La tobillera, el arresto domiciliario, el indulto y la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ex presidente Cristina Kirchner son todas las dudas que el abogado experto en derecho constitucional, Enrique del Carril, despejó al ser consultado por Los datos del día, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7)

En primera instancia, acerca de la posibilidad de indultar a la ex líder del PJ en un futuro incierto, el profesor universitario contempló: “Es un tema complejo, pero es verdad que el presidente tiene la facultad de indultar en general, es una cosa tradicional. Siempre el Poder Ejecutivo tuvo la facultad de, en alguna medida, meterse en la decisión del Poder Judicial por una cuestión de control de poderes entre los casos de condenas por corrupción, en donde tenemos un marco internacional de lucha”.

En esa línea, también recordó que ese poder está previsto en el artículo 36, “que habla de la idea de mantener limpia la Constitución”, por lo que consideró que “es un tema abierto que habría que analizar”.

Entonces, resumió la respuesta al mencionar que, “en principio, desde la letra de la Constitución, el presidente sí puede -bajo dos requisitos, que sea jurisdicción federal y con previo informe del juzgado interviniente- puede indultar a una persona” y que el jefe de Estado “no tiene ningún límite en ese punto”. 

Por otro lado, en cuanto a la presentación que realizó uno de los abogados de la ex mandataria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comentó que allí “el margen es mucho más limitado, ya que la última instancia en la Argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Y en este marco, el docente de Derechos Humanos en FASTA explicó: ”La comisión es el órgano que presenta los casos ante la Corte Interamericana, y por lo tanto debe analizar la presentación y ver si la admite o no. En el caso de una condena de la Corte Interamericana, no traería para atrás la sentencia, sino que implicaría una responsabilidad del Estado argentino, eventualmente una indemnización o algún acto de desagravio, pero no anularía la condena".

Volviendo a la idea del indulto, subrayó que “es un concepto bastante más viejo, de las monarquías, en las que actuaba como la gracia del rey, quien tenía ese poder de perdonar por valoraciones políticas”. Y asimismo, aclaró que “a pesar de que la persona era culpable, esto no quiere decir que tras el indulto sea inocente, sino que son culpables pero no van a ir presos”.

Además, recordó que “han habido indultos en Argentina, como el de los militares del último golpe militar en el gobierno de Carlos Menem, y que luego fueron dejados sin efecto”.En último lugar, del Carril se refirió al largo debate por la tobillera de la ex presidente, ya que ella planteó que como tiene custodia residencial, podría obviar su uso, donde aseguró que esa “es una posibilidad” y “totalmente viable”.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, ya solicitó la prisión domiciliaria, al considerar que se trata de una modalidad de cumplimiento de la condena y no de un beneficio excepcional. El Tribunal Oral Federal N° 2, por su parte, pidió al Ministerio de Seguridad que informe en un plazo de 24 horas los posibles lugares donde podrían ser alojados los condenados, atendiendo las características particulares de cada uno.

En el caso de Cristina Kirchner, los jueces tuvieron en cuenta su edad, 72 años, su rol como expresidenta y el antecedente del intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022. Estos elementos serían clave para definir si corresponde otorgarle el arresto domiciliario.

Mientras tanto, la expresidenta permanece en su domicilio de Constitución. El juez Jorge Gorini ordenó que, una vez que se presente ante la Justicia, sea trasladada al lugar designado por el Ministerio de Seguridad. Recién entonces se resolverá si se le concede el cumplimiento de la pena en su casa.

Beraldi también anticipó que llevará el caso a tribunales internacionales y expresó que espera una pronta respuesta a su pedido: “Entiendo que se le va a dar trámite a partir de mañana y esperamos que antes del plazo fijado el Tribunal nos dé una respuesta favorable, porque es lo que corresponde a cualquier persona”.

Fuente: TN

Ingresó al Senado de la Nación un proyecto que busca endurecer las sanciones penales para quienes ejerzan violencia contra trabajadores de la educación, la salud y el transporte público durante el desempeño de sus funciones.

Con este fin, se pide incorporar un nuevo artículo, elevando en un tercio las penas de cualquier delito del mínimo y del máximo cometido “con motivo u ocasión” del trabajo de la víctima cuando sea docente, integrante del equipo de salud o trabajador del transporte público.

Además, la iniciativa destaca que la agresión a estos sectores repercute en toda la comunidad: suspensión de clases, cierre de guardias y paralización de líneas de transporte. Por eso, el proyecto plantea que cualquier lesión, amenaza, robo o daño cometido mientras la víctima desempeña -o a causa de haber desempeñado- su función reciba un castigo mayor que el contemplado hoy.

Al respecto, el senador nacional Maximiliano Abad, autor del proyecto, señaló que “estamos frente a una escalada de violencia contra personas que prestan servicios esenciales. Si no protegemos a quienes educan, curan y trasladan a la ciudadanía, el costo social se multiplica. Necesitamos vivir en una Argentina normal”.

Por lo tanto, Abad subrayó que el texto recoge reclamos de gremios docentes, colegios médicos y sindicatos del transporte: “Los trabajadores esenciales merecen un paraguas de protección específico. Agravar las penas es un mensaje claro: la violencia no puede ser parte de la rutina laboral”.

“La ley debe disuadir, pero el Estado tiene que prevenir. Las escuelas, hospitales y unidades de transporte deben ser espacios seguros”, consideró el legislador.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que allanaría el camino para que el Código Penal incluya a la “Ley Blas”, una iniciativa que buscaría incorporar el delito de alteración o modificación de la escena de un crimen por parte de los funcionarios públicos. En caso de que fuera aprobada, la misma sería una agravante para aquellos que buscaran entorpecer una investigación en beneficio propio o de terceros.

El proyecto de ley fue presentado en mayo de este año por Soledad Laciar, la madre de Blas Correa, el adolescente de 17 años que fue asesinado en un control policial en 2020. No obstante, el nexo con el Palacio Legislativo fue hecho a través de la diputada nacional local, Gabriela Brouwer de Koning, de Juntos por el Cambio.

La modificación que los familiares de Blas Correa plantean sumar a las normas penales tiene como objetivo fundamental endurecer las penas sancionadas a los funcionarios públicos que pudieran alterar pruebas, cambiar la escena del crimen, ya sea para asegurar su propia impunidad o de terceras personas. El mismo fue motivado por el caso del adolescente cordobés, debido a que los ex agentes de la Policía de Córdoba que lo atacaron fueron encontrados responsables de haber plantado un arma de fuego, con la intención de hacerle creer a los investigadores que habrían tenido un enfrentamiento armado y que la muerte del joven fue producto del supuesto tiroteo.

A raíz de esto, la Cámara 8va. del Crimen, con participación de un jurado popular, resolvió condenar a 11 de los 13 policías procesados. Mientras que los cabos primeros Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (35) fueron sentenciados a cumplir una pena de prisión perpetua por haber efectuado los disparos con sus armas reglamentarias, los nueve restantes deberán cumplir penas de entre 2 y 5 años de prisión por los delitos de encubrimiento y abandono de persona.

La mamá de Blas Correa señaló que la inclusión del proyecto contribuiría a reforzar la confianza en las fuerzas de seguridad (Mario Sar)

De acuerdo a la información publicada por Cadena 3, la propuesta legislativa buscará instalar una “pena 4 a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, siempre que no suponga un delito más severamente penado, el funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones que, con el objeto de entorpecer una investigación, asegurar su impunidad o la de terceros o perjudicar la situación procesal de una persona, alterare pruebas o modificare la escena de un hecho delictivo”.

Asimismo, el proyecto de ley destaca tres puntos que endurecerán las penas para los uniformados que cometan crímenes. “Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias”; “incorporar una sanción específica para los miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación”; y, “al nuevo tipo penal, se incorpora la aplicación de la figura del Arrepentido”, de acuerdo a lo que establece la ley 27.304″.

Por otro lado, el texto plantea la creación de un programa que promueve en forma progresiva el “desarme de la sociedad civil”. Brouwer de Koning afirmó que la iniciativa “es un aporte que apunta a prevenir y erradicar la violencia institucional”, tras sostener que esta ley “apunta a ser un aporte para llenar ese vacío”.

“Espero que la sociedad recupere la confianza en las fuerzas de seguridad y que la policía recupere el valor por la vida de la gente. Es una herramienta para que lo que ocurrió con mi hijo no vuelva a suceder”, sostuvo la madre de Blas durante la presunción del texto. La intención va en línea con las palabras que la madre del joven había pronunciado en febrero de este año, horas antes de que se produjeran los alegatos por el crimen. En ese entonces, Soledad expresó: “No voy a bajar los brazos para que se haga justicia por Blas, sino también por el crimen de otros chicos y para que la policía cambie. Queremos una policía en quien confiar, que nos cuide y no que nos mate”.

Fuente: Infobae

Un policía municipal resultó herido durante el ataque incendiario contra dos vehículos, en uno de los cuales explotó una bomba de gas, a pocos metros de una sinagoga de la localidad de La Gran Motte, en Francia. 

Las autoridades identifican el hecho con un ataque terrorista y buscaban al autor, además de sus posibles cómplices. 

El atentado generó todo tipo de condenas y de rechazo al antisemitismo por parte de la clase política francesa.

En tanto, la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) anunció en un comunicado que se hizo cargo de la investigación.

La causa tiene tres cargos: intento de asesinato, destrucción con medios peligrosos y asociación de malhechores, todos con motivaciones terroristas.

Al mismo tiempo que eran incendiado los autos, hubo otros dos incendios en las dos puertas de entrada en la sinagoga Beth Yacoov, en cuyo interior había cinco personas, incluyendo el rabino.

Según la Fiscalía, todos las personas que se encontraban en la sinagoga resultaron ilesas. 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que “se está haciendo todo lo posible para encontrar al autor de este acto terrorista y proteger los lugares de culto. La lucha contra el antisemitismo es una lucha constante, la de una nación unida”. 

Por su parte, el primer ministro, Gabriel Attal, detalló en un posteo por la red social X que “la Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación. Las fuerzas de seguridad están rastreando al sospechoso”.

Además, Attal ordenó “el refuerzo inmediato de la protección de los lugares de culto judío”.

El hecho generó el repudio de la mayor parte del arco político francés. El atentado ha generado todo tipo de condenas y de rechazo al antisemitismo por parte de la clase política francesa.

El ex presidente francés Francois Hollande consideró que “cuando se ataca una sinagoga, el objetivo es toda Francia”.

Además, en un comunicado, sostuvo que “el antisemitismo debe ser denunciado y combativo de forma unánime”.

Fuente: Noticias Argentinas