llegado esta mañana al Juzgado de Apóstoles custodiado por policías del Grupo de Intervención Especial Penitenciario (GIEP) del Servicio Penitenciario desde la Unidad Penal de Cerro Azul.

Tanto Sebastián Kiczka como su defensor fueron notificados en tiempo y forma de que este jueves se iba a llevar a cabo la audiencia.

Por otra parte, la Policía de Misiones allanó la casa de la pareja del ex diputado provincial Germán Kiczka y en la oportunidad se secuestró material informático aparentemente oculto en los fondos, que será sometido a pericias.

El operativo se llevó a cabo en el barrio San Martín, de la localidad de Apóstoles. Los efectivos secuestraron dos computadoras, un disco rígido y celulares, que se encontraban en el patio de la vivienda, ocultos por malezas.

Los investigadores actuaron a una cuadra de la casa de Kiczka, en donde residen su pareja, una mujer de 36 años llamada Alejandra, y sus padres, quienes presenciaron el procedimiento judicial. 

Los padres de Alejandra sufrieron una descompensación durante el procedimiento, que se prolongó durante dos horas, mientras que la mujer insultó a periodistas que acudieron al lugar. 

Siempre de acuerdo con información judicial que dejó trascender el medio, la mujer está en la mira de la justicia y no se descarta que sea llamada a declarar en torno a la causa en calidad de partícipe.

Fuente: Noticias Argentinas

Este martes 13 de agosto se cumplen dos meses de la desaparición de Loan Peña en Corrientes. A lo largo de la investigación se barajaron varias hipótesis, pero cada vez hay más dudas y se esperan pericias clave para el futuro de la causa.

En los próximos días, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo tiene que definir si procesa o no a los los siete imputados que hay en la causa. En ese contexto, existe la posibilidad de que alguno de ellos recupere la libertad.

Entre las 50 evidencias y muestras que se están esperando por parte de la Policía, hay una que tiene que ver con el cotejo de la mancha de sangre encontrada en el guardabarro delantero derecho de la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez y María Victoria Caillava y el ADN de Loan.

La versión del choque fue instalada por Laudelina Peña, que el pasado 27 de junio, ante el fiscal provincial, acusó al matrimonio de Pérez y Caillava de atropellar al nene de 5 años. Todavía faltan los resultados de los peritajes para determinar si esto efectivamente sucedió.

Una vez que estén los resultados, se pueden empezar a definir los roles de cada uno de los imputados, debido a que una cosa es la teoría del accidente y otra completamente diferente es la hipótesis de la trata de personas.

Al mismo tiempo, los investigadores no descartan que Laudelina Peña haya mentido en su declaración. Cabe destacar que al comienzo insistió con que el nene fue atropellado y luego aseguró que en realidad mintió. La Justicia trabaja para establecer si a ella le hicieron decir que se trataba de una mentira cuando, en realidad, desde el comienzo dijo la verdad.

Los primeros detenidos que tuvo la causa fueron Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez. Cinco días después, Carlos Pérez y Victoria Caillava también fueron arrestados. Junto a ellos cayó el jefe de la comisaría local, Walter Maciel. La séptima y última detenida fue su tía, Laudelina Peña, pareja de Benítez.

Los celulares de los detenidos demuestran que antes del almuerzo en el que desapareció Loan no se encontró ninguna evidencia de que podría haber sido algo planificado. Sin embargo, al comienzo de la búsqueda, sí tuvieron contacto telefónico.

Entrecruzamientos de llamadas, mensajes de texto y comunicaciones borradas se dieron instantes después la desaparición, lo que instala la duda de si existe entre los siete sospechosos un vínculo.

Más allá de las diversas teorías sobre lo que pudo haber pasado el día que Loan desapareció, lo cierto es que la Justicia no tiene todavía pruebas concretas sobre su paradero.

Por eso, y para descartar cualquier tipo de duda, la fiscal sigue citando a declarar a diversos testigos. La última en hablar fue la abuela Catalina, quien dijo que sospecha de su yerno Antonio Benítez. Del mismo modo, la mujer reveló que existe un conflicto económico en la familia por la posesión de unas tierras y puso en duda el rol de su hija Laudelina.

“Puse la tierra a nombre de otra persona porque mis hijos querían sacarme el campo, y Laudelina se quería quedar con todo”, sostuvo.

A dos meses de la desaparición del nene de 5 años, durante la tarde de este martes se realizará una marcha desde 9 de Julio hasta el juzgado de Goya. Irá la familia, amigos y vecinos.

La Fiscalía N°11, a cargo de Pablo Cistoldi, informó que amplió la acusación contra Melody Mercolí, la mujer que el 1 de agosto del año pasado atropelló en avenida Jara y Rivadavia al arquitecto Ricardo Sierra, quien finalmente murió esta semana.

Las autoridades consideran que su muerte, aunque diferida en el tiempo, es “consecuencia directa de las gravísimas lesiones provocadas por el hecho”. Por este motivo, la calificación penal ha sido modificada a “homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo con motor”.

Tras el deceso de Sierra y el cambio de carátula, desde el entorno de la víctima continúan con su pedido de justicia. Fernando Maldonado, cuñado de Ricardo, señaló: “Sabemos que es difícil, pero también sabemos que todo lo que ha pasado es culpa directa de una mujer al volante que estaba desatenta, que manejaba sin cuidado y sin considerar que conducir un auto es llevar un arma en las manos”.

“Melody Mercolí es la responsable directa de un Ricardo en estado vegetativo y de su muerte. Por eso, seguiremos pidiendo justicia y la máxima condena. ¡No queremos otro Ricardo!”, manifestó.

En ese sentido, el cuñado de Sierra destacó su “confianza en el sistema de justicia” y pidió que “se le retire definitivamente el registro de conducir a Mercolí, quien ya lo había perdido de manera provisoria en noviembre”.

La Justicia Federal encontró imágenes de explotación sexual infantil en el celular de ex capitán de la Armada Carlos Pérez, esposo de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava. El matrimonio se encuentra detenido en Salta acusados por la desaparición de Loan hace casi un mes.

En este sentido, se estudió información de 19 teléfonos y constataron que el material data desde octubre de 2023 hasta junio de 2024.

Los agentes detectaron mensajes y audios borrados. En el caché de Internet del teléfono del marino retirado aparecieron fotos de menores explotados sexualmente.

Asimismo, en los primeros instantes tras el extravío del pequeño de 5 años, el marido de Caillava ingresó a sitios web de pornografía, tanto de adultos como de trata infantil.

Por el lado del celular de Laudelina, la tía de Loan que está alojada en Ezeiza, hallaron 20 llamadas con Antonio Benítez realizadas en horas de la tarde y medianoche del 13 de junio.

Entre los mensajes, los peritos hallaron una conversación con sus amigas. Una de ellas le dice a Laudelina “decí lo que sabés, pensá en tus hijos”, y otra le responde “acá hay gato encerrado”.

En tanto, en el análisis a uno de los teléfonos, que aún no se sabe de quién es, se descubrieron búsquedas reiteradas en Google sobre femicidios.

Los resultados de estas pericias son preliminares y se seguirán analizando todos los dispositivos. 

Por su parte, falta conseguir el informe final de los datos de la geolocalización, el entrecruzamiento de llamadas y ver si se puede ingresar al contenido que fue eliminado.

Fuente: Noticias Argentinas

En el marco de una investigación por una asociación ilícita que tenía como objeto, entre otros, la comercialización de elementos electrónicos y teléfonos de alta gama ingresados de contrabando, la administración, operación y captación de juegos de azar en línea sin la debida autorización, y la puesta en circulación del dinero proveniente de las actividades ilícitas, el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata ordenó el procesamiento de nueve personas.

La resolución, firmada por el juez Santiago Inchausti, se dispuso además embargos de entre 100 millones y 10 mil millones de pesos, la prohibición de salida del país de tres personas y citó a prestar declaración indagatoria a otro imputado, mientras que otras dos personas permanecen prófugas (uno de ellos es el cabecilla). En total, de los nueve procesados -uno de ellos es funcionario de la Aduana- cinco están con prisión preventiva.  

En la causa interviene la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, quien en la investigación cuenta con la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin. Entre otros aportes, esta oficina especializada contribuyó a brindar las herramientas para el congelamiento de la cuenta exchange -es decir, de una cuenta en una plataforma de intercambio- de uno de los prófugos, cuyo decomiso anticipado fue dispuesto por el juez. En tanto, la Aduana se presentó como querellante.

La pesquisa se inició en septiembre del año pasado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos, con posible vinculación de funcionarios de la Aduana. En el devenir de la investigación, las tareas de inteligencia criminal realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las intervenciones telefónicas y las medidas de carácter patrimonial permitieron a la fiscalía solicitar la ampliación del objeto procesal por la posible comisión de otros delitos, tales como el lavado de activos y la promoción de casinos clandestinos en línea.

En efecto, dos de los imputados fueron procesados por el delito de lavado de activos, conforme la aplicación de la reforma del tipo penal, introducida por la ley 27.739, pues siguieron ejecutando las maniobras tras su entrada en vigencia, incluso luego de que fueran convocados a prestar declaración indagatoria.

A fin de aclarar el alcance de la figura de lavado de activos respecto de las criptomonedas, el juez tuvo en cuenta la incorporación, dentro de los elementos típicos de la figura de lavado de activos, de la mención de “otros activos”, así como la expresa definición de “activo virtual”.

Otros dos imputados están acusados del delito de administración y explotación de juegos de azar, sin la debida autorización que debe brindar el órgano regulador, en este caso, Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la resolución judicial, los acusados habían dispuesto una distribución de roles y llevaban adelante diversas conductas en forma conjunta y/o alternada, para lo cual también se habrían valido de la creación de al menos diez sociedades, algunas de ellas aparentemente sin actividad real, o bien con una actividad distinta -total o parcialmente- a la declarada con el objeto de facilitar las conductas delictivas de la organización.

“La asociación aquí conformada, desde tiempo incierto, pero al menos desde el transcurso del año 2020, ha conformado esta empresa criminal tendiente a desarrollar múltiples maniobras ilícitas que también son objeto de la presente investigación, siendo importante destacar que esta sociedad tuvo una continuidad ininterrumpida a lo largo del tiempo, tal como surge de los elementos hasta ahora recabados”, indicó el juez.

Juegos clandestinos en línea

Además de la importación, ofrecimiento y venta al público de aparatos de tecnología y teléfonos celulares de alta gama, en infracción al Código Aduanero, los activos ilícitos provendrían también del juego clandestino en línea, se indicó en la resolución judicial.

El principal acusado de la organización -que permanece prófugo- junto a dos hijos -uno de ellos también en rebeldía-, y una persona más están imputados por haber administrado y/o gestionado una página web de juegos de azar sin autorización, mediante la utilización fraudulenta de la marca de una casa de apuestas reconocida públicamente, que incluye apuestas deportivas. De acuerdo con los elementos relevados en la investigación, al menos desde el 1 de octubre pasado gestionaban perfiles de Facebook e Instagram, donde se promocionaba el emprendimiento ilegal para captar apostadores.

El juez Inchausti destacó en la resolución la creciente preocupación social frente a la proliferación del juego ilegal en línea, principalmente entre las personas menores de edad, lo que ha llevado a distintos actores sociales a adoptar medidas sobre este fenómeno, entre ellas -citó-, la ordenanza municipal 26.211, de implementación de una campaña preventiva dirigida a las y los adolescentes.

El magistrado tuvo en cuenta las guías y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de su organismo regional relacionado para Latinoamérica (GAFILAT), y destacó la estrecha relación entre este tipo de actividades con la criminalidad financiera.

Además del presunto líder de la organización que permanece prófugo, dos de los acusados están imputados de haber desplegado maniobras tendientes a poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas y de justificar el incremento patrimonial a través de múltiples operaciones con criptoactivos, que representan movimientos por sumas millonarias, al menos desde 2021.

Entre estas maniobras se destacan múltiples depósitos y transferencias recíprocas entre sí, lo que, de acuerdo a la valoración de la prueba reunida, fue dificultando la trazabilidad y confundiendo los patrimonios.

Entre otros aportes, la UFECI contribuyó a brindar las herramientas para el congelamiento de la cuenta exchange de uno de los prófugos, cuyo decomiso anticipado fue dispuesto por el juez.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Nicolás Fernández, el imputado por el crimen de Daniel Marcel ocurrido el 30 de junio del año pasado, será llevado a juicio oral el año próximo, según manifestó el abogado Juan Cruz Martínez, patrocinante de la familia de la víctima, luego de la audiencia preliminar realizada esta mañana.

Durante la audiencia preliminar las partes ofrecieron cuáles son las pruebas que deberán celebrarse en el debate. “Se pudo establecer que el juicio va a durar cuatro o cinco días, que la fecha depende de la agenda del Tribunal Oral Criminal N°2, pero seguramente va a ser durante el curso del 2025”, confirmó el letrado en diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

Sobre Fernández, el abogado aseguró que “hay una vasta prueba que lo determina como el autor del atroz homicidio a Daniel Marcel”. Y si bien consideró que “la verdad será objeto del debate, y somos respetuosos de la presunción de inocencia, la verdad que hay testigos que lo identificaron, está la pericia balística que concuerda con el arma secuestrada y el proyectil alojado en el cuerpo de Daniel”.

Además, entre las pruebas, Martínez señaló que se secuestraron prendas que vestía el imputado “al momento de cometer el hecho”, además de una prueba que se está por introducir que tiene que ver con una mancha de sangre en la manga de una camisa blanca que estaba en el cordón de la vereda de la casa de Fernández al momento que lo detienen. A esto se suma material fílmico, de cámaras privadas y municipales”.

“La prueba es contundente y, a razón de la verdad, debo reconocer el excelente trabajo de la doctora Romina Díaz en representación del Ministerio Público Fiscal -reconoció el letrado y agregó- Ha sido eficiente en el trámite del sumario”.

Por otra parte, informó que Fernández se encuentra detenido en la Unidad Penal N°15 de Batán “y más allá de una instrucción suplementaria o pericia psicológica que pidió la defensa, está a la espera del juicio oral”.

EL CASO

El homicidio se registró el 30 de junio del año pasado en la puerta de la vivienda de la familia en el barrio Las Lilas, cuando Daniel Marcel de 78 años salió a defender a su hijo, el periodista Marcelo Marcel, que estaba siendo atacado por una persona con un arma (le llegó a disparar, pero el tiro no salió del arma) en un intento de robo.

El delincuente ya detenido, que estaba acompañado de otro que robó pertenencias del auto de Marcel y huyó (se mantiene prófugo) le disparó a Daniel Marcel. La bala impactó en el tórax del hombre e, inmediatamente, y le provocó la muerte. 

El desenlace tuvo a la fiscalía a cargo de Romina Díaz a cargo de la investigación, junto al gabinete de Homicidios de la DDI, y se logró hacer efectiva la detención de Nicolás Fernández, quien horas después del crimen había sido demorado a pocas cuadras del hecho, en la puerta de la casa de su madre en donde estaba arrojando disparos al aire.

La Justicia de Tucumán decidió rechazar el nuevo pedido de libertad que habían presentado los abogados defensores de Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín, los tres ex jugadores de Vélez que están acusados de abuso sexual. De esta manera, los deportistas permanecerán en prisión domiciliaria.

Las defensas de los futbolistas habían hecho un pedido de libertad al juzgado de primera instancia, pero este había sido rechazado. Esto había sido apelado y el caso llegó hasta la Corte Suprema provincial, que también denegó la solicitud.

Fue entonces que los abogados volvieron a hacer el pedido ante el tribunal de primera instancia. La respuesta fue la misma y los futbolistas seguirán con prisión domiciliaria.

Por el momento, el único acusado que permanece en libertad es el arquero Sebastián Sosa, quien pagó una caución de 50 millones de pesos a la Justicia de Tucumán. El uruguayo tiene la más leve de las imputaciones: se considera que tuvo una participación secundaria en la causa por abuso sexual que se inició luego de la denuncia de una periodista deportiva tucumana de 24 años.

Los tres futbolistas cumplen prisión domiciliaria en el country La Arboleda, en las afueras de San Miguel de Tucumán. Al no haber stock de tobilleras electrónicas para controlar sus movimientos, tiene consigna policial permanente. La medida la dictó la jueza Gómez Moreira el 21 de marzo pasado.

Cufré y Florentín son acusados por el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas. En el caso de Osorio, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal.

El pasado 23 de abril, Vélez decidió rescindir los contratos de Osorio, Florentín y Cufré. Según explicaron las autoridades del Fortín, la determinación se hizo en conjunto entre las áreas de Fútbol, Géneros y Legales. A través de un sumario interno se determinó que los tres jugadores “incurrieron en inconductas laborales graves”, razón por la que se puso fin a sus respectivos vínculos con la institución.

Fuente: TN