Los abogados Eduardo Salvador Ullúa -luego de estar nueve años prófugo- y Oscar Héctor Corres fueron condenados hoy a prisión perpetua y cinco años de prisión, respectivamente, por delitos de lesa humanidad cometidos en la antesala del golpe cívico militar de 1976: se los sentenció como miembros de una asociación ilícita que impartió terror en Mar del Plata, y Ullúa además fue condenado por ocho homicidios.

La lectura del veredicto estuvo a cargo del juez Enrique Méndez Signori, acompañado por sus colegas Nicolás Toselli y Daniel Obligado. En la sala del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata estuvieron presentes también el fiscal general Pablo Ouviña junto a los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Santiago Ghiglione, los miembros de las querellas Gloria León por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e Irineo Di Matteo por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Corres estuvo también en la sala acompañado de sus defensores oficiales, mientras que Ullúa siguió el final del debate desde Campo de Mayo, donde permanece detenido.

El juicio se desarrolló durante un año y tres meses, aunque la mitad del debate se dio desde la virtualidad que impuso la pandemia por COVID 19: así se escucharon algunas testimoniales, alegatos y últimas palabras.

El veredicto que se conoció este jueves fue en sintonía con el pedido realizado en octubre por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien detalló el accionar y los crímenes cometidos por la asociación ilícita, valoró la prueba reunida en el expediente y dio el marco de la calificación legal de los hechos.

El accionar de los condenados

Para el Ministerio Público Fiscal había quedado probado que la pertenencia de Corres a la asociación criminal no se interrumpió con su encarcelamiento en 1971 luego del asesinato de la estudiante Silvia Filler. “Al recuperar la libertad en 1973, Corres continuó perteneciendo a la CNU y cuando el grupo pasó a ser uno de los ejecutores de la asociación ilícita, él también lo hizo”, había dicho el fiscal al momento del alegato, que ubicó al acusado no sólo en un lugar estratégico dentro de la estructura estatal universitaria, sino también en los operativos violentos contra opositores políticos.

Al analizar la responsabilidad de Ullúa, el fiscal explicó en su acusación que formaba parte del núcleo de la CNU: “estuvo involucrado en todas las acciones desde el momento mismo en que la organización hizo su presentación en sociedad”, mencionó. En función de su rol asignado, Ullúa ocupó puestos tanto en la Universidad como en la Fiscalía Federal. Esto “lo pone en un lugar con capacidad para influir tanto en la selección de los blancos, como en la planificación y en la ejecución de los operativos”. Y al analizar la noche denominada del 5x1, en la que fueron víctimas Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg; los asesinatos de los contadores Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y el secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi, señaló que Ullúa co-determinó quiénes serían las víctimas; co-planificó cómo se realizarían los hechos y participó de las ejecuciones.

Frente al pedido de la defensa de uno de los acusados y en línea con lo requerido por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encontró eco en la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general requirió que se convoque a una audiencia por videoconferencia a fin de establecer pautas que permitan reanudar la audiencia de debate. Para ello, evaluó algunas posibles condiciones, puso de relieve lo extraordinario de la situación que atraviesa el país y el mundo a causa de la pandemia por coronavirus, y reparó en la relevancia internacional de llevar adelante los juicios que juzgan crímenes de lesa humanidad.

Al plantear su posición, contempló que es necesario garantizar el respeto por los derechos de las partes, los principios que rigen el juicio oral y la normativa dictada para cuidar la salud de la población a raíz de la epidemia de Covid-19.

Particularidades

Frente a las particularidades de este debate, dado que todos los jueces que integran el Tribunal residen en la Ciudad de Buenos Aires, con las dificultades para el traslado hacia Mar del Plata y el alojamiento en ella que acarrea esta situación, señaló que las audiencias podrían realizarse en una sala de los tribunales porteños, y las partes que residan fuera de CABA podrían participar de manera remota.

Entre los fundamentos volcados en la presentación hecha ante el Tribunal Oral Federal que integran los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, el fiscal general comprendió que la paralización de la mayoría de las actividades frente a la emergencia sanitaria las medidas “son por demás excepcionales, esencialmente momentáneas y que, por eso, sólo pueden ser mantenidas con fundamento en la salud pública en la estricta medida de lo necesario y siempre y cuando no entren en franca colisión con otros principios constitucionales, como ser en el caso el acceso a la justicia y el cumplimiento de compromisos internacionales”. Si bien descartó que pueda haber una apertura indiscriminada de cualquier actividad ante el riesgo que podría correrse, señaló que cada caso debe ser apreciado con suma prudencia, cotejando el contexto particular, los principios en juego y si es factible disponer de alternativas que permitan minimizar los riesgos de un potencial contagio.

Ouviña reparó en que el servicio de justicia es una actividad esencial en un estado republicano, y sostuvo que los funcionarios que lo integran tienen obligaciones especiales, entre las que se encuentran asumir mayores riesgos que el resto de los ciudadanos. “Por supuesto que esto no significa actuar de manera ciega y no tomar previsiones  especiales dentro de una pandemia –pues no sólo se puede afectar la salud propia sino también la del resto de la población-, sino que estamos obligados a asumir en todo momento nuestras obligaciones públicas”, expresó en su escrito.

Por otro lado, apuntó que el debate ya ingresó en su fase final: “Según entiendo, para que se produzcan los alegatos sólo restaría proceder a la ampliación de indagatoria requerida por uno de los imputados (Oscar Héctor Corres); definir lo que corresponda respecto de la única declaración testimonial pendiente y la incorporación por lectura de diversas constancias. Se advierte así que son pocos los pasos que restan para que el Tribunal pueda dictar sentencia, por lo que la exposición a riesgos sanitarios aparece como relativamente pequeña”.

Y entre los argumentos también reparó en la medida cautelar que cumple el otro acusado Eduardo Salvador Ullúa, quien se encuentra con prisión preventiva y la suspensión indefinida del juicio podría, eventualmente, implicar una afectación a su derecho a ser juzgado en un plazo razonable. A esto sumó, que también podría darse un incumplimiento de las normas internacionales que obligan al Estado Argentino a investigar y castigar hechos como los que son juzgados en este debate.

A su vez Ouviña informó a los magistrados que luego de una reunión virtual de funcionarios de la Procuración General de la Nación –de la que participó la Unidad que encabeza-, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad realizó una presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de encontrar los mecanismos que permitan el desarrollo de las audiencias de debate en las causas que involucran el juzgamiento de hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad. Frente a ello, esta semana la presidencia de la Cámara emitió un proveído y recomendó a los tribunales que tengan en trámite estos juicios, puedan darles continuidad, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria.

Publicidad del debate

En su presentación, el fiscal general sumó la importancia de que, cualquiera sea el mecanismo que se implemente, deben tomarse recaudos adicionales para garantizar la publicidad del debate. “A mi modo de ver, una alternativa podría ser habilitar la sala del Tribunal en la Ciudad de Mar del Plata tanto para que asistan las partes que residen allí, en caso de que así lo prefieran, como el público en general, en caso de que se flexibilicen las medidas de aislamiento social dispuestas en esa ciudad. Por supuesto que, llegado el caso, deberán adoptarse todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias recomienden. También podría habilitarse la asistencia de público en la sala en la Ciudad de Buenos Aires, si se dan las condiciones señaladas. La otra medida que podría adoptarse es asegurar la transmisión de las audiencias a través del portal del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, detalló Ouviña.