Un manifestante fue detenido hoy en el marco de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, durante una protesta contra la Ley de Glaciares que se debate en la Cámara de Diputados.

Los enfrentamientos ocurrieron en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron dispersar a los manifestantes para evitar que avanzaran hacia el Congreso.

Según informaron fuentes policiales, hasta el momento se confirmó la detención de un activista que habría participado de los disturbios en el centro porteño.

La movilización se llevó a cabo mientras en el recinto se discute el proyecto impulsado por el Gobierno, que busca su sanción definitiva en el Congreso.

En ese contexto, se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, en una jornada marcada por el fuerte operativo policial desplegado en la zona.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

En el debate que se dió dentro del congreso por los cambios en el Régimen Penal Juvenil, Bullrich sostuvo que el Estado debe asumir una postura firme frente al delito, independientemente de la edad de quienes lo cometan. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado frente a los delincuentes, no importa la edad que tengan”, afirmó la senadora.

La dirigente remarcó que la gran mayoría de la sociedad cumple con la ley: "El 99% de nuestra sociedad no comete ningún delito, independientemente de la clase social de la que provengan”, expresó, al defender la necesidad de normas que, según planteó, protejan a los ciudadanos que respetan las reglas.

En esa línea, aseguró que la lay busca dar respuesta a una demanda social de mayor seguridad. “Esta ley está del lado de los ciudadanos”, indicó.

Asimismo, cuestionó enfoques que atribuyen el delito exclusivamente a factores sociales. “Venimos a terminar con la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, enfatizó, al sostener que debe primar la responsabilidad individual ante la comisión de delitos.

Las declaraciones se sumaron a otras voces que, dentro del debate parlamentario, promueven endurecer el régimen penal juvenil como parte de una política integral de seguridad.

Un grupo de legisladores presentó un proyecto para actualizar el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y modificar la forma en que se calcula el costo de vida de los argentinos, un indicador clave para medir la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.  

La iniciativa surge tras la reciente salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC, y apunta a implementar una metodología más contemporánea para reflejar con mayor precisión los gastos reales de las familias. En los últimos años, organismos técnicos y analistas advirtieron que la canasta de bienes y servicios utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estaba basada en patrones de consumo antiguos, lo que puede distorsionar la medición del costo de vida.  

Según lo que se propone, el organismo estadístico debería adoptar datos más recientes sobre los hábitos de gasto de los hogares y ampliar el universo de productos y servicios incluidos en el cálculo, con el objetivo de que el IPC represente mejor la realidad cotidiana de la población. Esta actualización también implicaría modernizar los métodos de recolección de precios y ajustar los ponderadores de cada rubro en función del peso actual que tienen en los presupuestos familiares.  

La discusión técnica sobre la medición del costo de vida cobra relevancia en un contexto en el que la confianza en los indicadores oficiales ha sido objeto de debate, y sectores del ámbito económico consideran que un índice más acorde a los patrones de consumo actuales podría mejorar la credibilidad de los datos estadísticos.  

El proyecto todavía deberá avanzar en las comisiones del Congreso antes de convertirse en ley, pero marcó el inicio de un debate sobre la necesidad de que el principal organismo de estadística del país modernice sus métodos para describir con mayor fidelidad la realidad económica de la población.  

La protesta, que forma parte de reclamos habituales de personas retiradas y grupos afines por mejoras en sus haberes y condiciones de vida, comenzó de manera pacífica.

Sin embargo, la situación se tensó cuando un grupo de participantes intentó avanzar hacia las calles, lo que derivó en un despliegue de la Policía Federal Argentina para impedir el corte de tránsito.  

Según diversos videos difundidos en redes sociales, uniformados realizaron uso de gas pimienta y hubo forcejeos y empujones entre manifestantes y agentes en algunos sectores. También se observó la detención de al menos una persona, entre ellas el sacerdote Francisco “Padre Paco” Olveira, quien fue retenido brevemente por la policía y luego liberado tras la intervención de legisladores presentes.  

El operativo policial se montó en torno a las intersecciones próximas a la Plaza de los Dos Congresos, con el objetivo declarado de mantener despejadas las principales arterias ante el reclamo. En las semanas recientes, marchas similares han implicado movilizaciones de jubilados y la presencia de protocolos antipiquetes que buscan evitar el corte de calles, lo que ha generado episodios de enfrentamientos breves en varias ocasiones.  

Hasta el momento, no se han informado balances oficiales de lesionados ni del total de detenidos tras los incidentes de hoy. 

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, informó que se solicitó oficialmente una sesión extraordinaria en el Senado para el 11 de febrero, donde se prevé comenzar a debatir la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Bullrich indicó que el proyecto está casi finalizado, con alrededor de un 95% de consenso alcanzado entre los sectores aliados.  

La reunión, que incluyó a representantes de distintos bloques aliados como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y otros senadores provinciales, se realizó con el objetivo de conversar sobre los detalles del texto y acercar posiciones antes del tratamiento en el recinto.  

Desde distintos espacios políticos implicados en la negociación se reconoció avance en varios puntos del proyecto, aunque algunos aspectos, especialmente los vinculados a temas fiscales y otros que preocupan a gobernadores y legisladores, siguen siendo objeto de discusión para llegar a un acuerdo final previo a la sesión convocada.

El gobierno de Javier Milei activará en las próximas horas la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para encarar un paquete de proyectos que busca aprobar antes del cierre del año legislativo. El decreto, que será firmado hoy, establece que diputados y senadores deberán sesionar entre el 10 y el 30 de diciembre.

La agenda incluye iniciativas consideradas centrales por el Ejecutivo, entre ellas el Presupuesto 2026, una pieza clave para ordenar las cuentas públicas del próximo año. También se incorporará el proyecto de Inocencia Fiscal, junto al denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, ambos alineados con la estrategia económica impulsada por la administración libertaria.

Otro punto fuerte será la modernización laboral, una reforma que apunta a modificar aspectos del mercado de trabajo y que promete un debate intenso en ambas cámaras. A esto se suma la propuesta de reforma del Código Penal, que introduce cambios en materia de delitos y sanciones.

El temario se completa con la actualización del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y áreas periglaciares, un punto sensible en materia ambiental. Con este llamado, el Gobierno busca acelerar discusiones pendientes y cerrar el año con avances legislativos en temas que considera fundamentales para su programa de gestión.

El Gobierno nacional confirmará en los próximos días la convocatoria a sesiones extraordinarias para el tratamiento del Presupuesto 2026, presentado en septiembre, y que podría incluir la discusión de reformas tributarias, laborales y previsionales, según confirmaron fuentes oficiales a medios nacionales.

“Estamos emplazados para dictaminar la próxima semana. Con el compromiso de las extraordinarias, la idea es postergar el debate en la búsqueda de mayores consensos”, señalaron desde la Casa Rosada, tras el triunfo electoral del oficialismo.

La estrategia busca ganar tiempo hasta diciembre, cuando asuma la nueva composición del Congreso. Con el recambio legislativo, La Libertad Avanza (LLA) aspira a controlar las principales comisiones y consolidar una mayoría propia en Diputados. Según estimaciones oficiales, el bloque libertario contaría con 107 legisladores entre propios, PRO y UCR, y necesitaría el respaldo de solo 13 más para aprobar el Presupuesto.

“La idea es continuar sesionando de corrido. Parar solo en Navidad y Año Nuevo”, deslizaron allegados al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque aclararon que por ahora es solo una posibilidad.

Entre los temas a incluir en el temario figuran el proyecto de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la repatriación de divisas, y una reforma laboral orientada a “modernizar el empleo y reducir litigiosidad”, impulsada desde el Consejo de Mayo.

En declaraciones a una radio nacional, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, adelantó que el temario de extraordinarias “será amplio” y reflejará el eje del programa económico del presidente Javier Milei.

“Conociéndolo al Presidente, no descansa en su afán de sacar a la Argentina adelante. No descarto que haya un llamado a extraordinarias”, sostuvo.

Mientras tanto, la Casa Rosada intensifica el diálogo con los gobernadores aliados para garantizar apoyos en el Congreso. El jueves próximo Milei encabezará una cumbre con entre 15 y 17 mandatarios provinciales, acompañado por Catalán, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Hay gobernadores que se han mostrado en contra de determinados proyectos, pero con los que podemos encontrar más coincidencias que diferencias. Están a favor de las reformas estructurales”, aseguró una fuente de Jefatura de Gabinete.

La convocatoria a sesiones extraordinarias marcará el inicio de un nuevo capítulo político para Milei, decidido a avanzar con su agenda de ajuste fiscal, desregulación y reestructuración del Estado antes de fin de año.

Fuente: Infobae

Mar del Plata incrementará su representación en el Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Los marplatenses Alejandro Carrancio, por La Libertad Avanza, y Hugo Antonio Moyano, por Fuerza Patria, resultaron electos en las elecciones legislativas y ocuparán sus bancas en la Cámara de Diputados en representación de la provincia de Buenos Aires.

El dato surge del reparto de los 35 escaños bonaerenses que estaban en disputa durante los comicios de este domingo. Con estos resultados, la ciudad sumará dos nuevos legisladores nacionales, fortaleciendo su peso político dentro del Congreso.

Carrancio, quien ocupaba el quinto lugar en la lista de La Libertad Avanza, se encuentra de licencia como diputado provincial y actualmente ejerce el cargo de coordinador del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (INPROTUR). Fue uno de los primeros referentes en sumarse al proyecto de Javier Milei, con quien mantiene una relación política cercana. Su perfil, ligado al crecimiento del movimiento libertario en la región, lo posiciona como una figura clave para el armado bonaerense del oficialismo.

Por su parte, Hugo Antonio Moyano, abogado y presidente del Partido CET, integraba la lista de Fuerza Patria en el noveno lugar. Con una trayectoria vinculada al sindicalismo, el dirigente busca construir su propio camino político desde Mar del Plata, marcando distancia del legado familiar y apostando a una renovación dentro del espacio peronista.

En tanto, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, quien figuraba quinto en la lista de Provincias Unidas, no logró acceder a una banca. 

De esta forma, la ciudad balnearia refuerza su representación parlamentaria con dos dirigentes de perfiles distintos, reflejo del nuevo mapa político que dejaron las legislativas 2025.

Convocada por bloques de la oposición dura y dialoguista, la sesión especial incluirá iniciativas vinculadas a las jubilaciones, la discapacidad, la emergencia en pediatría y el financiamiento del Hospital Garrahan.

Desde la Casa Rosada ya advirtieron que cualquier proyecto que ponga en riesgo el superávit será vetado por el presidente Javier Milei. “Todo lo que desbalancee las cuentas públicas no será tolerado”, reiteran en el oficialismo.

Uno de los ejes será la prórroga por dos años de la moratoria previsional, que permitiría a quienes no tienen los 30 años de aportes necesarios, completar los requisitos para acceder a la jubilación mínima. La medida, que fue suspendida por el Ejecutivo en marzo, es impulsada por el peronismo y la izquierda, pero tiene chances reducidas de avanzar.

En paralelo, se debatirá la creación de una Prestación Proporcional, para reconocer los años de aportes aunque no se alcance el mínimo. Este esquema, respaldado por sectores de la UCR, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y parte del PRO, tiene más posibilidades de consenso.

“El ideal sería reinstalar la moratoria, pero si no hay quórum para eso, preferimos avanzar con el esquema proporcional”, admitió a Infobae un legislador de Unión por la Patria que integra la comisión de Presupuesto.

También hay acuerdo mayoritario para otorgar un aumento del 7,2% en las jubilaciones y actualizar el bono adicional, congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Encuentro Federal propone llevarlo a $105.000 y el peronismo a $115.000, ambos con actualización posterior por inflación.

El costo fiscal proyectado para este bono oscila entre el 0,23% y el 0,30% del PBI, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Hacienda, por su parte, estimó que el impacto total de estas medidas llegaría al 1,3% del producto.

Otro de los puntos clave será la declaración de emergencia en discapacidad hasta fines de 2027. El proyecto incluye una recomposición arancelaria para prestadores, actualización de nomencladores y mejoras en pensiones no contributivas. Se estima que podría duplicar la cantidad de beneficiarios, con un costo de hasta el 0,42% del PBI.

A esto se suma el conflicto con el Hospital Garrahan, que derivó en dictámenes de ley y resoluciones para garantizar su financiamiento. La propuesta contempla desde aumentos salariales hasta compras directas de insumos críticos y exenciones en Ganancias para personal de salud. El debate requerirá un emplazamiento para que la Comisión de Presupuesto se expida, ya que todas las medidas tienen impacto económico.

También figura en el temario la declaración de emergencia por 180 días para distritos bonaerenses afectados por las inundaciones de mayo y, en forma de moción, el intento opositor de desempatar la presidencia de la comisión investigadora del caso $Libra.

En las últimas horas, n Las miradas están puestas en los diputados que responden a Martín Llaryora (Córdoba), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja), claves para alcanzar o bloquear el quórum.

La semana pasada, una sesión similar fracasó por falta de votos. Esta vez, la oposición ajustó el temario para evitar disensos internos y confía en reunir los 129 presentes necesarios para iniciar el debate. El resultado, sin embargo, sigue abierto.

Fuente: TN

El rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Alfredo Lazzeretti, participó activamente en la presentación del Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación. Lo hizo junto a representantes de universidades públicas de todo el país, en un acto que reunió a autoridades universitarias, docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores y a toda la comunidad académica.

La iniciativa, construida de manera integral y colectiva por integrantes del sistema universitario público argentino, busca dar respuesta al histórico problema del financiamiento universitario mediante una norma que garantice una asignación presupuestaria justa, clara y sostenida en el tiempo.

“La universidad pública necesita certezas. Este proyecto de ley representa un paso fundamental para asegurar el funcionamiento regular de nuestras instituciones, mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en ellas y sostener los programas que hacen posible que miles de estudiantes accedan, permanezcan y egresen de la universidad”, expresó Lazzeretti acerca del encuentro en el Congreso.

La propuesta también contempla el fortalecimiento de la actividad científica, tecnológica y de extensión, pilares del modelo universitario público, gratuito y de calidad que caracteriza a la Argentina. En este sentido, el rector destacó el rol activo de la casa de altos estudios marplatense en cada una de las instancias de elaboración del proyecto. “Hemos participado desde el primer momento, convencidos de que no se trata solo de una discusión presupuestaria, sino de una definición sobre el país que queremos construir”, afirmó.

Durante la jornada, se expresó un amplio respaldo al proyecto por parte del cuerpo legislativo, especialmente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, cuya presencia fue valorada por los asistentes como una señal clara del compromiso institucional con la universidad pública.

“Seguimos firmes en la lucha y en la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Esta ley es una herramienta imprescindible para que ese compromiso se traduzca en políticas concretas y sostenibles”, concluyó Lazzeretti.

El debate parlamentario que se inicia será clave para el futuro del sistema universitario nacional, que reclama una mirada estratégica y de largo plazo que garantice su desarrollo pleno en todo el país.

El senador nacional Maximiliano Abad presentó un proyecto en el Congreso de la Nación para solicitar al Poder Ejecutivo la transferencia de una unidad hotelera del histórico complejo turístico de Chapadmalal a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), con el objetivo de crear un nuevo campus académico, científico y comunitario bajo el nombre del doctor René Gerónimo Favaloro.

La iniciativa surge en el marco de la decisión del Gobierno de transferir el dominio del complejo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que habilita una redefinición del uso de estos inmuebles públicos. “Chapadmalal es parte de nuestra historia. Convertir parte de ese legado en un espacio para la educación pública y la ciencia es honrar su sentido original”, expresó Abad.

El proyecto remarca la necesidad de ampliar la infraestructura de la UNMdP, que hoy cuenta con más de 33.000 estudiantes y 70 carreras en 10 facultades, y enfrenta limitaciones edilicias, especialmente en el sur de Mar del Plata, donde aún no existe presencia universitaria estructural.

“El complejo ofrece condiciones ideales para reconvertir un hotel en aulas, bibliotecas, laboratorios y espacios comunitarios con una inversión razonable”, reflexionó el marplatense.

“Su ubicación estratégica, junto al mar, lo transforma en un punto privilegiado para potenciar la investigación en cambio climático, ciencias del mar, ambiente y sostenibilidad. Queremos transformar un recurso subutilizado en un motor de conocimiento y desarrollo para toda la región”, afirmó el legislador.

El nuevo campus no solo fortalecería el acceso equitativo a la educación superior, sino que también “permitiría vincular a la universidad con el Parque Industrial, el ecosistema tecnológico local y el desarrollo productivo de la región”, argumentó. 

“Para los que vivimos en el Partido de General Pueyrredon tenemos con Chapadmalal un vínculo afectivo y de pertenencia”, agregó.

El edificio hotelero sería refuncionalizado como un espacio académico y social, incluyendo residencias para estudiantes becados o en intercambio, en línea con la vocación federal y de inclusión de la universidad pública.

El complejo de Chapadmalal fue declarado Lugar Histórico Nacional en 2013 y se trata de un patrimonio con profundo arraigo en el Partido de General Pueyrredon. “Con esta iniciativa preservamos el carácter de patrimonio histórico y cultural del complejo Chapadmalal, al tiempo que lo integramos a un modelo de desarrollo regional, científico y social que promueve la educación pública, la investigación y la igualdad de oportunidades. De esa manera, preservaremos su historia y la proyectaremos al futuro”, concluyó Abad.

El oficialismo enfrenta desde este mediodía un nuevo intento de la oposición por investigar el caso $Libra, la criptomoneda que Javier Milei difundió a través de sus redes sociales, cuyo precio escaló para luego derrumbarse, y dejó al Presidente envuelto en una investigación por estafa. En ese marco, quedó establecido el próximo 19 de marzo como jornada en la que una comisión recibirá los pedidos de informe, de interpelación y el estudio de la creación de una comisión investigadora abocada al caso.

Además, la oposición pidió tratar también un proyecto de ley que busca declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca y localidades cercanas.

Las tensiones dentro de La Libertad Avanza (LLA) quedaron en evidencia durante la sesión de la Cámara de Diputados, que terminó en un escándalo con enfrentamientos físicos, gritos e insultos. En medio de las disputas internas, se produjo un cruce entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano cuando la primera intentó presionarla para que abandonara el recinto y así evitar el quórum necesario para la normalización de la Comisión de Juicio Político.,

La escena se volvió aún más tensa cuando la diputada Rocío Bonacci, también de LLA, reaccionó arrojándole un vaso de agua a Lemoine, lo que profundizó la fractura dentro del bloque oficialista.

El incidente se sumó a los enfrentamientos previos entre Oscar Zago y Lisandro Almirón, así como a los empujones entre diputados de Unión por la Patria (UP) y libertarios, tras el levantamiento de la sesión por falta de quórum.

Fuente: Infobae.

Finalmente el Gobierno formalizó hoy el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para debatir siete proyectos de ley, entre los que se destacan la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) -el tema que asoma como “prioritario”- y Ficha Limpia, una iniciativa que generó un diferendo con el PRO y ahora el oficialismo aspira a debatir con algunas “mejoras” que eviten eventuales discrecionalidades.

Tal como había anticipado la semana pasada, el Ejecutivo convocó al Parlamento, a través de la publicación del decreto 23/2025, a retomar sus actividades entre el 20 de enero y el 21 de febrero.

El llamado, que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, incluye los siguientes proyectos a tratar: la Ley Antimafia, modificación del Código Procesal Penal a fin de regular el Juicio en ausencia, régimen de Reiterancia y unificación de condenas, Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, Ficha Limpia, Ley sobre Compensación e Indice de Actualización de Quebrantos y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado de la Nación.

En relación a este último tema, el Gobierno intenta avanzar en la Cámara Alta en un consenso para poder designar a sus postulantes para completar las vacantes de la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Es un secreto a voces que el polémico juez federal cuenta con más adhesiones -está a una sola firma de obtener dictamen en la comisión de Acuerdos- pero su eventual oficialización dependerá de un entendimiento con el kirchnerismo.

La vicepresidente Victoria Villarruel ya avisó que se corre de las negociaciones por no acordar con la eventual designación del integrante de Comodoro Py y entonces el Ejecutivo deberá juntar los votos para que Lijo llegue a ocupar un sillón en el máximo tribunal. Las ternas por unos 150 cargos en la Justicia Federal difícilmente puedan ser debatidas en el próximo mes, reconocen en el oficialismo.

Pasado el mediodía, Milei se mostró junto al ministro de Defensa, Luis Petri, en una fotografía que publicó en sus redes sociales con una sugerente frase: “Ultimando detalles para FICHA LIMPIA...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”. Lo extraño del caso es que se haya reunido en la residencia de Olivos para trabajar un tema relacionado a la integridad con un funcionario de extracción radical en lugar de hacerlo con algún referente del PRO, el espacio que había impulsado el tema en el accidentado debate de noviembre pasado.

El proyecto original, de hecho, había sido redactado por Silvia Lospennato, una de las delegadas que eligió Mauricio Macri para negociar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. El Presidente le había prometido a la diputada que el jurista Alejandro Fargossi contribuiría a “mejorar” la iniciativa, pero ahora se mostró con el titular de Defensa. El PRO ya había manifestado sus diferencias con el Ejecutivo por la modificación a la ley de acceso a la información y, pese a los amagues oficiales, esos cambios nunca fueron anulados.

Pero el proyecto más urgente para el Ejecutivo es la anulación de las PASO incluida en el denominado proyecto de Fortalecimiento Electoral. En verdad, al oficialismo lo corre el reloj, busca modificar el sistema en un año electivo y especialistas recomiendan concretar la enmienda antes de abril por temor a una ulterior judicialización del tema. En el bloque peronista de la Cámara Baja hay una “mayoría” que acuerda “con la eliminación o suspensión” de las primarias. Al parecer, el oficialismo deberá abocarse a este debate aunque, en principio, plantea la derogación de la normativa creada en 2009.

“Supongo que en estos días comenzaremos a conversar” con los bloques aliados, indicó este lunes un importante funcionario acerca de la ronda de consultas que comenzará esta semana el Ejecutivo para poder llegar con el mayor consenso posible al inicio de las extraordinarias.

En tanto, las iniciativas vinculadas a mejorar el funcionamiento de la Justicia Federal y a endurecer el Código Penal difícilmente puedan ser tratadas durante este período de debate parlamentario.

Fuente: Clarín

Hoy en la sesión preparatoria del Congreso, Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados. La iniciativa -que extiende la permanencia en el cargo hasta diciembre del 2025-, contó con el apoyo de una mayoría importante de legisladores, incluyendo a una parte del bloque de Unión por la Patria (UxP).

En el encuentro, también se confirmará la reelección de las demás autoridades de la Cámara: Cecilia Moreau (UxP) en la vicepresidencia primera, Silvia Lospennato (PRO) en la vicepresidencia segunda, y Julio Cobos (UCR) en la vicepresidencia tercera.

A su turno, el titular de la bancada de UxP, Germán Martínez, sostuvo que “Martín Menem no cumplió con su palabra. Tampoco se llevó adelante una distribución de las presidencias de las comisiones como corresponde”.

En un discurso encendido, el diputado opositor expresó: “Los trabajadores del Congreso viven angustia y desolación en todas las áreas. Nunca nos sentimos respaldados por la presidencia de la Cámara”.

En consonancia con lo que manifestaron otros legisladores, Martínez enfatizó que “Menem debería estar garantizando que la Argentina tenga para el 2025 una ley de Presupuesto. Muchos lo dicen por abajo, pero nadie lo pone como condición para estar acá sentado”.

Entre aplausos y gritos en contra, el diputado se refirió a la situación del senador detenido en Paraguay: “Lo encontraron en la frontera con US$200.000 ilegales y es el mismo a quien la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, le dio la Comisión de Asuntos Constitucionales; el mismo a quien Santiago Caputo quería al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia”.

Por su parte, el diputado del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo que “el bloque acompañará la reelección de Martín Menem por responsabilidad institucional, porque le tocó un año difícil, con un gobierno nuevo y leyes difíciles de tratar”.

“Particularmente me pone contento que el elegido para presidir la Cámara sea Martín Menem”, cerró el titular de la bancada del PRO.

En la misma línea, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, aseguró que “hay mérito en la forma de llevar los temas”. No obstante, cuestionó “ciertas dinámicas violentas que le dieron resultado al Gobierno pero que a nosotros no nos gustan. Porque cuando la economía está empezando a dar resultados y vemos comportamientos eufóricos, es cuando más vale mantener la calma”.

Fuente: TN

Luego de la masiva manifestación que se realizó en Plaza de Mayo, liberaron ayer a la noche a 11 de los 16 detenidos por la represión en los alrededores del Congreso de la Nación. De los cinco que quedaron detenidos, hay una sola mujer: la marplatense Patricia Daniela Calarco Arredondo.

La jueza federal María Servini dictó “falta de mérito” para las personas que fueron liberadas y dictó procesamientos para las cinco que siguen privadas de su libertad por protestar. Se trata de Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. La situación procesal de los detenidos deberá ser evaluada por la magistrada en los próximos días.

La medida fue tomada luego de la multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo, donde familiares de los detenidos junto a organismos de derechos humanos y referentes políticos exigieron la liberación de los manifestantes que todavía están privados de su libertad.

De las seis mujeres que quedaban en el penal de Ezeiza, solo una no fue liberada, la marplatense Arredondo, quien está procesada por incendio y daño agravado. Se la acusa de haber incendiado tachos de basura en la zona de Congreso.

La mujer tiene 39 años, es del barrio Hipódromo y desde 2021 vive en Lomas de Zamora. Es una defensora de la lucha ambiental, militancia que forjó en Mar del Plata contra las fumigaciones. 

“Nos atropellábamos entre nosotros porque no podíamos ver”, contó a Presentes María Emilia Manazza, pareja de Daniela. “Estábamos a unas 13 cuadras ya del Congreso cuando la agarró de atrás un policía de civil, con toda la brutalidad e impunidad que tienen. Traté de forcejear para sacarla, pero no se podía”, aseguró.

Fuente: Presentes

El Gobierno reconoce que no tiene un plan para desarticular la mayoría que logró la oposiciónen la Cámara de Diputados y se respalda en su electorado. Se aferra además al poder del veto de Javier Milei y pone la mira en las elecciones de 2025.

En el Ejecutivo calificaron como un “palazo” la media sanción del aumento a las jubilaciones y calificaron como “oportunista” la estrategia opositora, en medio del conflicto interno por la salida del exjefe de gabinete Nicolás Posse y las tensiones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la denuncia de los alimentos almacenados.

Dan por perdida la votación del proyecto en el Senado -Unión por la Patria tiene 33 senadores y lo acompañará la UCR, que tiene 13- y sostienen que vetarán “todo lo que atente contra las cuentas fiscales”. Aseguran que “es una ley votada para que Milei la rechace”.

El oficialismo identificó además el aumento del riesgo país y la reacción del mercado como una respuesta a la inestabilidad política dentro de la Casa Rosada.

Es por eso que en Balcarce 50 afirman que no tienen un plan para contrarrestar la alianza que se formó entre Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica en el Congreso.

“No nos preocupa la mayoría que puedan tener en Diputados o en el Senado. Es algo que ya sabíamos que podía pasar. No tenemos gobernadores, intendentes y somos minoría en ambas cámaras. Lo que nos sostiene es la gente que nos votó”, expresó a TN un funcionario.

El presidente Javier Milei celebró la media sanción que recibió el proyecto Bases en la Cámara de Diputados.

Una vez finalizada la discusión en particular del proyecto, posteó: “Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas”. “Quiero agradecer la enorme tarea de todos los Diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto”, agregó.

MEDIA SANCIÓN A LA LEY “BASES” La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar la media sanción de la totalidad de la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las…

La segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados minutos antes de las 9 de la mañana con 142 votos afirmativos (106 en contra), gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN). Se trata de la primera victoria relevante que el gobierno de Javier Milei consigue en el Congreso de la Nación, a 147 días de haber llegado al poder.

Minutos después de las 14, se llamó a un breve cuarto intermedio tras 24 horas de sesión initerrumpida, y hay expectativa por la discusión en particular del paquete fiscal: Ganancias, Bienes Personales y el blanqueo.

La Ley Bases en general fuer rechazada por los bloques UxP, FIT, socialistas y la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC. Una curiosidad a la hora de la votación fue la presencia de Marcela Pagano, que no había estado al inicio de la sesión para dar quórum por problemas de salud (desencadenados por un pico de estrés por discusiones internas del bloque libertario).

La segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados pasadas las 7 con 142 votos afirmativos, gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal). Sin embargo, la aprobación de los capítulos en particular será larga dado que todavía podrían ser rechazados o modificados puntos clave como las facultades delegadas para disolver organismos públicos, el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral, los impuestos al tabaco y las privatizaciones.

Votaron en contra UxP, el FIT, los socialistas, la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC.

Para no repetir los mismos errores que llevaron al fracaso del primer debate en febrero, el oficialismo logró imponer que el proyecto sea votado por capítulos enteros, sin entrar en el debate artículo por artículo, y sin ningún cuarto intermedio. “Quieren hablar poco para que pase rápido, para que el tratamiento sea el más oscuro y menos transparente posible”, denunció Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria.

La sesión continuó con fuertes cruces y acusaciones pero lentamente los ánimos comenzaron a apaciguarse. Durante la tarde, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, llegaron al Congreso y se reunieron con Martín Menem en su despacho. Según informaron, ambos funcionarios no vinieron para participar en negociaciones sino para monitorear el desarrollo de la sesión y para mostrar apoyo político.

Al promediar la jornada, la lista de oradores individuales -más de 130- permitía calcular que la votación en general sería alrededor de las 7 del martes y que luego le seguían varias horas de debate en particular. Por esta razón, el recinto comenzó a vaciarse. La mayoría de los diputados se retiró para cenar y dormir un poco.

Fue justamente a raíz de la ausencia de la mayoría de los legisladores que desde Unión por la Patria hicieron mociones para dar por caído el quórum. “Tenemos 45 diputados presentes, no hay quórum para sesionar”, planteó Martín Soria. “Mientras no se vote nada no hay ningún problema con el quórum, que se dejen de chicanear, ya lo hicieron toda la tarde”, contestó Miguel Ángel Pichetto con visible fastidio.

No obstante, las negociaciones y el recuento de apoyos continuó hasta bien entrada la madrugada porque varios artículos seguían sin tener un consenso claro.

El artículo 3 fue uno de los más cuestionados, ya que faculta al Poder Ejecutivo a “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los organismos públicos que considere innecesarias; también podría fusionarlos, modificar sus estructuras jurídicas o la cantidad de empleados. Si bien en el dictamen se incluyó a pedido de la UCR un listado de organismos que quedarían exentos, como el Conicet, el Incucai, el INTA o el Instituto Malbrán, la redacción del texto genera rechazos. “En este modelo si se les ocurre cerrar el SENASA lo pueden hacer, nosotros no lo vamos a apoyar”, explicó Maximiliano Ferraro, presidente y diputado de la Coalición Cívica.

El impuesto a las Ganancias también recibió críticas de sectores del radicalismo, del bloque Hacemos y de diputados de provincias patagónicas. Todos recordaron que el propio Milei había aprobado su eliminación el año pasado y que había prometido no aumentar impuestos.

“No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente”, dijo el diputado de la UCR, Martín Tetaz.

En tanto, los cuestionamientos al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) -que implica beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de más de USD 200 millones- giraron en torno a la discriminación de las empresas de menor tamaño y de las economías regionales. A su vez, las provincias señalaron que el artículo 162, que establece que si una provincia propone una norma que vaya en contra de las facilidades del RIGI es “nula de toda nulidad”, avasalla la autonomía de las provincias.

“Yo estoy conceptualmente a favor de fomentar las inversiones, pero no con este régimen especial, que en mi caso me parece que me quedó corto si digo que es una animalada. Nada tiene que ver este proyecto con el desarrollo de nuestro país, con ese serio proyecto de desarrollo que necesitamos”, dijo Pablo Juliano, del sector del radicalismo que lidera Facundo Manes.

Por otro lado, las provincias tabacaleras junto a la UCR y Hacemos Coalición Federal buscarán volver a incorporar el capítulo sobre impuestos al tabaco que estaba en el texto original pero luego fue retirado por el Poder Ejecutivo. Este sector busca igualar los tributos que pagan todas las empresas. La Libertad Avanza y el PRO rechazan esta iniciativa.

Al momento de debatir los artículos de la reforma laboral el bloque radical adelantó que insistirá en incluir la eliminación de la cuota solidaria que los sindicatos cobran por convenio a los trabajadores no afiliados. La bancada que conduce Rodrigo de Loredo no cuenta con mayores apoyos pero buscará “exponer” a los diputados que voten “en defensa de la casta sindical”.

Finalmente, otro punto en duda es el blanqueo de capitales incluído en el paquete fiscal. La Coalición Cívica y los radicales díscolos ya anunciaron su rechazo.

Antes de la votación en general, Miguel Ángel Pichetto retrucó las críticas de los libertarios a “la política” y aseguró que fue aprobada gracias al esfuerzo de la política. En ese sentido, también le reclamó al Gobierno seguir por el “camino del diálogo constructivo y dejar de agraviar al Congreso”.

También se manifestó en favor del proyecto el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que reconoció que pocos gobiernos tardaron 5 meses en tener las herramientas para llevar adelante su plan de gestión. “No somos gobierno ni cogobierno, pero sentimos la responsabilidad del voto”, concluyó.

“Nosotros nos vamos con la convicción de que hicimos lo que tenemos que hacer. El Presidente dijo que va a invitar al pacto del 25 de Mayo a los que apoyen esta ley, con nosotros que se ahorren la invitación y los canapé. Nosotros vamos a estar con el pueblo”, agregó Leopoldo Moreau.

El Gobierno envió al Congreso, con entrada por Diputados, el proyecto de paquete fiscal, que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, moratorias, y prevé un blanqueo de capitales.

El paquete fiscal, que el Gobierno había decido retirar de la ley Bases original, ahora se llama "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes".

El punto más relevante de este proyecto marcha por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de $1.800.000 para los solteros, mientras que para los casados con hijos será de 2.200.000 pesos.

En su argumento, el proyecto sostiene que "el sistema fiscal argentino registra una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo cuando se analiza el sector formal de la economía. La existencia de numerosos impuestos distorsivos dificulta y margina a muchos individuos, empresas y emprendimientos del sector formal". Según sostiene el texto, eso "derivó en un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de estas empresas, que perjudicó ampliamente la recaudación fiscal".

Algunas de las modificaciones que plantea el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes son:

Se elimina la eximición de la cuarta categoría y se establece las siguientes escalas, contemplando la ganancia neta imponible mensual acumulada:

Asimismo se contempla que "los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior".

Se establece un Régimen de Regularización de Activos para sujetos residentes y no residentes con un plazo hasta el 30 de abril del 2025, con la posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio del 2025.

Los sujetos -que pueden ser sociedades- "quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones". No pueden participar funcionarios -ni sus familiares- del Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial en órdenes nacionales, provinciales o municipales; tampoco personal diplomático, autoridades universitarias

Se propone la creación del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, que apunta a reducir la tasa máxima de 2,25% hasta el 0,45%. El pago inicial no podrá ser de menos del 75% del total del impuesto. Los contribuyentes que opten por adherirse al régimen "gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional".

Para el período fiscal 2023, "no estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados [...] cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley, resulten iguales o inferiores a $100.000.000". En casos de "inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas", el piso del impuesto asciende a$350.000.000.

Se crea este régimen "con el fin de lograr el pago voluntario de obligaciones" determinadas, se excluyen los aportes destinados al Sistema Nacional de Obras Sociales, a las ART, al régimen especial de empleados del servicio doméstico, al Seguro de Vida Obligatoria, al Régimen Simplicado para Pequeños Contribuyentes, RENATEA y RENATRE y los tributos por infracciones al Régimen de Equipaje del Código Aduanero, entre otros.

Se propone derogar el Título VII de la Ley N° 23.905 que establecía "en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país".

El Congreso de la Nación tendrá este jueves actividad legislativa y, por segunda vez desde el comienzo de la pandemia, lo hará de forma virtual.

En el Senado debatirán tres proyectos de ley que ya fueron avalados por Diputados y que contemplan una serie de beneficios fiscales para quienes trabajan de manera directa en la lucha contra la pandemia, y también una regulación para el trabajo de la Cruz Roja.

En Diputados se buscará sancionar un proyecto que regula la teleasistencia y la prescripción digital de las recetas y estudios médicos, así como una iniciativa que habilita la educación a distancia, todas con un alto nivel de consenso entre los bloques parlamentarias.

Sesión en el Senado

Será la primera vez en la historia que el Senado sancione leyes de manera virtual, ya que en la sesión del miércoles pasado sólo se discutió y aprobó la legalidad de veinte Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional.

La sesión de este jueves fue convocada para las 14 y se desarrollará del mismo modo que la anterior: el recinto sólo estará habilitado para la presencia de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner; y el resto de las autoridades de la Cámara alta, además de los integrantes de la Secretarías Parlamentaria y Administrativa.

Los demás legisladores participarán de la sesión por videoconferencia y harán uso de la palabra desde el lugar en el que se encuentren: su despacho en Buenos Aires o las bancas de alguna legislatura provincial, como ocurrió la semana pasada.

Los proyectos que debatirá el Senado fueron dictaminados entre el lunes y martes sin disidencias y por unanimidad.

Además, las iniciativas ya recibieron la aprobación de la Cámara de Diputados por lo que, con el aval del Senado, se convertirán en ley.

Sesión en Diputados

El presidente de la cámara, Sergio Massa, convocó para las 12.30 a los jefes de las bancadas a una reunión de Labor Parlamentaria a fin de ajustar detalles de la sesión que comenzará cerca de las 14 y se estima que se extenderá hasta cerca de las 20.

En la segunda sesión mixta -con unos 40 diputados en el recinto de sesiones y el resto de los legisladores conectados en forma remota-, el pleno del cuerpo debatirá el proyecto que permite la teleasistencia y la prescripción de los medicamentos y ordenes de estudios médicos a través del sistema digital.

El dictamen que debatirán los diputados se basa en un texto consensuado entre diversos proyectos presentados y permite la prescripción de medicamentos y órdenes de estudio de recetas electrónicas, que pueden ser redactadas y firmadas a través de plataformas de teleasistencia.

Además, alcanzará a toda receta o prescripción médica, odontológica o de otros profesionales sanitarios legalmente facultados a prescribir, en los respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública y privada.

Por otra parte, el plenario legislativo tratará un proyecto de reforma del artículo 109 de la ley de Educación Nacional para permitir la enseñanza a distancia de los menores de 18 años, que se está aplicando debido a la suspensión del ciclo lectivo por la pandemina de coronavirus.

En ese sentido, el proyecto fija que el Ministerio de Educación y las autoridades de las respectivas jurisdicciones pueden habilitar esa modalidad para la educación de los niveles educativos inferiores, toda vez que la asistencia presencial sea inviable por razones como epidemias, pandemias, catástrofes naturales u otras circunstancias de fuerza mayor que impidan llegar a los establecimientos.