El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, estuvo presente en el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Fue recibido por las autoridades de la institución, con quienes mantuvo un encuentro en el que se abordaron diversos temas de interés común para los asociados y el Ministerio Público, según se indicó en un comunicado.

En ese sentido, se detalló que “durante la reunión se destacó la importancia de fortalecer los vínculos institucionales y de continuar trabajando en iniciativas que promuevan la transparencia, la eficiencia y la cercanía de la justicia con la comunidad”.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios reafirma su compromiso de generar espacios de diálogo y cooperación que contribuyan al desarrollo de una justicia más abierta y participativa”, finalizó el texto.

Desde distintos sectores de la sociedad han manifestado su posición contra las iniciativas para beneficiar a los presos por el avance del Coronavirus​ en las cárceles, luego de las declaraciones de Alberto Fernández sobre el alto riesgo de contagio en las prisiones y las prisiones domiciliarias.

En referencia a este tema desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, a través de un comunicado manifestaron que "es un problema social que excede los ámbitos penitenciarios y judiciales: si se produce un foco allí, la demanda de atención también repercutirá en el mismo sistema de salud, con el que cuenta el resto de la sociedad".

En el comunicado oficial además destacan que: "La pandemia de Coronavirus, Covid -19 agrava de manera acelerada problemas, como la acuciante situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires, que fueron incrementándose a lo largo del tiempo, pero que ahora requieren de medidas de reversión urgentes. Antes de la detección de la pandemia, a fines de diciembre de 2019, las/os magistrados del fuero Penal nos reunimos en la S.C.J.B.A. para analizar la situación de las cárceles y comisarías, que habían llegado a albergar 50.000 detenidas/os para 24.000 plazas".

"Desde el primer momento los representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que está participando activamente en la mesa interinstitucional y buscando soluciones a esta gran crisis, dejamos claramente establecido que las eventuales medidas legislativas de desprisionalización deben resultar muy prudentes y no pueden incluir a homicidas, violadores ni a cualquier condenada/o o procesada/o por delitos graves".

"Es una obviedad decir que si alguna persona está detenida en una cárcel es porque una jueza o juez así lo dispuso, conforme las leyes vigentes y dentro de su esfera de competencia. Tenemos actualmente una tasa de prisionalización un 50% más elevada que el promedio nacional, lo que desmiente con datos la existencia de la pretendida “puerta giratoria”.

"Garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos es una tarea de los magistrados delegada por la sociedad a través de las leyes. Por eso tenemos que intervenir para resolver problemas que no hemos creado: los magistrados no hacemos las leyes; las cárceles no dependen de nosotros; no definimos los presupuestos ni los recursos sanitarios, infraestructurales ni de higiene para enfrentar la pandemia en los penales; no compramos las tobilleras electrónicas, no manejamos el Patronato de Liberados ni a la policía, etc".

"Los magistrados y funcionarios bonaerenses estamos trabajando incansablemente: el tiempo pondrá claridad sobre la calidad, el compromiso y el esfuerzo que, de manera silenciosa, en los tribunales y en sus hogares, realizan quienes tenemos el orgullo de representar. Con pocos medios, con muchas presiones, recibiendo agresiones injustificadas, con el apoyo de sus familias, los funcionarios y magistrados han asumido este momento crítico con generosidad y grandeza, como será reconocido más temprano que tarde".

"Queremos destacar que en el marco de una pandemia de esta gravedad, las cárceles son potenciales focos de contagio a una tasa muy alta, por el hacinamiento. Este es un problema social que excede los ámbitos penitenciarios y judiciales: si se produce un foco allí, la demanda de atención también repercutirá en el mismo sistema de salud con el que cuenta el resto de la sociedad. Por eso las medidas de descompresión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad".

La Suprema Corte resolvió este lunes extender el asueto en la Justicia bonaerense hasta el 10 de mayo y, en esa misma resolución, también dispuso  la implementación de más servicios a distancia.

Finalmente, el máximo tribunal de la provincia firmó sendos acuerdos con la la Asociación de Judicial Bonaerense (AJB) y el Colegio de Magistrados y Funcionarios para desarrollar la metodología de teletrabajo o trabajo en domicilio. Las decisiones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial y quedaron firmes para su aplicación.

En ese sentido, se brindaron pautas elementales sobre la utilización de la herramienta. Entre ellas, según lo publicado en el texto oficial: "que los encargados de designar las personas que presten servicio de trabajo remoto, lo hicieran de modo responsable y razonable, garantizando el derecho a la jornada laboral de los empleados y funcionarios; que las personas que trabajen en su domicilio deban usar los servicios de acceso remoto de la Suprema Corte de manera adecuada, dentro del ámbito de cumplimiento de sus funciones laborales; y, los aspectos técnicos informáticos necesarios, para lo cual se dispuso la asistencia técnica de la Subsecretaría de tecnología Informática.

Que, la utilización de dicha modalidad de trabajo fue reiterada a través de las ulteriores decisiones de la Presidencia de este Tribunal . Inclusive, se enfatizó que -sin perjuicio de la resolución prioritaria de las cuestiones de urgente despacho que se le presenten- los magistrados debían programar sus tareas a fin de poder dictar - complementariamente, en el marco de las actuales circunstancias-, las providencias, resoluciones interlocutorias o sentencias definitivas que se encuentren pendientes".

Desde el gremio de judiciales destacaron que el convenio “impone límites claros ante los múltiples abusos que suelen verificarse en esta modalidad de trabajo, y establece mecanismos para resolver las situaciones de conflicto en un ámbito paritario”.

Esta regulación es de caracter excepcional durante el plazo limitado al contexto de la emergencia, pero sostiene la exigencia a la Suprema Corte de mantener el asueto.

 Tal como surgió del resultado de las últimas elecciones del Colegio de Magistrados, el Juez Simón Isacch y los doctores Ana Fernández y Federico Wacker Schroder asumieron como presidente y vices, respectivamente. Isacch reemplezará al doctor Rodrigo Cataldo como cabeza del organismo. 

"Muchos de los que asumimos la nueva conducción del colegio ya nos veníamos desempeñando con el consejo a cargo del Doctor Rodrigo Cataldo", señaló Simón Isacch en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde" por Radio Mitre Mar del Plata.

En cuanto a los objetivos o desafíos para el nuevo mandato "el Colegio de Magistrados, es una asociación civil y como tal, tiene sus objetivos planteados en el estatuto y entre ellos está el defender la independencia del poder judicial, mejorar y jerarquizar la administración de justicia, la capacitación permanente de todos los integrantes del poder judicial, lograr asegurar un nivel digno de trabajo, relacionarnos con otras entidades y vincularnos con otros poderes del estado", detalló Isacch.

En referencia al tema de infraestructura "en Mar del Plata, los fueros tienen distintas realidades, ya que en principio, hay muy buenas condiciones, apuntando mucho a lo que es la tecnología y la conectividad mediante internet con los distintos juzgados, para con lo cual se cuenta con mucho apoyo desde la corte y el ministerio público", destacó.

"Desde lo edilicio, en algunos lugares se deberían hacer mejoras, pero es tanta la cantidad de órganos jurisdiccionales y del Ministerio Público, que muchas veces no se puede satisfacer a todos, pero trataremos como siempre de contar con los mejores lugares para el desempeño de las funciones, tanto para el público como para los que trabajamos en el poder judicial", concluyó Simón Isacch.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, adivirtió a través de un comunicado, su "preocupación por la situación salarial de magistrados, funcionarios y agentes judiciales, y la necesidad de recursos presupuestarios para atender los gastos de funcionamiento de la Administración de Justicia”.

"En el mismo sentido en que viene manifestándose nuestra institución, la SCBA señala que “que las estadísticas oficiales registran variaciones de precios del 153,7% desde enero del 2017 a septiembre de este año, mientras que el incremento salarial para todas las categorías del Poder Judicial durante el mismo periodo fue del 114,5%", enfatizaron.

A ello, se añade que durante este año, "aún no se formalizó una propuesta que recupere la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, lo que explica, entre otras cosas, el grave deterioro salarial que experimenta el Poder Judicial” y “las diferencias con respecto a la Justicia Nacional, que alcanza un 51% promedio en la remuneración mensual".

"En relación, se agrega que si bien esa brecha debe ser revertida por medio de un programa de recomposición salarial progresivo y sustentable, genera preocupación la falta de respuesta institucional a esta grave problemática”, explicaron.

Finalmente, la Corte provincial “pone de relieve la inacción del Ministerio de Economía provincial, que ha declinado avanzar en la definición de alternativas tendientes a recomponer las remuneraciones del Poder judicial e incrementar los recursos necesarios para su funcionamiento, ante la amenaza que su demora representa para la prestación del servicio de Administración de Justicia”.

En esta línea, según el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, han sostenido de manera permanente, "la necesidad de encontrar soluciones estructurales a la situación de desfinanciamiento del sistema de justicia y a la postergación salarial de magistrados y funcionarios, violatoria del principio constitucional de intangibilidad de los haberes de los magistrados".

"El camino para terminar definitivamente con esta situación es el establecimiento de una política orientada a la equiparación de los salarios entre los integrantes la justicia provincial con el promedio de las jurisdicciones mejor remuneradas y la puesta en vigencia de la autarquía financiera para el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires", concluyeron.