El fiscal general Pablo Ouviña continuó la semana pasada con el alegato del MPF en el debate denominado “CNU II”, en el que se juzga a los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa por su participación en una asociación ilícita que cometió crímenes de lesa humanidad en la etapa previa al golpe de Estado de 1976 en Mar del Plata.

Entre el martes y el miércoles, el fiscal dio cuenta del modus operandi de la banda, que estaba inserta en puestos claves del ámbito universitario, el sindicalismo y la justicia federal de entonces, lo que cerraba el círculo de impunidad con el que actuaban. Expuso los detalles de los crímenes de la noche conocida como “5x1”, luego de la muerte del líder de la organización de ultraderecha; el asesinato de los amigos y contadores Jorge Alberto Stoppani y Daniel Gasparri; y el secuestro y homicidio de María del Carmen Maggi que conmocionó a la ciudad. El 7 de octubre se retoma el debate y la fiscalía continuará con su exposición.

En las dos primeras audiencias de su alegato, llevadas a cabo el 1° y el 2 de septiembre, el fiscal Ouviña se había adentrado en algunas de las particularidades que presentó la organización criminal a nivel local: el surgimiento y fortalecimiento de la CNU en Mar del Plata; sus vínculos con organizaciones políticas y sindicales del peronismo ortodoxo y con las fuerzas armadas y de seguridad; su inserción en la administración universitaria y en la fiscalía federal de la ciudad; y el modo en que, desde esos lugares, se llevó adelante el plan criminal para extirpar la llamada “infiltración marxista”. Antes de ello, el fiscal había trazado el contexto en que se desarrolló la organización criminal, a partir de la segunda mitad de 1974.

Ante los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, Ouviña continuó con un relato cronológico de los episodios violentos que se sucedieron desde mayo de 1974, con los ataques sufridos por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), cuando el testigo Carlos Petroni fue víctima de un intento de asesinato, hasta marzo de 1976, cuando los ataques se dirigieron a los testigos Leventi y Nisembaum, en la previa del golpe cívico militar. El repaso una a una de esas agresiones planificadas y crímenes cometidos por integrantes de la CNU –que exceden a los casos que se investigan en el juicio- llevó a concluir un mismo modus operandi de la organización delictiva.

El fiscal indicó que los grupos operativos solían estar formados casi exclusivamente por integrantes de la CNU, aunque muchas otras veces operaban conjuntamente con miembros de otros grupos ideológicamente afines que también integraban la asociación delictiva, como la CGT local, el CdO, la JSP o la CNU La Plata. Incluso, en ocasiones operaban conjuntamente con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

Las víctimas tenían un mismo denominador: eran personas con ideología de izquierda y asociadas al peronismo en su mayoría, aunque no exclusivamente. El fiscal reparó en que muchas de sus víctimas fueron estudiantes y personal docente universitario, el escenario donde surgió la organización de ultraderecha. “Era principalmente allí donde la CNU ejecutaba el plan depurador de la asociación criminal”, destacó Ouviña, quien reparó en que también hubo entre sus víctimas trabajadores y representantes sindicales, dirigentes políticos nacionales, y personas que de alguna manera podían afectar sus intereses.

Para el fiscal, esto tiene un sentido claro: “Recordemos que se trataba de un plan integral del que la CNU formó parte conjuntamente con otras organizaciones, donde operaban de manera coordinada, persiguiendo un objetivo común: eliminar la llamada infiltración marxista”.

Desechar cadáveres y salir impunes

“Se advierte una forma particular de atacar y secuestrar, de matar y de desechar cadáveres, y una forma de garantizar la impunidad para los participantes, que se repite. Este modus operandi, además, es idéntico en otras localidades en las que también operaba la asociación ilícita”, precisó el representante del MPF.

En esta línea, señaló Ouviña cinco características principales. La primera es que los operativos se realizaban en grupo, de al menos cuatro personas. “La superioridad numérica era un factor relevante para asegurar el éxito. Fundamentalmente, cuando se buscaba reducir a una persona para capturarla e introducirla en un vehículo”, apuntó.

La segunda refiere a la utilización de autos particulares para los operativos, generalmente de grandes dimensiones que permitieran llevar varios ocupantes a bordo. Incluso, en algunos de los episodios su usaron automóviles robados.

El tercer rasgo característico era que el grupo contaba con una gran cantidad y variedad de armamento, que pertenecía y estaba a disposición del grupo: desde armas automáticas hasta revólveres, escopetas, pistolas, paquetes de trotyl, etcétera.

Los operativos eran planificados y requerían cierto grado de inteligencia previa, conforme preveía la Orden Reservada del Consejo Superior Peronista, que tenía alcance nacional sobre todo el movimiento y las autoridades que ocupaban cargos públicos; sólo dejaba en manos de los referentes territoriales la forma de implementar las acciones de depuración y el momento de hacerlo. Esta cuarta característica implicaba que se realizaban los operativos en domicilios laborales, las residencias de sus víctimas o en el trayecto entre uno y otro.

El plan inicial de acción consistía en lograr de algún modo reducir a la víctima e introducirla en uno de los vehículos del operativo. “La víctima era generalmente maniatada, trasladada a algún paraje despoblado y alevosamente ejecutada entre varias personas”, describió Ouviña y preguntó al Tribunal: “¿Cuántas balas se necesitan para matar a una persona que se encuentra indefensa y a poca distancia? Probablemente bastaría con una sola. Pero es claro que a la asociación ilícita no le interesaba ahorrar en violencia”, respondió.

Los asesinatos fueron consecuencia de múltiples disparos de armas y calibres variados, realizados a corta distancia y agrupados generalmente en tórax y cabeza. “Esto no sólo resulta demostrativo de odio y brutalidad: los cuerpos acribillados cumplían además la función de amedrentar y mandar un mensaje claro a quienes consideraban sus enemigos”, comprendió el fiscal en su alegato.

La acción del grupo tuvo como quinto punto característico realizar acciones para garantizar el éxito de los operativos y la impunidad de sus ejecutores. Una de esas medidas implicó coordinar su accionar con las fuerzas armadas y de seguridad para evitar interrupciones indeseadas, es decir, contar con la comúnmente denominada “zona liberada”. Y “la impunidad se consagraba con la inserción de la CNU en la fiscalía federal, encabezada por el entonces fiscal Gustavo Demarchi, e integrada por otros miembros del grupo: Rolón, Justel y el aquí imputado Ullúa”. Las causas se archivaban casi automáticamente sin importar cuán significativos fuesen los elementos con que se contaba para individualizar a los responsables.

La noche del “5x1”

Ernesto Carlos Piantoni era el jefe de la CNU marplatense, y actuó como abogado defensor de sus camaradas –entre ellos los dos imputados en este juicio- en la causa por el homicidio de la estudiante Silvia Filler en diciembre de 1971. El 20 de marzo de 1975, alrededor de las 13.30, fue atacado a balazos mientras circulaba en su auto por la calle Formosa entre Güemes y Olavarría, y dos horas después falleció en una clínica local.

Esa misma noche, el cuerpo de Piantoni fue velado en la funeraria Sampietro, desde donde se desplegó la represalia. En el debate quedó probado que estuvieron, entre otros, muchos de los miembros de la asociación ilícita investigada, incluidos Corres y Ullúa. Numerosos testigos relataron haber visto vehículos que ostentaban armas por las ventanillas o que sus ocupantes se veían armados en los alrededores de la casa de sepelios. En el local de la CGT –lugar habitual de reunión del grupo- se convocó a una asamblea, y es allí donde “se ultimaron los detalles para cometer la matanza”, cuestión que ya se había probado en la sentencia del juicio CNU I.

Las acciones se coordinaron en la sede de la central gremial, en el local de CNU ubicado en la misma cuadra de la casa de sepelios y en la casa de uno de los miembros de CNU, Juan Carlos “Flipper” González. “Era importante la planificación. Era necesario consumar la represalia ese mismo día. El mensaje debía ser claro, podía no haber segundas oportunidades”, relató el fiscal en su alegato.

El plan necesitaba también tareas de inteligencia, y uno de los encargados de realizarlas fue el propio Ullúa, quien junto a un acompañante recorrió a bordo de un Ford Falcon el barrio La Perla por donde vivían parte de las víctimas.

Un grupo numeroso, fuertemente armado, salió en varios vehículos. Los destinos eran dos. Uno de ellos, la vivienda de la familia Videla, donde se encontraban cuatro de las víctimas de aquella noche: Jorge Enrique Videla, sus hijos Guillermo y Jorge Lisandro, y su sobrino, Enrique “Pacho” Elizagaray, quien se había refugiado allí. El joven cursaba cuarto año de la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Mar del Plata y participaba activamente en la Juventud Universitaria Peronista.

Cerca de las 5.00 de la mañana del 21 de marzo al menos doce personas del grupo operativo irrumpieron en la vivienda de España 856. Algunos quedaron afuera amenazando vecinos para que no se asomaran. Otros tocaron timbre, golpearon la puerta y se identificaron como miembros de la Policía Federal. Jorge Enrique abrió la puerta y el grupo irrumpió violentamente. A sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo –de solo 16 años- los sacaron de la habitación a los golpes. Se los llevaron a los tres. En simultáneo Pacho Elizagaray intentó escapar por la terraza, pasó al techo de la casa vecina pero lo persiguieron y acribillaron de 28 balazos. Los Videla fueron acribillados en un paraje del barrio Montemar, absolutamente indefensos.

El otro objetivo que habían seleccionado fue el médico platense Bernardo Goldenberg. Si bien en Mar del Plata ya no tuvo vinculación con ninguna agrupación política, los servicios de inteligencia tenían conocimiento de sus antecedentes, sabían dónde vivía y estaban pendientes de sus movimientos. Cerca de las 5.30 de la madrugada, el grupo operativo llegó hasta su casa, ubicada en Falucho 3634. Se volvieron a identificar como policías: se llevaron al profesional por la fuerza y robaron bienes de la familia; en la vivienda estaba su pareja y su hijo de apenas dos meses. A Goldenberg se lo llevaron para el sur de la ciudad: cerca de las 6.15 lo acribillaron con más de 50 balazos, en la intersección del camino viejo a Miramar y la calle 93.

La investigación de los asesinatos fue prácticamente nula. “Con Demarchi como fiscal actuante, no existe ninguna diligencia que haya tenido por finalidad intentar conocer la identidad de los autores”, señaló el representante del MPF y se remitió a las pocas constancias que obraban en los expedientes de entonces.

La conexión entre la muerte de Piantoni y los homicidios cometidos la madrugada siguiente no sólo se desprende de los testimonios escuchados en el debate y la reconstrucción en juicio 45 años después, sino que también está dada por lo escrito en los informes de inteligencia de la Prefectura, las publicaciones periodísticas de la época y un relato clave, el de Mirta Masid, ex pareja de Carlos González, miembro de la banda. Ella relató, entre otras cuestiones, que los propios miembros de la CNU se jactaban sobre el operativo y se reían recordando cuando perseguían a “Pacho” Elizagaray por los techos.

Stoppani y Gasparri

Jorge Alberto Stoppani y Daniel Gasparri iniciaron su amistad en las aulas de la Universidad Nacional de La Plata donde estudiaban para ser contadores públicos. Stoppani más allá de simpatizar con la JP, no participaba de ninguna organización; Gasparri en cambio había comenzado a desarrollar actividades políticas en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Su militancia había despertado el interés y el seguimiento de la Dirección de Inteligencia de la Policía provincial (DIPBA), que confreccionó informes donde asentó, por ejemplo, las tomas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Provincial, y la detención sufrida a raíz de los reclamos por el asesinato de Silvia Filler.

“Gasparri estaba involucrado en la política marplatense. No hay dudas de que podía ser calificado como un referente local de la izquierda peronista. Gasparri era, en definitiva, uno de aquellos ‘infiltrados’ que la CNU se había comprometido a extirpar del ‘Movimiento’”, analizó Ouviña.

El 24 de abril de 1975, cerca de las 19.00, salieron juntos de un bar ubicado en la esquina del Palacio Municipal, en San Martín e Hipólito Yrigoyen, a bordo de un Peugeot 504. Gasparri se iba a una reunión en la sede del Sindicato de Empleados Municipales –un mes antes de su asesinato había sido elegido delegado-, y más tarde fue en busca de Stoppani para invitarlo a salir. Iban en el automóvil cuando fueron interceptados por un grupo compuesto por miembros de la CNU, entre los que se encontraba Ullúa.

Antes de las 3 de la madrugada de esa noche fueron llevados hasta el paraje conocido como “Lomas de Cabo Corrientes”, ubicado sobre la avenida Edison, a tres kilómetros de la avenida Mario Bravo. Allí fueron ejecutados con múltiples disparos de al menos cuatro armas distintas. A Stoppani le hicieron cortes en ambas muñecas con un cuchillo que llegaron hasta el hueso. Luego lo asesinaron con 11 disparos. A Gasparri lo colocaron en la parte trasera del vehículo, al que balearon y prendieron fuego. Su cuerpo fue encontrado completamente calcinado.

El crimen de Coca Maggi

A María del Carmen Maggi la conocían como “Coca Maggi”. Tenía 30 años cuando fue secuestrada y asesinada. Profesora de filosofía y letras, dedicó toda su vida a la docencia, profesión que ejerció en colegios secundarios, la Universidad Católica de Mar del Plata, y en la Universidad Provincial, luego nacionalizada. Era entonces decana de la Facultad de Humanidades y, luego, también Secretaria General.

Maggi tuvo un rol central en el proceso de fusión entre la Universidad Nacional y la Católica, no sólo por su compromiso personal y profesional, sino porque reemplazaba al rector Grimberg, que pasaba la mayor parte del tiempo en La Rioja por otros compromisos laborales. Esto la llevaba a ponerse frente a frente con las autoridades de la Universidad Provincial, que eran miembros activos de la CNU.

El testigo Jorge Casales relató un episodio que llevó luego a una conferencia de prensa. Maggi asistió a una reunión con el entonces rector Arrighi, en representación de la Universidad Católica. Allí le dijeron que el traspaso se iba a hacer como ellos querían: “Si no se hace por las buenas se va a hacer por las malas”, rememoró Casales. La docente había gravado parte de la conversación y fue puesta en conocimiento de los medios en una conferencia de prensa. Esto contribuyó a la ida de Arrighi de su cargo y un consiguiente aumento del clima de violencia en el mundo universitario.

Las señales de violencia fueron incluso pintadas en el Pasaje Catedral –donde funcionaba la Universidad Católica- y en la Iglesia Pompeya, situada a la vuelta de la casa de Maggi, y tuvieron como destinatario a monseñor Eduardo Pironio. Decían: “Pironio usurero de los sucios montoneros” y “Pironio obispo rojo”. Maggi comenzó a ser hostigada, perseguida en la calle y amenazada telefónicamente.

“Si bien Maggi no integraba ningún partido u organización política, se presentaba sin embargo como una valla al plan de depuración que se había propuesto la asociación ilícita”, explicó el fiscal.

Entre la documentación analizada en el alegato, hizo referencia a un informe de inteligencia de la DIPBA que concluía: “Siempre estuvo identificada con la corriente izquierdista y vinculada a grupos de activistas actuantes en el ámbito universitario. No obstante, la misma no se encuentra registrada en esta Dirección”.

“Vemos entonces que la oposición de Maggi a las pretensiones de la CNU, y el macartismo interpretativo de esa organización de tildar de marxista o izquierdista a toda persona que revelara ideas diferentes y se opusiera a sus designios, la colocó dentro del universo a depurar”, señaló.

Entonces Maggi era amenazada, por lo que iba y volvía de trabajar en auto con su padre. Sus allegados, como Casales y Elena Arena, le habían sugerido que pidiera licencia por el peligro que corría. La CNU ya había cometido siete homicidios, uno de ellos había sido el de Pacho Elizagaray, quien como referente de la JUP estaba, al igual que Maggi, inmiscuido en el proceso de fusión. Tras la noche del “5x1” muchos militantes decidieron irse de Mar del Plata por seguridad. Casales detalló que la única persona involucrada en ese proceso que no quiso irse fue Coca Maggi, y se emocionó al reconocer que fue ahí que “ofrendó su vida”.

Un hecho que aparece como relevante es la bomba que detonó el 9 de mayo de 1975 en la casa de Eduardo Cincotta –entonces secretario general de la Universidad Nacional y miembro insigne de CNU-, que dejó como saldo daños materiales. La respuesta inmediata de la asociación ilícita –como sucedió con el denominado 5x1- fue acudir en busca de Maggi. Poco más de una hora después del atentado a Cincotta, a las 2.15 de la madrugada, un grupo de entre diez y doce hombres –entre los que se encontraba Ullúa- que portaban ametralladoras, se movilizaban en –al menos - tres vehículos y se identificaron como integrantes de la Policía Federal, entraron violentamente a la vivienda de la familia Maggi y se llevaron consigo a María del Carmen.

Entre esa noche y septiembre de 1975, sus captores la llevaron a un descampado en la zona del camino viejo a Miramar donde le provocaron lesiones en la cabeza de tal magnitud que le ocasionaron la muerte por traumatismo de cráneo. “Allí enterraron su cuerpo. Pero al tiempo, para asegurar su impunidad, la sacaron y la trasladaron hasta un paraje ubicado en Mar Chiquita, donde sus restos quedaron enterrados en la arena hasta el 23 de marzo de 1976, cuando fueron hallados casualmente y, luego, identificados”, relató el fiscal, quien dio cuenta del material probatorio que así lo constata.

A diferencia de sus otras víctimas, se pudo establecer que Maggi estuvo cautiva un lapso, aunque fuera mínimo, antes de que la mataran, “como parte de una estrategia a los efectos de acrecentar su poder en el marco de la fusión”. Un mes después de su secuestro “se advierte que para cerrar el círculo de impunidad, el propio Demarchi dictamina que se debía decretar el sobreseimiento provisorio por considerar que ‘la pesquisa estaba agotada’, lo que efectivamente resolvió el juez Echeverry el 2 de julio de 1975”. Y a pesar del hallazgo de su cuerpo la causa no se reabrió.

pesar de la pandemia y las dificultades que impone la virtualidad, se retomó esta semana el juicio “CNU 2”, que juzga el accionar de la asociación ilícita enmascarada en la agrupación de ultraderecha –que ya sumó siete condenas en su primer tramo-, y que tiene como acusados en esta segunda parte a los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa.

El debate, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata -integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori-, entró en etapa de alegatos. El primer turno fue para el Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado por el fiscal general Pablo Ouviña, quien entre el martes y miércoles pasado, durante más de nueve horas en total, desarrolló los argumentos de la acusación, que concluirá en las próximas audiencias previstas para el 22 y 23 de septiembre.

En primer lugar, el fiscal se refirió a la violencia y el contexto en que se produjeron los hechos investigados, como paso ineludible para comprenderlos. Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar una asociación ilícita, que tuvo en el accionar de la banda enmascarada en la CNU su brazo ejecutor local, junto a los otros siete miembros condenados en diciembre de 2016, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían. Por su parte, Ullúa llegó a juicio procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y el médico Bernardo Alberto Goldemberg –secuestrados y acribillados en la denominada noche del 5 por 1-; por los asesinatos de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

Contexto: “la violencia como guía para la acción”

“Tanto los historiadores como los pronunciamientos judiciales que han tocado el tema coinciden en que, entre 1971 y 1976, el contexto fue el de una paulatina y creciente violencia generalizada”, apuntó el fiscal. “La violencia pasó a ser una especie de guía para la acción. Y fue también una forma de discurso: la forma de emitir mensajes”, expresó más adelante en su alegato.

Así como la escalada de violencia fue progresiva, también fue progresiva –dijo- la postura del gobierno: “pasó de ser árbitro de la contienda a tomar decididamente partido en favor de uno de los bandos, adoptando medios legales para intentar contener la violencia, pero también métodos ilegales para eliminar personas de manera sistemática”, señaló luego. Su exposición estuvo acompañada por decenas de diapositivas que exhibieron prueba que consta en la causa, y que acompañaron los detalles de sucesos históricos analizados por el fiscal.

Ouviña analizó que tras la vuelta de Juan Domingo Perón al país se produjo un quiebre en la alianza que el general tenía con la organización Montoneros, lo cual significó “un paso trascendental de lo que se denominó la depuración del movimiento”.

“Observamos cómo, a la par de los llamados a la pacificación y la unidad, paso a paso, progresivamente y sin interrupción, se fue construyendo el mensaje de violencia, en los discursos y en ciertos hechos”, reparó. El proceso represivo, sostuvo en su relato, fue impulsado desde los sectores más altos del gobierno y contó con la participación de distintas organizaciones pertenecientes a las propias estructuras del movimiento.

“En definitiva, la orden de depuración emitida no quedó en una expresión de deseos. Se diseñó un plan para su implementación; y se ejecutó. (…) La misión era clara: desplazar de esos espacios a los dirigentes identificados con ideas de izquierda”, sostuvo el fiscal.

Para su cumplimiento señaló que confluyeron en una misma organización miembros de las fuerzas policiales –federal y de las provincias- y de las fuerzas armadas, patotas sindicales y militantes de las agrupaciones de la derecha peronista, entre ellas, la CNU.

Una asociación ilícita nacional

El accionar de la asociación ilícita –que actuó en distintas localidades bonaerenses e incluso provincias- tuvo una metodología: operativos generalmente nocturnos protagonizados por gran cantidad de individuos fuertemente armados, que se identificaban como miembros de alguna fuerza de seguridad; y la ejecución de las víctimas con una gran cantidad de disparos.

Según el escenario donde se desarrollaran, los hechos eran “firmados” con distintos sellos, pero que respondían –de acuerdo al alegato- al mismo plan: la Triple A -principalmente en Buenos Aires y La Plata-, CAM en Mendoza, y la CNU en La Plata y Mar del Plata.

También había rasgos característicos en las víctimas: eran miembros de agrupaciones políticas de “izquierda”, que por dentro o por fuera del peronismo disputaban espacios de poder con los miembros de la asociación criminal.

Para el fiscal, las acciones de la CNU en Mar del Plata se insertaron en un accionar de alcance nacional, con el que compartió un objetivo en común, metodologías y blancos. “El objetivo era claro: había que desplazar al enemigo de los espacios de poder que ocupaba”, sintetizó.

La CNU y su inserción estatal y gremial

El fiscal consideró acreditado que, durante el período que se juzga, miembros de la sede marplatense de la CNU, juntamente con elementos de organizaciones afines, tomaron parte de una asociación ilícita.

Para el fiscal, la asociación delictiva juzgada, que actuó detrás del sello de CNU aunque excedió a la agrupación, estuvo compuesta por integrantes de numerosas organizaciones estatales y paraestatales, apoyadas y/o sostenidas desde instituciones legales que sirvieron de fachada de su actividad criminal, así como sostén económico para ello.

“La CNU fue un eslabón más de la ejecución del plan sistemático de eliminación de un enemigo común, caracterizado por su afinidad a la denominada ideología de izquierda y/o por su oposición a los intereses de esa asociación”, aseveró el representante del MPF.

El método de acción política de la CNU, incluso antes de que sus miembros integraran una asociación ilícita, fue la violencia: “Se trataba principalmente de intimidar y amenazar a sus adversarios políticos, o irrumpir en asambleas para obstaculizar su desarrollo”, describió Ouviña, quien allí enmarcó el asesinato de la estudiante Silvia Filler el 6 de diciembre de 1971, en medio de una asamblea en la Facultad de Arquitectura. Para el fiscal “no se trató de un hecho aislado”, sino que “constituyó uno más de los numerosos actos intimidatorios que miembros de CNU realizaban de modo habitual dentro y fuera de espacios universitarios”. En esa oportunidad, una de las personas detenidas fue Corres, entonces estudiante de Derecho, quien fue liberado luego de la amnistía de 1973.

El despliegue en Mar del Plata

Con exhaustivo detalle, el fiscal describió cómo la Concentración Nacional Universitaria se insertó en espacios estatales e institucionales, a través de su vínculo con el mundo sindical, sus conexiones con la Triple A, las fuerzas armadas y de seguridad y los servicios de inteligencia, y su ingreso al ámbito universitario.

Se adentró en las particularidades que esa organización criminal presentó en Mar del Plata, donde los acusados realizaron la mayor parte de sus actividades. “El desarrollo local de la organización fue el fiel reflejo del que tuvo a nivel nacional el plan sistemático de eliminación de la izquierda, constituyendo el grupo de Mar del Plata uno más de los brazos ejecutores de la asociación ilícita investigada”, subrayó.

El análisis se focalizó en la organización política CNU, aunque ni el hecho de haberla integrado, ni el hecho de no haber pertenecido a ella, constituyen por sí solos un rasgo determinante de la participación en la asociación ilícita.

Sin perjuicio de ello, el grupo que ejecutó los crímenes que se juzgan estaba mayoritariamente integrado por miembros o ex miembros de la CNU, o personas estrechamente ligadas a ella.

Además, sostuvo el fiscal, “la CNU es la agrupación política que la asociación ilícita usó como fachada para la ejecución del plan sistemático en el ámbito universitario marplatense. De hecho, la mayoría de sus víctimas, aunque no todas, estuvieron directa o indirectamente vinculadas a la actividad política universitaria de esa ciudad o a la juventud de izquierda”.

Ouviña analizó entonces el surgimiento de la CNU en la ciudad balnearia y planteó que el grupo era lo suficientemente ecléctico para incluir en sus filas a integrantes de las patotas sindicales, de las fuerzas de seguridad y de otras extracciones. La CNU, repasó, “era el principal representante de la ortodoxia peronista en las universidades, y un grupo de choque con experiencia, comprometido con la limpieza ideológica ordenada desde la cúpula del movimiento, que fue favorecida con apoyo estatal y un vínculo estrecho con la naciente Triple A”.

Los vínculos con la CGT

En su alegato, el representante del MPF dio cuenta de la prueba reunida en el debate que demuestra que el vínculo que existió entre la CNU y la Confederación General del Trabajo (CGT) “no fue uno más de los que esa agrupación mantuvo con otros organismos de la llamada ortodoxia, sino que fue determinante en el devenir de su desarrollo e inserción en la asociación ilícita”. A ello sumó la actuación de Gustavo Demarchi en su carácter de fiscal federal, en beneficio de los sindicalistas vinculados a causas penales.

“De esa forma, la CNU en Mar del Plata contó con el aval político de la burocracia sindical peronista”, sostuvo Ouviña, quien precisó que de la prueba producida se desprende que existía una suerte de bolsa de trabajo” que resultaba “exclusiva” para quienes compartieran ideas anti-izquierdistas y se comprometieran con el “plan de depuración”.

A través de ella, la derecha peronista local cubría “vacantes” tanto formales, como puestos en la Universidad, en la fiscalía federal, en las estructuras administrativas de los sindicatos o en cualquier otro ámbito institucional en el que se tuviera incidencia, como informales, en los grupos destinados a la acción operativa directa. “En general, ambos puestos se superponían y, de ese modo, se financiaba la actividad de la asociación ilícita”, reparó.

“El vínculo entre CNU y el sindicalismo marplatense propició la inserción de la CNU en la asociación ilícita a nivel nacional; y, con ello, la promoción de algunos de sus integrantes en puestos en el gobierno nacional, en el Consejo Superior Justicialista, y en el ámbito público de otras ciudades, desde donde la agrupación extendió su poder y obtuvo herramientas que facilitaron la ejecución del plan de depuración con el que se había comprometido”, complementó Ouviña.

Inteligencia, policías y fiscal, como aliados

La relación del brazo marplatense de la asociación ilícita con las fuerzas de seguridad se desarrolló en diversos niveles, introdujo el fiscal. Por un lado, la conexión sindical de la CNU la insertó en la red de inteligencia, desde donde se establecieron enlaces con los servicios, en el marco de la comunidad informativa; y a la vez, -al igual que la Triple A y otros grupos operativos paraestatales- la CNU también se nutrió de integrantes o ex integrantes de las fuerzas, que habían sido adoctrinadas y que tenían experiencia en la persecución violenta de las organizaciones de izquierda. El propio imputado Corres se desempeñó como oficial subayudante de la policía de la provincia de Buenos Aires desde 1968 hasta 1972, en que fue exonerado por su participación en el homicidio de Silvia Filler.

El vínculo estrecho de CNU (y organizaciones similares), la SIDE, el aparato sindical, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y Triple A se dio tanto en los años previos, como durante los primeros momentos del Golpe de Estado de 1976. De las pruebas reunidas en el juicio también se desprende la asimilación de varios de los miembros de la organización al aparato represivo estatal, como el caso del imputado Ullúa.

En Mar del Plata, el grupo también logró acaparar parte de la justicia federal, a través de la designación de Gustavo Demarchi como fiscal federal en esa jurisdicción. “Este fue el perfecto complemento para su actividad, tanto para desarrollar eficientemente la persecución de las personas que identificaban con la izquierda, como para garantizar su propia impunidad por los crímenes que cometían”, sostuvo el fiscal.

La disputa en la Universidad

En 1974 en Mar del Plata existían dos proyectos complementarios para el futuro de la educación superior: la unificación de la Universidad Provincial y la Universidad Católica, y la nacionalización. En su alegato, Ouviña citó lo dicho por el testigo Jorge Casales cuando se refirió a la disputa entre las facciones de derecha y de izquierda que generaba el destino de las universidades: “Eran dos proyectos de universidad bien distintos: una universidad popular con todos los docentes, no docentes y estudiantes adentro, y el otro era un proyecto de universidad selectiva, donde se restringía a docentes y no docentes, y se restringía el acceso de los estudiantes izquierdistas montoneros”.

“El poder para determinar la orientación de la educación pública constituía uno de los objetivos de la denominada ortodoxia peronista, que veía a las universidades como uno de los ámbitos prioritarios para la ejecución del plan de depuración”, reparó el fiscal. Durante la gestión como rector de Josué Catuogno –miembro de CNU- “la asociación ilícita acaparó por completo la Universidad Provincial de Mar del Plata”, que fue nacionalizada en este mismo periodo.

Integrantes de la asociación ilícita entonces trabajaban en la casa de estudios: los “profesionales”, principalmente abogados, fueron designados en los cargos jerárquicos existentes, y los otros fueron contratados en carácter de personal de “seguridad” o de “mantenimiento”. En simultáneo, se produjeron numerosas cesantías de docentes y personal administrativo, sustentadas en motivos ideológicos; e incluso se obtuvieron renuncias forzadas a costa de amenazas y atentados.

Próximas audiencias

En las próximas audiencias está prevista la continuidad del alegato fiscal, quien ahondará sobre los crímenes cometidos en el marco de la asociación ilícita, detallará las calificaciones legales de la acusación –que serán más amplias que las insinuadas en la etapa de investigación-; se tratarán las responsabilidades penales de cada imputado; para, por último, merituar el reproche penal y solicitar las penas.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará a escuchar este martes y miércoles los alegatos en el segundo juicio que se lleva adelante en esta ciudad por los delitos de lesa humanidad cometidos por la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU) durante los años '70.

El fiscal federal Pablo Ouviña fundamentará su acusación ante los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori en una audiencia que será transmitida por el sitio del Centro de Información Judicial (CIJ), informó la agencia de noticias Telám.

En este debate de la causa denominada como CNU II se analiza la responsabilidades penales de Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres como integrantes de una asociación ilícita.

Se trataba de una banda integrada por otros siete miembros, quienes ya fueron condenados en diciembre de 2016 por cometer delitos de lesa humanidad contra militantes de organizaciones políticas.

Ullúa está acusado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

En la misma jornada, continuará, por la misma vía, en Mar del Plata el juicio "La Cueva III", por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata.

Una nueva concentración para pedir por cárcel común para el genocida Gustavo Demarchi tendrá lugar este miércoles a las 19 en Güemes y Roca para que el asesino cumpla su sentencia en la cárcel".

La manifestación se realiza bajo el lema "la única casa para un genocida es la cárcel". Fue convocada por organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, gremiales, sociales y entidades intermedias.

Demarchi fue condenado a cadena perpetua por integrar en la previa del Golpe de Estado una asociación ilícita bajo el nombre de Concertación Nacional Universitaria (CNU).

Sin embargo fue beneficiado con prisión domiciliaria, lo que generó un gran rechazo del Ministerio Público Fiscal y, sobre todo, de los organismos de derechos humanos. Incluso, tras la sentencia de diciembre, la fiscalía pidió que se revoque este beneficio.

Gustavo Demarchi fue beneficiado con prisión domiciliaria, lo que generó un gran rechazo del Ministerio Público Fiscal y, sobre todo, de los organismos de derechos humanos. Incluso, tras la sentencia de diciembre, la fiscalía pidió que se revoque el arresto domiciliario otorgado al ex fiscal condenado a cadena perpetua por integrar en la previa del Golpe de Estado una asociación ilícita.

Y en la jornada de este miércoles, Organismos de Derechos Humanos realizaron una volanteada por la zona del barrio Güemes, zona en la que reside Gustavo Demarchi.

Los volantes profesan: “¡El genocida de lesa humanidad Gustavo Demarchi, sentenciado a prisión perpetua, goza de prisión domiciliaria en tu barrio!”. En el mismo se indica la dirección (Alvarado al 1400) y cierra: “¡Reclamamos cárcel común y efectiva!”

El Ministerio Público Fiscal interpuso este lunes un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revoque el arresto domiciliario de Gustavo Modesto Demarchi, recientemente otorgado por los jueces que integraron el Tribunal Oral Federal que lo condenó a prisión perpetua por integrar en la previa del Golpe de Estado una asociación ilícita y por el homicidio de seis personas, la familia Videla – Elizagaray y el médico Bernardo Goldemberg en la noche del 5x1, y el secuestro y asesinato de la entonces decana de la Facultad de Humanidades, María del Carmen Maggi. “El acto jurisdiccional pone en jaque la seriedad con que deben sancionarse los crímenes contra la humanidad”, indicaron.

El recurso se interpuso a fin de que se revoque la decisión del TOF “por resultar arbitraria, carecer de fundamentación, afectar la garantía de debido proceso legal y comprometer las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional”. En este sentido, señalaron: “Resulta de gravedad institucional que un ex fiscal de la Nación condenado a prisión perpetua por intervenir en el asesinato de seis personas en ejercicio de la función se lo autorice a salir de la prisión y se vaya a la casa porque se le rompió el tendón de Aquiles”. En contraposición, para el MPF se debe ordenar que la prisión preventiva sea cumplida en un establecimiento de salud penitenciario en el que se garantice la adecuada atención de las patologías diagnosticadas.

Con base en una nutrida jurisprudencia, normativa nacional e internacional, los fiscales argumentaron la presentación del recurso y los gravámenes que la decisión del arresto domiciliario acarrea, como el riesgo de fuga y consecuente incumplimiento de la pena impuesta a Demarchi, en los términos de los compromisos internacionales asumidos.

Al hacer un recorrido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendieron que el caso se verifica con absoluta evidencia. “La gravedad del caso que nos ocupa resulta innegable por la trascendencia pública de los hechos a juzgarse, es decir, su repercusión más allá de las partes. Además, la solución se proyectaría sobre casos futuros y afecta la administración de justicia, puesto que dejaría el camino liberado para que se pusiere en serio riesgo el cumplimiento de las sanciones por crímenes contra la humanidad de conformidad con el derecho vigente. Esta situación es intolerable para el Estado de Derecho”, detallaron.

De acuerdo con los argumentos de la defensa, la viabilidad de la medida de morigeración solicitada encuentra sustento, entre otras cuestiones, en que su defendido se encontraría con una rotura completa del tendón de Aquiles de su pierna derecha y que dicha lesión no resultaría curable mediante un tratamiento quirúrgico.

Frente al planteo, el Tribunal dispuso que el Cuerpo Médico Forense realice un examen bajo la modalidad de junta médica clínica y traumatológica, en el que se indicó -en relación a estas cuestiones- que Demarchi “deambula con dos muletas y lleva colocado Walker en pierna derecha”. La atención médica que el interno necesita, se aclaró, puede ser efectuada en la unidad de detención y/o de no contar con dicha posibilidad, extra muros.

Conocido el estado de salud, el TOF pidió a la sección médica de la UP Nº 34 que informe si el actual lugar de detención cuenta con los elementos para tratar adecuadamente las dolencias que aquejan a Demarchi y la respuesta fue positiva.

Al correrse vista en ese momento al Ministerio Público Fiscal, contestó solicitando el rechazo de la pretensión de morigeración de la prisión preventiva, en función de que el propio Servicio Penitenciario Federal ha informado que se encuentra en condiciones de atender las patologías diagnosticadas a Demarchi y en especial, haciendo mención a la existencia del severo riesgo de fuga que prima en el caso.

El MPF entendió que hubo “una valoración parcial y arbitraria” de los informes producidos por el Cuerpo Médico Forense y la Unidad Penitenciaria donde se aloja el imputado, puesto que se omitió considerar que los informes médicos no han concluido que sus patologías no puedan ser atendidas dentro del establecimiento penitenciario.

Tampoco se evidencia en el expediente, ni la parte ha arrimado elemento alguno que demuestre que, luego de la cirugía de su rodilla, sus dolencias no puedan ser abordadas adecuadamente dentro del lugar de alojamiento carcelario, o en instituciones extramuros a las que sea trasladado para su tratamiento postoperatorio, con los resguardos que deban adoptarse en esa hipótesis.

“Nos encontramos frente a una sobrevaloración del estado de salud del imputado, que no presenta en rigor, sino una situación de lesión en su talón de Aquiles. Imagínense qué argumento fácil para los presos por delitos comunes que sobrepueblan las cárceles de la Argentina, lesionarse el talón. Salvo el caso de Aquiles, pocos son quienes no se han recuperado de esa dolencia. Esta es la única situación de salud diferente a la que poseía con antelación y que diera lugar a las resoluciones previas de la CFCP, que habían confirmado el rechazo a la pretensión de morigeración de la prisión preventiva”, recordaron los fiscales.

Por otro lado, planteó que la situación etaria y valetudinaria no debe ser ponderada en abstracto. Al tener en cuenta circunstancias anteriores, recordaron que se mantuvo prófugo de la Justicia por más de un año; al evaluar circunstancias concomitantes, entendieron que “resulta absolutamente violatorio de las reglas de la sana crítica racional que el tribunal haga lugar a la pretensión de arresto domiciliario de quien fue condenado a prisión perpetua por graves delitos de lesa humanidad, y que por ende, tiene la expectativa de pasar el resto de su vida en prisión”. Y en cuanto a las circunstancias posteriores, repararon en que la CFCP ya ha decretado la existencia de riesgo procesal en estas mismas actuaciones, en la resolución del 8 de octubre de 2018, donde plantearon “un real y concreto peligro de fuga”.

En el recurso presentado, se puso de relieve que los hechos por los que resultó condenado Demarchi fueron categorizados como crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales el Estado argentino se ha obligado a su investigación, persecución, juzgamiento y represión: “la eventual frustración de la aplicación de la pena, por la materialización de los riesgos suficientemente justificados, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado”. Y de esta manera, advirtieron, “estamos frente a una franca violación a los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 33 y 75, inc. 22° de la Constitución Nacional”.

“El problema al que nos enfrentamos, teniendo en cuenta las garantías, principios, derechos y obligaciones internacionales involucrados, genera una situación de gravedad institucional que debe ser atendida”, manifestaron los fiscales en el escrito.

Por otro lado, se reparó en la omisión que el Tribunal realizó sobre la opinión de las víctimas, que fueron especialmente consultadas para tomar la decisión. En ese momento, adujeron “que los precedentes internacionales citados por el acusado no son aplicables al caso; que los establecimientos penitenciarios cuentan con áreas de sanidad adecuadas para su dolencia, por lo que sería un beneficio indebido el que se pretende obtener; que tiene una condena a prisión perpetua por delitos contra la humanidad, y en particular varios homicidios calificados; que estuvo prófugo más de dos años, escapándose del país inclusive; que dispone de medios económicos y materiales, así como relaciones con grupos de poder que facilitarían cualquier posibilidad de fuga”.

También refirieron que desde que se iniciaron las actuaciones por las que terminaría condenado, el imputado atacó, difamó, querelló, persiguió, amedrentó y molestó a todos lo que de algún modo tenían vinculación con el proceso, que inclusive mientras estuvo prófugo continuó haciéndolo; que estando en detención, desde un blog continuó con su sistemático ataque a todos los involucrados, haciendo y fomentando publicaciones en contra de cada persona vinculada al proceso.

Las víctimas hicieron referencia a su sentir, y a los temores que esta situación les provoca, pero esto no fue tomado en consideración por el TOF a la hora de beneficiar a Demarchi con el arresto domiciliario. “El tribunal ha omitido valorar  la opinión de las víctimas, lo que resulta una cuestión esencial a la luz de la normativa vigente, que  obliga a fiscales y jueces a poner foco en el punto. De la lectura del fallo se observa una ausencia de tratamiento de la cuestión”, repararon los representantes del MPF.

Fuente: Fiscales.gob

Gustavo Demarchi, el ex fiscal condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el inédito fallo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que tuvo lugar a fines de diciembre de 2016.

La resolución fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.  De esta manera, el genocida cumplirá su condena en su vivienda. La justificación recae sobre los "problemas de salud" que padece.

A Demarchi se lo acusó por liderar una asociación ilícita, enmascarada en la Concentración Nacional Universitaria y conformada para cometer delitos, bajo protección estatal.

El fallo del tribunal integrado por Luis Imas, Víctor Bianco y Alfredo Ruiz Paz, había sido inédito en el país ya que, haciendo caso omiso al planteo de la defensa, los magistrados consideraron que se trataba de delitos de lesa humanidad pese a haber sido cometidos antes del comienzo de la última dictadura cívico militar. Además, se trató del primer juicio a civiles de la ciudad de Mar del Plata.

La decisión judicial generó el inmediato repudio de diferentes organizaciones. Desde la CTA Autónoma, por ejemplo, exigieron "que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria, porque el único lugar para un genocida es la cárcel común y efectiva".

"Entre los crímenes atribuidos a la CNU figuran los de la llamada “Noche del 5 por 1”, cuando fueron asesinados Jorge Enrique Videla, Guillermo Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg y Enrique “Pacho” Elizagaray. También se atribuye al mismo grupo los crímenes de la entonces secretaria general de la Universidad Católica, María del Carmen “Coca” Maggi, Jorge Stoppani y Daniel Gasparri, secuestrados y luego asesinados", detallaron en un comunicado.

Francisco José Maldonado, a cargo de la Fiscalía Federal de San Juan, le solicitó al Juzgado Federal N° 2 de esa provincia la elevación a juicio de uno de los acusados del asesinato del diputado Pablo Rojas, ocurrido el 3 de noviembre de 1975. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, está debidamente acreditado que Mario Durquet, integrante de la organización paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU), participó del homicidio del también sindicalista vitivinícola sanjuanino.

De acuerdo a la investigación, el 3 de noviembre de 1975 Rojas fue abordado por varios sujetos mientras se disponía a ingresar a su Ford Falcon. Según consta en actas, en el automóvil ingresaron Carlos “Flipper” González y Fernando Otero, quienes provenían de Mar del Plata, lugar donde se desempeñaban activamente en la CNU, y una persona más participó del operativo desde un Peugeot 504.

Luego de ser abordado, Rojas fue llevado al barrio de Concepción, donde fue hallado muerto. De acuerdo al testimonio de un vecino de la zona, se escuchó una serie de disparos y se pudo ver cómo un 504 huía a toda velocidad. Según se reconstruyó, se habría producido un enfrentamiento en el interior del Falcon. El ex diputado, que se hallaba en el lugar de acompañante, fue atacado por González y Otero, ubicados en los asientos de conductor y trasero, respectivamente. Rojas estaba armado e intentó defenderse disparando a sus agresores, lo que obligó a la intervención de la persona a bordo del Peugeot 504, que se acercó al vehículo de Rojas y le disparó en varias oportunidades, ocasionando su muerte. Los disparos producidos por el diputado hirieron a Otero y produjeron la muerte de González.

El 504 se dio a la fuga y fue encontrado abandonado en la localidad de Media Agua, con manchas de sangre en su interior, un cargador con siete proyectiles y una infracción de tránsito a nombre de González. En la provincia de Mendoza se logró dar con el paradero de Otero, internado en el Hospital Militar local, donde ingresó herido de bala, y también se produjo el hallazgo del cadáver de González. Asimismo, se allanó una habitación de hotel que fuera ocupada por ambos, donde se secuestraron documentos, armas y vestimentas. En diversas indagatorias, Otero reconoció ser integrante de la CNU, y que tanto él como González se desempeñaban como agentes de seguridad en la Universidad de Mar del Plata.

Al momento del crimen, Rojas registraba una extensa carrera política y gremial en San Juan. Su primera incursión en este ambiente fue su participación en la creación de la Sociedad de Obreros y Obreras de la Industria Vitivinícola y Afines, organización disuelta en 1948. Al año siguiente, con un fuerte influjo del entonces presidente Juan Domingo Perón, nació FOEVA, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines. Rojas asumió como diputado provincial en 1952 hasta el golpe de estado de 1955, y en 1973 volvió a incursionar en la política, cuando fue elegido como diputado nacional en representación del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI).

Desde su rol como legislador, Rojas buscó defender intereses de valor para la provincia de San Juan ligados a su desarrollo industrial y económico. Así, promovió la promulgación de la ley que establecía el envasado de vinos en origen, algo que resultaba perjudicial para los intereses centralizados del FOEVA, cuyo secretario general adjunto, Delfor Abraham Ocampo, se hallaba manifiestamente enfrentado con Rojas.

La participación de Durquet

Para el fiscal Maldonado, “la decisión de asesinar a Rojas obedeció a la ley de envasado en origen que buscaba implementar en su calidad de diputado nacional, circunstancia que repercutiría negativamente en los intereses de la conducción nacional de FOEVA, sector sindical que colaboraba económicamente con la CNU”. De esta manera, en su requerimiento aseguró que existen elementos que permiten sostener la responsabilidad penal de Durquet en los hechos investigados.

En primer lugar, el representante del Ministerio Público Fiscal aludió a la testimonial de la pareja de Otero, que fue detenida luego de cobrar un cheque librado por FOEVA por órdenes de Ocampo, elemento de pago que fue a buscar por instrucciones de Durquet. La mujer también declaró que su pareja le indicó que escribiese una carta a José Luis Piatti, otro integrante de la CNU, con la expresa instrucción de que fuese entregada a Durquet. Dicha misiva aludía a la acción de “comprar” a una jueza para que Ocampo “salga libre de culpa y cargo”.

La participación del imputado también encontraría asidero en la declaración de la hermana de González, que indicó que fue aquél quien la ayudó en las diligencias necesarias para trasladar el cuerpo a Buenos Aires. De igual manera, surge en las resoluciones del rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata que el acusado era un recurso humano estable de la casa de estudios y compartía tareas con otros integrantes de la CNU y, según la viuda de González, él mismo se jactaba de haber asesinado a María Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del PLata.

Para Maldonado, Durquet “integraba la CNU de forma permanente, organismo al que también adscribía ideológicamente. Además, puede concluirse que no solo integraba la organización delictiva, sino que participaba en los crímenes efectuados por los mismos, cumpliendo un doble rol: operativo e intelectual”. El fiscal remarcó que “intervino en el entramado delictivo que culminó con el homicidio de Rojas”, resultando indiferente su presencia física en el momento ejecutivo del crimen, ya que se comprobó su actuación como nexo de la pareja de Otero, se avocó a que se materializara el pago del crimen, fue el encargado de comunicar la muerte de González a su pareja, no pudiendo descartarse que haya integrado la comitiva que viajó a San Juan para asesinar a Rojas.

Por ello, Maldonado solicitó se eleve a juicio a Durquet como coautor del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de tres o más personas y por precio, en perjuicio de Ramón Pablo Rojas.

Fuente: Fiscales.gob

Dos ex integrantes de la organización de ultraderecha Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) serán juzgados desde este miércoles en Mar del Plata, imputados por delitos de lesa humanidad cometidos antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Corres y Ullúa serán juzgados desde las 9.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, mientras que la querella estará a cargo del fiscal Pablo Ouviña.

En cuanto a los acusados, Ullúa, quien estuvo nueve años prófugo y fue detenido en 2017, está imputado por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Daniel Gasparri y Jorge Stoppani.

Además, será juzgado por la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi, secuestrada en su domicilio en mayo de 1975.

Tanto Ullúa como Torres están acusados de formar parte de la CNU, que según señaló la fiscalía en su pedido de elevación a juicio, fue una asociación ilícita que entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976 "sembró el terror en la ciudad de Mar del Plata contra un sector político determinado y contó con cobertura y aquiescencia estatal para ello".

El TOF marplatense condenó en diciembre de 2016 a otros siete integrantes de esta agrupación, entre ellos el ex fiscal federal Gustavo Demarchi, sentenciado a cadena perpetua.

Según la prueba reunida en la investigación, a cargo del fiscal Nicolás Czizik, y a lo largo del primer juicio, los delitos cometidos fueron "homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas".

De acuerdo al Ministerio Público, el objetivo de esta agrupación fue "la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado".

Si bien los hechos juzgados son previos al golpe de estado, son considerados delitos de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles.

"Son crímenes contra la humanidad, los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación, por acción u omisión, del poder político de iure o de facto", señaló Czizik durante la instrucción del caso.

En el primer juicio, junto a Demarchi, condenado por ser el jefe de la organización, fueron sentenciados a prisión perpetua el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense Mario Ernesto Durquet.

A su vez, José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión, Juan Pedro Asaro recibió una pena a cinco años y Juan Carlos Asaro y Roberto Justel fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, todos ellos por integrar una asociación ilícita.

Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, dos ex miembros de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU),  comenzarán a ser juzgados el miércoles próximo en Mar del Plata por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante los años ’70, cuando integraban la banda parapolicial.

Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa están imputados por integrar la CNU, una asociación ilícita conformada para cometer delitos, de la que ya fueron condenados siete de sus antiguos integrantes, en un proceso que se realizó en 2016.

Ullúa, quien estuvo nueve años prófugo de la Justicia, está procesado también por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray; Guillermo Enrique Videla; Jorge Enrique Videla; Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani.

También se le sindica a este ex intregrante de la CNU la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

También el miércoles, pero en Neuquén, se conocerá el veredicto en el juicio la Escuelita VI, por la desaparición forzada, torturas y las persecuciones políticas sufridas por ciudadanos que residían en las localidades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Bariloche (Río Negro).

Por otra parte, este lunes continuarán los alegatos en el juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas, perpetrados por los grupos operativos de la Armada.

El martes, en tanto, se iniciarán en Salta los alegatos en el juicio contra el ex juez federal Ricardo Lona, acusado de no haber investigado el secuestro y desaparición forzada de Miguel Ragone, ex gobernador de la provincia.

Lona también está imputado por el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, testigos del homicidio del ex mandatario.

También el martes, continuará, en los Tribunales de San Martín, el juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva montonera”, ocurrida en 1979 y 1980.

El miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.

En esa jornada seguirá en los Tribunales de San Martín el juicio por crímenes cometidos contra más de 323 de víctimas, que entre los años 1976 y 1978 estuvieron alojadas en el Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV.

Como todos los miércoles, seguirán en la ciudad de Rosario las audiencias en el juicio conocido como “Faced III” que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial santafesina, contra 152 víctimas.

El jueves, el Ministerio Público Fiscal pronunciará su alegato en el juicio denominado “Coordinación Federal”, en el cual se analizan dos causas por delitos padecidos por las personas que estuvieron recluidos en los centros clandestinos de detención que se encontraban bajo órbita de esa dependencia.

En el marco de la investigación sobre el accionar de la asociación ilícita integrada por miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), llegarán a juicio a partir del 11 de septiembre Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa. El Ministerio Público Fiscal señaló que está acreditado con las constancias colectadas en la instrucción que la organización sembró el terror en la ciudad de Mar del Plata contra un sector político determinado y que contó con cobertura y aquiescencia estatal para ello.

Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar la asociación ilícita junto a siete miembros condenados en diciembre de 2016 con el objetivo de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

Ullúa, que estuvo casi diez años prófugo, está procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

Los "miembros" habrían tomado parte en la organización de las más diversas formas: existían grupos de ideólogos y grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en algunos casos también, de la inteligencia previa. También necesitaban los espacios para las ejecuciones -muchas de las víctimas fueron acribilladas por más de una veintena de disparos-, para lo que debían necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas y, sobre todo, manejarse con un grado de impunidad otorgado por la cobertura de organismos del Estado.

El tribunal que juzgará los hechos está integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y en representación el Ministerio Público Fiscal actuará el fiscal Pablo Ouviña.

Delitos en la previa del Golpe e imprescriptibles

Al requerir la elevación a juicio, el fiscal federal Nicolás Czizik reparó en que la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las ideas políticas que detentaban sus miembros, sino que se limita a la investigación del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976. De acuerdo a la prueba que consta en el expediente, y el juicio condenatorio a otros integrantes de la banda, cometieron distintos delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas, “para la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”.

Si bien los hechos juzgados son anteriores al Golpe cívico militar, son catalogados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. “Son crímenes contra la humanidad los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación, por acción u omisión, del poder político de iure o de facto”, citó el fiscal a cargo de la instrucción.

De acuerdo a la investigación desarrollada, el accionar de la asociación ilícita contó con el apoyo de diversas instancias del poder local -como Universidad, la Fiscalía Federal y Fuerzas de Seguridad, donde sus integrantes prestaban funciones o tenían vínculos- y con la colaboración de la CNU La Plata e integrantes de la organización Triple A. “El accionar de este grupo era conocido incluso por los servicios de inteligencia estatales al mismo momento de los hechos (…) a lo que debe sumarse el resultado casi nulo de las investigaciones judiciales abiertas en relación a los mismos, todo lo cual acredita como mínimo la aquiescencia estatal prestada a la comisión de los hechos investigados”, sostiene el requerimiento de elevación a juicio interpuesto por el MPF.

Modus operandi de la banda

Entre las características de la forma de actuar de la organización delictiva, el fiscal destacó el uso de armas, la ilegítima identificación  como fuerzas armadas o de seguridad en el marco de su accionar, además de la utilización de vehículos robados para cometer los delitos. Incluso, se detectó la utilización de credenciales presuntamente falsas por parte de los miembros del grupo, sobre todo en oportunidad de realizar los “operativos” domiciliarios que terminaban con la privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio de las víctimas.

Como parte de la modalidad de actuación, llegaban a los hogares de las víctimas, montaban un operativo cortando calles y amedrentando a los vecinos, contando para ello con la certeza de que no serían reprimidos por las fuerzas de seguridad en lo que hoy podría llamarse una “zona liberada”. Posteriormente golpeaban o ingresaban por la fuerza a las viviendas identificándose a los gritos como policías o mostrando identificaciones apócrifas. Revolvían el lugar, secuestraban a sus víctimas y antes de irse se llevaban los objetos de valor que les interesaban como botín de guerra. Luego trasladaban a las víctimas a zonas alejadas de la ciudad y descargaban sus armas sobre los cuerpos maniatados y golpeados. Posiblemente disparaban todos como una forma de sellar un pacto entre ellos, por la cantidad de proyectiles de distinto calibre que constan en las autopsias realizadas sobre los cuerpos y en las pericias balísticas.

“Llamativamente -reparó la Fiscalía al requerir la elevación a juicio de las causas- la policía no se enteraba de estas tropelías a pesar de que se hacían llamados a la comisarías luego de los secuestros, andaban por la calle vehículos robados, llenos de hombres fuertemente armados y atravesando la ciudad desde zonas céntricas a zonas despobladas de Mar del Plata. Pero luego ante un llamado anónimo se apersonaban en el lugar donde estaba el cadáver acribillado o incinerado, según el caso”.

Fuente: fiscales.gob