El ex concejal del Partido Conservador Philip Young, de 49 años, se declaró culpable de haber drogado y violado de forma reiterada a su entonces esposa entre 2010 y 2023, durante una audiencia celebrada en el tribunal de Winchester, en el sureste de Inglaterra.

Young admitió 48 de los 56 cargos que pesaban en su contra, entre ellos 11 violaciones, 11 delitos de administración de sustancias para someter a la víctima, 7 agresiones sexuales con penetración, 4 agresiones sexuales, 14 delitos de voyeurismo y un cargo por publicación de material obsceno.

El acusado compareció ante la Justicia en presencia de su exesposa, Joanne Young, de 48 años, quien renunció a su derecho al anonimato y asistió a la audiencia acompañada por su hermana.

Además de Philip Young, que fue concejal en la ciudad de Swindon entre 2007 y 2010, otros cinco hombres enfrentan procesos judiciales por presuntos delitos sexuales contra la misma víctima. No está claro si existió relación directa entre ellos ni si hubo coordinación para cometer los abusos.

Norman Macksoni, de 47 años, se declaró no culpable de un cargo de violación y de posesión de imágenes extremas. Richard Wilkins, de 61, negó un cargo de violación y otro de agresión sexual con penetración. Dean Hamilton, de 47 años y sin domicilio fijo, aún no se pronunció sobre las acusaciones de violación, dos agresiones sexuales y un asalto con penetración. Connor Sanderson Doyle, de 31 años, se declaró no culpable de agresión sexual con penetración y tocamientos, mientras que Mohammed Hassan, de 37 años, negó un cargo de tocamientos.

La sentencia contra Philip Young se conocerá en las próximas semanas. En tanto, los procesos contra el resto de los imputados continuarán en causas independientes. El principal acusado fue puesto en prisión preventiva, mientras que los otros cinco quedaron en libertad bajo fianza.

La policía británica busca además a otro hombre presuntamente vinculado al caso, descrito como de complexión grande, con cicatrices en la parte posterior de la cabeza y un tatuaje distintivo en el lado izquierdo del pecho, y solicitó colaboración pública para identificarlo.

Fuente: con información de TN

Fernando Sabag Montiel, actualmente detenido por haber atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2022, fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión efectiva en una causa paralela en la que se investigó los delitos vinculados a la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), bajo la dirección de la fiscal Daniela Dupuy. La Justicia lo encontró culpable de poseer y compartir contenido explícito que involucraba a menores de 13 años.

“En la Ciudad de Buenos Aires no hay margen para la impunidad en delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el fiscal general Juan Bautista Mahiques, quien destacó la labor profesional del equipo de la UFEDyCI y la eficacia del sistema judicial para abordar este tipo de crímenes con tecnología y personal capacitado.

Si bien la tarjeta SIM del celular no pudo ser peritada, durante la investigación se descubrió que Sabag Montiel tenía en su poder, al momento de ser detenido por el intento de magnicidio, una tarjeta de memoria con 17 imágenes y 102 videos de explotación sexual infantil. También se comprobó que había compartido este tipo de contenido en al menos tres ocasiones a través de Instagram.

La jueza Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28, fue la encargada de dictar la sentencia. La pena impuesta incluye además una condena previa de un año en suspenso por portar un DNI ajeno, que ahora se suma a esta nueva resolución judicial.

El 1 de septiembre de 2022, Cristina Kirchner fue víctima de un intento de asesinato frente a su domicilio en el barrio de Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. Mientras saludaba a militantes y simpatizantes que se habían congregado en la puerta de su casa, Fernando Sabag Montiel se acercó entre la multitud, sacó un arma de fuego y le apuntó a la cabeza, a muy corta distancia, a quien por entonces era la vicepresidenta.

El atacante gatilló, pero la bala no salió. Más tarde se comprobó que la pistola -una Bersa calibre 32 corto- estaba cargada con cinco balas, pero no tenía una en la recámara, por lo que no se disparó pese a haber accionado el gatillo.

El hecho fue registrado por varias cámaras y teléfonos celulares, y en pocos segundos fue reducido por personas presentes en el lugar y detenido por las fuerzas de seguridad de la Policía Federal.

Tras su arresto, la investigación judicial reveló que no actuó solo: también fue detenida su pareja, Brenda Uliarte, acusada de haber participado en la planificación del ataque. A su vez, detuvieron a Nicolás Carrizo, su jefe en la venta de copitos de azúcar. El caso fue caratulado como intento de homicidio agravado por uso de arma de fuego y por violencia de género.

Fuente: TN

Arrestaron a tres hermanos, de 29, 31 y 33 años, por generar disturbios en la vía pública en Batán. Se dieron a la fuga y al ser capturados, identificaron que el menor posee prisión domiciliaria y que fue condenado por homicidio. 

A raíz de un llamado al 911, las autoridades detuvieron a los tres sujetos en calle 121 entre 124 y 122 en Batán, quienes se encontraban alterando el orden público, confrontando y arrojando piedras a vecinos.

Ante la presencia policial, los malvivientes apedrearon a los efectivos y se dieron a la fuga, aunque tras una breve persecución los capturaron en su domicilio.

En virtud a que los vecinos querían agredir a los aprehendidos, rápidamente fueron trasladados a la dependencia y una vez allí, la fiscal María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa a tenor del artítulo 60 del Código Procesal Penal sin adoptar medida restrictiva contra su libertad.

A su vez, ya que el imputado de 29 años cuenta con arresto domiciliario, fue remitido a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Tiene antecedentes por homicidio, averiguación de ilícito, lesiones, allanamiento por robo, infracción a la Ley 23.737, encubrimiento, hurto por escalamiento en grado de tentativa, amenazas y exhibicionismo obsceno, amenazas, lesiones leves, hurto y robo agravado. 

En una extensa entrevista con “Los datos del día” de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, explicó de qué trata el juicio en ausencia y los cambios en el Código Penal y el Código Procesal Penal sobre la reiterancia, la reincidencia y la unificación de penas. 

“Juicio en ausencia, la reiterancia y la ley antimafias son tres proyectos con objetivos específicos y tienden al mismo objetivo general, que es combatir la impunidad, generar un Estado donde primen la ley y el orden, y lo referido a la frase ´el que las hace, las paga´. Pero tienen objetivos específicos distintos porque, por un lado, el proyecto de ley que se aprobó de antimafias tiende a combatir el crimen organizado, agravando las sanciones para los miembros de las organizaciones criminales que prevé la ley", desarrolló en primer lugar.

A su vez, añadió que "la ´ley antimafias´ le da herramientas especiales de investigación a los fiscales y a las fuerzas de seguridad en estos casos, con una mesa de articulación federal entre las provincias y la Nación, y una herramienta de decomiso anticipado de bienes para sacarle su patrimonio a los delincuentes en las primeras instancias del proceso”.

Según Ferlauto, este proyecto de ley “hace referencia al combate de la criminalidad organizada, en el entendimiento de que en aquellos lugares donde está más instalada, los indicadores de violencia se disparan y crecen muchísimo”.

“Lo que vivió Rosario en los últimos años tiene que ver con esto, sobre la instalación de grupos criminales que se disputaban el territorio y el poder entre sí, y le planteaban un desafío a un Estado que no estaba coordinado para enfrentarlo seriamente”, subrayó.

Pero en tanto al juicio en ausencia, sostuvo que apunta a “otra cosa”, ya que es “una respuesta a los familiares de víctimas y también a las víctimas de hechos gravísimos y de crímenes internacionales como terrorismo, genocidio o de lesa humanidad”. En esa línea, acotó que se busca “dar una herramienta procesal excepcional para que en estos delitos no se exija la presencia física del imputado para avanzar con el juicio y la eventual condena”.

, pero ahora no hace falta, ya que puede ser en suspenso. El segundo pilar de este proyecto es la modificación de la unificación de penas, porque hasta ahora cuando una persona era condenada a cinco años y ya tenía otra condena en cumplimiento igual, el segundo juez las unificaba y la lógica indica que debía darle una pena única de diez años”, expresó acerca del proyecto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso.

Sin embargo, el ex secretario de Seguridad de General Pueyrredon aclaró que “el sistema garantista en extremo al que habíamos llegado le daba la facultad al juez para que imponga, a través de un método conocido como composicional, una reducción al número que surgía de la suma de ambas condenas”.

Entonces, lo que buscaron fue que “si una persona es condenada a cinco años y después también a otros cinco, la pena única va a ser de diez, una modificación al Código Penal que rige en todo el país”, según sostuvo.

“La reiterancia, que es un instituto nuevo en el derecho nacional, es de índole procesal y rige en las causas que se tramitan ante el fuero federal y nacional. Hay algunas provincias que incorporaron a sus régmines procesales la figura de la reiterancia, como Buenos Aires, la cual consiste en que desde ahora cuando un juez tiene que resolver y un fiscal dictaminar sobre si corresponde o no dejar a una persona presa durante el proceso, debe mirar las detenciones e imputaciones previas que tuvo esa persona. Esto evita el fenómeno de la puerta giratoria”, concluyó Ferlauto.

El periodista Ezequiel Guazzora fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado, lesiones leves y resistencia a la autoridad. El veredicto se dictó este viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°24.

El juicio había comenzado el 11 de septiembre de este año, pero Guazzora estuvo detenido desde octubre de 2023, cuando finalmente fue capturado tras estar 67 días prófugo.

La Justicia lo buscaba por abusar de una adolescente de 15 años hasta que en la madrugada del 21 de octubre, el Youtuber y militante K fue detenido por detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina en una casa de la calle Carlos Tejedor al 1300 de la localidad de Merlo.

El juicio contra el periodista se basó sobre la acusación de “abuso sexual agravado por haberse cometido con acceso carnal” y la “promoción o facilitación de la corrupción de menores de 18 años”.

La madre de la víctima, cuya identidad se preservó para resguardar a la adolescente, también fue condenada a 10 años de cárcel por ser cómplice necesaria.

Fuente: TN

El juez Juan Ramos Padilla, del Tribunal Oral en lo Criminal N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, rechazó el pedido de excarcelación de José Alperovich y seguirá preso en Ezeiza, donde quedó alojado después de ser condenado a 16 años de prisión por abuso sexual.

“La contundente circunstancia de que se haya dictado un veredicto condenatorio, con la imposición de una pena de 16 años, hace que existan fundamentos suficientes para mantener su encarcelamiento”, indicó el magistrado en el fallo.

El pedido por parte de la defensa del ex gobernador, encabezada por el abogado Augusto Garrido, fue presentado hoy a las 13, ante el mismo tribunal que lo condenó. Dos horas después, Ramos Padilla rechazó la solicitud porque entiende que existen riesgos procesales y posible riesgo de fuga.

“Existen verdaderos riesgos procesales que podrían poner en riesgo el fin del proceso, cuya entidad es lo suficientemente extrema como para mantener el encarcelamiento preventivo del acusado”, señaló Ramos Padilla.

En tanto, el juez que emitió una sentencia con perspectiva de género consideró: “La imposición de la medida se justifica en base a la gravísima naturaleza de los hechos que se probaron. No se puede pasar por alto la violencia sistemática que ejerció Alperovich sobre la denunciante, en su condición de mujer”.

También aseguró que el acusado “para procurar su impunidad” llevó adelante distintas “maniobras” para evitar que la denuncia se concretara, y lo tildó de haber ejercido “un abuso del poder que ostentaba en su rol de ex gobernador y, por entonces, senador”.

Alperovich fue considerado por la Justicia como “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades, más de dos hechos en grado de tentativa y otros seis hechos con acceso carnal” por haber violado a su sobrina y ex secretaria. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 en Buenos Aires y Tucumán.

Aunque la condena no está firme y desde la defensa anticiparon que irán a Casación, el juez pidió la inmediata detención del ex senador, quien estuvo custodiado durante las últimas semanas del juicio. En horas de la noche, tras ser sentenciado, el acusado fue trasladado a un hospital penitenciario y luego quedó alojado en la cárcel federal de Ezeiza, donde tendrá que permanecer hasta tanto la sentencia se haga efectiva. Después, podrá pedir nuevamente una morigeración.

Además del encarcelamiento, Ramos Padilla determinó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por otra parte, el magistrado solicitó también investigar por falso testimonio a tres de las personas que declararon durante el debate. Se trata de David Cayata (custodio), Víctor Decataldo (ex de Sara Alperovich) y Manuel Frías (empleado).

Fuente: TN

Fue condenado un hombre de 34 años por haber abusado sexualmente de su sobrina y haber obligado al hermano de la menor a sacar fotos durante la violación. En un juicio abreviado realizado en el Tribunal 4 de Mar del Plata, RR recibió una pena de diez años de prisión por el delito de “abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal y corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y por haber sido cometido con violencia, ambos en concurso ideal”. 

Los hechos por los que el juez Gustavo Fissore condenó a RR ocurrieron en febrero de 2021 en Balcarce y fueron investigados por el fiscal Rodolfo Moure. De acuerdo con la hipótesis, probada luego en el debate, los abusos se cometieron en el interior de una verdulería que poseía el padre de las víctimas, cuando en una oportunidad quedó el hombre solo con sus sobrinos.

El condenado ejerció fuerza física sobre la niña y el hermano de ella, que intentó acudir en su ayuda, pero el hombre lo golpeó en la cabeza y lo tiró contra una pared. Luego, lo obligó a que tomara fotografías mientras violaba a su hermana y, para que lo hiciera, amenazó con matar a sus padres si contaban lo sucedido.

Según el fiscal, “dicha práctica abusiva, por su naturaleza prematura y perversa al obligar a que el hermano de la víctima extraiga fotografías mientras abusaba de su hermana, tuvo la connotación para generar una indebida interferencia en el proceso de formación de la sexualidad de la víctima con capacidad de degenerar o depravar sexualmente a esta”.

La víctima del abuso sexual narró con precisión las circunstancias

Este caso tuvo como circunstancia extraordinaria que contó con un testigo, que a su vez también fue víctima y pudo declarar. En Cámara Gesell, la víctima del abuso narró con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultara abusada. La niña describió que su tío la abusó un domingo a la mañana en el interior de la verdulería y que su hermano fue testigo presencial de todo, aunque aclaró que no era la primera vez que su tío abusaba de ella. Además de los testimonios de las víctimas, un amigo del agresor declaró que el imputado le confesó el abuso sexual.

Fuente: DIB

Un hombre de 58 años fue condenado por filmar y difundir a través de la web un video en el que se realizaba propaganda nazi por medio del descubrimiento de un cuadro con esvásticas y el emblema de la SS, se oía la marcha del ejército nazi, y hasta se incluyó el típico saludo a la voz de “sieg heil”.

La condena en el marco de un juicio abreviado, firmada por el juez federal Santiago Martín, fue en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Nicolás Czizik: Osvaldo Rubén Alonso recibió una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, por ser autor del delito de realización de propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza con el objeto de justificar o promover la discriminación racial o religiosa, previsto en el artículo 3 de la ley 23.592.

Además, el sujeto deberá abstenerse de concurrir a lugares o vincularse con personas que promuevan o justifiquen ideas o teorías que pudieran derivar en situaciones de carácter discriminatorio, y realizar un curso vinculado con políticas de prevención de prácticas discriminatorias ante el INADI.

La resolución judicial también contempla no hacer lugar al pedido de Alonso para que no se publique la sentencia, por entender, entre otras cuestiones, que la transparencia y publicidad de la gestión de gobierno son pilares esenciales en una sociedad democrática; y por otro lado, se tuvo en cuenta el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder a la información pública, y a su vez conocer el desempeño de sus funcionarios públicos.

La causa se inició a partir de una denuncia en 2013 del presidente de la filial Mar del Plata de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Benjamín Alberto Schjman, luego de tomar conocimiento del video de acceso público subido a Youtube. Allí, relató, se observa a cuatro o cinco personas reunidas en una suerte de quincho: una de ellas descubre un cuadro colgado en la pared conformado con símbolos de corte nacionalsocialista o nazi, como cruces gamadas, esvásticas, emblema de la SS, entre otras. Además, se escucha como música de fondo una marcha del ejército nazi, a la que uno de los asistentes refiere como “la marcha del tío”, siendo “el tío” para el denunciante Adolf Hitler. En otro pasaje, se observa también cómo varios de ellos levantan su mano derecha haciendo el típico saludo nazi a la voz de “sieg heil”. Schujman al momento de denunciar puso de relieve la gravedad de difundir y promocionar de manera pública esta ideología, atento el carácter discriminatorio del nazismo.

La investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2, reunió los elementos probatorios que permitieron identificar la participación material de Alonso en la confección del video.