Con la presencia de fiscales, funcionarios, empleados judiciales y representantes de distintas fuerzas de seguridad, se realizó en el auditorio del Colegio de Abogados (Brown al 1900) una jornada de capacitación sobre investigación y persecución penal del tráfico ilícito de estupefacientes.

El eje de estos encuentros, organizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos e Implementación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, estuvo centrado en las drogas sintéticas, en las nuevas sustancias psicoactivas -como los opioides sintéticos-, y en la importancia de la articulación entre los fueros federal y provincial en este tipo de investigaciones.

Del panel de apertura participaron el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el fiscal federal Diego Iglesias; el titular de la Oficina de Narcocriminalidad del Área Investigación y Litigio Casos Complejos de la Fiscalía de Distrito de Mar del Plata -y fiscal de distrito con funciones de coordinación subrogante-, Santiago Eyherabide, y el coordinador de Proyectos de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Luis Ignacio García Sigman.

Iglesias remarcó la importancia de estudiar la temática y expresó: “Son fenómenos criminales que si bien comparten características con el resto de las maniobras de tráfico que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar, presentan características especiales que necesitamos tener presentes al momento no sólo de investigar sino también de presentar el caso en términos judiciales”.

Más adelante, destacó la relevancia e impulso que le viene dando la PROCUNAR al trabajo en conjunto: “Necesitamos aliarnos, formar equipos de trabajo, alianzas estratégicas, que nos permitan mejorar nuestra eficacia y eficiencia en la investigación”. También hizo hincapié en la relevancia de que los fueros penales tanto federal como provincial se articulen de manera adecuada en la persecución de este tipo de actividades ilícitas.

Entre los expositores, estuvieron el químico especialista en drogas ilícitas de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur, Patricio Navarro, el mencionado García Sigman y el fiscal Eyherabide junto a la fiscal coadyuvante y coordinadora de la Región Provincia de Buenos Aires de PROCUNAR, Patricia Cisnero.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Abogados de la provincia de Buenos Aires quieren modificar una ley que les impide seguir ejerciendo la profesión una vez que se jubilan. “Que el jubilado pueda seguir ejerciendo, porque al seguir ejerciendo sigue aportando” argumentó Iván Geminiani, un letrado jubilado, quien además cuestionó lo que reciben como mínima, que ronda los $400.000.

En diálogo con la prensa, Geminiani dijo que el Colegio de Abogados debería tramitar el cambio de la Ley 5177, que es precisamente la que les impide volver a ejercer. “Tenemos que cambiar esa ley. Otras profesiones se jubilan y ejercen, por ejemplo los contadores”, indicó.

“Esto nació así. Debe haber sido porque la jubilación, cuando se iniciaron las cosas, alcanzaba para vivir dignamente. Y se hablaba de ser solidario. Eso se acabó -sentenció el abogado-. Cada uno tiene que cobrar por lo que trabajó y dejarlo seguir trabajando cuando quiere, porque en última instancia al jubilarse le están quitando el fondo de comercio sin indemnización alguna”.

Para Geminiani la responsabilidad de esta situación “es general, inclusive nuestra”, porque según entiende “nos hemos quedado quietos y no presionamos como tenemos que presionar en base a certezas”.

En este sentido, el abogado jubilado se lamentó que “hasta el mes pasado la jubilación mínima era de $400.000 mensuales, sin perjuicio del que puede tener puntaje, que excede eso, pero la mínima es $400.000”. Y recordó que esto se profundiza porque no los dejan seguir trabajando.

Este miércoles finalizó el comicio en el Colegio de Abogados para elegir nuevos integrantes del Consejo Directivo, miembros del Tribunal de disciplina, directores de la Caja de previsión social y revisor de cuentas. La lista Integración, que representa a la actual gestión liderada por Leandro Gabas, obtuvo más del 60% de votos, lo que marcó un contundente triunfo frente a las listas opositoras.En tal sentido, la lista “AMAJUSO” finalizó en segundo lugar con un 24,5% (duplicó en votos en 3 de las 4 mesas a la lista Bordó, que quedó con un 13% y se erigió en segunda fuerza). Con estos resultados, la oposición no pudo perforar el piso de representación, por lo que el oficialismo retendrá mayoría y minoría dentro del Consejo Directivo, se informó.“El resultado de esta elección es un gran apoyo de nuestros colegas y un mensaje muy claro en todas las ciudades del Departamento Judicial Mar del Plata: los abogados queremos que cuiden nuestros derechos, que nos defiendan”, dijo Gabas, titular del Colegio, finalizado el comicio.

Tras unos comicios con una participación histórica, más de 1400 letrados se acercaron a votar en Mar del Plata, Balcarce y Miramar, lo que le asigna este resultado una gran representatividad y un importante apoyo al oficialismo, que gestiona el Colegio desde 2022.“Somos una lista plural y vamos a seguir trabajando en equipo, como venimos haciendo hace dos años, por la defensa de la Abogacía, por un Colegio abierto, inclusivo, democrático y, sobre todo, representado por profesionales del Derecho. Apostando a más y mejores servicios para todos nuestros colegas. Ese es nuestro compromiso y esa es la confianza que hoy nos dieron en las urnas”, apuntó Gabas.Y concluyó: “Quiero agradecer al equipo enorme de trabajo, que puso todo de sí, con compromiso, dedicación y amor por la profesión y el Colegio. Fue una elección histórica en la que participaron y acompañaron todos los institutos académicos, integrantes del Consultorio Jurídico y también miembros de las diferentes comisiones. Ese esfuerzo fue recompensado, porque hay un proyecto serio y coherente, un plan de futuro, y eso es lo que hoy se impuso hoy”.

Los profesionales del derecho de Balcarce, Miramar y Mar de Plata irán a las urnas entre el lunes y el miércoles próximo. Y son 3 listas las que competirán regidas bajo el estatuto del Colegio de abogados. Sólo podrán votar los abogados que figuren en el padrón y para hacerlo deberán exhibir su DNI o credencial profesional.

Se elegirán representantes para el Consejo Directivo (5 titulares y 4 suplentes) y Tribunal de Disciplina (3 y 4 respectivamente). Además, en paralelo, se optará por un revisor de cuentas y un directivo para la Caja de Abogados. 

El oficialismo logró afianzar una lista “Integración” y llevará a Silvina Carnero en Consejeros mientras que Marcela Giménez Bauer ahora lo propio para integrar el Tribunal de Disciplina. Para la caja, el oficialismo postulará a María Fernanda Huerta y a Alfonso Basso.  en tanto la Azul, con vínculos en el peronismo intentará mejorar la performance pasada y apuesta a ganar con Ivan Tesseri será el primer candidato a Consejo Directivo mientras que Eduardo Horacio Carnicero va por el Tribunal de Disciplina. Por su parte, Mauricio Martel y Cecilia Rodriguez irán como candidato a la Caja. 

Por su parte la nómina de la Bordó y Blanca, por su parte, es apoyada por la Libertad Avanza y el Pro por lo que eso logró sumar adherentes y perder otros. Mariana Chicco ocupa el primer lugar para ingresar al Consejo Directivo. Lucrecia Botteri hará lo propio en el caso del Tribunal de Disciplina y Pablo Carmona fue el elegido a director titular en la Caja y Bracciale irá como revisora de cuentas. Bracciale quien encabezó hace dos años y fue una grata revelación lo realizado por esta lista. 

INFORMACION IMPORTANTE 

El colegio de Abogados se trasladará a la localidad de Gral. Alvarado, específicamente a la calle 28 N°1040 en Miramar, donde estará disponible para recibir a los votantes en un horario de 10 a 16. Asimismo, en Balcarce, la Delegación del Colegio de Abogados de Mar del Plata estará ubicada en la calle 24 N°759, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de ejercer su derecho al voto en un ambiente accesible y seguro.

El martes 7 de mayo, el Colegio de Abogados de Mar del Plata abrirá sus puertas en la calle Brown N°1958, desde las 8:30 hasta las 14, brindando a los votantes la posibilidad de emitir su sufragio en un espacio institucional reconocido por su trayectoria y compromiso con la justicia y la legalidad.

Finalmente, el miércoles 8 de mayo, el Colegio de Abogados de Mar del Plata extenderá su horario de votación hasta las 19, permitiendo a los ciudadanos ejercer su derecho democrático en un amplio margen de tiempo para facilitar la participación de todos los sectores de la sociedad.

La Procuración General de la Nación (PGN) aplicó la máxima sanción administrativa posible contra Rosa María Dettori, quien para cobrar el plus que se paga por ser graduado universitario, falsificó documentos con los que intentó demostrar que se había recibido de abogada en Italia.

La descubrieron, la denunciaron, fue procesada y fue enviada a juicio oral y público. Mientras avanzaba el caso penal la Procuración abrió el expediente administrativo. Y hace unos días Eduardo Casal, a cargo interinamente de la Procuración, firmó la exoneración de Dettori.

Dettori nació Alghero, Cerdeña, Italia en 1970. Llegó a la Argentina en 2011 con su familia y tres años después consiguió trabajo en la Procuración General de la Nación cuando allí mandaba Alejandra Gils Carbó.

La contrataron como oficial mayor para trabajar en la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de activos (PROCELAC). Luego pasó a una desempeñarse en las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO). Vivía con su familia en Mar del Plata y cumplía funciones en esa ciudad. Su ingreso a la PGN fu impulsado por un alto dirigente del kirchnerismo de entonces pero no hubo irregularidades en su designación ni en cómo desarrolló sus tareas informó Infobae este domingo, aunque en Mar del Plata quien sacó a la luz y denunció el tema fue José Luis Jacobo desde N&P y su radio FM 99.9.

A raíz de su trabajo en la Procuración, Dettori daba charlas en conferencias junto a autoridades judiciales y escribía artículos sobre derecho penal. Todo marchaba bien en la carrera de Dettori en la Procuración hasta principios de 2019. Allí comenzó la historia que terminó con la exoneración firmada por Casal los primeros días de abril.

Dettori pidió cobrar la bonificación por título universitario. Es un hecho habitual: cuando una persona se gradúa queda habilitada para solicitar el plus. Dettori hizo esa solicitud y además reclamó el cobro retroactivo.

Obviamente para cobrar la bonificación hay que documentar que la persona se graduó. Fue entonces que aparecieron los problemas para Dettori.

La empleada presentó la documentación ante la Secretaría Disciplinaria y Técnica y de Recursos Humanos de la Procuración General de la Nación. Y allí comenzaron las sospechas. Dettori empleada de la Procuración reclamaba su bonificación porque la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Nordeste (UNNE), cita en Corrientes, le había revalidado su título italiano. Una simple búsqueda en internet hecha entonces reveló había múltiples denuncias por el otorgamiento de títulos “truchos” de aquella universidad. También resultó llamativo que la universidad elegida para revalidar el título italiano estuviera alejada geográficamente del lugar de trabajo de Dettori.

En la documentación aportada para pedir el beneficio, se había adjuntado la copia de dos diplomas distintos emitidos por la Facoltá de Giurisprudenza de la Universitá de Sassari (Cerdeña) a nombre de Dettori. En ambos se consignaba como fecha de emisión del diploma el 20 de julio de 1998/1999. El apostillado –la certificación de firma en el exterior- de ambos diplomas tenía la misma fecha y el mismo número.

Ante las irregularidades detectadas se inició una investigación interna y la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración, a través del Convenio de Cooperación Institucional con la Guardia di Finanza de Italia, obtuvo una información relevante para el caso: Dettori no se había recibido de abogada.

Entonces la Procuración envió el caso a la justicia federal y se abrió una causa para investigar a Dettori. El juez Julián Ercolini la procesó en febrero de 2022 por el delito de “uso de documentación material e ideológicamente falsa, en concurso ideal con defraudación contra la administración pública en grado de tentativa”.

Dettori apeló el procesamiento y los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron el procesamiento.

Fue luego de la confirmación del procesamiento que la fiscal Alejandra Mángano firmó la acusación contra Dettori paso previo al cierre de la instrucción. En el requerimiento de elevación a juicio Mángano había señalado que: “La imputada en ningún momento pudo explicar mínimamente por qué si las autoridades de la “Universitá Degli Studi Di Sassari” y de la “Facoltá ‘Di Giurisprudenza di Sassari” desconocen haber otorgado cualquier tipo de titulación a su nombre, aparece un “Diploma di Laurea in Giurisprudenza” (emitido a su favor) como presentado ante la Universidad Nacional del Nordeste y ante la Procuración General de la Nación. Es que justamente, la utilización de este diploma apócrifo que figura a su nombre fue uno de los elementos esenciales para que la UNNE le permita rendir la reválida del título para ejercer en Argentina”.

En septiembre de 2022 Ercolini elevó el caso a juicio. Le tocó por sorteo al Tribunal Oral Federal 8 con la intervención del fiscal Marcelo Colombo. Dettori pidió la “suspensión de juicio a prueba” instituto conocido habitualmente como “probation”. La defensa planteó que la imputada era empleada administrativa de la Procuración y que la presentación de papeles falsos se hizo en un asunto personal, no en algo relacionado a sus tareas como funcionaria pública. El instituto de la “probation” no está permitido para funcionarios públicos que cometen delitos relacionados con sus funciones.

También planteó que Dettori no tiene antecedentes y que si la hubieran condenado la pena habría sido en suspenso. Propuso hacer tareas de bien público en una entidad marplatense y además reparar el daño que le habría ocasionado a la Procuración en caso de que le hubieran otorgado la bonificación por el título.

El fiscal Colombo aceptó la propuesta de Dettori y con eso quedó sellada la “probation”. El juez del Tribunal Oral Federal 8, Nicolás Toselli fue quien firmó la resolución por la que se suspendió el juicio a prueba por dos años.

Durante ese tiempo Dettori debe presentarse en regularmente ante el Patronato de Liberados de Mar del Plata. También trabajos comunitarios durante esos dos años a razón de ocho horas mensuales en la cooperativa marplatense “Construyendo Alegría Para Los Niños”. Y como no hubo perjuicio económico contra la Procuración -porque la descubrieron- el dinero ofrecido será entregado al Hospital Garrahan en carácter de donación. Dettori se comprometió a donar 245.000 pesos.

La finalización del caso penal abrió la posibilidad de que se cerrara el sumario administrativo. Y se cerró con la exoneración.

En la resolución por la que Dettori fue exonerada -a la que accedió Infobae- se pueden leer algunos de sus argumentos de defensa: “Afirmó que ella era abogada aquí y en Italia. Explicó que, a raíz de los problemas relativos a la reválida, había dado de alta nuevamente a su carnet de práctica forense. Expuso que ella había culminado la primera etapa de la carrera en Italia, con la publicación de su tesis. Solicitó que se requiriera la documentación sobre su título al colegio de abogados de Italia. Afirmó que había culminado cuatro estudios de maestría. El último, en la Unicusano (Universitá degli Studi Niccoló Cusano), que no podría haber rendido si no hubiera sido abogada. Señaló que no comprendía la respuesta de la Universidad de Sassari y que le extrañaba. Mencionó que era profesora invitada en distintas facultades y que contaba con numerosas publicaciones”.

Agregó más detalles somo cómo es el proceso de graduación como abogado en Italia y para concluir: “…Negó haber incurrido en alguna ilegalidad y afirmó que para acceder al cargo de oficial mayor no se requería el título de abogado. Además, señaló que no había cobrado el plus salarial, por lo que consideró que no había existido falta ni perjuicio que pudiera motivar la sustanciación del sumario”.

En el sumario administrativo se corroboró que Dettori había cometido irregularidades del mismo modo que se hizo en la investigación en la justicia federal. Se determinó en el sumario que la falta cometida por Dettori consistía en una “violación al deber de observar una conducta irreprochable en el servicio (art. 35 del régimen aprobado por Res. PGN 128/10) y que, por su gravedad, debía ser sancionada con una cesantía”.

La resolución de Casal concluye que: “Su deshonestidad es lo que justifica la pérdida irrevocable de confianza en ella por parte de la Institución y la valoración de que no deberá volver a ejercer la función pública en ninguno de sus ámbitos, ya que el hecho consiste en la presentación de un documento falso, que pretendía representar la culminación de una carrera universitaria con directa incidencia y valor para el servicio que prestan todas las áreas de este organismo”. Y por eso la echaron.

La historia que comenzó con Dettori y su intento de cobrar una bonificación salarial terminó con su expulsión del lugar en el que trabajaba. Fue porque presentó papeles falsos para intentar demostrar que era abogada. Esos papeles quedarán en manos del Estado mientras dure la “probatio”. 

Fue otro de los compromisos que asumió Dettori para lograr la “suspensión del juicio a prueba” y evitar una posible condena.

El terrible momento en que vivimos con la pandemia de coronavirus plantea arduos desafíos para quienes trabajan en el sistema judicial. Las restricciones inducidas por el COVID-19 han creado repercusiones perjudiciales en las actividades judiciales, teniendo en cuenta que la situación habitual de lentitud de los procesos de la justicia en muchos casos se ha multiplicado.

"La actividad de Tribunales o de la Justicia, no ha sido declarada esencial, ni por la Corte, ni por el gobierno de la Provincia, ni por Nación y esto es algo que no resiste análisis", manifestó Fabián Portillo, presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, en diálogo con el programa "Hora 12", por CNN Radio Mar del Plata FM 88.3

"Nosotros durante el 2020 y durante los primeros días de la pandemia, lo único que hacíamos era reclamar permanentemente al gobierno provincial y nacional, la apertura de la Justicia", aseguró.

"La AJB o la Corte en su momento decían que la Justicia estaba funcionando, cuando todos sabíamos que había una paralización total de la justicia en la provincia de Buenos Aires", afirmó Portillo.

"Ni siquiera permitían que los abogados se movieran hasta sus estudios, prohibiéndoles incluso la circulación. Después de mucho reclamar pudimos lograr que comience a funcionar", destacó.

"El expediente electrónico que viene incorporándose hace mucho tiempo y por obligación de la propia Corte, lo comenzamos a realizar a través de un sistema que se llama 'Token'. Se trata de una herramienta muy moderna que hoy la festejamos y la celebramos con todas las complicaciones que aún tiene, pero que sabemos que se van a solucionar", subrayó el presidente del Colegio de Abogados.

"Lo que nos pasó es que los abogados estábamos preparados para trabajar en el expediente electrónico, producto de la gran cantidad de talleres que se brindaron desde el Colegio de Abogados, antes de que esto sea obligatorio. Pero la Corte no estaba preparada. No tenían ni las herramientas, ni sabían como usarlas, con lo cual las dependencias judiciales estaban muy complicadas", señaló.

"Muy pocos eran los funcionarios que estaban readecuándose a esta nueva herramienta y eso nos complicó mucho. Lógicamente que los reclamos no dejaron de expresarse en ese sentido. Hoy estamos medianamente bien, podemos avanzar con el expediente electrónico, las dependencias judiciales mas o menos la vienen llevando, aunque con ciertas restricciones", indicó Portillo.

"Tenemos que estar muy atentos para saber que otras restricciones van a aparecer, teniendo en cuenta que hay determinadas cuestiones dentro de un proceso, que son necesariamente presenciales, como los testimonios y demás. En esos casos no sirve demasiado el teletrabajo, con lo cual se dificulta interrogar a los testigos", detalló.

"De todas maneras considero que el sistema Judicial en general esta mejor que el año pasado, teniendo en cuenta que ahora tiene herramientas que antes no tenía. Igualmente no resistiría volver a una fase dura, porque estamos hablando de justicia y en esta cuestión pandémica y catastrófica que pasa en el mundo, la justicia debe estar adelante de todo, protegiendo permanentemente al ciudadano", remarcó el presidente del Colegio de Abogados.

"Por todo esto no resiste análisis que la Justicia no sea esencial y en este país ni la Corte, ni la provincia de Buenos Aires, declararon a la Justicia esencial. Por este motivo y al no declararla esencial fue que tuvimos los problemas generados por la prohibición de circulación y de no poder abrir los estudios", concluyó Fabián Portillo.

El Colegio de Abogados de Mar del Plata ofrece la posibilidad de contar con asesoramiento gratuito a los trabajadores, quienes además de contar con el Ministerio de Trabajo, contarán con la posibilidad de obtener asesoramiento y acceder a un abogado especialista en derecho laboral en la sede del colegio en Alte. Brown 1958, de lunes a viernes de 8 a 14.

"Estamos tratando de reeditar una situación que de hecho que veníamos realizando dentro del Ministerio de Trabajo. Nosotros teníamos un espacio dentro del ministerio donde aquel trabajador que no tenía un abogado de confianza y que necesitaba realizar alguna consulta por alguna situación laboral, pudiera encontrar una respuesta o asesoramiento", manifestó Fabián Portillo, presidente del Colegio de Abogados, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"La verdad es que eso es algo que tuvimos durante muchísimo tiempo en la gestión del gobierno anterior y en parte de la actual, con muy buenos resultados. Ahora el Ministerio de Salud de la provincia decidió que el Colegio de Abogados no esté dentro de la sede del Ministerio de Trabajo", señaló.

"Si bien se trata de una decisión política, la cual podemos entender, la realidad es que vamos a relograr el esfuerzo, para que este sistema que es gratuito para los trabajadores, pueda reeditarse ya mismo, desde mañana, desde nuestro Colegio de Abogados, donde cualquier trabajador que no tenga abogado de confianza a quien recurrir, pueda acercarse para que le podamos sortear un abogado que no le va a cobrar absolutamente nada", aseguró Portillo.

"Esto es algo que definitivamente vamos a reditar y le vamos a poner toda la fuerza, para poder darle una continuidad. Se trata de una incumbencia profesional muy interesante que habíamos logrado, con muy buenos resultados, teniendo más de 3 mil sorteos de causas que hemos repartido en todo el registro de la matrícula", detalló.

"Entendemos que culturalmente todo trabajador que tiene una situación para consultar respecto a su actividad o su trabajo, va al ministerio a consultarlo. En este caso también pueden venir de manera gratuita al Colegio de Abogados, en Alte. Brown 1958, donde le vamos a sortear un profesional de la matrícula para que lo asista en forma gratuita", afirmó el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata.

"Por ahora pueden dirigirse directamente y en caso de tengamos mucha actividad, iremos viendo como lo vamos gestionando. De todas maneras la idea es que el trabajador haga el menor camino posible y que cualquier 'piedrita' en el camino la podamos correr fácilmente. Tratamos de que la asistencia sea sin turnos y que por el momento se acerque directamente entre las 8 y las 14 de lunes a viernes", subrayó.

"El trabajador debe pedir hablar con el responsable del sistema AJUTRA de Asistencia Jurídica al Trabajador y el mismo día se va a ir en 10 minutos con el abogado designado para que trate su tema. Todos los abogados que se encuentran en ese registro, son abogados que se dedican al derecho al trabajo, no hay abogados improvisados, ni colegas que trabajen en otra materia", concluyó Fabián Portillo.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso el restablecimiento pleno del servicio de justicia en los órganos judiciales y dependencias administrativas en Mar del Plata a partir de este lunes.

Ante la reapertura total del servicio de justicia en el Departamento Judicial, el Colegio de Abogados de Mar del Plata conjuntamente con el Colegio de Magistrados y Funcionarios Local, vista la situación sanitaria actual, a los efectos de proteger la salud de los actores del sistema y evitar la posible propagación del virus, manifestaron recomendaciones.

Por un lado, "a los profesionales abogados y demás auxiliares de la justicia eviten la concurrencia a las dependencias judiciales, con excepción de aquellas cuestiones que sean urgentes y/o necesariamente presenciales y que no puedan canalizarse por otros medios de contacto".

Además, "los interesados deberán coordinar la asistencia personal al organismo con los funcionarios del mismo, mediante la utilización del sistema de turnos judiciales https://stj.scba.gov.ar/ o telefónicamente, ello conforme lo normado en el Art. 3º Res. 819/20".

Por último, el comunicado expresa que "en ésta situación excepcional que hoy nos toca atravesar, consideramos imprescindible lograr la mutua colaboración y el necesario entendimiento entre quienes componemos el sistema, con la finalidad de alcanzar soluciones inmediatas a los inconvenientes que puedan plantearse en el marco de ésta nueva y obligatoria modalidad de administración de justicia y de ejercicio de la profesión".

Tal como adelantó El Marplatense, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso el restablecimiento pleno del servicio de justicia en los órganos judiciales y dependencias administrativas en Mar del Plata a partir del 24 de agosto.

Sobre esta cuestión, este medio dialogó con Fabián Portillo, presidente del Colegio de Abogados.

"Es algo que venimos reclamando desde el principio de esta pandemia. Sosteníamos que podíamos brindar el servicio de Justicia. Luego de lograr la apertura de la institución, de las oficinas, los estudios jurídicos y la circulación de los colegas, la Corte decidió con buen fundamento que el Departamento Judicial de Mar del Plata funcione completamente", manifestó.

Asimismo, Portillo afirmó que "esta no es una decisión a partir de fundamentos en cuestión sanitaria de la ciudad y seguramente habrá elementos de protección, como yo las incorporé en la institución, al igual que las mamparas de seguridad para los colegas que están en las máquinas, la toma de temperatura a cada persona que llega. Hemos hecho todo lo posible para resguardar a todas las personas que trabajan y acceden en nuestra institución. Esperemos que esto ocurra en el Departamento Judicial".

En cuanto a la importancia de esta reactivación para el Colegio de Abogados, su presidente destacó que "nos interesa reactivar el trabajo pleno por una cuestión social. Hay muchos reclamos de la ciudadanía que no han podido ser evacuados ni analizados por el Poder Judicial, debido a que no se pudieron iniciar las causas en el momento oportuno. Por eso favorece a toda la sociedad".

El Ministerio Público Fiscal propuso al Colegio de Abogados la posibilidad de brindar asistencia y patrocinio jurídico gratuito a víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, en cuestiones relativas al derecho laboral, administrativo, civil y/o de familia, como también su representación como querellantes en causas penales.

A raíz de la detección de la vulneración de derechos de trabajadores, incluso de niños y niñas, en el cordón frutihortícola de Mar del Plata y Batán el fiscal general Daniel Adler, presentó la propuesta al presidente de la entidad, Fabián Portillo.

Para esto, el Consejo Directivo Colegio de Abogados Departamento Judicial Mar del Plata puso a disposición sus vías de comunicación.

En su propuesta, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación reparó en que a partir de las investigaciones por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral “se ha observado una gran cantidad de trabajadores/as con derechos laborales que son vulnerados por parte de los empleadores, como así también situaciones de trabajo infantil, fundamentalmente en el cordón frutihortícola de Mar del Plata y Batán”.

Si bien contempló que algunos de estos casos puedan o no ser enmarcados bajo la figura del delito de trata de personas, se desprenden de ellos claras infracciones a la normativa que prescribe la ley contrato de trabajo, la ley de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (Ley 26.390) y del Régimen de Trabajo Agrario (ley 26.727).

“Son prácticamente nulos los supuestos en los que los trabajadores y las trabajadoras, en situación de franca vulnerabilidad social, conocen de los derechos que les asisten en la materia, lo que se traduce en la casi inexistente posibilidad de que insten ante el fuero laboral de la justicia ordinaria el reclamo económico y de cumplimiento de dignas condiciones laborales que les corresponde”, expresó Adler en la nota remitida al Colegio de Abogados.

Asimismo, reparó en que “vulnerable es aquel que por una adversidad o circunstancia especial se encuentra con menores posibilidades defensivas que el común de las personas, por lo que se presenta como blanco más fácil para que alguien lo dañe o lo perjudique”, según se desprende de las 100 reglas de Brasilia, adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante acordada 5, de febrero de 2009.

Esta realidad viene siendo analizada en conjunto con quienes integran la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas, y así fue evidenciada en 2019 en el cuarto concurso “Jóvenes contra la Trata”, donde alumnos de escuelas secundarias trabajaron la temática por medio de distintas expresiones artísticas que tuvieron como común denominador la situación de vulnerabilidad de trabajadores y trabajadoras migrantes, de nula o escasa formación educativa, sumergidos en una situación económica crítica, y que pocas veces conocen los derechos que amparan el trabajo de la tierra.

Frente a ello, el fiscal general observó la necesidad de que trabajadores y trabajadoras cuenten con patrocinio legal propio a los efectos de poder participar activamente en el proceso penal en calidad de querellante -conforme lo establece el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación- en los casos en los que resulten ser víctimas de explotación laboral en los términos de la ley de trata 26.364, como así también poder litigar ante el fuero laboral ordinario en los casos que corresponda.

En este sentido, apuntó que la ley 27.372, que es la “Ley de derechos y Garantías de las Personas Víctimas”, creó la figura del Defensor Público de Víctimas, a los fines de patrocinar a damnificados/as por delitos en causas penales del fuero federal. La normativa señala que ese representante del Estado depende de la Defensoría General de la Nación, pero hasta el momento no ha sido designado en la jurisdicción.

El fiscal reseñó que el marco general al acuerdo alcanzado lo da la normativa internacional a la que se ha comprometido la República Argentina en pos de la asistencia a las personas damnificadas por el delito de trata, pero a su vez se estaría dando efectivo cumplimiento a los derechos y garantías indicados en el artículo 6 de la ley de trata 26.364, conforme texto modificado de la ley 26.842.

En ese sentido, la creación de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas del Ministerio Público Fiscal (DOVIC) da cuenta de la obligación del Ministerio Público de, además de procurar investigaciones eficientes y respetuosas del debido proceso, atender la situación de las personas afectadas directamente por la comisión de ilícitos penales.

En el marco de una posible vuelta al trabajo presencial de los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizó un recorrido por los edificios de Mar del Plata, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las guardias mínimas que deben llevarse adelante en medio de la cuarentena, como también la provisión de elementos de higiene y protección para quienes deben cumplirlas como así también el convenio sobre teletrabajo firmado por el sindicato con la Suprema Corte.

"Esta recorrida la realizamos para verificar el grado de cumplimiento de las guardias presenciales de las personas que están asignadas al teletrabajo y también de las condiciones edilicias y la provisión de insumos como alcohol en gel, barbijos y desinfectantes para la seguridad de las personas que están trabajando de forma presencial", manifestó Alberto Agote, secretario general de la AJB Mar del Plata, en declaraciones a El Marplatense.

"Lamentablemente lo que hemos comprobado es que las condiciones siguen siendo absolutamente deficientes, pensando no solo en las personas que están yendo hoy por hoy a trabajar, sino también en una futura reapertura total de la actividad judicial", destacó.

"Lo que hemos verificado, es que las guardias mínimas presenciales se han ampliado, es decir hay mas compañeros y compañeras que van en persona a trabajar a las dependencias, pero además de ello, el resto de los trabajadores y trabajadoras, en su gran mayoría está realizando alguna tarea de teletrabajo desde sus casas", aseguró Agote.

"Nosotros creemos que para reabrir los edificios judiciales y retomar la actividad normal, necesitamos que la Corte nos convoque a dialogar para realizar protocolos de prevención, que sean adecuados para permitir el regreso de los trabajadores a la planta", subrayó.

En relación a como ha sido el trabajo que han desempeñado en estos dos meses de cuarentena, Agote sostuvo que "al principio el aislamiento era muy estricto, solo se atendían urgencias y hoy por hoy ya se están tramitando todo tipo de causas. También observamos que el teletrabajo que se ha implementado a raíz del convenio que firmó el sindicato con la suprema corte, al principio comenzó con dificultades, las cuales se fueron resolviendo con el tiempo y en la actualidad, todos los trabajadores judiciales que no asisten en forma presencial, están realizando algún tipo de teletrabajo".

Al ser consultado por el amparo presentado por el Colegio de Abogados, para reactivar la labor en el sector judicial "me parece que estas cuestiones no son judicializables, que son decisiones de política sanitaria. Considero que el Colegio tendría que tener vocación de diálogo y sentarse a dialogar, no solo con las autoridades sino con todas las organizaciones, que de alguna manera están involucradas con la administración de justicia, para tratar de encontrar soluciones consensuadas y no intentar atajos de este tipo, teniendo en cuenta que no son conducentes y que en definitiva no van a lograr el objetivo que supuestamente están buscando", concluyó Alberto Agote.

El procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand participó de un encuentro sobre narcocriminalidad en la ciudad de Mar del Plata, llevado a cabo en la sede del colegio de abogados.

El evento contó con la participación de jueces y fiscales provinciales y federales de Azul, Dolores, Necochea y nuestra ciudad. La apertura estuvo a cargo de Conte Grand, del procurador general de la Nación Eduardo Casal y el Juez de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza. El procurador provincial habló de la importancia de la actuación en conjunto en las investigaciones sobre la narcocriminalidad.

Posteriormente el Secretario de Política Criminal de la Procuración bonaerense Francisco Pont Verges abordó la cuestión concreta vinculada con la colaboración de los distintos fiscales provinciales y federales en las investigaciones.

Conte Grand más tarde se dirigió a Miramar, ciudad donde se reunió con la fiscal Florencia Salas acompañado por el Fiscal General. Luego firmó un convenio de cooperación con el intendente Germán Di Cesare. De forma similar, firmará otro convenio con el intendente Carlos Arroyo.

Durante el resto de su gira, el procurador recorrerá la fiscalía de Balcarce, la ayudantía fiscal de Santa Clara, se reunirá con el intendente de Balcarce Esteban Reino y firmará otro convenio con el intendente de Mar Chiquita Carlos Ronda.