Dos conductores fueron condenados por correr picadas en los médanos de La Frontera de Pinamar, en un hecho ocurrido el 31 de enero pasado, detectado por personal policial durante un operativo de seguridad en la zona.

El Juzgado en lo Correccional N°1 Departamental de Dolores, a cargo de Christian Gasquet, dictó la sentencia en el marco de un juicio abreviado y declaró culpables a Ariel Jesús De Haro y Lautaro Lanestosa por el delito de “prueba ilegal de velocidad con vehículo con motor”.

El episodio tuvo lugar en el sector de médanos conocido como La Frontera, donde efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), afectados al Operativo Sol a Sol, detectaron dos camionetas alineadas en paralelo y preparadas para la largada.

Los vehículos involucrados fueron una Volkswagen Amarok conducida por Lanestosa y una Volkswagen Amarok Highline al mando de De Haro. Según consta en la causa, los agentes realizaban tareas de inteligencia encubierta y lograron visualizar y registrar el momento en que ambos rodados iniciaron una carrera a alta velocidad, sin autorización, generando una situación de riesgo para personas que se encontraban a pocos metros.

Alrededor de las 19:00, los conductores fueron interceptados en el sector de egreso de la zona, quedaron detenidos y los vehículos fueron incautados.

Durante el proceso, el juez evaluó actas policiales, inspecciones oculares y planimetrías que acreditaron que el lugar no contaba con habilitación ni señalización para este tipo de actividades. “Las pruebas son contundentes para establecer que se encontraban desarrollando una prueba ilegal de velocidad en un lugar no habilitado”, sostuvo en el fallo.

El magistrado también remarcó el carácter doloso del hecho, al considerar que los imputados tenían pleno conocimiento de que participaban en una competencia no autorizada.

Finalmente, al no registrarse eximentes, atenuantes ni agravantes, el tribunal impuso a ambos conductores seis meses de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el plazo de un año. Asimismo, se resolvió que la pena no sea de cumplimiento efectivo debido a la ausencia de antecedentes penales.

Fuente: con información de DIB

Más de 24 años después, la investigación por el femicidio de Natalia Melmann, la joven de 15 años a la que un grupo de policías asesinó tras torturarla y violarla en Miramar, continúa abierta con la búsqueda de un sospechoso. En el caso de ser identificado, sería acusado como el quinto participante del crimen, ya que su ADN fue hallado en el cuerpo de la menor.

“Es la posibilidad que tenemos de ver quién es el quinto involucrado”, comentó el padre de la víctima, Gustavo Melmann, en diálogo con El Marplatense, luego de las nuevas pruebas de ADN.

La muestra genética será cotejada con otras tres muestras de sangre obtenidas y una cuarta que la Justicia tiene desde enero, un ex policía que era el dueño de la casa a la que llevaron a Natalia en la madrugada del 4 de febrero de 2001.

En realidad, iban a ser seis los oficiales de la Bonaerense sometidos a la pericia forense por disposición judicial, pero tres de ellos no se presentaron para realizar el trámite en la Asesoría Pericial marplatense, por lo que quedan pendientes.

En principio, explicó que “cuando se hizo el juicio en 2002, ordenaron investigar un quinto ADN, pero nunca se hizo" hasta que fueron a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que hace cinco años ordenó que se deben hacer estas extracciones.

Según manifestó, tres personas se presentaron voluntariamente hoy y los otros se negaron, lo que Melmann entendió como “una confirmación de la posibilidad de que sean compatibles con el ADN que se encontró” en su hija.

“Llegamos a la parte posterior de nuestra vida, tuvimos que soportar y no dejar de olvidar la tortura y el tormento que le hicieron pasar a mi hija. Es uno de los hechos más graves que ha cometido la Policía bonaerense en el ejercicio de la fuerza…tomar a una jovencita y por placer torturarla, matarla y violarla. El Estado es el que tendría que estar haber garantizado que todos los que participaron en el homicidio de mi hija sean juzgados”, expresó indignado.

En ese sentido, el padre de la joven asesinada en 2001 indicó que todavía se encuentran “pendientes” del Estado para llegar a una resolución después de 24 años y medio, al mismo tiempo que aseguró que los policías que deben realizarse las extracciones de sangre “se niegan diciendo que no están en las condiciones dadas” y justificándose en que la familia no puede estar presente.

Además, recordó que él estuvo presente cuando le extrajeron a quienes ahora son culpables, al igual que durante el traslado de las muestras.

Por último, aclaró que “esta es la posibilidad que tenemos de ver quién es el quinto involucrado, aunque ello no quiere decir que no hayan participado otros también”, y que tienen “una fuerte sospecha” sobre aquellos que se negaron a hacerse la extracción de sangre.

El crimen de Natalia ocurrió el 4 de febrero de 2001, cuando la adolescente fue obligada a subir a una camioneta policial y la llevaron a esa casa del barrio Copacabana, en la zona sur de Miramar.

De acuerdo a lo que se probó durante el juicio, en esa vivienda, la víctima “fue accedida carnalmente” y “con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual”, tras lo cual fue estrangulada con uno de los cordones de sus zapatillas. Cuatro días después, su cuerpo fue hallado sepultado entre los pinos del vivero dunícula Florentino Ameghino.

En aquel juicio fueron condenados a prisión perpetua los policías Oscar Echenique (63), Ricardo Anselmini (55) y Ricardo Suárez (60). Durante el debate surgió la pista de un posible cuarto implicado, policía también.

La investigación que se dispuso entonces implicó a Ricardo Panadero (67), quien ya estaba fuera de la fuerza policial, y por esos avatares de la Justicia, el juicio recién pudo llevarse adelante en 2018, cuando fue absuelto. Sin embargo, el fallo se apeló y Casación Penal bonaerense anuló esa sentencia.

Así fue que en 2023, en otro debate, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de Mar del Plata lo condenó a perpetua por privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y homicidio agravado.

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini rechazó hoy el pedido de “detención inmediata” para la ex presidente Cristina Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad que presentaron ayer los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firmes todas las condenas.

Fuentes judiciales informaron que el magistrado respondió al planteo de los fiscales con un “estese a lo dispuesto en el día de ayer“, en referencia a la orden para que todos los condenados se presenten en cinco días hábiles -plazo que vence el jueves de la semana que viene a las 9:30- en la sede del tribunal en Comodoro Py para quedar detenidos

Otros condenados pidieron notificarse sin tener que presentarse en Comodoro Py, pero Gorini respondió que “sin excepción, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral”.

Tras el fallo de la Corte, la Fiscalía pidió la detención inmediata de la ex jefe de Estado y los otro ocho condenadas para que empiecen a cumplir la pena. “El tribunal debe ordenar inmediatamente la detención de los culpables para que cumplan su pena y procurar, de manera urgente, la devolución del monto defraudado”, habían planteado Luciani y Mola en su presentación.

Pero previamente al pedido, el Tribunal Oral ya le había ordenado a los condenados que tenían que presentarse en el término de cinco días hábiles en Comodoro Py para quedar detenidos. Se entendía que así el tribunal ya había fijado postura sobre la modalidad de detención. Y eso ocurrió hoy cuando en una resolución, Gorini ratificó su decisión ante el planteo de la Fiscalía.

Sobre la presentación personal en el tribunal, las defensas de tres acusados plantearon alternativas para cumplirla. Fueron las del ex secretario de Obras Públicas José López y de los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe. Los tres viven en Santa Cruz y pidieron otra modalidad para no tener que viajar a la ciudad de Buenos Aires.

“Sin excepción, deberán presentarse en la sede de este Tribunal Oral dentro del quinto día hábil de notificados a través de sus defensas letradas, con el objetivo de hacer efectivas sus detenciones; oportunidad en la que, además, se formalizarán las notificaciones personales de rigor”, resolvió Gorini. Si bien esa decisión no fue ante un planteo de Cristina Kirchner se entiende que se puede aplicar para todos los condenados.

La ex mandataria pidió ayer cumplir la condena de seis años de prisión en la modalidad de domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La defensa de Cristina alegó tres motivos principales: su rol como ex presidente que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados de la ex presidente, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, quienes también pidieron que no use una tobillera electrónica.

El tribunal oral ya formó el legajo particular para tratar ese pedido y le pidió opinión a la Fiscalía antes de resolver. Un punto central para ese planteo será la respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre los posibles lugares de detención para los condenados.

El juez Gorini le requirió ayer que le asigne “una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas”. Esas son los nueve condenados en la causa. Para el caso de Cristina Kirchner, el magistrado le solicitó a la funcionaria que tenga en cuenta su edad, las cuestiones de seguridad por haber sido presidente y vicepresidente y el intento de homicidio que sufrió en 2022.

En su pedido de detención domiciliaria, la defensa de CFK requirió que si antes de los cinco días en los que tiene que presentarse no se resuelve su planteo, no quede presa en una dependencia de las fuerzas de seguridad sino en su departamento.

Fuente: Infobae

Dos hombre fueron condenados en juicio abreviado a 8 y 6 años de prisión por haber protagonizado violentos robos en dos hechos diferentes, en viviendas de los barrios Divino Rostro y El Gaucho. 

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 condenó a Marcos David Demetrio, de 23 años, por su participación, el pasado 7 de agosto, en un asalto a una casa ubicada en San Salvador al  9000, donde intimidó con un cuchillo a un jubilado que vivía allí.

En el robo, le sustrajo un televisor, un radiograbador, un DVD y mil quinientos pesos, elementos con los que se dio a la fuga del lugar. El Tribunal valoró como agravante la avanzada edad de la víctima, por lo que condenó al delincuente a 6 años de prisión.

El mismo tribunal, también hizo lugar a otro acuerdo de juicio abreviado que alcanzó el fiscal Mariano Moyano con la defensa de Martín Eduardo Belis, a quien condenó a 8 años de prisión. El ladrón, junto a dos cómplices, ingresó en julio de 2017 a un inmueble ubicado en Quintana al 1400 tras saltar un paredón.

Una vez dentro de la vivienda, atacó con golpes de puño a sus moradores,  exigiéndoles la entrega de bienes y dinero. Luego, se dio a la fuga del lugar junto a los otros dos delincuentes.

Los condenados por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido hace 22 años en Pinamar, se encuentran actualmente eximidos de prisión y a esto se suma que el autor material del hecho, el ex policía Gustavo Prellezo, está habilitado para ejercer como abogado.

"Todos los años, en cada aniversario del crimen, nos enteramos de que las personas que fueron sentenciadas reciben determinados beneficios. Para esta fecha, siempre tenemos malas noticias. Esta vez nos enteramos que Prellezo recibió una matrícula de abogado por parte del Colegio Público de la Capital Federal", señaló a la agencia Télam el periodista Gabriel Michi, compañero de Cabezas en la Revista Noticias.

La participación de Prellezo

El entonces efectivo de la Bonaerense estaba al servicio del empresario postal Alfredo Yabrán, quien fue procesado como instigador del hecho y se suicidó en un campo de Entre Ríos cuando estaba prófugo de la Justicia, un año y cuatro meses después del crimen. El autor de los disparos que terminaron con la vida del reportero gráfico, según lo estableció la Justicia, está en libertad condicional desde diciembre de 2017, aunque desde 2010 vive en su casa bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Prisión perpetua

El ex oficial de la policía estudió en la cárcel y se recibió primero de abogado y luego de escribano en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), e intentó obtener una matrícula de abogado en un colegio público de Quilmes, pero ante una denuncia presentada por la familia de Cabezas esa entidad optó por no entregarle la habilitación para desempeñarse como letrado. En cuanto al resto de los condenados, el ex policía Aníbal Luna, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Cabezas, está bajo libertad condicional desde septiembre de 2017, tras cumplir durante dos años un período de salidas transitorias.

Otros involucrados

El comisario Mario "La Liebre" Gómez, condenado por haber liberado la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Sergio Cammaratta, otro de los policías implicados en el caso y sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho "un seguimiento" a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997, murió en 2015 en el penal de Dolores.

Con relación a la banda de "Los Horneros", los delincuentes comunes de la periferia de La Plata que fueron reclutados por Prellezo para cometer el crimen de Cabezas, también quedaron desvinculados de la causa.

José Luis Auge recibió una condena en el juicio que se llevó a cabo en 2004 y cuatro años más tarde quedó en libertad.

Su cómplice Sergio Gustavo González, tras ser sentenciado a prisión perpetua recibió una reducción de su condena; salió de la cárcel en 2006, y el año pasado se le declaró la extinción de la pena, aunque aún tiene una causa por drogas radicada en los tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, Horacio Braga quedó en libertad condicional diez años después del crimen, y a mediados de 2018 cumplió su condena con la Justicia. Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió de sida en la cárcel un año después.

Actos y homenajes

A las 11, en la Plazoleta José Luis Cabezas, en Roca y Diagonal Alvear, de Neuquén A las 11, en Radio Nacional de Mendoza A las 12, en la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, en Buenos Aires. A las 12, en el Monolito de la Avenida Bunge frente a la Terminal, en Pinamar. A las 18.30, en Córdoba y San Martín, en Rosario. A las 20, frente a la Estación de Ómnibus, en Pinamar.

Fuente: La Nación.