El procesamiento que Cristina Kirchner tenía en una de las causas que derivadas de los "cuadernos de las coimas" fue revocado este martes por la Cámara Federal. Se trata de la causa que investiga las coimas que habrían pagado empresarios a cargo de los corredores viales. El juez Claudio Bonadio había dictado un procesamiento con prisión preventiva contra la senadora.

La decisión fue tomada porque Claudio Uberti, el arrepentido clave, estuvo al frente del órgano a cargo de los corredores viales y habría hecho esa recaudación hasta mediados del 2007, antes de que la hoy vicepresidenta electa sucediera a su marido en el Ejecutivo. Según el tribunal, las pruebas apuntan hacia Néstor Kirchner, pero no hacia Cristina.

Como informó Infobae, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro Julio De Vido por haber recibido coimas (y se remitió a la prisión preventiva dictada en causas conexas) y también el del ex titular de OCCOVI Claudio Uberti y el empresario Marcelino Miguel Aznar como organizadores de la asociación ilícita en concurso con el cohecho pasivo. El fallo confirmó además el procesamiento de siete empresarios (entre ellos arrepentidos) y revocó el de otros cuatro. También bajó considerablemente los montos de los embargos.

En la causa, se investigan pagos ilegales efectuados por las compañías adjudicatarias. Como arrepentido Claudio Uberti, quien dirigió el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI), aseguró que todos los meses recibía una suma de dinero proveniente de las firmas del sector que debía controlar. Y ese dinero -dijo Uberti- era entregado a Néstor Kirchner y en alguna ocasión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Por esta causa se citó entonces a distintos empresarios que tuvieron concesiones. Por la firma Autopistas del Sol fueron convocados a declarar Franco y Gianfranco Macri, entre otros. El padre del Presidente no concurrió debido a su estado de salud y falleció poco después. A su hermano se le dictó la falta de mérito, que no fue apelada.

También fueron convocados los responsables del Grupo Concesionario del Oeste, Concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Homaq, Vialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Helport, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noroeste Construcciones, Glikstein y Cía, Supercemento, Dragados y Obras Portuarias y Caminos del Río Uruguay.

En su declaración indagatoria, la ex presidente aseguró sobre esa causa: "Aunque parezca increíble -o ya no tanto-, el Juzgado volvió a sacar copias de supuestas confesiones de algunos arrepentidos para conformar una nueva causa, imprimió decretos y resoluciones administrativas, agregó informes insustanciales relativos a varias empresas y, sin más, ordenó mi convocatoria" a indagatoria.

El 6 de junio pasado, Bonadio amplió los procesamientos de Cristina Kirchner y Julio De Vido por cohecho pasivo, en seis hechos, y se los embargó por 700 millones de pesos. También se procesó a Uberti y Aznar como organizadores; junto a una decena de empresarios, algunos como miembros de la banda, pero todos por cohecho.

Ahora, sin embargo, la Cámara Federal revisó esa decisión y, después de sacar de la asociación ilícita a los empresarios –tal como lo hizo en el caso de los cuadernos- determinó que las coimas que se investigaron en el capítulo de los corredores viales sucedieron en la gestión de Néstor Kirchner y no en la de Cristina.

Si bien la Cámara Federal ya ubicó a la senadora “en las más alta de la posiciones dentro de la asociación ilícita que se mantuvo durante más de doce años y atravesando tres presidencias –dos de las cuales fueron ejercidas por la nombrada-“, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que en este caso en particular “los pagos ilícitos fueron detectados entre los años 2003 y mediados del 2007”. “Es decir –añadieron- una ventana temporal que abarca todo el desempeño de Claudio Uberti en el OCCOVI pero que precede al momento en que la imputada asumió sus funciones como primera mandataria”.

La Sala I de la Cámara Federal agregó que, además, las declaraciones de los propios arrepentidos “impiden identificarla como la encargada de receptar los sobornos advertidos en este concreto período” y en el área del OCCOVI. De hecho, solo se alude “cuanto mucho a la órdenes del ex presidente Néstor Kirchner como el punto de partida de este mecanismo de recaudación”. “El único dato objetivo que la vinculada con el sistema develado en este legajo y que sin más es insuficiente para fundar un criterio incriminatorio radica en que Uberti reconoció que entregó dinero en el ya invocado departamento de las calles Juncal y Uruguay”.

“El razonamiento planteado nos conduce a adoptar un temperamento expectante con respecto a Cristina E. Fernández. Así y aun cuando las inconsistencias descriptas impiden arribar al grado de certidumbre exigido, todavía resta explorar una línea investigada que podría revelar una secuela de cobros sobre corredores viales”. Se trata de un aporte que hizo el ex secretario de Obra Pública José Lopez, en la llamada cartelización de la obra pública –en donde a Cristina Kirchner sí se le confirmó el procesamiento, en una resolución conocida hoy-.

La Cámara Federal porteña ordenó esta tarde que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes cumplían prisión preventiva por presunta responsabilidad en la causa de los "cuadernos de las coimas", sean liberados. Se los excarceló bajo "caución real" y el monto de la fianza será definido por el juez Claudio Bonadio.

Los miembros de la Cámara Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que ya no existe riesgo procesal que justifique su detención. Anteriormente, el  fiscal Carlos Stornelli había sostenido que sus libertades no implicaban un peligro para la causa. Bonadio se había negado a excarcelarlos.

Sobre López y De Sousa pesan dos acusaciones derivadas de las investigaciones de los cuadernos de las coimas. Una tiene que ver con un supuesto lavado de dinero en la compra de departamentos en el edificio donde vive Cristina Kirchner. La hipótesis es que detrás hubo fondos espurios vinculados al fallecido Daniel Muñoz, que fue secretario privado de Néstor Kirchner. La otra causa es por un supuesto cohecho en el manejo de la obra pública, detalló La Nación.

Estas causas avanzan en paralelo con el juicio que enfrentan López y De Sousa por la causa Oil. En ese caso también cumplían prisión preventiva, pero el Tribunal Oral Federal los excarceló hace dos semanas. Desde entonces, todo indicaba que sus días en la cárcel estaban llegando a su fin, sobre todo después de que la Cámara Federal liberó a Oscar Thomas, también en la causa de los cuadernos, a pesar de que Thomas había estado prófugo 48 días.

Las defensas habían solicitado que las cauciones fueran determinadas por la propia Cámara, para evitar que lo hiciera Bonadio. Bruglia y Bertuzzi rechazaron este pedido con el argumento de que si ellos mismos fijaban el monto, los acusados se quedarían sin una instancia de revisión en caso de pretender recurrirlo.

Los jueces sostuvieron además que López y De Sousa deberán "presentarse periódicamente" ante el tribunal y "no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas". También dispusieron que se les retuvieran sus pasaportes y que se librara una "orden expresa de prohibición de salir del país" contra ambos.

El juez Claudio Bonadio decidió enviar a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a una gran cantidad de presuntos asociados, bajo acusación de haber formado una asociación ilícita que se habría dedicado a la recaudación de fondos ilegales.

En ese marco se encuentran involucrados cinco empresarios marplatenses, quienes habrían sido parte activa de la complicada estructura de lavado de dinero en el exterior. Se trata de Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Osvaldo Parolari, Marcelo Danza y Elba Municoy. 

Siempre según lo establecido en el expediente, de dichas maniobras también habrían participado Carolina Pochetti -viuda de Muñoz-, Carlos Cortez, Peral Puente Resendez, Carlos Gellert, Víctor Manzanares, Sergio Dorf, Juan Manuel Campillo y su sobrino Gastón Campillo, Antonio Gugino, Rubén y Leonardo Llaneza y Mauro Profético.

A todos ellos se los acusa de haber “realizado diferentes transacciones comerciales, entre las que se destacan la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica” de los imputados, según detalló Clarín.

Entre 2010 y 2015, Muñoz habría constituido en el exterior “quince empresas a nombre de terceras personas de su círculo”. Doce de estas firmas fueron dirigidas por Todisco y Ortiz Municoy, que entonces estaban casados. Las empresas son: Succesfull, Harbor Golden Inc, South Golden Inc, Lizer Investments LLC, Mother Queen Inc, North Golden Inc, First All Inclusive Ocean Silver Of South Florida Inc, Dream Golden Enterprises Inc y Municoy International Properties Inc.

Después de 2015 -cuando la empresaria inmobiliaria y el productor textil se separaron- en nueve de estas sociedades asumió Puente Resendez, cónyuge de Gellert, detenido recientemente e hijo de Blanca Blanco, la ex diputada nacional y ex esposa de Daniel Peralta, entonces gobernador de Santa Cruz. Blanco, a su vez, es tía de Pochetti.

La Justicia determinó que todas estas personas buscaron “ocultar el origen ilícito del dinero” a través de las sociedades creadas y, para ello, “habrían comprado un total de 16 inmuebles a nombre de dichas empresas”. Catorce de las propiedades se encuentran en Miami y las dos restantes en Nueva York. Según el dictamen al que accedió Clarín, todas estas operaciones demandaron un desembolso de más de 53 millones de dólares.

Parte del dinero investigado se movió, indicaron los fiscales, a través de Parolari – cuya familia fue la fundadora de la reconocida confitería marplatense El Cóndor- y el abogado Danza, mediante las firmas Golden Black Limited y Old Wolf, radicadas en Islas Vírgenes Británicas. Junto a Todisco, compraron propiedades por 15,5 millones de dólares.

La acusación relata que Parolari y Todisco “concurrían juntos al domicilio de Muñoz en Capital Federal, a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal”.

Según explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, la reconducción de los fondos se hizo a través de la adquisición de otros inmuebles, operaciones de las que participó Elba Municoy, interviniendo “en los fondos ilícitos adquiridos por Elizabeth Ortiz Municoy”.

Por ejemplo, la empresa Iñaki Saizarbitoria Esq PA, recibió una transferencia de 2 millones de dólares proveniente de una cuenta a nombre de Todisco radicada en la Banca Privada de Andorra. Según Clarín, la operación estaría vinculada a la adquisición de un inmueble en Miami. Tiempo después, esa empresa transfirió 400 mil dólares a Todisco.

Esta operatoria se repitió con otras personas del entorno de Muñoz: Héctor Llaneza y Cortez serían directivos de New Dreams LLC constituida en Florida, que libró tres cheques a favor de Todisco para el pago del alquiler de un inmueble en Estados Unidos. Todos ellos usaron diferentes cuentas radicadas en el exterior para la triangulación de fondos.

Luego de ser detenidos, Ortiz Municoy y Todisco declararon como “arrepentidos” y fueron liberados; mientras que Parolari fue apresado en septiembre del año pasado cuando regresó al país proveniente de los Estados Unidos.

El juez federal Claudio Bonadio amplió este jueves el procesamiento con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner al considerarla coautora de otros cinco hechos de cohecho pasivo, en el marco de la causa de los cuadernos, en la que ya había sido procesada por asociación ilícita.

Además, amplió el embargo sobre sus bienes a 80 millones de pesos y dijo que la prisión preventiva de la ex presidenta "se hará efectiva cuando el Senado de la Nación apruebe su desafuero, o bien, cuando cesen sus fueros". El juez consideró "inverosímil" el argumento que dio la ex presidenta cuando se defendió en los tribunales, al decir que desconocía todas las maniobras ilícitas que se le imputaban.

Entre otros elementos que están detallados en la resolución, alude a uno de los dichos de Juan Manuel Campillo, ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, quien al declarar como arrepentido dijo que Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner, le había dicho que el dinero que estaba a su nombre era en realidad una fortuna que no era suya.

También se refiere a que, según describió en decenas de ocasiones el chofer Oscar Centeno y luego ratificaron otros imputados en sus declaraciones, el dinero recaudado por la organización delictiva era entregado en el departamento de Néstor y Cristina Kirchner, ubicado en la dirección Uruguay 1306, en el barrio porteño de Recoleta.

Cuando se presentó a declarar al juzgado de Bonadio, según La Nación, Cristina presentó un escrito donde desconoció los hechos que se le imputaron. "El desconocimiento de los sucesos que fue alegado en su presentación se vuelve más inverosímil aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del Ministerio señalado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad (Uruguay 1306 de esta ciudad), como así también en la Quinta Residencial de Olivos".

Según el juez, "las constancias incorporadas dan cuenta de su participación en el sistema ilegal de recaudación llevado a cabo durante la presidencia de su cónyuge, como también su continuación hasta los últimos días de su gobierno".

En la misma resolución, Bonadio amplió los procesamientos de los empresarios de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, y Jorge Neira, de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y Ezequiel García por cohecho pasivo, y procesó a los directivos de Isolux Mario Maxit y César De Goycoechea -hermano de Juan Carlos De Goycoechea- por cohecho activo.

El juez federal Claudio Bonadio procesó este martes a la ex presidenta Cristina Kirchner en dos expedientes por presuntas irregularidades en la transferencia de subsidios públicos durante su gestión como presidenta a empresas de trenes y colectivos.

El magistrado investiga a la senadora de Unidad Ciudadana en dos causas en paralelo: uno por el sistema ferroviario y otro por el gasoil en el sistema de transporte automotor.

El lunes, además, el juez Bonadio también había procesado con prisión preventiva a Kirchner, en ese caso por la importación con sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL).

Cristina sumó así su quinto procesamiento con prisión preventiva -entre estos, el pacto con Irán-, pero la senadora no irá a la cárcel porque, como sus pares del Congreso, tiene fueros.

La viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, finalmente fue aceptada, este martes, como la más reciente arrepentida en la causa de los cuadernos de las coimas, convirtiéndose en la segunda mujer "imputada colaboradora", luego de la marplatense Elizabeth Ortiz Municoy.

Pochetti debió ampliar su declaración ante el juez federal Claudio Bonadio, en una audiencia que duró tres horas y media. Luego de este encuentro, el magistrado aceptó homologar el acuerdo que la imputada había celebrado con los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli la semana pasada.

Sin embargo, y al igual que el anteúltimo arrepentido de la causa, el ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo, no será liberada como la mayoría de los imputados colaboradores, sino que continuará detenida con prisión preventiva. 

Tanto Campillo como Pochetti fueron señalados por otra arrepentida de la causa, Ortiz Municoy, quien -junto a su ex marido, el empresario textil local Sergio Todisco, y otros empresarios marplatenses- está acusada de ser testaferro de Muñoz y de integrar la asociación ilícita que funcionó durante el kirchnerismo para cobrar sobornos a cambio de obra pública. 

Muñoz, ex secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, habría conformado una red de empresas en la Argentina y en el extranjero para blanquear 100 millones de dólares provenientes del pago de sobornos, según se desprende de la declaración de la empresaria inmobiliaria marplatense.

Muñoz –remisero de profesión antes de trabajar con los Kirchner- murió en mayo del 2016 y se retiró de la función pública en el 2009, declarando ser dueño de dos terrenos, ahorros por 430 mil pesos y un Ford Focus.

Sin embargo, ahora se sabe que tanto él como última pareja, Carolina Pochetti, eran millonarios. Hicieron inversiones por más de 70 millones de dólares, según probó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Unidad de Información Financiera (UIF), al mando de Mariano Federici. En la causa que lleva adelante Bonadio, fue señalado como el principal “valijero” del matrimonio Kirchner.

La hipótesis judicial es que el secretario de Néstor Kirchner fue, también, su testaferro. Y que manejó tanto dinero que él mismo, a su vez, montó una estructura de testaferros propios, y de complejas sociedades off shore que se retroalimentan unas con otras. Municoy admitió que ella integró esa red ilegal, pero responsabilizó por eso a su ex marido,Todisco, amigo de Muñoz.

Apenas unas horas antes de que Pochetti se convirtiera en la última arrepentida de la causa, Bonadio ordenó la detención del abogado de Pochetti, Miguel Ángel Plo y de su yerno, Federico Zupicich.

Plo -un respetado abogado, con fuertes lazos en el peronismo bonaerense y ex secretario de Política Penitenciaria en el gobierno provincial en 2001- quedó en la mira de los investigadores al intentar determinar qué pasó con los más de 70 millones de dólares que salieron de la recaudación de la banda de los cuadernos y que terminaron en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner y su viuda.

Isidro Bounine, ex secretario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue detenido este miércoles, después de que el juez Claudio Bonadio homologó el acuerdo que convierte al ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo en el último arrepentido de la megacausa que desataron las revelaciones de los "cuadernos de las coimas".

Bounine era el único secretario de la ex presidenta que hasta el momento no había sido salpicado por la investigación de una trama de corrupción que implicaba el pago de millonarias coimas a cambio de contratos de obra pública.

En diciembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidente y senadora de Unidad Ciudadana como jefa de la asociación ilícita y responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales.

Según trascendió, Campillo mencionó a Bounine en su declaración como uno de los integrantes del círculo cercano de Cristina Kirchner que lo había llamado en alguna oportunidad para participar en maniobras de lavado de dinero.

Campillo, considerado “el primer valijero k”, quedó involucrado en la causa tras la declaración como “arrepentida” de la empresaria marplatense Elizabeth Ortiz Municoy, ex esposa de Sergio Todisco, uno de los presuntos testaferros del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.

Hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner, Campillo fue ministro de Hacienda de Santa Cruz durante los años en que se administraron los fondos extra presupuestarios, aquellos que esa provincia recibió por regalías mal liquidadas de la entonces Repsol-YPF. Además, fue la última pareja del diseñador de alta costura marplatense Carlos Di Doménico.