En las últimas horas la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que genera una “polémica” modificación en la Caja de Previsión Social de Abogados. Se trata la disminución de la sobretasa judicial y que ahora espera por su tratamiento en el Senado. 

El proyecto fue presentado por el presidente del bloque UP, Facundo Tignanelli quien pretende derogar un artículo de la Ley 6716 del Régimen Legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires.

Sobre esto, Leandro Gabás, presidente del Colegio de Abogados dialogó con El Marplatense y explicó como impacta esta decisión: "La realidad es que es una disminución a la mitad de su valor. Hace muchos años se dictó una ley, cuando se creó la caja de abogados para un fortalecimiento del régimen previsional, de un aporte con cada acción judicial de una sobretasa siendo el 10% de la tasa de justicia, la cual es el 2,2% del monto del juicio. La misma va a la caja de abogados y forma parte del régimen previsional".

"Esta nueva ley que están por sancionar, pretende disminuir a la mitad entendiendo que eso llevará un beneficio a la sociedad abaratando así sus costos en la justicia. Lo que omite el diputado que presentó el proyecto es que en realidad, la gente que no tiene medios, no paga esa sobretasa. Por ende, esto favorece a los bancos, a las compañías de seguros, a empresas o precisamente a las personas que tienen el dinero suficiente para pagarla", dijo. 

"Entendemos que el pedido no está bien fundado y que va a generar, en el régimen previsional siendo que incluye a 60 mil abogados y familias detrás porque incluye la caja de abogados, la obra social, las prestaciones a la discapacidad, disminuyendo los ingresos a todo eso", mencionó.

Ante esto, el referente local indicó: "En principio, los 20 colegios estamos agrupados y nos reuniremos esta tarde en La Plata para hablar del tema y generar una postura. Creo que como pasa con todas las normas, tanto en Nación como en Provincia, falta consulta a los abogados, a las personas que se dedican al tema y conocen sobre ello. No piensan en el daño que generan o a quien benefician con esto. Acá faltó asesoramiento del grupo de diputados que propuso la norma, no estuvo bien informado y se busca un fin político".

"Nuestra idea desde el espacio de Provincia es ir a los senadores a los distintos bloques y explicar como funciona la sobretasa, los beneficios y los perjuicios de sacarla o no. Queremos ir a informar, nosotros no vamos impedir nada ni ir en contra o pelearnos. Entendemos que siempre que haya incumbencia de abogados o de la sociedad, antes de presentar un proyecto de ley, hay que asesorarse con los grupos que pueden ser afectados", sumó Gabás.

Y a modo de conclusión aclaró: “Si se quiere ir un poco más a fondo con la cuestión, lo más caro de pagar es la tasa de justicia, no la sobretasa, la cual si se paga y es el 2,2% del monto del juicio. Pero eso no lo tocan porque es la plata que recauda el fisco Provincial sino que apuntan al dinero que va a la caja de abogados”.

Tras haberse presentado el proyecto para modificar la ley de divorcio con el objetivo de eliminar su paso por la justicia y acelerar el trámite, el Colegio de Abogados expresó su desacuerdo a la implementación indicando que “generará más conflictos”. 

Hasta ahora había tres causas para la disolución del matrimonio: muerte de uno de los cónyuges, sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento y divorcio declarado judicialmente. En la nueva fórmula propuesta se suma un cuarto inciso: el divorcio en sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos con el divorcio declarado judicialmente.

"Es un proyecto presentado e impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que pretende agregar agregar una causal de divorcio, el de común acuerdo entre las partes ante la autoridad registral sea registro civil o quien los haya casado oportunamente. De esta forma se evita el paso de la extinción, por la justicia ordinaria", indicó Leandro Gabás, Presidente del Colegio de Abogados, en diálogo con El Marplatense.

"Desde el Colegio obviamente nos oponemos a este proyecto. Entendemos que no es tan sencillo divorciarse sino que requiere atención. No hay que olvidarse de que uno en el divorcio extingue la familia y en el medio están los hijos, los bienes, las compensaciones económicas. Hay muchas consecuencias que no están teniéndose en cuenta", mencionó. 

"Esto lo hacen como algo novedoso, económico para achicar costos, pero esto no va a ser así. Es un tema en donde se están mal informados y alientan un proyecto que va condenado al fracaso. Sobre todo por el daño que se le generará a la sociedad".

"Esto no fue atendido con la responsabilidad correspondiente y puede traer consecuencias muy graves a terceros, a los mismos divorciados, porque no es algo tan sencillo como parece. Podrían quedar cuestiones que no son atendidas correctamente y que un juez si puede hacerlo por su formación académica y su labor", indicó.

"Podría darse la situación de que una de las partes vaya a divorciarse amenazada por mantener una relación violenta, que puede ser, física, mental y hasta económica. El empleado administrativo que trabaja en el registro, no tiene la capacitación para detectar eso, que si lo puede hacer un juez. Por otra parte, el divorcio de mutuo consentimiento ante la Justicia, no tarda más de 10 o 15 días. Justamente no es un proceso que padece demoras, es algo muy ágil y da la seguridad de que un tercero intervenga y de cuenta de si hay voluntad o no", agregó el referente.

"Entendemos que este desconocimiento por parte del Ejecutivo no es de mala fe sino de ignorancia en el tema. La política gubernamental del Estado es demostrar agilidad y achicar costos, pero no va a ser así. Hoy los tiempos ya son rápidos y la seguridad que da un divorcio dictado por un juez, le da validez hasta internacionalmente. Va a generar más conflictos", concluyó Gabás.

En el marco de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, y con muchas actividades que han sido excluidas de la misma, teniendo en cuenta la flexibilización otorgada en diferentes rubros desde Nación y Provincia, los abogados continúan realizando presentaciones ante la justicia reclamando la vuelta a la actividad sin encontrar respuestas por el momento.

"Estamos muy preocupados porque ha generado mucha incertidumbre, teniendo en cuenta que todas las profesiones y casi todas las actividades económicas y comerciales ya están autorizadas y ocupados en que el colega, el profesional, pueda concurrir a su estudio, pueda circular y podamos de una vez por todas abrir la institución o la sede", manifestó el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fabián Portillo, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata.

"Hoy por hoy no lo podemos hacer, por lo que estamos con esto que nos ha llevado a agotar la vía administrativa y hacer todos los pasos que nos pidieron no quedando otra salida que recurrir la jurisdicción e iniciar la acción de amparo que transmitan en el juzgado 9, y que si bien admitió la discusión de fondo con los cual empezaríamos a trabajar sobre quién es el que tiene la razón en esta contienda, no admitió la razonabilidad la medida cautelar y el pasado lunes, nosotros apelamos y ahora es la Cámara la que tiene que resolver, sobre si tenemos razón o no en haberla pedido", destacó.

"Creemos y tenemos mucha confianza, porque es muy clara la situación, siendo que han dejado de lado la única profesión que en realidad hoy debería estar primera, junto con la justicia en su plenitud, para darle respuestas claras, concretas y razonables a la ciudadanía, que es cuando más lo necesita, en estas situaciones críticas", afirmó Portillo.

"Así estamos trabajando y así estamos pidiendo y judicializando esta cuestión y esperemos que esta semana o los primeros días de la semana que viene, tengamos una respuesta de parte de la justicia. Nosotros vamos a seguir pidiendo lo que razonablemente creemos que es lo que consideramos que está bien. Se hace muy difícil explicarle a la gente o lo clientes que sus cosas no pueden caminar, porque tenemos expedientes detenidos y la justicia casi detenida", remarcó el presidente del Colegio de Abogados.

Al ser consultado sobre si cuentan con el apoyo del intendente, Portillo sostuvo que "nos hemos encontrado en dos o tres oportunidades, estando además en contacto permanente y la verdad es que no es facultad de él, con lo cual teniendo en cuenta que somos una ciudad con más de 500 mil habitantes, el protocolo debe pasar por Nación y Provincia, quienes aún no lo han autorizado. El protocolo que hace mucho más de un mes, hemos enviado a gobernación, aún no ha tenido una respuesta, ni una explicación sobre el por qué, de esta circunstancia".

"Esto es algo que sorprende, genera incertidumbre, preocupación y peligro, ya que es muy peligroso no tener una justicia plena en estos en estos días, ni abogados tratando de proteger los derechos de las personas. Hoy es muy difícil para nosotros explicarle a determinada persona que no puede cobrar la cuota alimentaria, que no puede cobrar su indemnización de trabajo, que no avanza su juicio laboral, que a lo mejor hace 5 años que está en la justicia. Realmente es muy difícil y por supuesto que todas las cuestiones que llegan a la justicia, para nosotros los abogados y más para los clientes son cuestiones urgentes", concluyó Fabián Portillo.

El Marplatense se preguntó este martes si los abogados serían los últimos profesionales en ser habilitados para retomar sus actividades laborales. Y esta la mañana de este miércoles, el Colegio de Abogados de Mar del Plata presentó un recurso de amparo para poder hacerlo.

El mismo se presentó en el Juzgado Civil y Comercial N° 9 y debería resolverse para este jueves a primera hora, según comentaron fuentes allegadas a este medio.

Esto es en pos de retomar la actividad y se permita la circulación de los colegiados y la apertura de los estudios con los protocolos debidos.

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Mar del Plata se reunió con el intendente Guillermo Montenegro con el fin de expresarle la preocupación que atañe al sector por no estar incluidos entre las excepciones del aislamiento, luego de que los profesionales de esta rama realizaran una presentación ante el Colegio para que se inicie una acción judicial para la reapertura de la actividad.

El encuentro fue encabezado por su presidente, Fabián Gerardo Portillo, que manifestó durante la mañana de este jueves que "el departamento judicial de Mar del Plata no tiene una justicia que funcione como debe funcionar". Además, estuvo acompañado por los miembros de la Mesa Directiva del CAMDP, Facundo Bustos, Federico Berté y Leandro Gabás, y la directora del Consultorio Jurídico Gratuito, Luciana Scherbarth.

Durante el mismo se recordó que el pasado 5 de mayo enviaron el pedido municipal,  conjuntamente con otras actividades, y se formó un único expediente con todas las que fueron aprobadas el 11 de este mes, con excepción de abogados. Ante el pertinente reclamo se inició un nuevo expediente que se encuentra en tratamiento en la Provincia de Buenos Aires.

En una reunión llevada a cabo en el Palacio municipal la semana pasada, se plantearon las necesidades de los colegiados, se explicaron las pautas propuestas en el protocolo de seguridad presentado y se abordaron cuestiones vinculadas al ejercicio profesional y al servicio de justicia en general mientras perdura la situación sanitaria actual.

A través de un nuevo comunicado, los letrados que ejercen su profesión en el Departamento Judicial de Mar del Plata reiteraron "la necesidad esencial del pleno funcionamiento del Estado de Derecho" y la prestación total y completa que garantice "una tutela judicial continua".

Según explicaron, la petición no pondría en riesgo la salud de los empleados del sector, ya que, a su criterio, el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas desarrollado por la Suprema Corte, brinda los elementos técnicos necesarios para que los juristas realicen su labor de forma remota y segura.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación prorrogó hasta el próximo 26 de abril la feria judicial extraordinaria para los tribunales nacionales y federales de todo el país, dispuesta tras la extensión hasta ese día del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional.

"Todas y todos podemos trabajar desde nuestras casas, sin necesidad de concurrencia a los tribunales y sin poner en riesgo la salud de nadie.  Garantizar la tutela judicial continua y efectiva es una obligación constitucional del Estado provincial y la Justicia uno de los tres poderes en los que se asienta nuestro sistema de gobierno. Sin Justicia no hay República ni resulta posible la protección de los derechos de la ciudadanía", aseguraron.

Por eso, solicitaron que el ejercicio de la profesión de abogado sea incluido dentro de los servicios considerados esenciales. "Asesoramos, representamos y defendemos ciudadanos y grupos de ellos, en materia de relaciones familiares y en cuestiones laborales, sociales, penales, de consumo, comerciales y administrativas que se producen diariamente en el marco de emergencia vigente y en cada uno de los asuntos vinculados con las numerosas actividades y servicios que se encuentran exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio", argumentaron.

"Los abogados, magistrados, funcionarios y empleados, pueden también con las medidas de higiene adecuadas, acceder a las constancias de los expedientes que no se encuentren digitalizados y que sean imprescindibles para cumplir adecuadamente con sus altas responsabilidades", dijeron.

Desde el Colegio de Abogados exhortaron a los distintos efectores del Servicio de Justicia a "dejar sin efecto el asueto con suspensión de plazos dispuesto oportunamente y el sistema de turnos vigente, disponiendo el trabajo remoto y/o presencial de todos los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y al establecimiento de un protocolo con horarios ampliados y rotativos, incluyendo días y horas inhábiles, que permita el teletrabajo o la concurrencia y permanencia simultánea mínima y ordenada de personas en los lugares de trabajo".

"Estamos convencidos de que una situación de crisis como la actual requiere un compromiso honesto e irrestricto de velar por el bien común y redoblando esfuerzos", concluyeron.

El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y el subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, estuvieron este martes en el Colegio de Abogados de Mar del Plata para avanzar en un acuerdo que posibilite instalar allí un nuevo punto de renovación de las licencias de conducir.

Los funcionarios municipales, junto al Jefe a cargo de Licencias de Conducir, Alejandro Saavedra, recorrieron las instalaciones del Colegio de Abogados, ubicado en Brown al 1900. Allí fueron recibidos por el presidente de este espacio, Fabián Portillo, y por el presidente del Colegio de Magistrados, Rodrigo Cataldo.

Se estudiaron dos posibles lugares para la instalación de un nuevo centro de atención para poder renovar la licencia de conducir, el cual estaría compuesto por un área administrativa y un consultorio médico para la revisión de rigor, aprovechando la existencia de un Bapro en el lugar.

Tanto los matriculados como también los vecinos podrán próximamente renovar sus licencias en ese lugar, sumándose este lugar a CETAC, Automóvil Club Argentino, Copetel y el Distrito Vieja Usina del Puerto, sectores que se suman al Distrito Descentralizado El Gaucho, que es donde se realizan todo tipo de trámites.

El subsecretario Cambareri manifestó al finalizar la reunión que "aprovechando de la buena predisposición del Colegio, buscamos, con Alejandro Vicente, un lugar apropiado donde poder hacer el trámite de renovación. Por suerte, encontramos un espacio funcional que creemos se adapta a lo que pretendermos y sólo nos faltan algunos detalles que ajustar, como el retiro de las licencias, pero creemos que a la brevedad estaremos en funcionamiento".

"Siempre estamos pensando en facilitar este trámite a los vecinos. Hoy, el trámite es mucho más amable, rápido y sencillo. Eso es lo que me ha pedido el Intendente, que por cercanía y calidad de atención, los habitantes de la ciudad puedan tener su documentación sin demoras", agregó.