El Gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo informó este martes en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, destacó la eliminación de 16 cargos políticos: “Implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica.

Adorni dijo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, “las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades".

“Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó el jefe de Gabinete de la Nación sobre el próximo funcionamiento de la ANDIS.

El funcionario destacó que “un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan a donde tienen que ir: las personas con discapacidad, los equipos de salud y los cuidados que los asisten”.

Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: Facebook Agencia Nacional de Discapacidad)

Adorni aclaró que la medida tomada por el Gobierno no significa que se vayan a cortar pensiones" y aclaró su relación con las partidas presupuestarias.

“Una cosa es la reorganización de la exAndis, donde el objetivo es transparentarlo y recortar estructura inútil que no tiene sentido, después de haber hecho la auditoría correspondiente. Con la auditoría en curso no se podía hacer”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Nada tiene que ver con el tema presupuestario, nunca nos apartamos de la ley y no lo vamos a hacer ahora”

Previamente, el jefe de Gabinete criticó el funcionamiento de la ANDIS desde su fundación, en el año 2017. “Se creó como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad”.

“Sin embargo, durante años, y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, agregó.

En ese contexto, dijo que esa manera de funcionar “provocó irregularidades como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicio”.

En este último apartado, se refirió a la fundación Metas: “Decía dar clase de apoyos escolares, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria sin agua, electricidad ni mobiliario. Solo se encontró moho, suciedad, escombros y excremento de roedores“.

La decisión de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad se da luego de un año donde estuvo en la mira por el escándalo por las presuntas coimas que involucró al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Hace una semana, el exnúmero 2 del organismo, Daniel Garbellini, presentó un escrito ante la Justicia donde desmintió todas las acusaciones en su contra y aseguró que el propio Spagnuolo era el único con acceso a la información completa de compra de medicamentos.

Fuente: TN

Tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal federal Franco Picardi citó a Diego Spagnuolo -ex funcionario del organismo- a prestar declaración indagatoria. La medida alcanza también a otros 14 imputados, entre ex funcionarios y empresarios vinculados a droguerías y prestadores de medicamentos e insumos de alto costo.

La investigación judicial habría detectado una organización delictiva dedicada al direccionamiento de compras, aplicación de sobreprecios y pago de sobornos en perjuicio de la administración pública. Los hechos afectan especialmente al sector poblacional adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas y sin cobertura médica, entre ellas madres con siete hijos y adultos mayores en situación de pobreza.

El caso se originó en agosto, tras la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo describe un supuesto esquema de retornos del 3% en compras estatales. En esas grabaciones también se mencionan a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor del Gobierno, aunque ninguno de ellos fue imputado.

El abogado defensor de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito en el que sostiene que los audios podrían haber sido manipulados con inteligencia artificial, y que su cliente no reconoce la conversación. “Parece que es mi voz, pero no soy yo. Esa conversación no la tuve con nadie”, habría dicho Spagnuolo a su entorno, según trascendió.

No obstante, fuentes judiciales indican que existiría más material audiovisual que comprometería al ex funcionario. También fue citado a indagatoria el número dos de la ANDIS, Daniel Garbellini, acusado de haber montado un sistema paralelo de pedido de coimas.

Fuente: con información de TN

En el marco de una audiencia realizada en la Cámara Federal de Comodoro Py, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se refirió por primera vez a los audios que lo vinculan con un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos. A través de su nuevo abogado, Mauricio D'Alessandro, solicitó la nulidad de la causa y aseguró que “los audios son falsos, están editados o hechos por inteligencia artificial y fuera del contexto de charla”.

La causa se inició en agosto tras la difusión de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se menciona el supuesto pago de sobornos del 3% en operaciones con la droguería Suizo Argentina, que habrían involucrado a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem. Según el fiscal federal Franco Picardi, el expediente se abrió por denuncias basadas en notas periodísticas y decretos presidenciales que cesaron a Spagnuolo y a su segundo, Daniel Garbellini.

Durante la audiencia, D’Alessandro sostuvo que su defendido “no reconoce la voz” en los audios y que podrían haber sido manipulados, incluso mediante espionaje ilegal. También planteó la posible conexión con otra causa en la que se investiga la difusión de audios de Karina Milei, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, y pidió que se evalúe la acumulación de ambos expedientes.

El fiscal Picardi rechazó el pedido de nulidad y afirmó que “a los audios no se les dio valor probatorio” y que existen otros elementos que justifican la investigación. Además, negó que se haya violado la intimidad de Spagnuolo: “El estándar de expectativa de intimidad cede en un funcionario público. No hay derecho a la intimidad cuando se habla de corrupción”, expresó.

La defensa también solicitó un peritaje para determinar el origen de los audios y cuestionó que se haya iniciado una nueva causa por hechos que, según el abogado Martín Magram -representante de los empresarios involucrados-, ya fueron investigados y archivados en 2024. El juez federal Sebastián Casanello rechazó ese planteo y el caso llegó a la Cámara Federal.

La audiencia dejó en evidencia dos cambios significativos: Spagnuolo adoptó una estrategia activa en su defensa, tras meses de silencio, y designó a su tercer abogado desde el inicio del expediente. D’Alessandro, de alto perfil mediático, asumió la representación esta semana.

La investigación continúa bajo secreto de sumario, que se levantará la semana próxima. La decisión sobre los planteos presentados quedará en manos de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal: Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Fuente: con información de Clarín

La causa por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó una nueva prueba que compromete aún más al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

El acta de allanamiento confirma que el exfuncionario tenía más de 80 mil dólares en una caja de seguridad del banco BBVA desde, al menos, el 1 de enero de 2024, es decir, los primeros días del gobierno de Javier Milei. Ese dinero no aparece en su última declaración jurada ni jamás se informó a la Oficina Anticorrupción (OA), según se desprende de sus últimas dos declaraciones juradas ante ese organismo.

El documento judicial que fue entregado al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, detalla que la caja número 86 —identificada internamente como “N° 86 dígito 4”— fue abierta el 15 de noviembre de 2019 por Spagnuolo, quien figura como único titular. Según la contadora del banco, Andrea Inés Zalazar, no se registraron movimientos ni ingresos a esa caja fuerte desde el 1 de enero del año pasado.

La inspección se realizó en la sucursal del BBVA ubicada en avenida Rivadavia al 4000, en el barrio de Almagro. En el acta se deja constancia de que la caja contenía 82 mil dólares y 2950 euros, una cifra significativamente superior a la que Spagnuolo reportó en su declaración jurada de 2024, en la que afirmó poseer 25 mil dólares en depósitos en el país.

En otras palabras, Spagnuolo ya tenía esos 80 mil dólares en el inicio de la gestión de Milei. No está claro por qué nunca los declaró. Pero a su vez, este dato, confirma que el extitular de ANDIS no ingresó a la caja de seguridad a retirar ningún documento o dinero antes de que la Justicia la abre. De esa forma, se cae la hipótesis de un vaciamiento de la caja ubicada en el Banco Francés de Almagro.

De cualquier manera, el hallazgo complica patrimonialmente a Spagnuolo, que ya tiene dos defensoras oficiales. Ahora, deberá explicar el origen de esos fondos ante la Justicia. Un dato curioso es que en los audios se lo escucha quejarse de los bajos salarios de los funcionarios públicos.

En paralelo, la causa avanza sobre otros frentes. Un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) reveló que el teléfono celular entregado por Spagnuolo no era el que usaba habitualmente. Según el peritaje, el dispositivo —un iPhone 16 Pro Max— fue activado por primera vez el 21 de agosto de 2025, menos de 24 horas antes del allanamiento.

El acta de allanamiento fue firmada por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

El informe indica que Spagnuolo vinculó ese celular a la red WiFi de su casa, en un country de zona norte, y reinstaló WhatsApp sin respaldo de seguridad. Esa maniobra eliminó todas las conversaciones anteriores al operativo judicial, lo que para los investigadores constituyó una “acción deliberada de ocultamiento”.

“La Justicia está segura de que Spagnuolo entregó un celular que no era el suyo”, dijeron fuentes con acceso al expediente. Agregaron que la decisión de cambiar de equipo fue una maniobra preventiva ante el avance de la investigación.

El exdirector de la ANDIS, además, atraviesa turbulencias legales con su equipo de defensa. Esta semana quedó representado por el defensor oficial Diego Silva, tras la renuncia de sus abogados particulares, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.

La situación de Spagnuolo se torna cada vez más compleja. A los elementos técnicos y financieros se suma la declaración de Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza, quien aseguró que fue el propio Spagnuolo quien le reveló detalles de un presunto esquema de retornos en licitaciones públicas. Según esa declaración, parte de los fondos recaudados llegaban hasta la Casa Rosada, con conocimiento de la ministra Sandra Pettovello e incluso del propio presidente Milei.

Fuente: TN

Los abogados que representaban a Diego Spagnuolo en la causa donde lo investigan por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad renunciaron hoy a su defensa. Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes notificaron su apartamiento del caso a través de un escrito presentado a la Justicia.

“Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, se lee en el documento al que accedió Infobae.

Además, el fiscal del caso, Franco Picardi, realizó allanamientos en propiedades del ex titular de la ANDIS y Daniel Garbellini, otro ex funcionario del organismo, y en otro operativo llevado a cabo en la sucursal de un banco se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo.

Tanto Diego Spagnuolo como Daniel Garbellini optaron por no apoyar el pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, también investigada en el expediente. Los abogados de Spagnuolo -que ahora renunciaron- argumentaron la necesidad de revisar el expediente antes de fijar posición y solicitaron una prórroga ante el juez federal Sebastián Casanello.

Hasta el momento, las defensas de ambos ex funcionarios no habían acompañado el planteo de nulidad ni descartaron la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque su entorno sostiene que no han tomado una decisión definitiva al respecto.

El pedido de nulidad cuestiona la validez de los audios como prueba, denunciando un inicio del proceso caracterizado por “oscurantismo” y desinformación, y señalando una supuesta vulneración al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución Nacional. Por este motivo, consideraban que todo lo actuado en la causa debe ser anulado.

Actualmente, ninguna de las personas mencionadas en la causa -Spagnuolo, Garbellini o los dueños de la droguería- recibió una imputación formal. El expediente se mantiene bajo secreto de sumario, situación que restringe el acceso de las partes y que podría prorrogarse otros diez días a pedido del fiscal Franco Picardi. El juez Casanello espera ahora la opinión de la fiscalía y la querella (a cargo de la ONG Poder Ciudadano), para resolver sobre el planteo de nulidad, decisión que podrá ser apelada.

Fuente: Infobae

El consultor y asesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, declaró este jueves por la noche ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la causa que investiga la presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ante el representante del Ministerio Público Fiscal en Comodoro Py, Cerimedo confirmó que el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había "hablado de hechos de corrupción" y le hizo mención "a coimas".

La declaración de Cerimedo es clave en la investigación que busca determinar si existió un circuito de sobornos que involucra a la ANDIS, bajo la dirección de Diego Spagnuolo, y a la droguería Suizo Argentina SA de la familia Kovalivker. Según supo Noticias Argentinas, el testimonio de Cerimedo refuerza la credibilidad de las denuncias sobre la corrupción, aunque el consultor negó rotundamente haber grabado a Spagnuolo o haber filtrado los audios que desataron el escándalo.

Durante su declaración testimonial, Cerimedo abordó varios puntos centrales de la causa:

La defensa de los empresarios Kovalivker, por su parte, ha interpuesto un planteo pidiendo la nulidad de la investigación, argumentando que se inició en base a una grabación que es producto de un ilícito y una "violación a la intimidad de Spagnuolo".

En una semana vence la prórroga del secreto de sumario, momento en el que las partes tendrán acceso al expediente. En este contexto, Diego Spagnuolo evalúa convertirse en "imputado colaborador" para mejorar su situación legal, lo que lo obligaría a decir la verdad y aportar datos novedosos y de relevancia para la investigación, apuntando posiblemente hacia alguien de mayor jerarquía.

Fuente: NA

En el marco del escándalo por la filtración de audios que involucran a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en presuntas coimas, se presentó una nueva denuncia judicial en su contra. La acusación, realizada en Córdoba, señala delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La presentación fue efectuada por el abogado Pablo Olmos en la Justicia Federal de Córdoba, quedando a cargo de la Fiscalía Federal 1, liderada por Enrique Senestrari.

La denuncia apunta a un presunto esquema sistemático para rechazar pensiones por discapacidad. Según explicó Olmos declaraciones radiales, “básicamente, el delito tiene que ver con haber orquestado todo un aparato dirigido a rechazar de manera sistemática todas las pensiones por discapacidad que estaban siendo sometidas a un proceso de revisión”.

El abogado señaló que la ANDIS modificó los estándares de evaluación del sistema Baremo en enero de 2025, pero dicha resolución fue derogada en mayo, quedando sin efecto legal. 

De acuerdo con la presentación, Spagnuolo ordenó auditorías médicas sobre beneficios vigentes de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin un marco legal válido. Olmos destacó que estas revisiones se realizaron sin notificaciones fehacientes a los beneficiarios, especialmente en el interior del país, lo que les impedía asistir a las evaluaciones.

“A partir de la aparición de los audios, comienza a mostrarse todo un armado sistemático para evitar o para darle de baja a las pensiones de manera masiva para que le cierre el número”, afirmó el letrado. 

Además, Olmos solicitó una medida cautelar para que el fiscal ordene la reanudación del pago de las pensiones hasta que las auditorías se realicen conforme a la normativa. “Necesitamos que las personas vulnerables se puedan defender. Por eso, hay que ponerle una pausa, restablecer el pago y desarrollar el proceso de auditoría de una manera normal”, subrayó.

Paralelamente, Spagnuolo enfrenta otra investigación por los audios filtrados que lo vinculan al cobro de coimas, en los que también se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, un dirigente cercano.

Fuente: con información de TN

Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, investigada en la causa de los audios, se presentó ante el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py para entregar su teléfono celular y cumplir con la orden de requisa dictada por la Justicia. Lo hizo acompañado por su abogado, Martín Magram.

Kovalivker, retirado de la gestión de la empresa y dedicado a la escritura, aguardó unos minutos fuera de la fiscalía hasta que su abogado le indicó que podía ingresar. Permaneció en el lugar poco más de una hora y se mostró confiado en que la investigación judicial permitirá esclarecer el “escándalo mediático” que, según afirmó, rodea a una empresa que “está en orden”.

La presentación de Kovalivker se dio en el marco de una investigación que lo buscaba desde la semana pasada. Según fuentes cercanas, su demora en presentarse se debió a un problema de salud relacionado con un cuadro de hipertensión. Sus hijos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, quienes actualmente dirigen Suizo Argentina, ya se habían presentado en la causa y entregaron sus teléfonos celulares, aunque sin las claves de acceso.

El fiscal Picardi enfrenta dificultades para acceder al contenido de los dispositivos. La empresa israelí Cellebrite, proveedora del software utilizado por las fuerzas de seguridad para desbloquear celulares, informó al Ministerio Público que no cuenta con la tecnología necesaria para acceder al teléfono de Jonathan Kovalivker, un Samsung de última generación. Sin embargo, la Justicia dispone de una copia del contenido de uno de los teléfonos de Spagnuolo, otro de los investigados, quien desde ayer es representado por los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze.

En simultáneo con la presentación de Kovalivker, la Policía de la Ciudad realizó este mediodía nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la sede de Suizo Argentina, como parte de los operativos encomendados por el fiscal Picardi. Además, desde el lunes, Eduardo Kovalivker, sus hijos y los ex funcionarios investigados, Spagnuolo y Daniel Garbellini, tienen sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

La causa, que permanece bajo secreto de sumario, se originó a partir de audios que involucrarían a Spagnuolo. En uno de los fragmentos, una voz atribuida a él señala: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono’”.

Por la mañana, el abogado Santiago Kent, representante legal de Suizo Argentina como persona jurídica, también se presentó brevemente en la fiscalía.

Fuente: con información de La Nación

Tras el escándalo desatado por los audios revelados de Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que conducía, en las últimas horas difundieron otras grabaciones adjudicadas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.

La semana pasada, en el programa Data Clave, de Carnaval, se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo era amigo de Javier Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de Estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En la noche del jueves 21 de agosto, apenas conocidos los audios, el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó 14 allanamientos, que incluyeron las sedes de la ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y los domicilios de varios involucrados.

Por ejemplo, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaba yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres, en cuyos interiores había distintas cantidades de dólares. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.

A Spagnuolo lo encontraron al día siguiente, mientras manejaba dentro de un country en Pilar.

Además, esta mañana volvieron a realizar múltiples allanamientos en sedes de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina. El objetivo es dar con documentación de interés para la causa que será secuestrada y puesta en manos de la Justicia.

Ayer, Spagnuolo presentó ante la Justicia Federal el nombre de los dos abogados que llevarán el caso: el ex funcionario designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales. Hasta el momento, se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada.

Fuente: Infobae

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ingresaron a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de un allanamiento por el escándalo de los audios del extitular de la entidad, Diego Spagnuolo. Lo mismo sucede en la droguería Suizo Argentina, señalada por el exfuncionario como una de las empresas que pagaba sobornos.

En los últimos días, la Justicia recibió un informe preliminar del peritaje técnico realizado al celular de Spagnuolo en el que se detectó que hay mensajes eliminados del dispositivo.

Los investigadores intentan determinar si hay conversaciones con Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o empresarios vinculados a la causa.

Tampoco se pudo establecer todavía si en los mensajes eliminados figuraban conversaciones con los hermanos Jonathan, Emanuel o Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

La causa tuvo su punto de partida con una serie de audios filtrados, atribuidos a Spagnuolo, donde se hablaba del presunto pago de sobornos a funcionarios a cambio de lucrativos contratos estatales con la droguería.

En un principio, el exfuncionario aseguró que las grabaciones eran “hechas con inteligencia artificial”, pero luego cambió la versión y las calificó como “ilegales”. Esa contradicción aumentó la desconfianza sobre su rol en el entramado.

Como primera medida, el Ejecutivo desplazó a Spagnuolo y también al director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, otro de los apuntados. El nuevo interventor designado en la ANDIS es Alberto Vilches, exsecretario de Gestión Sanitaria, quien está a cargo de la auditoría interna sobre los procesos y la documentación del organismo.

La agencia maneja un presupuesto de $3,74 billones y cuenta con 921 empleados, según datos del INDEC. De ese total, $3,1 billones están destinados a gastos de seguridad social, $556.000 millones a salud y $5300 millones a promoción y asistencia. El volumen de fondos explica, en parte, la magnitud de las acusaciones.

Spagnuolo, por su parte, designó este viernes como su abogado a Ignacio Rada Schultze, un letrado con amplia experiencia en el ámbito del derecho penal económico.

Funte: TN

Pese a las declaraciones de Javier Milei, el Gobierno asegura que no prepara por el momento una denuncia contra Diego Spagnuolo luego de la filtración de grabaciones en las que habla de un presunto esquema de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió”, había dicho el Presidente durante una caravana por Lomas de Zamora que terminó en incidentes.

En los distintos sectores de la Casa Rosada relativizan las palabras del jefe de Estado y sostienen que no se refirió a una denuncia directa, aunque reconocen que forma parte de las opciones que tienen en carpeta. “No quiso decir que lo iba a denunciar. Hay distintas formas de llevar a alguien a la Justicia. No hay ninguna denuncia preparada y por el momento no se va a hacer”, aseguran.

En Balcarce 50 manifiestan que en realidad Milei hizo referencia a la colaboración del Estado en la presentación de documentación para la investigación judicial que está realizando el fiscal Franco Picardi. Además, enviarán los informes de la auditoría del organismo que lleva a cabo el interventor Alberto Vilches.

Se trata de la revisión de todos los contratos de la agencia junto con las compras y contrataciones a través de vías de excepción. Lo mismo aplica para la firma de procesos internos, revisiones técnicas, valuaciones de productos y la ejecución de adquisición de materiales. “Si alguien estuvo relacionado de forma directa o indirecta con irregularidades, lo vamos a echar”, manifiestan.

Diego Spagnuolo, Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei, Martín Menem y Romina Diez en una foto previa a que estallara el escándalo de las coimas (Foto: captura de X /@dspagnuolo_ok).

El Gobierno rechaza las acusaciones de Spagnuolo contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sostiene en el cargo al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, junto a su entorno. “Mientras no aparezca nada contundente, Lule no se va a ir. Como aplica con cualquier funcionario”, expresan en Nación.

Es por eso que el Ejecutivo prepara la defensa del armador nacional de La Libertad Avanza, aunque no esté incluido en la denuncia de forma directa y espera que aparezcan archivos que ratifiquen que visitó el country Nordelta en reiteradas ocasiones. Este sostuvo ante su círculo íntimo que se trató de encuentros con su hermano y “una persona muy cercana”.

En la Casa Rosada niegan que el subsecretario haya manejado un auto de lujo a nombre de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker por el barrio. Se trata de los empresarios de la droguería Suizo Argentina sospechados de pagar retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Rechazan también las versiones sobre contactos con su extitular a través del abogado Santiago Viola.

La única definición de la mesa política de Balcarce 50 fue impulsar cambios en el sistema de compras de la agencia para quitarle la autarquía administrativa, financiera y económica al organismo. Los equipos técnicos del oficialismo están trabajando en un decreto que centralice la estructura y la transfiera a la estructura del Ministerio de Salud, que preside Mario Lugones.

Fuente: TN

En medio del escándalo por los audios filtrados que denuncian coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que mencionan a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem, el jefe de Gabinete Guillermo Francos expondrá en Diputados la semana que viene. El secretario parlamentario de la Cámara Baja ya convocó a los diputados para la sesión que será el miércoles que viene a las 12.

Su último informe de gestión en esa cámara había sido en abril, cuando explotaba el caso de la criptomoneda $LIBRA y ahora le tocará hacerlo mientras crece el caso por las presuntas coimas en la ANDIS por el que ya fue desplazado su titular, Diego Spagnuolo.

Según informaron, la fecha ya estaba pautada hace un mes y Francos no va a suspenderla. Si bien recibió más de 1200 preguntas de los diputados por escrito, las preguntas centrales en el recinto serán sobre este caso y el del fentanilo contaminado.

En una primera consulta que periodistas le hicieron a Francos en la actividad del Council de las Américas, el funcionario había planteado que no ponía "las manos en el fuego por ningún funcionario", aunque había aclarado: “Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y en la de Eduardo Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia”.

En ese sentido, Francos volvió a referirse hoy al tema y en diálogo con El Observador, señaló que le parece bien que la Justicia avance rápido en la investigación para "descubrir la verdad" , a pesar de que planteó sospechas electorales: "A mí me llama mucho la atención, porque aparece a esta altura, en este momento, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez".

Por otra parte, aseguró que fue él quien informó al presidente que había que cesarlo a Spagnuolo en el cargo, decretar una intervención y que se haga una investigación.

A su vez, apuntó contra el ex titular del ANDIS por no denunciar a la Justicia. "Si el señor Spagnuolo tenía conocimiento de todo eso, tenía que denunciar la justicia. Es una obligación de un funcionario público la de denunciar en la justicia un hecho del que él toma conocimiento", sentenció.

Además, ratificó que él nunca le planteó ninguna denuncia ni sospecha y relató su última conversación con Spagnuolo: "En algún momento se mencionaba que se iban a dar 100 mil pensiones de baja y después otras 100 mil más, porque estaban dadas irregularmente. Yo lo llamé a Spagnuolo y le pregunté qué pasaba que no daban de baja las pensiones. Esta fue mi conversación, que es la última, hace dos meses. Pero nunca me planteó a mí una denuncia o una sospecha".

Asimismo, el bloque de Encuentro Federal ya presentó un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a dar explicaciones en el pleno.

Al mismo tiempo, el diputado socialista santafesino Esteban Paulón, junto a su compañera Mónica Fein y Margarita Stolbizer (del GEN), también presentaron un pedido pero para interpelar a Spagnuolo y a Karina Milei.

El legislador porteño de la Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra Javier Milei, su hermana Karina, Spagnuolo y "Lule" Menem. Pide que se los investigue por "defraudación contra la administración pública, tráfico de influencias y cohecho".

Fuente: Clarín

El procesamiento que Cristina Kirchner tenía en una de las causas que derivadas de los "cuadernos de las coimas" fue revocado este martes por la Cámara Federal. Se trata de la causa que investiga las coimas que habrían pagado empresarios a cargo de los corredores viales. El juez Claudio Bonadio había dictado un procesamiento con prisión preventiva contra la senadora.

La decisión fue tomada porque Claudio Uberti, el arrepentido clave, estuvo al frente del órgano a cargo de los corredores viales y habría hecho esa recaudación hasta mediados del 2007, antes de que la hoy vicepresidenta electa sucediera a su marido en el Ejecutivo. Según el tribunal, las pruebas apuntan hacia Néstor Kirchner, pero no hacia Cristina.

Como informó Infobae, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro Julio De Vido por haber recibido coimas (y se remitió a la prisión preventiva dictada en causas conexas) y también el del ex titular de OCCOVI Claudio Uberti y el empresario Marcelino Miguel Aznar como organizadores de la asociación ilícita en concurso con el cohecho pasivo. El fallo confirmó además el procesamiento de siete empresarios (entre ellos arrepentidos) y revocó el de otros cuatro. También bajó considerablemente los montos de los embargos.

En la causa, se investigan pagos ilegales efectuados por las compañías adjudicatarias. Como arrepentido Claudio Uberti, quien dirigió el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI), aseguró que todos los meses recibía una suma de dinero proveniente de las firmas del sector que debía controlar. Y ese dinero -dijo Uberti- era entregado a Néstor Kirchner y en alguna ocasión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Por esta causa se citó entonces a distintos empresarios que tuvieron concesiones. Por la firma Autopistas del Sol fueron convocados a declarar Franco y Gianfranco Macri, entre otros. El padre del Presidente no concurrió debido a su estado de salud y falleció poco después. A su hermano se le dictó la falta de mérito, que no fue apelada.

También fueron convocados los responsables del Grupo Concesionario del Oeste, Concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Homaq, Vialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Helport, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noroeste Construcciones, Glikstein y Cía, Supercemento, Dragados y Obras Portuarias y Caminos del Río Uruguay.

En su declaración indagatoria, la ex presidente aseguró sobre esa causa: "Aunque parezca increíble -o ya no tanto-, el Juzgado volvió a sacar copias de supuestas confesiones de algunos arrepentidos para conformar una nueva causa, imprimió decretos y resoluciones administrativas, agregó informes insustanciales relativos a varias empresas y, sin más, ordenó mi convocatoria" a indagatoria.

El 6 de junio pasado, Bonadio amplió los procesamientos de Cristina Kirchner y Julio De Vido por cohecho pasivo, en seis hechos, y se los embargó por 700 millones de pesos. También se procesó a Uberti y Aznar como organizadores; junto a una decena de empresarios, algunos como miembros de la banda, pero todos por cohecho.

Ahora, sin embargo, la Cámara Federal revisó esa decisión y, después de sacar de la asociación ilícita a los empresarios –tal como lo hizo en el caso de los cuadernos- determinó que las coimas que se investigaron en el capítulo de los corredores viales sucedieron en la gestión de Néstor Kirchner y no en la de Cristina.

Si bien la Cámara Federal ya ubicó a la senadora “en las más alta de la posiciones dentro de la asociación ilícita que se mantuvo durante más de doce años y atravesando tres presidencias –dos de las cuales fueron ejercidas por la nombrada-“, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que en este caso en particular “los pagos ilícitos fueron detectados entre los años 2003 y mediados del 2007”. “Es decir –añadieron- una ventana temporal que abarca todo el desempeño de Claudio Uberti en el OCCOVI pero que precede al momento en que la imputada asumió sus funciones como primera mandataria”.

La Sala I de la Cámara Federal agregó que, además, las declaraciones de los propios arrepentidos “impiden identificarla como la encargada de receptar los sobornos advertidos en este concreto período” y en el área del OCCOVI. De hecho, solo se alude “cuanto mucho a la órdenes del ex presidente Néstor Kirchner como el punto de partida de este mecanismo de recaudación”. “El único dato objetivo que la vinculada con el sistema develado en este legajo y que sin más es insuficiente para fundar un criterio incriminatorio radica en que Uberti reconoció que entregó dinero en el ya invocado departamento de las calles Juncal y Uruguay”.

“El razonamiento planteado nos conduce a adoptar un temperamento expectante con respecto a Cristina E. Fernández. Así y aun cuando las inconsistencias descriptas impiden arribar al grado de certidumbre exigido, todavía resta explorar una línea investigada que podría revelar una secuela de cobros sobre corredores viales”. Se trata de un aporte que hizo el ex secretario de Obra Pública José Lopez, en la llamada cartelización de la obra pública –en donde a Cristina Kirchner sí se le confirmó el procesamiento, en una resolución conocida hoy-.

La subasta del inmueble, que incluye una cochera y una baulera, se realizará el 25 de octubre de 2019, a las 14, de manera online, y el precio base será de U$S 489.123, y los interesados pueden inscribirse hasta el 21 de octubre a las 12.

El inmueble que se subastará estaba a nombre de Sergio Todisco, uno de los testaferros del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien estuvo detenido 20 días hasta que se acogió a la figura del imputado colaborador en noviembre del año pasado, y su ex mujer Elizabeth Ortiz Municoy.

Esta subasta, que es pública y electrónica, se da en el marco del decreto 598/2019, por el que el gobierno nacional determinó que todos los bienes muebles e inmuebles vinculados a causas de corrupción sean subastados de manera inmediata "en beneficio de los argentinos".

“Estamos reparando todo el daño que produjo la corrupción. La subasta de este inmueble significa recuperar lo que nunca debieron habernos quitado”, dijo el titular de la AABE, Ramón Lanús.

La autorización para la convocatoria a la subasta pública del inmueble se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La AABE fue designada para disponer de esos bienes decomisados cuando esta decisión queda firme en las diferentes instancias judiciales para que ese patrimonio vuelva al Estado nacional.

De acuerdo a lo informado por la AABE, las comunicaciones relacionadas con el proceso de subasta deberán ser dirigidas a la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas de esa agencia, en tanto que el pliego será accesible a través del sitio electrónico www.comprar.gob.ar o en el sitio web de AABE.

El departamento, que estará disponible para ser exhibido, posee 99,80 metros cuadrados y se compone de una habitación amplia, cocina, dos baños, dos balcones y un living, y se encuentra completamente vacío, según se precisó.

AABE continuará con la subasta de 29 bienes que el juez Claudio Bonadio ordenó decomisar y fueron adquiridos por Daniel Muñoz como resultado de operaciones de blanqueo, según se explicó en el comunicado.

Según esa investigación, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner era el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios.

La investigación es un desprendimiento del caso de los cuadernos de la corrupción en la que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner junto a ex funcionarios de su gobierno.

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner y un grupo de sus ex funcionarios por haber recibido coimas al transporte ferroviario, en el marco de la asociación ilícita descripta en la causa de los cuadernos. El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, también alcanzó a ratificar el procesamiento de Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, todos ellos ya presos por otros expedientes.

Sin embargo, la Cámara volvió a dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que fueron procesados por el juez Claudio Bonadio en la asociación ilícita. El criterio seguido es que los hombres que pagaron las coimas no formaron parte de la banda de ex funcionarios kirchneristas.

Uno de los puntos claves de la resolución fue que se confirmó sólo el procesamiento para los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero, que como arrepentidos habían dado detalles del pago de las coimas. Roggio admitió haber pagado dádivas por los subsidios que recibió por la explotación del subte, y Romero, por los trenes.

Se revocó, en tanto, el procesamiento dispuesto por Bonadio para otros empresarios, como Claudio Cirigliano (preso por la tragedia de Once) y Sergio Taselli, quienes tenían a su cargo otras líneas de ferrocarriles urbanos; o Julio José Forastieri, integrante de la sociedad con la que Taselli explotaba ferrocarriles.

La causa se abrió como un desprendimiento de las confesiones de arrepentidos, en el marco del expediente por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que relató en una serie de cuadernos los viajes de recaudación que hacía para Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. En marzo, Bonadio había sostenido que se pudo corroborar que "las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles pagaban a los nombrados Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado nacional".

Hoy, la Cámara Federal analizó esa resolución y convalidó que "los sucesos que aquí se recrean aparecen enmarcados en el contexto reconstruido en la causa 9.608/18, donde se logró acreditar el circuito de recaudación ilegal instaurado desde el seno de la Administración Pública Nacional (PEN) entre 2003 y 2015, el cual receptaba el dinero que las diversas empresas entregaban para asegurarse la asignación de contrataciones públicas y otros beneficios que dependían de la voluntad administrativa".

Según se sostuvo, "el eje de la maniobra pesquisada estuvo dado por la asignación de la obra pública a cambio de la entrega de sustanciosas sumas de dinero. Los titulares de las compañías vinculadas al rubro de la construcción recibían el beneficio de ser contratados por el Estado, así como un tratamiento favorable durante el desarrollo de dichas relaciones contractuales".

Fuente: Infobae

El juez federal Claudio Bonadio rechazó un pedido de recusación presentado por el ex funcionado del ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, quien había solicitado apartar al fiscal Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos de las coimas.

La defensa del ex funcionario preso pedía que se corriera al Stornelli por su vinculación con el caso del falso abogado Marcelo D'Alessio y sus presuntos vínculos con una red de extorsión y espionaje, que tramita el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, según lo que consignó Clarín.

En su resolución, el juez aseguró que "·los hechos resultan ser manifiestamente inciertos y el pedido es temporario". Y cuestionó los argumentos del abogado Alejandro Rúa, defensor de Baratta, "para lograr la recusación del señor fiscal" porque se basa en "extractos de partes de hechos que resultan materia análisis en otro expediente y sin guardar lógica alguna sostiene que debe ser apartado el representante del Ministerio Público".

Baratta es querellante en la causa que sigue el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Ya había pedido la recusación de Stornellli. El fiscal contestó ese pedido de apartamiento, negó las acusaciones en su contra y defendió su continuidad en el caso. La defensa de Baratta amplió los argumentos después de la declaración de rebeldía a Stornelli en la causa por la que está preso el falso abogado Marcelo D'Alessio. Pero ahora Bonadio rechazó la recusación.

No obstante, queda pendiente otro pedido de recusación que promovió el abogado José María Ubeira, en nombre de Oscar Thomas, el ex directivo de Yaciretá que está preso por la causa de los cuadernos. Ubeira también es querellante en la causa de Dolores. Esta semana, la Cámara Federal dispuso que Bonadio dé trámite a esa presentación.

Por orden del juez federal Claudio Bonadio, que dictó la prisión preventiva, la Policía detuvo este sábado a otros cuatro ex funcionarios que formaban parte del gobierno de Cristina Kirchner, en el marco de la causa conocida como "cuadernos de las coimas".

Se trata de Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Sandro Férgola (ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad), Sergio Passacantando (ex gerente de Administración de la DNV) y Germán Nivello (ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda), según informó Clarín.

Las detenciones y allanamientos a cargo de la Policía Federal se realizaron en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, donde el juez Bonadio ordenó 101 indagatorias en el tramo que se concentra en la adjudicación de obra pública civil.

Después de una serie de documentación obtenida durante la instrucción y más testimonios que se fueron sumando a la causa, se decidió avanzar con la detención de este conjunto de ex directores de Vialidad Nacional.

Será el lunes a primera hora cuando el magistrado indague a los ex funcionarios del Gobierno kirchnerista que cumplían funciones en la Dirección de Vialidad Nacional.

Estos ex directivos se encuentran procesados por el juez Julián Ercolini en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.

En el caso de Nelson Periotti, quedó procesado como partícipe de la asociación ilícita y defraudación al Estado por $ 46.000 millones. Deberá en mayo enfrentar el juicio oral junto al empresario K y a Cristina Kirchner.

En tanto Sandro Férgola quedó procesado en una segunda instancia, por los mismos delitos, junto a Martín Báez el mayor de los hijos varones del dueño del Grupo Austral y en breve se solicitará la elevación a juicio oral de dicho tramo de la investigación.

En la causa de los Cuadernos, la Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015.

Odebrecht: un arrepentido contó que Néstor Kirchner sabía de las coimas que Angelo Calcaterra le pagaba a Ricardo Jaime por el tren Sarmiento Mirá también Odebrecht: un arrepentido contó que Néstor Kirchner sabía de las coimas que Angelo Calcaterra le pagaba a Ricardo Jaime por el tren Sarmiento En este tramo tuvo incidencia la confesión de Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, que detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública, y también el testimonio de Ernesto Clarens que entregó un extenso listado de empresas que eran parte del pago de sobornos a ex funcionarios para garantizarse obras.

Según entiende el juez, Cristina Kirchner que ya declaró en este expediente, lideró una "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal" y en la que los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, "para procurar la afluencia de dinero". Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.

Por ello el juzgado avanzó en una nueva citación contra la ex mandataria vinculada al tramo de la causa que investiga los contratos de obra pública para más de 70 empresas.

Es en este tramo del expediente, que investiga la cartelización de la obra pública, que se realizó el extenso llamado a indagatoria que incluyó a Carlos De Sousa (hermano de Fabián, socio de Cristóbal López), Gustavo Weiss, Mario Rovella y, Fabián Biancalani, entre otros.

Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el Juzgado impulsó 82 operativos. En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.

La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido.

El marplatense Patricio Gerbi, el titular de la reconocida firma de construcción Coarco, prestará su declaración en las próximas horas ante el juez Claudio Bonadío, que está al frente de la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”.

El empresario, de fuerte presencia en la industria, es uno de los primeros hombres que comenzará la amplia rueda de indagatorias que tiene previsto llevar el magistrado hasta fines de febrero, según el dictamen que dio a conocer a principios de mes.

En los tribunales de Comodoro Py, declarará el hombre que supo estar al frente de la Cámara Argentina de la Construcción, que se encuentra como "arrepentido" en la causa. En la lista de este miércoles también figuran Miguel Aznar, Juan Chediak, Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel Pedro Losi y Luis Losi.

El miércoles 6 de febrero Bonadío había resuelto un amplio llamado de nuevas declaraciones, en el que se incluyó a la ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner, a algunos de sus ex funcionarios Julio De Vido, José López y Roberto Baratta, y otros importantes empresarios, como el propio primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

En total, Bonadio citó a 101 personas, con la expectativa puesta en mantener un ritmo de entre ocho y diez indagatorias por día. Después del aporte que haga en su puntapié inicial Gerbi, el ciclo cerrará con la declaración del ex ministro de Planificación Federal.

Inicialmente, Carlos Wagner, otro ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, había ligado a Coarco con las millonarios maniobras fraudulentas que intentan esclarecerse en los manejos que se realizaron con la obra pública durante el Gobierno de los Kirchner. La empresa de Gerbi se encuentra entre las 30 compañías que más resultaron ganadoras en las licitaciones de obra pública que asignó la gestión kirchnerista, entre los años 2003 y 2015.

Tras ello, el marplatense decidió a mediados de agosto convertirse un “arrepentido” más en la causa, comprometiendo realizar los aportes que se requirieran desde la Justicia Federal para dar un curso positivo al avance de la compleja pesquisa.

El financista Ernesto Clarens, quien admitió haber cobrado coimas de empresas beneficiadas con contratos en el Estado en nombre del ex presidente Néstor Kirchner, aportó luego un listado en el que detalló que Coarco recibió 500 millones de pesos en concepto de obra pública.

El 31 de mayo de 2016, el empresario santacruceño Cristobal López le facilitó al juez Sebastián Casanello un listado con los colegas que habrían sido beneficiados aún más que él en negocios con el Estado durante los 12 años del kirchnerismo. En el escrito presentado por sus abogados, en el que rechazó los delitos que se le imputan, aparece el nombre de Gerbi en el puesto 19 de 36 firmas.

Importantes trabajos civiles, urbanísticos, hidráulicos, de infraestructura sanitaria y de vialidad llevó adelante en la última década Coarco. Entre ellos, se destaca la fallida Terminal de Cruceros, que nunca pudo ponerse en funciones para los fines que se habían anunciado, el Centro Cultural Estación Terminal Sur, el Museo MAR  y el desagües pluvial de la cuenca de Arroyo del Barco.

Por tercera vez, Cristina Kirchner deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa conocida como de "cuadernos de las coimas", según lo resuelto en las últimas horas el juez Claudio Bonadio, que dispuso un nuevo llamado a indagatoria que incluye a la ex mandataria y también a un importante grupo de empresarios vinculados a la obra pública, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del Presidente.

Además, deberán declarar nuevamente por este tramo de la causa los ex funcionarios Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, entre otros. En total, Bonadio citó a 101 personas, que a un ritmo de entre ocho y diez indagatorias por día, comenzarán a declarar el 20 de febrero, hasta cerrar el ciclo con la declaración del ex ministro de Planificación Federal.

Según entiende el juez, la ex presidenta lideró una "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal" y en la que los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, "para procurar la afluencia de dinero". Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.

Para determinar cómo estaba armada esa organización, Bonadio tomó indagatorias a ex funcionarios y empresarios que participaron o conocían el área de las concesiones y subsidios al transporte y los corredores viales.

Con la información recabada, el juzgado avanzó en una nueva citación contra la ex mandataria vinculada al tramo de la causa que investiga los contratos de obra pública para más de 70 empresas.

Varios empresarios también deberán comparecer ante la Justicia otra vez. El listado está conformado por Carlos Wagner, Juan Chediack (ambos ex titulares de la Cámara Argentina de la Construcción), Ángelo Calcaterra, entre otros. Volverán a Comodoro Py todos los empresarios ya indagados en la primera parte de la causa. Las indagatorias comenzarán el 20 y De Vido será el último en declarar.

Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el Juzgado impulsó 82 operativos. En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.

La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido.

Cuando firmó el procesamiento de la ex presidenta, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". En ese marco, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que comenzó con Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la actual senadora.

Apoyando el planteo de Bonadio, la Sala I de la Cámara indicó que Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita".

Por tal motivo, el juez de la causa volvió a citarla a indagatoria para que responda "por nuevos hechos corroborados en su contra", indicaron fuentes judiciales a Clarín.

El ex ministro de Hacienda de Néstor Kirchner en Santa Cruz y arrepentido en la causa de los cuadernos, Juan Manuel Campillo, recuperará la libertad. Es que el juez federal Claudio Bonadio hizo lugar a un nuevo pedido de excarcelación de su abogado bajo caución juratoria.

Así, un ex funcionario clave en el entorno del ex Presidente será liberado bajo la promesa de presentarse en la causa cada vez que sea requerido y a cambio de otras condiciones que fueron impuestas por el magistrado.

Esta semana Campillo había ampliado su declaración como arrepentido. Fuentes judiciales revelaron a Infobae que hizo un aporte sustancioso para el curso de la investigación.