El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido se presentó este jueves pasadas las 8.15 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once que causó la muerte de 51 personas, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 por esa causa.

En tanto, el TOF 4 rechazó además el pedido que había formulado la defensa de De Vido de prisión domiciliaria para que el ex funcionario no tuviera que presentarse mañana.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

En 2018, el Tribunal Oral Federal N° 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema. En 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.

Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena, desestimando el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.

Fuente: NA

Un incendio se desató este jueves por la mañana en el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina ubicada en Comodoro Py 2055, en el barrio porteño de Retiro. 

Según informaron fuentes de la Armada a medios nacionales , el sector afectado está en un contrafrente, junto a la playa de estacionamiento, y no tiene contacto con el edificio principal: “Se trata de un lugar sin contacto con el edificio central y está junto a la playa de estacionamiento”, precisaron.

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Dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME trabajaron en el lugar. Además, fue evacuado material pirotécnico para evitar que el siniestro se agrave. El operativo incluyó maniobras para que el fuego no alcanzara una imprenta lindera con gran cantidad de material inflamable.

En paralelo, una ambulancia del SAME volcó en avenida Comodoro Py, a metros de llegar al lugar del incendio. Los rescatistas del Grupo Especial de Rescate (GER) auxiliaron al conductor y al médico, que fueron trasladados al hospital Fernández con heridas leves.

El fuego finalmente fue controlado y no se registraron víctimas fatales. En el operativo intervinieron también una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.

Fuente: Infobae

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini rechazó hoy el pedido de “detención inmediata” para la ex presidente Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad que presentaron ayer los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firmes todas las condenas.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado respondió al planteo de los fiscales con un “estese a lo dispuesto en el día de ayer“, en referencia a la orden para que todos los condenados se presenten en cinco días hábiles -plazo que vence el jueves de la semana que viene a las 9:30- en la sede del tribunal en Comodoro Py para quedar detenidos

Otros condenados pidieron notificarse sin tener que presentarse en Comodoro Py, pero Gorini respondió que “sin excepción, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral”.

Tras el fallo de la Corte, la Fiscalía pidió la detención inmediata de la ex jefe de Estado y los otro ocho condenadas para que empiecen a cumplir la pena. “El tribunal debe ordenar inmediatamente la detención de los culpables para que cumplan su pena y procurar, de manera urgente, la devolución del monto defraudado”, habían planteado Luciani y Mola en su presentación.

Pero previamente al pedido, el Tribunal Oral ya le había ordenado a los condenados que tenían que presentarse en el término de cinco días hábiles en Comodoro Py para quedar detenidos. Se entendía que así el tribunal ya había fijado postura sobre la modalidad de detención. Y eso ocurrió hoy cuando en una resolución, Gorini ratificó su decisión ante el planteo de la Fiscalía.

Sobre la presentación personal en el tribunal, las defensas de tres acusados plantearon alternativas para cumplirla. Fueron las del ex secretario de Obras Públicas José López y de los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe. Los tres viven en Santa Cruz y pidieron otra modalidad para no tener que viajar a la ciudad de Buenos Aires.

“Sin excepción, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral dentro del quinto día hábil de notificados a través de sus defensas letradas, con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones; oportunidad en la que, además, se formalizarán las notificaciones personales de rigor”, resolvió Gorini. Si bien esa decisión no fue ante un planteo de Cristina Kirchner se entiende que se puede aplicar para todos los condenados.

La ex mandataria pidió ayer cumplir la condena de seis años de prisión en la modalidad de domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La defensa de Cristina alegó tres motivos principales: su rol como ex presidente que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados de la ex presidente, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, quienes también pidieron que no use una tobillera electrónica.

El tribunal oral ya formó el legajo particular para tratar ese pedido y le pidió opinión a la Fiscalía antes de resolver. Un punto central para ese planteo será la respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre los posibles lugares de detención para los condenados.

El juez Gorini le requirió ayer que le asigne “una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas”. Esas son los nueve condenados en la causa. Para el caso de Cristina Kirchner, el magistrado le solicitó a la funcionaria que tenga en cuenta su edad, las cuestiones de seguridad por haber sido presidente y vicepresidente y el intento de homicidio que sufrió en 2022.

En su pedido de detención domiciliaria, la defensa de CFK requirió que si antes de los cinco días en los que tiene que presentarse no se resuelve su planteo, no quede presa en una dependencia de las fuerzas de seguridad sino en su departamento.

Fuente: Infobae

Con el rechazo por parte de la Corte Suprema a los recursos de queja interpuestos en la causa Vialidad, todo regresa a Comodoro Py donde el presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio, se convierte en el juez de ejecución de la pena. Jorge Gorini decidió que Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y el resto de los condenados se presenten en Comodoro Py en un lapso inferior a los cinco próximos días hábiles, es decir antes del jueves 19 de junio.

Esta medida tiene "el objetivo de hacer efectivas sus detenciones" y busca dar un plazo prudencial en atención a que "algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas".

Cuando Cristina aún se desempeñaba como presidenta del Senado de la Nación, escuchó la lectura de la sentencia el 6 de diciembre de 2022. Por unanimidad los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El daño ocasionado a las arcas públicas fue calculado en 85.000 millones de pesos.

El criterio adoptado por el máximo tribunal dejó firme la sentencia condenatoria que había validado la Cámara de Casación, contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez y Juan Carlos Villafañe.

En cambio, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, obtuvo la absolución junto al ex funcionario provincial, Héctor Garro.

Ahora, tras la confirmación de la Corte, el expediente regresa a Comodoro Py. Allí se conformará el Legajo de Ejecución de la Pena a cargo de Gorini, quien citó a los condenados para que se presenten la semana próxima en Comodoro Py.

Contrario a ese criterio, los fiscales de juicio, Diego Luciano y Sergio Mola, presentaron un dictamen exigiendo la inmediata detención de los condenados.

En el escrito, los representantes del Ministerio Público Fiscal, sostuvieron: “Para asegurar el ejercicio del derecho de defensa, toleramos -dentro de ese margen- reproches infundados a nuestra labor. Esto se debe a que entendemos la capital relevancia del ejercicio de la defensa técnica y material, ya que la aplicación de una pena es, sin duda, una de las consecuencias jurídicas que más afectan los derechos fundamentales de las personas ante el incumplimiento de una norma de conducta”.

Incluso, a pesar de que ha adquirido firmeza la condena, “seguimos sosteniendo que la pena cuya ejecución solicitamos (seis años) luce insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado”, indicaron. Fueron quienes solicitaron una condena a doce años.

Ante la gravedad de los hechos, “tenemos la obligación de dejar en claro que, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -órgano de mayor jerarquía con jurisdicción dentro del territorio argentino-, en este proceso se han respetado íntegramente las garantías del debido proceso”.

Por ende, la ejecución de las penas que se “solicita es la consecuencia de la aplicación de la ley penal frente a conductas delictivas plenamente acreditadas y ahora confirmadas por nuestro máximo tribunal”.

Finalmente los fiscales argumentaron: “La falta de reacción sancionatoria inmediata -es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas- podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos, o al menos, para algunos de ellos”.

Además, en un oficio el juez a cargo de la ejecución de la pena solicitó al Ministerio de seguridad de la Nación la “asignación de una dependencia de las fuerzas federales -indistintamente, de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal o Policía de Seguridad Aeroportuaria-, que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas”, en el caso Vialidad.

La finalidad del pedido busca “determinar el lugar de detención que se deberá tender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas”.

Fuente: Clarín

Según trascendió en las últimas horas, el magistrado, que en los próximos días cumplirá los 75 años, la edad límite establecida en la Constitución Nacional, presentó su dimisión al juzgado que encabezada en los tribunales federales de Comodoro Py. La información fue confirmada por fuentes del Ministerio de Justicia.

La decisión ocurre mientras el magistrado enfrentaba una serie de acusaciones en el Consejo de la Magistratura, por mal desempeño y presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Canicoba Corral estaba en su cargo desde hace más de 27 años. Había asumido durante la Presidencia de Carlos Menem​ en uno de los poderosos juzgados federales de Comodoro Py y durante su dilatada trayectoria intervino en causas de alto impacto político.

El magistrado, de acuerdo con la información que trascendió en la medianoche del lunes, presentó su pedido de jubilación a funcionarios del gobierno del Alberto Fernández. El presidente, de acuerdo con los trascendidos, aceptará la dimisión y dará curso al otorgamiento de la jubilación.

Canicoba Corral cumplirá 75 años el 29 de julio, en dos semanas. Es la edad límite para jubilarse. En los últimos días, comprobó que el Gobierno no enviaría su pliego al Senado para pedir que continuara en su cargo, el requisito que requiere la Constitución para que un magistrado pueda seguir en su puesto luego de llegar a la edad límite.

El hecho que había hecho imposible políticamente esa continuidad es que tiene cuatro procesos abiertos en su contra en el Consejo de la Magistratura. En los últimos meses, el kirchnerismo había intentado cerrar esas investigaciones, pero no consiguió los votos para hacerlo, porque la oposición se abroqueló y trabó el intento.

Canicoba, uno de los jueces más cuestionados del controvertido fuero federal de Comodoro Py, llegó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 en 1993, en pleno menemismo.

Mantuvo un duelo con Domingo Cavallo​, otra figura clave de aquellos años: él lo condenó a cuatro meses de prisión por calumnias e injurias; el ministro, en tanto, lo vinculó a la servilleta de Carlos Corach, en la que supuestamente aparecían los jueces que respondían al ex ministro del Interior de Menem.

Canicoba se va con investigaciones abiertas por diferentes tipos de irregularidades en la Justicia.

Lo investigan por posible enriquecimiento ilícito, presuntos sobornos, pedidos de coimas y un supuesto cobro de sobresueldos de la SIDE. También se sospecha que usó aviones privados de empresarios relacionados a casos de corrupción.

En sus manos tiene la carpeta de la causa del atentado a la AMIA​. En los últimos meses pasaron por él investigaciones sobre Mauricio Macri y sus ex funcionarios. Además del caso de presunto espionaje ilegal en la AFI, también gestionó la causa por un supuesto beneficio irregular a los familiares del ex presidente en el intento de cerrar la deuda con el Estado por Correo Argentino.

Otras causas célebres que quedaron en su juzgado fueron la prisión preventiva a la ex ministra de Medio Ambiente de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, y la del ex dirigente del SOMU, Omar "Caballo" Suárez.

Horas antes de avisar que se iba, hizo un último movimiento que agradará al oficialismo. El juez citó a indagatoria a los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Guillermo Dietrich (Transporte) en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante el gobierno de Macri.

El magistrado también dispuso la convocatoria a declarar en calidad de imputados al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y del extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, según informaron fuentes judiciales.

En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión, pese a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

Fuente: (Clarín)

La ex presidente Cristina Kirchner se presentó esta mañana ante los jueces de Comodoro Py para prestar declaración en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en la concesión de obras en Santa Cruz. La acusan de favorecer la empresa de Lázaro Báez durante las licitaciones.

Kirchner declaró por más de tres horas y no aceptó responder preguntas. En ese tiempo apuntó contra el tribunal. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita, pero no me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia y  a ustedes, seguramente, los va a condenar", dijo.

Para la vicepresidente electa, los jueces de Comodoro Py llevan adelante el juicio porque "había que condenar a un gobierno que desendeudó al país". Asimismo, pidió que se cite al actual presidente Mauricio Macri.

Toda la declaración de la ex presidenta versó sobre el concepto de lawfare, es decir, una guerra jurídica. Por eso, acusó a las autoridades actuales de planear este "lawfare" junto con el poder judicial. "Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos períodos consecutivos por el voto popular", expresó.

En ese sentido, resaltó la multiplicidad de procesamientos que se levantaron en su contra durante estos últimos cuatro años. "Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no sé cómo tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas”, dijo.

“El hecho de que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito, si no, cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente que se quedó con las empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los argentinos”, continuo.

La audiencia fue presidida por los jueces del TOF N° 4 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y no se transmitió por televisión. La semana que viene declarará el ex diputado Juan Carlos Morán como testigo.