La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Subsecretaría de Inspección General, clausuró un local que se dedicaba a la compra y venta de artículos metálicos, conocidas como “chatarreras”, ubicado en Cerrito y Ortiz de Zárate. Allí, se constató la presencia de cableado perteneciente a la empresa Edea. También se detectaron otros elementos como balanzas, elementos de corte y estibas, los que del mismo modo fueron secuestrados.

El trabajo conjunto incluyó a las empresas de servicios públicos como EDEA, Camuzzi y OSSE, la Policía de Buenos Aires y la Secretaría de Seguridad municipal. Ocurre en el marco del abordaje de los robos que sufren los elementos instalados por las empresas en la vía pública, tanto medidores como cableado, para su posterior venta ilegal de las piezas o el metal reducido.

En este operativo participaron representantes de cada empresa para reconocer posibles piezas que hayan sido sustraídas, ya que son los que certifican que las piezas sean de su área para clausurar el establecimiento.

Inspección General elaboró las actas correspondientes, ordenó el secuestro de los elementos y la clausura del local. En estos casos, la Secretaría de Seguridad hace la logística y organización, más la presencia de Patrulla Municipal para asegurar las acciones en conjunto con la Policía de Buenos Aires. Mientras tanto, el Emsur y el Emvial proveen maquinaria y mano de obra para la remoción y decomiso de los elementos que ilegalmente se encuentren acopiados en el lugar.

Desde esta área municipal informaron que el procedimiento forma parte de una sistemática operativa que busca atacar el problema por el lado de la compra y la oferta dispersa producto robos aislados, que confluyen en compradores inescrupulosos, siendo la base del sostén de esta operativa delictiva.

Galpones con ropa podrida, del piso hasta el techo. Cajas de zapatillas por doquier, discos compactos y bolsas de mercadería con todo tipo de elementos. La humedad y el encierro generan un vaho espeso. Llevan años acumuladas, apiladas, en desuso y echándose a perder. Al aire libre, también hay una obscena cantidad de automotores que cumplen el mismo destino: convertirse en chatarra. Se trata de más de 20.000 vehículos incautados por la justicia federal y la Aduana, con la orden que sean las Fuerzas Federales las responsables de custodiarla. No se puede disponer de esos bienes, sólo hay que resguardarlos.

Todo este sistema de protección para bienes allanados en diversas causas judiciales demanda una erogación anual de más de $ 1.000 millones en bienes cuyo valor se deprecia día a día. Pero hay más en este insólito sistema. Para resguardar los bienes se destinan más de 6.000 efectivos -en todo el país- y se gastan más de $ 18 millones sólo en el alquiler de lugares para protegerlos de la intemperie.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich no oculta su enojo. Las fuerzas federales que dependen de ella ya no quieren que la Justicia federal les asigne la custodia de bienes incautados en causas de corrupción, lavado de dinero, contrabando y narcotráfico, entre otras. No pueden hacer uso de ellos, demanda gastos, utilización de personal que podría estar “afectado a la seguridad de la ciudadanía y se dedican a proteger chatarra”, remarca.

La discusión prevalece en torno a la necesidad de contar con una Ley de Extinción de dominio. Recientemente el presidente Mauricio Macri firmó un Decreto autorizando al remate de bienes que se encuentren decomisados. Pero el Ministerio no dispone de los bienes, le son otorgados bajo la figura de “guarda judicial” con la prohibición de cambiar su naturaleza y en la mayoría de los casos, es sólo depositario, es decir, no debe hacer más que cuidar esos bienes incautados.

Así, se destinan fondos y recursos de los más variados para el cumplimiento de la orden judicial. “No podemos desobedecerla, sería un desacato ante una decisión de un Juez, pero no nos sirven de nada los bienes, lo mejor sería rematarlos y contar con ese dinero y dirigirlo a organismos de las Fuerzas”, dijo Bullrich a Clarín.

El Ministerio realizó una auditoría que reflejó números alarmantes. En todo el país hay 537 espacios afectados para el resguardo de dichos bienes. El valor de los rodados, ropa, maquinaria pesada, embarcaciones, y otros objetos secuestrados por la justicia tienen un valor de $ 938.660.082.

Esta cifra de dinero equivale según los cálculos del Ministerio a 470 patrulleros “que podrían adquirir las Fuerzas Federales para asistir a los ciudadanos que necesitan”. Y es inferior al gasto total anual que destinan para protegerla.

Los bienes que por orden de la justicia federal y de la Aduana deben ser custodiados por las Fuerzas, se componen de vehículos automotores que en su gran mayoría por el tiempo transcurrido, ya se encuentran en desuso, pero también la mercadería va desde textil, calzado, objetos de electrónica y discos compactos.

Entre 2016 y 2019 se colocaron en guarda judicial 20.000 automotores. Entre autos y camionetas hay 6.990 y sin poder utilizarse 5.424. Algo similar ocurre con las embarcaciones, son 56 de las cuales 38 están inutilizables.

Respecto a la maquinaria agrícola, incautadas hay un total de 701 y sólo 204 están en condiciones de ser utilizadas. Incluso, se buscó compactar vehículos incautados hace más de tres décadas, pero al no contar con la autorización judicial “no pudimos hacerlo y eso no sólo ocupa espacio, sino que es un riesgo de contaminación”, explicaron desde el Ministerio.

La auditoría realizada arrojó que 1.534 efectivos de las fuerzas son afectados diariamente en todo el país, para custodiar estos bienes que extraoficialmente, los denominan como “chatarra” que día a día van perdiendo su valor.

La afectación del personal a la custodia de los bienes, es aún mayor, se trata de 6.136 efectivos por mes debido a la rotación y a los turnos que deben cumplir. “Esta cantidad de efectivos podrían ser destinados a diferentes operativos del país, custodiar las fronteras, aeropuertos y los recursos marítimos”, sostiene el mismo documento oficial.

Hay una cifra aún superior: custodiar todos estos bienes le cuesta al Estado por año $ 1.056 millones, que indicó la ministra Patricia Bullrich, no se puede destinar a la compra de equipamiento para las Fuerzas “de todo el país, desde chalecos antibalas, uniformes, calzado, patrulleros, entre otros”.

El gasto que demanda el resguardo de los bienes sobre los cuales la Justicia aún no ha tomado decisiones que superen la incautación, ocupa una superficie de 5.000 metros cuadrados que exige una erogación de unos $ 18 millones en alquileres.

La superficie ocupada en galpones y diferentes espacios esto equivale a 4.500 contenedores llenos de mercadería. "Si se colocan uno al lado del otro ocuparían 34 kilómetros, lo que correspondería a la distancia que hay desde el Obelisco hasta la localidad de Tigre”, indica el informe.

Fuente: Clarín

Gabriela Sánchez, referente de la Multisectorial Ningún Hundimiento Más, apuntó fuertes críticas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que termina de definir el Gobierno con empresarios armatoriales y de la industria naval por la renovación de la flota pesquera y aseguró que lo que se pretende es habilitar un marco para "traer la chatarra de Europa".

La hermana de Gustavo, el capitán del Repunte, el buque marplatense que naufragó en aguas patagónicas en junio de 2017, remarcó que la forma en la que se gestó el proyecto de Nación "lamentablemente no está en relación" con el pedido que insistieron las familias de víctimas de hundimientos, que llegaron a reunirse cara a cara con el presidente Mauricio Macri por este tema.

"Traer barcos usados es algo que ya se dio en los '90. La explosión grande la pesca se dio en los '70 y estamos teniendo un hundimientos de barcos más de 50 años, por lo que quiere decir que los barcos usados que trajeron en los '90 son los que se nos hunden ahora", graficó.

En diálogo con El Marplatense, Sánchez cuestionó que los empresarios hablen de "modernizar" en vez de "renovar" la flota. "Ellos hacen ese juego de palabras porque quieren traer barcos usados. Pero esos barcos son la chatarra que vende Europa por qué no saben que hacer con eso. Y con eso es lo que pretenden modernizar nuestra flota pesquera", acusó.

La referente de la organización ratificó estar "totalmente en contra" de DNU del Gobierno y aseguró que persistirán los reclamos y denuncias "contra las grandes cámaras pesqueras que siempre fueron las grandes beneficiadas de este sistema".

Además, Sánchez cuestionó que no se haya tenido en cuenta el proyecto presentado por el senador Pino Solanas, que desde mitad del año pasado se trata en el Congreso de la Nación. "Que ahora intenten sacar un DNU a pocos días que comience el período de sesiones también nos parece un despropósito", dijo, y afirmó: "Acá nadie está pensando en los trabajadores que son los que después se tienen que subir a esos barcos".

Juan Bosch, el Subsecretario de Pesca de Nación, dijo que el decreto, que se publicaría en menos de un mes, contempla la renovación de aproximadamente 300 barcos que arrastran más de 40 años de antigüedad en un plazo máximo de 20 años, lo cual sigue siendo cuestionado por los empresarios armatoriales ante la falta de garantías de nuevas fuentes de financiación por parte del Estado para poder solventar económicamente el proceso.

El funcionario también aclaró que en el bosquejo que ya está escrito del decreto sólo se prevé la posibilidad de que un barco de más de 40 años de antigüedad continúe en etapa de navegación si puede acreditar una “reconstrucción de más del 40 por ciento” de su estructura”. “Ahí se les van a conceder 20 años más”, indicó.

Este lunes, el presidente Mauricio Macri tiene previsto brindar una conferencia de prensa alrededor de las 14 junto a parte de su gabinete para realizar el anuncio sobre el lanzamiento del DNU, según consignaron voceros oficiales.