El Juzgado Correccional N°5 de Mar del Plata le impuso la pena de un año de prisión de ejecución condicional y cinco de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina a un médico del Sanatorio Belgrano, que en julio de 2020 intervino quirúrgicamente a un hombre que tenía una lesión en su rodilla y falleció a los pocos días, debido a la mala atención en el postoperatorio según determinó la sentencia.

Además, por orden del juez Leonardo Celsi, se exigió que durante el plazo de dos años el profesional de la salud debe fijar residencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires a la vez que se tiene que someter al control del Patronato de Liberados.

El 10 de julio de 2022 Walter Gómez sufrió un accidente doméstico que le terminó provocando un traumatismo con fractura de la rótula derecha. Por ese motivo se dirigió al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde le colocaron un yeso y le dieron el alta, no sin antes anticoagularlo y prescribirle antiinflamatorios.

Gómez siguió con el tratamiento en el Sanatorio Belgrano, donde fue atendido por el médico Hugo Guillermo Quinteros, quien le dio turno de operación para el 23 de julio. Ese día le hicieron la fijación de rótula y le extrajeron restos óseos. Al día siguiente le dieron el alta, sólo con la indicación médica de tomar antiinflamatorios, pero no le mencionaron la necesidad de tomar anticoagulantes.

En la denuncia presentada por el abogado Maximiliano Orsini, se constatan los testimonio de la viuda de Gómez, quien aseguró que Quinteros no brindó la atención necesaria en el postoperatorio y derivó todo en su secretaria. El día que su esposo se descompensó, los médicos que lo asistieron de forma ambulatoria vieron que tenía la espalda morada e indicaron que sufría de un coágulo en los pulmones.

Precisamente, según el informe de la autopsia que fue requerido por la Justicia, Gómez murió por un “tromboembolismo pulmonar presuntamente de la pierna operada que mantiene un diámetro aumentado respecto a la pierna izquierda”. Precisamente uno de esos trombos se desprendió y viajó por las venas hasta quedar atascado “produciendo hipertensión pulmonar y paro cardiorespiratorio”.

Si bien desde la defensa del facultativo señalaron que no había correspondencia entre los coágulos de la pierna y los que terminaron generando la muerte de Gómez, la sentencia reconoció que se trata de un profesional “con varias décadas que ha desarrollado su tarea sin reproches conocidos”, pero también se indicó que en este caso mantuvo “una conducta desatenta en el momento del alta desplegado”.

Una mujer fue condenada a 12 años y seis meses de prisión en España por haber intentado matar a su ex pareja en 2020, al entregarle a su hijo de 7 años un chocolate envenenado para que se lo regalara a su padre e insistiera en que lo consumiera.

La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, luego de comprobarse que la acusada colocó talio, una sustancia tóxica utilizada como raticida, en una tableta de chocolate destinada a la víctima.

Según se informó, la mujer le indicó al niño que debía insistirle a su papá para que comiera el chocolate, aunque le advirtió que él no debía probarlo bajo ninguna circunstancia. El hecho fue acreditado durante el proceso judicial.

Tras ingerir la tableta, el hombre debió ser trasladado de urgencia por una grave intoxicación que derivó en un cuadro clínico de extrema gravedad. Permaneció 75 días en estado crítico y estuvo cerca de morir.

Si bien logró sobrevivir, el proceso de recuperación se extendió por más de 700 días. Como consecuencia del envenenamiento, la víctima quedó con secuelas neurológicas, motoras y visuales, además de una incapacidad permanente absoluta.

En función de las graves consecuencias, la Justicia dispuso que la condenada indemnice a su expareja con más de 820.000 euros, suma destinada a cubrir daños, gastos médicos y las adaptaciones necesarias en su vivienda para afrontar su nueva condición de vida.

Fuente: con información de TN

Este mediodía se conoció la sentencia en el denominado Juicio La Huerta, uno de los procesos más importantes por delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 12 durante la última dictadura militar.

En total se dictaron ocho condenas, de las cuales cuatro fueron a prisión perpetua. Por primera vez recibieron esta pena los jefes de Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea de Tandil -Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado- junto a Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret.

En tanto, Martín Carlos Luzuriaga fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión; Luis Ernesto Benítez a 6 años y 9 meses; Roberto Jorge Casares a 6 años; y José Luis Álvarez a 5 años. Además, el tribunal dictó 27 absoluciones. Los fundamentos se darán a conocer el próximo 19 de diciembre.

Tras la lectura del veredicto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno -hijo del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, una de las víctimas- destacó: “Es un proceso angustiante pero reparador. Los sobrevivientes fueron fundamentales para construir la verdad”.

El fallo reconoció que los hechos juzgados fueron delitos de lesa humanidad, incluyendo secuestros de sindicalistas en Azul la noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La audiencia tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil, con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos de toda la región. La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense actuó como querellante en el proceso iniciado el 25 de febrero de 2022.

El Circuito Represivo de la Subzona 12 incluyó centros clandestinos en Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores y Sierra Chica, entre otros. Se juzgaron crímenes cometidos contra 191 víctimas, aunque algunas no pudieron declarar por su avanzada edad y otras fallecieron antes de testimoniar.

Fueron 104 audiencias en las que se escucharon más de 200 testimonios. Con esta sentencia, se consolida un nuevo paso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia -más de cuatro décadas después de los crímenes-.

El empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, fue condenado a realizar donaciones al Hospital Garrahan y a un comedor, cumplir tareas comunitarias y emitir disculpas públicas por amenazar de muerte a dirigentes políticos como Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano. Las amenazas, proferidas a través de redes sociales en diciembre de 2023, motivaron una resolución judicial que busca sancionar los discursos de odio.

La causa se inició tras una denuncia presentada por Grabois y Baradel ante el juzgado del juez Daniel Rafecas. La investigación, que comenzó en enero de 2024, determinó que Chediek “excedió ampliamente la libertad de expresión” al advertir a los dirigentes que, de protestar contra el presidente Javier Milei, “podían sufrir agresiones físicas”. La Justicia calificó los hechos como “incitación a la violencia colectiva y amenazas”, elevando el caso a juicio.

El Tribunal Oral Federal N°5 resolvió que Chediek deberá donar dos millones de pesos al Hospital Garrahan y otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de Benavídez. Además, cumplirá tareas comunitarias durante un año en una institución designada por Cáritas y grabará un video en TikTok pidiendo disculpas por las intimidaciones. El acusado reconoció su responsabilidad en los hechos.

Las amenazas de Chediek, difundidas en videos en redes sociales, incluían mensajes violentos como: “Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado. No vas a poder pararlo, ni la policía va a poder pararlo. Llevá varios matafuegos, viste que siempre se prende fuego todo. Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”.

La denuncia fue impulsada por el equipo jurídico de Argentina Humana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). En su fallo, el juez Rafecas destacó que Chediek buscó generar “temor en las personas señaladas”, por lo que la sentencia tiene como objetivo “poner un límite” a los discursos de odio y garantizar la convivencia democrática.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La fiscal Ana María Caro celebró el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°3, que condenó hoy a Jacinto Ríos Caro por el delito de “homicidio agravado por la figura de femicidio” contra su ex pareja, Rosario Domínguez. “Este fallo ratifica el compromiso del sistema judicial con la protección del derecho de las mujeres”, señaló la agente de la Justicia.

El sangriento hecho ocurrió el 20 de abril de 2023 en una plantación de kiwi ubicada en el Paraje Santa Irene. El hombre golpeó y luego disparó con su escopeta contra la víctima, de 28 años, aunque se comprobó que este fue tan sólo el desenlace de una serie de hechos violentos perpetrados contra la mujer.

Tras la decisión de los jueces Federico Wacker Schroder, Juan Manuel Sueyro y Juan Galarreta, Caro destacó a El Marplatense su acompañamiento a la familia de la víctima y reafirmó “el compromiso del Ministerio Público para que ninguna mujer más sea víctima de violencia”.

La declaración de perpetua, por la que Jacinto Ríos Caro fue trasladado inmediatamente a la Unidad Penal N°15, “reconoce la gravedad del hecho y también la dignidad de la víctima y el derecho de la familia por la justicia”, agregó la fiscal.

Para la agente judicial este fallo resulta además “un paso importante contra la violencia de género” y consideró que “recuerda que la justicia debe ser firme y clara frente a estos crímenes. Este fallo ratifica el compromiso del sistema judicial con la protección del derecho de las mujeres”.

De todos modos, Caro reconoció que “ninguna sentencia, ninguna condena, puede devolver una vida, pero si puede traer un poco de paz y reparación a sus seres queridos”.

El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó decomisar más de 3 millones de dólares que el empresario Lázaro Báez tenía en una cuenta en Bahamas, sumado a un millón de dólares que estaban depositados en un banco de Suiza.

A su vez, la Justicia dispuso llevar a cabo el remate de 56 propiedades que tenía tanto Báez como su hijo Martín, también condenado en la causa por “la ruta del dinero K". Entre ellas hay departamentos, lotes, casas y cocheras, distribuidas en distintos partes del mundo, además de una decena de quintas en Argentina.

Esta decisión se dio en paralelo al embargo que ya le ordenó el tribunal que lo condenó, por una suma de 320 millones de pesos, una sanción económica que representa seis veces el dinero que habría recaudado mediante el lavado.

Según el fallo, el juez Néstor Guillermo Costabel repatrió un total de 2.981.646 de dólares del Banco CBH de Bahamas, a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited; y 1.009.391 de dólares que se encontraban en el mismo banco, pero con otro número de cuenta.

El magistrado también pidió la transferencia inmediata por decomiso de lo depositado en una cuenta de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, del Banco Lombard Odier de la Confederación Suiza, por un monto de U$S907.202, más las ganancias por intereses.

Además, dispuso inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia unas 56 propiedades de Báez y su hijo Martín, la adjudicación de $2.570.077 por la subasta del avión Rockwell Commander, y $1.757.906 de la venta del avión Learjet matrícula LV-BPL.

Según informaron, la defensa de Lázaro Báez presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°4, en el que advirtieron un “serio error” en la resolución. “Se confundieron multa con decomiso. Además, se ordenó avanzar sobre bienes que no están a nombre del empresario”, señalaron.

“Venimos por medio del presente a advertir serios errores e incongruencias“, expresaron en el escrito, donde también manifestaron que los jueces se confundieron en la fecha de la emisión del fallo. ”El proveído fue fechado el 25 de agosto", advirtieron.

“Las cosas a decomisar tienen que haber formado parte del patrimonio del condenado antes o de manera concomitante al hecho, si fueron utilizadas para cometer el delito. O haber ingresado al patrimonio del condenado de manera concomitante o posterior, cuando fueron producto o provecho del delito”, detallaron.

La defensa adelantó que la resolución será recurrida “en tiempo y forma ante el superior”, ya que sostienen que “el tribunal ordenó de forma directa una transmisión de bienes inmuebles, en favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a todas luces, resulta ilegítima y podría aparejar serias consecuencias patrimoniales".

“Por los motivos expuestos y la gravedad institucional de los hechos reseñados, solicitamos a este excelentísimo tribunal que deje sin efecto de manera urgente la resolución referida, por los errores señalados. Subsidiariamente, en virtud del recurso de Casación que será presentado, solicitamos se suspendan los efectos de la resolución en crisis hasta tanto adquiera firmeza”, cerraron.

Fuente: TN

El Tribunal Oral Federal N°2 intimó a la ex vicepresidente Cristina Fernández y a los otros ocho condenados en la Causa Vialidad a abonar la suma de $684.990.350.139,86, equivalente a aproximadamente 537 millones de dólares según el cambio oficial, por el fraude al Estado comprobado durante el proceso. La intimación, dictada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, establece como plazo máximo la media mañana del 13 de agosto y afecta también a Lázaro Báez, José López y otras cinco personas.

El monto determinado por el tribunal se basa en un informe elaborado por peritos de la Corte Suprema, quienes actualizaron la cifra inicial de 85 mil millones de pesos, establecida al cierre del juicio en diciembre de 2022, utilizando el índice de precios al consumidor (IPC). Los magistrados destacaron que las razones presentadas por los expertos contables “se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas” para realizar el cálculo.

Asimismo, los jueces señalaron que ninguno de los peritos de las nueve defensas cuestionó ni impugnó la metodología empleada por la perito oficial, lo que refuerza la validez del cálculo presentado. En caso de incumplimiento del pago, el tribunal procederá con el remate de bienes o activos registrados a nombre de los condenados, un proceso que podría ser largo y complejo.

La ejecución de bienes enfrenta obstáculos adicionales, especialmente en el caso de Lázaro Báez, el condenado con mayor patrimonio. Báez también está siendo ejecutado por el Tribunal Oral Federal N°4 en la causa conocida como Ruta del Dinero K, donde fue condenado a 15 años de prisión y a pagar multas por $355 millones por lavado de dinero, más $55 millones adicionales por el monto del delito.

Otro inconveniente surge en el marco del juicio comercial que tramita la quiebra de Austral Construcciones, empresa vinculada a Báez. En este proceso, existen acreedores que reclaman el cobro de sus deudas. Por ello, los jueces solicitaron al Juzgado Comercial N°28 una certificación detallada del estado procesal de la quiebra y requirieron información sobre la liquidación de bienes destinada a saldar dichas obligaciones.

Fuente: con información de DIB

La Cámara de Casación Penal resolvió que la ex presidenta Cristina Fernández deberá continuar utilizando una tobillera electrónica en su lugar de detención, el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. 

La decisión, tomada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, fue en respuesta a un pedido de la defensa de la ex mandataria para retirar el dispositivo de monitoreo.

La medida judicial desestimó la solicitud de la defensa de Fernández, quien argumentó que, por su condición de ex presidente con custodia permanente obligatoria, el uso de la tobillera no era necesario. Los magistrados ratificaron que la ex mandataria y presidente del Partido Justicialista debe cumplir con las condiciones establecidas para su prisión domiciliaria, que incluyen el uso del dispositivo de monitoreo electrónico y un régimen de visitas limitado.

Por otro lado, la Cámara analizó una solicitud del Ministerio Público Fiscal para que Fernández cumpla su prisión domiciliaria en otro domicilio. Los jueces decidieron de manera unánime que el lugar de detención seguirá siendo el departamento de San José 1111. Sin embargo, advirtieron que la modalidad de cumplimiento de la condena o el domicilio fijado podrían revisarse en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas o ante cambios en las “circunstancias fácticas”.

En relación con la tobillera electrónica, los jueces Hornos y Barroetaveña sostuvieron que la presencia de custodia policial “no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial”. Además, afirmaron que “renunciar a herramientas complementarias de control, como el monitoreo electrónico o el pedido de autorización de visitas fuera de la nómina, implicaría desvirtuar el sentido de la ejecución penal”. Por ello, respaldaron la continuidad de las restricciones de visitas.

En disidencia, el juez Borinsky propuso dejar sin efecto la colocación del dispositivo, argumentando que la “custodia permanente y especializada” de la policía “garantiza un control suficiente sobre su situación”. Asimismo, señaló que “no existen razones objetivas para presumir riesgo de fuga, en tanto se trata de una figura pública ampliamente conocida, sometida a una exposición constante que hace inviable cualquier intento de evasión”. 

Borinsky también abogó por eliminar la limitación en el ingreso de visitas al departamento, considerando que la exigencia de autorización judicial previa “configura una restricción desproporcionada de los derechos personales, sociales y políticos de la persona condenada”.

Fuente: con información de DIB

El presidente Javier Milei descartó de manera categórica la posibilidad de otorgar un indulto a la ex presidenta Cristina Fernández, condenada en la causa Vialidad, calificando dicha acción como “una aberración”.

En una entrevista televisiva, el mandatario abordó la sentencia que inhabilita de manera perpetua a la ex mandataria para ejercer cargos públicos y describió la movilización del miércoles en Plaza de Mayo, conocida como “Cristinazo”, como “un partido homenaje” en el que “la gente fue a despedir a la señora Kirchner”.

Milei enfatizó su compromiso con la independencia judicial, afirmando que su gestión no interfiere en las decisiones del Poder Judicial. “Si yo pregono la independencia de la Justicia, que falle y haga lo que considera pertinente, no tengo la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace las paga’. Un indulto me parece aberrante”, señaló.

Además, destacó la condena de Fernández como “un evento extremadamente importante” que demuestra “la salud de la República”, subrayando que su gobierno es el primero en dar “rienda libre” a la Justicia.

El presidente también criticó al macrismo, al que acusó de haber facilitado el retorno del kirchnerismo al poder y de interferir en las instituciones. En particular, mencionó el rol del ex senador Miguel Angel Pichetto, a quien señaló por haber “cubierto” a Fernández en el Senado, lo que, según Milei, fue recompensado con su candidatura a la vicepresidencia.

Sobre las declaraciones de la ex mandataria, quien afirmó que “este modelo se cae”, Milei cuestionó su conocimiento en materia económica y jurídica, calificándola de “profundamente ignorante”. Además, reiteró que la marcha en su apoyo fue un acto simbólico para despedirla, dado su impedimento legal para ocupar cargos públicos: “La gente fue a despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada de manera perpetua”.

Fuente: con información de DIB

En la madrugada del domingo, un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía Federal desalojó a militantes que acampaban frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Constitución.

El despliegue comenzó cerca de las 2:30 de la mañana e incluyó a más de 160 efectivos. Según detalló la vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, también participaron agentes de Espacio Público. “Se secuestraron ocho gazebos, seis parrillas ilegales, mesas, sillas, pasacalles, cartelería y banderas”, explicó. Asimismo, se realizó una limpieza de aceras, paredes y sectores afectados por la vigilia. Alonso afirmó que el operativo se llevó a cabo “con total normalidad” y “sin resistencia a la autoridad”.

Desde el partido Nuevo Encuentro, sin embargo, denunciaron la confiscación de pertenencias utilizadas para hacer guardias en apoyo a la exmandataria. “Nos llevaron la bandera grande de Nuevo Encuentro que estaba guardada en el portaequipaje de una camioneta”, señalaron voceros del espacio liderado por Martín Sabbatella.

El procedimiento tuvo lugar en la esquina de San José y Humberto I, en las inmediaciones del domicilio donde Cristina Kirchner podría cumplir prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó su detención y la Justicia ya confirmó que el inmueble es apto para ese régimen. “Prisión domiciliaria” es la modalidad solicitada por la defensa, que alegó cuestiones de edad y seguridad.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, ya formalizó el pedido de arresto domiciliario, argumentando la edad de su defendida, cuestiones de seguridad personal por su rol institucional y el intento de homicidio que sufrió en 2022. “Intento de homicidio” es uno de los puntos clave de la presentación judicial.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Alonso justificó la decisión de realizar el operativo en horas de la madrugada: “Notamos una alteración del orden habitual de la vida y la convivencia en el barrio”, afirmó. Por eso se decidió intervenir también para facilitar el secuestro de estos materiales y la limpieza de la zona.

Además, pidió diferenciar las movilizaciones del acampe permanente, y subrayó que las parrillas y estructuras instaladas sin permiso en la vía pública son una contravención. “Queremos armonizar derechos: los vecinos tienen derecho a una vida tranquila y los manifestantes a expresarse”, sostuvo.

Alonso también aclaró que la Ciudad de Buenos Aires no tiene injerencia en la causa judicial ni en la decisión sobre la prisión domiciliaria, pero ratificó que garantizará “el orden y la seguridad” ante cualquier movilización prevista, como la anunciada para el miércoles, día en el que Cristina deberá presentarse ante la Justicia.

En la madrugada de hoy, más de 160 efectivos de la Policía de la Ciudad y operarios de Espacio Público trabajaron en la limpieza de la zona de Humberto 1° y San José, Constitución, donde se habían instalado gazebos, parrilla y pasacalles frente al domicilio de la ex presidenta… pic.twitter.com/kLCTNua22S

La vocera porteña consideró que el fallo de la Corte Suprema “es histórico” y lo definió como “una divisoria de aguas con la corrupción”. También instó a que avancen otras causas judiciales que involucran a la exmandataria: “Espero que sea el comienzo de una serie de juzgamientos que aún están detenidos por falta de capacidad física, no de compromiso judicial”.

Con el frente judicial en marcha y el conflicto político en plena efervescencia, el escenario en torno a la figura de Cristina Kirchner vuelve a concentrar la atención pública, en un contexto donde se cruzan demandas sociales, tensiones partidarias y decisiones institucionales de alto voltaje.

Fuentes: Noticias Argentinas, TN, Infobae

La tobillera, el arresto domiciliario, el indulto y la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ex presidente Cristina Kirchner son todas las dudas que el abogado experto en derecho constitucional, Enrique del Carril, despejó al ser consultado por Los datos del día, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7)

En primera instancia, acerca de la posibilidad de indultar a la ex líder del PJ en un futuro incierto, el profesor universitario contempló: “Es un tema complejo, pero es verdad que el presidente tiene la facultad de indultar en general, es una cosa tradicional. Siempre el Poder Ejecutivo tuvo la facultad de, en alguna medida, meterse en la decisión del Poder Judicial por una cuestión de control de poderes entre los casos de condenas por corrupción, en donde tenemos un marco internacional de lucha”.

En esa línea, también recordó que ese poder está previsto en el artículo 36, “que habla de la idea de mantener limpia la Constitución”, por lo que consideró que “es un tema abierto que habría que analizar”.

Entonces, resumió la respuesta al mencionar que, “en principio, desde la letra de la Constitución, el presidente sí puede -bajo dos requisitos, que sea jurisdicción federal y con previo informe del juzgado interviniente- puede indultar a una persona” y que el jefe de Estado “no tiene ningún límite en ese punto”. 

Por otro lado, en cuanto a la presentación que realizó uno de los abogados de la ex mandataria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comentó que allí “el margen es mucho más limitado, ya que la última instancia en la Argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Y en este marco, el docente de Derechos Humanos en FASTA explicó: ”La comisión es el órgano que presenta los casos ante la Corte Interamericana, y por lo tanto debe analizar la presentación y ver si la admite o no. En el caso de una condena de la Corte Interamericana, no traería para atrás la sentencia, sino que implicaría una responsabilidad del Estado argentino, eventualmente una indemnización o algún acto de desagravio, pero no anularía la condena".

Volviendo a la idea del indulto, subrayó que “es un concepto bastante más viejo, de las monarquías, en las que actuaba como la gracia del rey, quien tenía ese poder de perdonar por valoraciones políticas”. Y asimismo, aclaró que “a pesar de que la persona era culpable, esto no quiere decir que tras el indulto sea inocente, sino que son culpables pero no van a ir presos”.

Además, recordó que “han habido indultos en Argentina, como el de los militares del último golpe militar en el gobierno de Carlos Menem, y que luego fueron dejados sin efecto”.En último lugar, del Carril se refirió al largo debate por la tobillera de la ex presidente, ya que ella planteó que como tiene custodia residencial, podría obviar su uso, donde aseguró que esa “es una posibilidad” y “totalmente viable”.

La confirmación de la condena de seis años a prisión sobre la ex presidente Cristina Fernández movilizó fuertemente el panorama político de Argentina, y especialmente el Partido Justicialista, que se encontraba en una interna muy compleja entre la ex mandataria y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Por eso, para el politólogo Juan Negri, “tal vez la Justicia está haciendo lo que el peronismo no pudo hacer en diez años, que es pasar la página del liderazgo de Cristina”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, para el especialista la relevancia de la noticia surgida esta semana pone de manifiesto “el legado de Cristina, una líder que a diez años de haberse ido del poder todavía mantiene un importante caudal de apoyo, que todavía puede lograr perfilar el carácter del partido. Muchos dentro del peronismo lo lamentan a esto”.

“Acá hay una cosa interesante, tal vez la Justicia está haciendo lo que el peronismo no pudo hacer en 10 años, que es pasar la página del liderazgo de Cristina. Yo estoy seguro de que hay varios que están mirando esta noticia no con demasiada tristeza al interior del peronismo. Una noticia que conmociona al partido y también a la sociedad argentina, y que veremos cómo el peronismo se adapta a esta situación”, señaló.

Si bien Negri no es tan adepto a la idea de que el fallo de la Corte unirá al peronismo, reconoció que por lo menos “le dio un argumento, un común denominador, un basamento para un discurso de unidad, es decir, encontraron eso para en algo estar de acuerdo completamente. Podría usarse como una plataforma para pensar la unidad, aunque lo veo difícil: hay un liderazgo partidario y ya de hecho empezó a ver algunos ruidos de La Cámpora con Kicillof”.

Sin embargo para el politólogo el problema de unirse detrás del discurso de Cristina, “la reivindicación de Cristina, la mirada para atrás, la década perdida, el kirchnerismo, creo que esa es una campaña electoral perdedora en septiembre y en octubre”. Y aseguró que “frente a un Gobierno que tiene algo para decir, nos puede gustar o no, el kirchnerismo anclado en 2003 me parecería una mala noticia para el peronismo”.

De cara a su detención, para el politólogo a Cristina le queda “mirarse en el espejo de Lula” que es “donde ella articula la narrativa”. Frente al hecho de que está en la cárcel o va a estar en la cárcel, “la historia de Lula es una historia que le sirve para mostrar optimismo, para ponerse en un lugar de liderazgo. Por supuesto, es una idea que a ella le debe parecer muy atractiva, porque al final de la historia de Lula él vuelve a la presidencia. Yo veo muy muy muy difícil que eso pueda ocurrir en Argentina”.

El especialista resaltó que un rol posible para la ex presidente sea el de influir en el PJ con la elección de candidatos. Por eso, se preguntó “¿cómo va a reaccionar el partido frente a eso?”. Y aseguró que dentro del peronismo muchos quieren terminar con el reinado del “conurbano, Kicillof, Cristina, Máximo”.

PARTIDOS

En un presente donde Javier Milei llegó a la Presidencia sin una estructura partidaria, definitivamente en Argentina se vive una realidad muy diferente en cuanto a la conformación de las fuerzas políticas. “De hecho salvo hasta hace pocos días el peronismo también estaba fragmentándose muchísimo. El peronismo ya es, de hecho, una confederación de peronismos provinciales, el peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con el peronismo de San Luis ni con el de Buenos Aires”, contó Negri.

“Lo que nosotros vemos es el peronismo de Buenos Aires con mucha mayor atención porque es el área metropolitana, porque es la provincia de Buenos Aires que es muy central por los dirigentes, pero lo cierto es que ya el peronismo estaba muy descentralizado”, agregó el especialista en ciencias políticas.

En ese contexto, es lógico -dijo Negri- que el peronismo haya salido con viejas banderas por estos días, como la proscripción y eslóganes propios del ’55. Sin embargo, bajo su óptica “es poco” porque “faltan dos, tres meses para las elecciones, el partido va a tener que buscar candidatos, va a tener que esforzarse en decir: ‘Bueno, ahora qué hacemos’. Y me parece difícil que puedan estar constantemente pensando en Cristina. Entonces, la posibilidad de una fractura y que el peronismo vaya separado es alta”.

Lo que sucede con el PJ es una síntesis de lo que ocurre en la sociedad actual, donde las instituciones tradicionales se han descompuesto o, directamente, roto. De hecho, para el politólogo “la elección de un forastero de la política como Milei responde también al desprestigio de los partidos políticos. ‘Bueno, vamos con este loco, no me importa nada, qué sé yo, me tiro al vacío’”.

“Luego de 10, 15 años de estancamiento económico, eso tiene efectos sobre la sociedad, la sociedad empieza a descreer de los partidos políticos, de los dirigentes, y eso se ve también en las encuestas de opinión: en general, imágenes muy negativas del Congreso, los partidos. Es cierto que es un fenómeno no solamente argentino, en Uruguay, Brasil, incluso Chile vemos algo muy parecido. Estamos en un momento de crisis de los partidos tradicionales”, concluyó Negri.

Con el rechazo por parte de la Corte Suprema a los recursos de queja interpuestos en la causa Vialidad, todo regresa a Comodoro Py donde el presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio, se convierte en el juez de ejecución de la pena. Jorge Gorini decidió que Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y el resto de los condenados se presenten en Comodoro Py en un lapso inferior a los cinco próximos días hábiles, es decir antes del jueves 19 de junio.

Esta medida tiene "el objetivo de hacer efectivas sus detenciones" y busca dar un plazo prudencial en atención a que "algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas".

Cuando Cristina aún se desempeñaba como presidenta del Senado de la Nación, escuchó la lectura de la sentencia el 6 de diciembre de 2022. Por unanimidad los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El daño ocasionado a las arcas públicas fue calculado en 85.000 millones de pesos.

El criterio adoptado por el máximo tribunal dejó firme la sentencia condenatoria que había validado la Cámara de Casación, contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez y Juan Carlos Villafañe.

En cambio, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, obtuvo la absolución junto al ex funcionario provincial, Héctor Garro.

Ahora, tras la confirmación de la Corte, el expediente regresa a Comodoro Py. Allí se conformará el Legajo de Ejecución de la Pena a cargo de Gorini, quien citó a los condenados para que se presenten la semana próxima en Comodoro Py.

Contrario a ese criterio, los fiscales de juicio, Diego Luciano y Sergio Mola, presentaron un dictamen exigiendo la inmediata detención de los condenados.

En el escrito, los representantes del Ministerio Público Fiscal, sostuvieron: “Para asegurar el ejercicio del derecho de defensa, toleramos -dentro de ese margen- reproches infundados a nuestra labor. Esto se debe a que entendemos la capital relevancia del ejercicio de la defensa técnica y material, ya que la aplicación de una pena es, sin duda, una de las consecuencias jurídicas que más afectan los derechos fundamentales de las personas ante el incumplimiento de una norma de conducta”.

Incluso, a pesar de que ha adquirido firmeza la condena, “seguimos sosteniendo que la pena cuya ejecución solicitamos (seis años) luce insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado”, indicaron. Fueron quienes solicitaron una condena a doce años.

Ante la gravedad de los hechos, “tenemos la obligación de dejar en claro que, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -órgano de mayor jerarquía con jurisdicción dentro del territorio argentino-, en este proceso se han respetado íntegramente las garantías del debido proceso”.

Por ende, la ejecución de las penas que se “solicita es la consecuencia de la aplicación de la ley penal frente a conductas delictivas plenamente acreditadas y ahora confirmadas por nuestro máximo tribunal”.

Finalmente los fiscales argumentaron: “La falta de reacción sancionatoria inmediata -es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas- podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos, o al menos, para algunos de ellos”.

Además, en un oficio el juez a cargo de la ejecución de la pena solicitó al Ministerio de seguridad de la Nación la “asignación de una dependencia de las fuerzas federales -indistintamente, de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Federal o Policía de Seguridad Aeroportuaria-, que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas”, en el caso Vialidad.

La finalidad del pedido busca “determinar el lugar de detención que se deberá tender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas”.

Fuente: Clarín

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reúne esta tarde para definir su postura sobre la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, convocó a sus colegas a las 16. Si confirman la pena de 6 años de prisión y su inhabilitación, la ex presidente no podrá ser candidata en las próximas elecciones. 

En ese marco, Rosatti y su colega Carlos Rosenkrantz ya entregaron sus votos, cada uno por su cuenta, en la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La condena saldría después de 16, el horario al que Rosatti citó al resto de los integrantes de la Corte para tratar la causa, una reunión en la que se definirá si la ex jefe de Estado sigue o no en libertad.

A la espera del fallo, el dirigente social Juan Grabois dijo que "en este momento se está pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino" y convocó a los militantes peronistas a concentrar en la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu al 100.

"La detención de la ex Presidenta de la Nación y Presidenta del principal partido de oposición, Cristina Fernández de Kirchner, es un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual dictadura", sentenció Grabois en su cuenta de X.

En el mismo sentido se expresó "Wado" de Pedro, quien aseguró que una condena a Cristina Kirchner "pone en juego" la democracia.

El senador nacional participó del encuentro de senadores de Unión por la Patria con Cristina Kirchner, donde se habló de los "proyectos de ley para proteger a los jubilados, personas con discapacidad, universidades públicas y a todos los sectores castigados por el ajuste de Milei".

Asimismo, convocó a acompañar a la ex mandataria ante el "inminente fallo de la Corte con el que quieren proscribir a Cristina", que "pone en juego no sólo el porvenir" de la oposición y el PJ "sino el de todo el pueblo en su conjunto, la democracia y la vigencia del Estado de Derecho", escribió de Pedro en X.

En tanto, el referente del Frente Renovador Sergio Massa consideró que la causa Vialidad "está plagada de irregularidades" y pidió el máximo tribunal "admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner y revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2".

Si bien estaba previsto un encuentro para diseñar un "apoyo institucional" conjunto del Frente Renovador y el Partido Justicialista, al conocerse que la Corte se reunirá esta tarde para definir si la ex presidente va presa o no, la estrategia debió ser replanteada y quedó en manos de Massa fijar una postura. "La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra República", indicó el partido del tigrense en un comunicado.

Fuente: Clarín

La científica del Conicet, Luciana Teresita Bustos, fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de Marcelo Amarfil, durante un juego sexual. El crimen ocurrió en enero del año pasado, en la provincia de San Juan.

En aquella noche, de acuerdo a la acusación, Bustos le ató las manos al volante, le puso un antifaz, lo degolló y apuñaló seis veces.

El juicio se había iniciado el 8 de abril, pero el debate fue suspendido debido a que el juez Guillermo Adárvez tuvo un ataque cardíaco y debió ser atendido de urgencia.

A fines de abril se reanudó el juicio y hoy los integrantes del tribunal -Adárvez, Gerardo Fernández Caussi y Matías Parrón- anunciaron que, por unanimidad, condenaban a la pena máxima de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.

Los jueces explicaron que la mujer recibió dicha condena, ya que se pudo constatar en la investigación que eran amigos con la víctima, lo que encuadraba la acusación como un homicidio agravado por el vínculo.

“Agradezco a mi familia por el cariño. Siento un profundo dolor por los familiares de Marcelo. Quiero abrazar a Graciela (hermana de la víctima). Sigo sosteniendo mi inocencia”, expresó Bustos antes de la lectura de sentencia.

El crimen de Amarfil sucedió en la noche del 16 de enero de 2024 cuando Bustos pasó a buscar a la víctima por su casa, fueron a un bar y en la madrugada del 17 se estacionaron cerca del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, donde habrían mantenido relaciones sexuales.

Pese a que cuando llegó un policía dijo que su amigo se había suicidado, se comprobó que se trató de un asesinato brutal.

El expediente describe cómo fueron los minutos antes de que se produjera el deceso. “En estas circunstancias, la pareja se dispuso a mantener un encuentro sexual en el interior del rodado; Marcelo José Amarfil se encontraba en el asiento del conductor, completamente desnudo, con la movilidad de sus manos reducida, debido a que tenía colocadas unas muñequeras de cuero, color marrón oscuro, con un gancho y cadena (esto es un accesorio sexual y/o erótico); además, se encontraba sin poder ver, toda vez que tenía sus ojos cubiertos con un antifaz de tela negra (similar a los que se usan para dormir), mientras que Luciana Bustos se encontraba en el asiento del acompañante”, relata la reconstrucción del caso.

Según los detalles revelados por la investigación, Bustos habría aprovechado el momento de vulnerabilidad de Amarfil para tomar un cuchillo, el cual había afilado días antes, y aplicarle seis cortes. Una de las heridas fue en el rostro y otra en el cuello, lo que resultó ser fatal debido a que “seccionó completamente la arteria carótida primaria derecha, además de vasos y arterias”.

El hombre logró romper el elemento que lo mantenía atado al volante y, gravemente herido, salió del vehículo e intentó huir a pie, pero finalmente perdió la vida junto a su auto debido a un shock hipovolémico.

Un policía que realizaba una recorrida de seguridad de rutina por la zona, se encontró con Bustos, quien estaba sin remera, en ropa interior y con un líquido de color rojo en sus manos. “Mi amigo se mató, se mató con un cuchillo”, le manifestó.

En tanto, el abogado de la acusada, Néstor Olivera, aseguró que el ataque fue en legítima defensa ante un intento de abuso sexual de parte de la víctima. “Ella es lesbiana y está en pareja con una mujer desde hace cuatro años”, sostuvo.

Fuente: Infobae

Fernando Sabag Montiel, actualmente detenido por haber atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2022, fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión efectiva en una causa paralela en la que se investigó los delitos vinculados a la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), bajo la dirección de la fiscal Daniela Dupuy. La Justicia lo encontró culpable de poseer y compartir contenido explícito que involucraba a menores de 13 años.

“En la Ciudad de Buenos Aires no hay margen para la impunidad en delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el fiscal general Juan Bautista Mahiques, quien destacó la labor profesional del equipo de la UFEDyCI y la eficacia del sistema judicial para abordar este tipo de crímenes con tecnología y personal capacitado.

Si bien la tarjeta SIM del celular no pudo ser peritada, durante la investigación se descubrió que Sabag Montiel tenía en su poder, al momento de ser detenido por el intento de magnicidio, una tarjeta de memoria con 17 imágenes y 102 videos de explotación sexual infantil. También se comprobó que había compartido este tipo de contenido en al menos tres ocasiones a través de Instagram.

La jueza Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, fue la encargada de dictar la sentencia. La pena impuesta incluye además una condena previa de un año en suspenso por portar un DNI ajeno, que ahora se suma a esta nueva resolución judicial.

El 1 de septiembre de 2022, Cristina Kirchner fue víctima de un intento de asesinato frente a su domicilio en el barrio de Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. Mientras saludaba a militantes y simpatizantes que se habían congregado en la puerta de su casa, Fernando Sabag Montiel se acercó entre la multitud, sacó un arma de fuego y le apuntó a la cabeza, a muy corta distancia, a quien por entonces era la vicepresidenta.

El atacante gatilló, pero la bala no salió. Más tarde se comprobó que la pistola -una Bersa calibre 32 corto- estaba cargada con cinco balas, pero no tenía una en la recámara, por lo que no se disparó pese a haber accionado el gatillo.

El hecho fue registrado por varias cámaras y teléfonos celulares, y en pocos segundos fue reducido por personas presentes en el lugar y detenido por las fuerzas de seguridad de la Policía Federal.

Tras su arresto, la investigación judicial reveló que no actuó solo: también fue detenida su pareja, Brenda Uliarte, acusada de haber participado en la planificación del ataque. A su vez, detuvieron a Nicolás Carrizo, su jefe en la venta de copitos de azúcar. El caso fue caratulado como intento de homicidio agravado por uso de arma de fuego y por violencia de género.

Fuente: TN

Tras conocerse el fallo que condenó a Melody Giselle Mercolli a tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para conducir, tras ser hallada culpable por atropellar y matar a Ricardo Sierra, los familiares de la víctima expresaron su indignación y dolor por la decisión del Juzgado Correccional N°2  encabezado por la jueza Ana Fernández.

Uno de los familiares que dialogó con El Marplatense fue Fernando Maldonado -cuñado de Ricardo Sierra-, quien manifestó su impotencia.

“La jueza y el fiscal tenían la posibilidad de marcar un precedente a la sociedad.  Ellos son responsables si otro accidente como este, otro trágico accidente como este, sucede en Mar del Plata. Hagan responsable a la jueza y al fiscal porque ellos dan como justicia que vayan a hacer un curso”, dijo Fernando Maldonado. 

“Una persona que mató, que no frenó que no vio, que puso 10 millones de excusas le ponen  3 años de cárcel y 6 de inhabilitación para conducir una vergüenza, la verdad una vergüenza mal ejemplo para la justicia de Mar del Plata. Esto es un papelón, así que choquen porque total lo único que tiene de malo es que te sacan  el registro 3 años, una vergüenza”, lamentó.

“La misma persona que mata a Ricardo Sierra, hoy viene manejando una moto que no tiene patente y que además está inhabilitada para conducir. Está inhabilitada para conducir. Se cagó de risa de todos hoy acá. La misma que mató a Ricardo Sierra. Melody Mercolli para nosotros siempre va a ser una asesina y para la sociedad de Mar del Plata también”, sentenció.

“Si hay alguien en Mar del Plata que pasa por la misma situación que nosotros hagan responsable a esta jueza y a este fiscal porque no puede ser que le quiten el registro”, expresó.

“Pedíamos que podían ser ejemplo para que no haya un Ricardo más en Mar del Plata. No valoraron nada. La mandan a hacer un curso a la municipalidad. ¿Saben por qué le sacaron el registro? Porque gracias a ustedes los medios de comunicación y a mí, se lo pedimos nosotros. Porque esta asesina anda suelta en cualquier lugar de Mar del Plata. Tengan cuidado y hagan responsable a esta jueza y a este fiscal, porque son los responsables de una cosa semejante que pueda pasar”, agregó.

El sacerdote Daniel Bustamante fue condenado a más de 9 años de prisión por el abuso sexual de una joven en una parroquia en Lomas de Zamora. El fiscal había pedido el doble de sentencia y la defensa del acusado su absolución.

En las últimas horas el sacerdote Bustamante fue sentenciado a 9 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante por haber sido cometido por un ministro de un culto, todo en contexto de violencia de género.

El hombre fue detenido en marzo de 2024 por una serie de abusos cometidos dentro de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Lomas de Zamora.

En los alegatos el fiscal Hugo Carrión había solicitado una pena de 18 años e inhabilitación de por vida de ejercer cargos en la religión. A su vez, la defensa del sacerdote pidió la absolución. Sin embargo, el Tribunal dictaminó la mitad de años de condena solicitada por la fiscalía.

Previo a que Bustamante haya sido detenido, el Obispado de Lomas de Zamora lo suspendió en el ejercicio del ministerio presbiteral: “Apartándolo del oficio de administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima, como así también de toda tarea eclesiástica que le haya sido encomendada”.

“Siguiendo las orientaciones de la Iglesia y del Papa Francisco, renovamos nuestro compromiso irrenunciable de rechazar cualquier acto que amenace la dignidad de las personas, trabajando en la prevención y fomentando en nuestra Iglesia diocesana una auténtica cultura del cuidado, especialmente de menores y adultos vulnerables, y de todos aquellos que se acercan a nuestras comunidades”, destaca el comunicado difundido.

Fuente: Noticias Argentinas

Entre cruces por la figura de Cristina Kirchner y el escándalo cripto que envuelve a Javier Milei, el Senado le dio dictamen al proyecto de Ficha Limpia para que condenados por corrupción en segunda instancia no puedan ser candidatos ni funcionarios.

El texto que viene con media sanción de Diputados obtuvo 11 firmas a favor en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside la cordobesa federal Alejandra Vigo y quedó listo para ser votado en la Cámara Alta la semana que viene. Como es un tema electoral, requiere una mayoría especial de 37 votos afirmativos para convertirse en ley.

El kirchnerismo, que tiene 34 bancas, sentencia que el proyecto está hecho para proscribir a Cristina Kirchner y no acompañará, aunque presentaron un proyecto propio que incorpora más delitos y estipula que, para que una persona quede inhabilitada para competir, debe haber sentencia firme, lo que puede llevar décadas.

Por eso, de cara al recinto, el oficialismo necesita que todos los aliados acompañen. La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el formoseño Francisco Paoltroni, los dos misioneros del gobernador Hugo Passalacqua y el interbloque federal que reúne a legisladores de distintas provincias están a favor. Sin embargo, todos ellos juntos suman 36. La llave la tienen los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, quienes no confirman y quieren hacer valer sus votos. Tienen un proyecto en agenda, por despidos en su provincia, que quieren imponer. El oficialismo necesita que al menos uno de ellos vote a favor para tener ley de Ficha Limpia.

Al igual que en Diputados, el eje de la discusión giró en torno a Cristina Kirchner, aunque en medio del escándalo de la cripto LIBRA, también Milei estuvo en el centro de la escena.

"¿Es chiste? Vamos a tratar este proyecto cuando el Presidente está en todos los portales del país y del mundo por la estafa de la criptomoneda", sentenció la legisladora K, Florencia López.

"No queremos una ley con nombre y apellido, sino una que realmente refleje el sentir de la sociedad. Que se incluyan los delitos de narcotráfico, de integridad sexual, trata de persona, contrabando", apuntó la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien agregó: "La verdad que no se nos va la vida con Ficha Limpia. Si no sale sabemos que la Corte tiene en su escritorio una acordada para firmar".

"No hablamos de ningún dirigente en particular. Cualquiera que tiene dos condenas no puede ser candidato. Parrilli está ahí porque no tiene doble conforme. El día que lo tenga no debería estar ahí", respondió la radical Carolina Losada y recordó que por el tema cripto mañana se va a discutir en la sesión un proyecto impulsado por la UCR para que se cree una comisión investigadora. "Queremos que se llegue a la verdad".

Losada también planteó la posibilidad de mejorar el texto y agregar delitos. Sin embargo, el oficialismo que pidió "no dilatar" y no acepta hacer cambios, porque eso significaría que el texto vuelva a Diputados.

El proyecto que llega con media sanción de Diputados mantiene la base del texto original: el impedimento para que personas que tengan una condena, confirmada en segunda instancia, por delitos de corrupción puedan ser candidatas.

Los delitos que puntualiza son: "Cohecho y tráfico de influencia, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y encubrimiento".

La fecha de corte para decidir quiénes pueden o no competir quedó fijada por el calendario electoral: no podrá participar de la elección aquel que reciba la condena confirmatoria antes del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional; es decir 180 días antes de la elección general.

Esa fue una de las modificaciones pedidas por la oposición dialoguista porque el Ejecutivo planteaba como límite el 31 de diciembre del año anterior a los comicios.

El texto aprobado amplió además el rango de afectados: no va a regir solo para quienes quieran ser candidatos, sino también para funcionarios.

Los condenados por corrupción en segunda instancia "no podrán ser designados como jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957 y sus modificatorias, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos".

Fuente: Clarín

El Tribunal Oral de Mar del Plata condenó en un fallo unánime a penas de hasta 8 años y 3 meses de prisión a 16 personas acusadas del delito de defraudación contra la ANSES y ordenó el decomiso del inmueble donde funcionaba el estudio jurídico previsional desde donde se llevaron a cabo las maniobras y del dinero secuestrado en los procedimientos. En efecto, los abogados encargados del estudio fueron considerados jefes de una asociación ilícita.

La lectura del veredicto estuvo a cargo del presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, acompañado por sus colegas Karina Yabor y Luis Imas. De un lado de la sala de audiencias estuvo presente el fiscal Nicolás Czizik, junto a la secretaria Guillermina Jiménez, y del otro lado, los acusados y sus defensas. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 13 de marzo próximo.

Durante su alegato, el fiscal Czizik había marcado que el juicio permitió demostrar que la organización criminal presentaba a la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) declaraciones juradas rectificativas falsas, en las que se declaraban relaciones laborales inexistentes, como también “denuncias Z”, una herramienta de los trabajadores contra la parte empleadora por incumplimiento en aportes y contribuciones que nutren el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que de esa forma “simularon ante la ANSES el historial laboral de muchísimas personas, respecto a quienes se gestionaron beneficios previsionales, sobre la base de haberes inexistentes o por montos superiores a los reales”. Explicó que ello redundaba en mayores ganancias para el estudio previsional que compartían los cuatro principales acusados: Luis Miguel Iros, Roberto Balbuena, Rubén David Cagni y Luciano Conrado Diez Suárez.

El camino que seguían algunos casos era la tramitación y obtención de retiros tempranos por invalidez, por montos calculados sobre la base de datos falsos y a través del fraude, la manipulación de historiales médicos, de procedimientos administrativos y judiciales. “No era un estudio que gestionaba jubilaciones, sino un estudio que fabricaba jubilaciones”, había marcado Czizik en base al testimonio el jefe de investigaciones previsionales de la AFIP, Eduardo Bellini.

En cuanto a las penas, el abogado Iros recibió 8 años y 3 meses de prisión; su colega Cagni y Balbuena, 8 años de prisión; y el también abogado Díaz Suárez, 6 años de prisión. El tribunal los consideró jefes de una asociación ilícita y coautores de los delitos de defraudación contra la administración pública en 94 casos y de otros 41 casos en grado de tentativa, además de los delitos de alteración de registros reiterada en 102 hechos y de tenencia ilegítima de DNI ajenos en 4 hechos. Iros también fue condenado 2 hechos de cohecho.

Héctor Seri, en tanto, fue condenado a tres años de prisión por el delito de tenencia ilegítima de tres armas de fuego de guerra.

Las penas fueron menores para otros imputados sobre los cuales el tribunal formó convicción de su participación como miembros de la asociación ilícita y autores de menor cantidad de hechos de defraudación a la administración pública.

En efecto, José Ricardo Caliyuri, acusado de ser el encargado de coordinar la faz médica de la organización criminal, fue condenado a una pena de 2 años y 9 meses de prisión como miembro de la asociación ilícita y autor de 41 casos de defraudación y de otros 22 en grado de tentativa, mientras que el médico Ariel Fati recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión.

Alejandro De la Torre Kriscovich, quien era empleado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), recibió una pena de 3 años, tal como había solicitado el MPF. La misma pena recibieron Juan Carlos Soria, Rodrigo Néstor Jones, Eduardo Alberto Moyano, Gustavo Enrique Domínguez y Nazareno Di Giovanni.

Dos beneficiarios de las maniobras, Walter Dubois y Ricardo Manuel Balbuena, fueron condenados como coautores del delito de fraude contra la administración pública a la pena de 2 años de prisión. Para el resto de los beneficiarios, la fiscalía había requerido la absolución durante el alegato.

Martín Daniel Barreix, acusado por un caso que se acumuló por conexidad ajeno a esta organización, fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión, en línea con el acuerdo de juicio abreviado firmado por el acusado antes del inicio del debate oral y público.

Por otro lado, el tribunal convalidó en la sentencia el pedido de absolución realizado por el MPF en relación a Gabriela Iros, abogada que trabajaba en el estudio, pero a quien no se le reprochó intervención particular en ningún caso, como también de la psicóloga Gabriela Fabiana Biribin.

Por último, el tribunal absolvió a otras 18 personas, entre ellas el médico de la Comisión Médica N°12 Fernando Daniel Fernández.

Por otra parte, el tribunal falló en línea con el pedido del fiscal Czizik en relación al decomiso de los inmuebles ubicados en avenida Paso 2880 y 2890, además del dinero en efectivo incautado a los cuatro principales responsables de la organización.

“No hay duda para la fiscalía que el inmueble ha sido escenario del obrar delictivo de la organización”, había expresado en un tramo de su alegato el representante del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Fiscales.gob.ar