El Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) emitió un pronunciamiento firme en respaldo al nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que será presentado el próximo miércoles en el Congreso Nacional. La iniciativa fue elaborada de manera conjunta entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones gremiales docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En ese sentido, desde la UNMdP advirtieron: “La ausencia de un presupuesto nacional afecta el desarrollo de nuestras funciones y obstaculiza el control democrático que debería ejercer el Parlamento”.

El Superior subrayó que, por segundo año consecutivo, el sistema universitario opera sin una herramienta clave como el presupuesto nacional, lo cual “no solo obstaculiza la planificación y ejecución de políticas educativas, sino que abre la puerta a una administración discrecional de los recursos por parte del Poder Ejecutivo”. Y añadió que “esta situación afecta a toda la comunidad universitaria: trabajadores, docentes, investigadores y estudiantes”.

En este contexto, el proyecto de ley busca trazar una hoja de ruta clara para lo que resta del año 2025, en tanto se reclama la sanción de un Presupuesto 2026 acorde con las necesidades de una sociedad que valora la educación superior como un derecho y una inversión estratégica.

El Honorable Consejo Superior también convocó a la ciudadanía a acompañar el acto público frente al Congreso de la Nación, en la Plaza de los Dos Congresos (CABA) desde las 11, cuando se realizarán actividades públicas en defensa del sistema educativo.

“Convencidos de que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, invitamos a todos los argentinos a participar de esta jornada”, expresa el texto. Además, la casa de altos estudios local ratificó su vocación de diálogo y su compromiso institucional para colaborar en la elaboración de políticas que fortalezcan a las universidades públicas y garanticen su sostenibilidad en el tiempo.

El pronunciamiento concluye con un llamado a que el Congreso asuma también ese compromiso democrático: el de escuchar, debatir y legislar en favor del conocimiento, la equidad y el futuro del país.

Desde el Colegio de Arquitectos de General Pueyrredon, su presidente Diego Domingorena advirtió que hace cuatro meses presentaron un proyecto de ordenanza para la creación de un consejo de Hábitat, Vivienda y Derechos, pero que “nunca más” fueron convocados por el Concejo Deliberante.

El consejo “apuntaría a repensar o generar opinión sobre cuestiones como el déficit habitacional, la intromisión de los espacios públicos o la falta de movilidad en sectores de la ciudad". Por ejemplo, podría involucrarse en la construcción que planean realizar en Alem y Gascón.

“Presentamos ese proyecto de ordenanza el 6 de junio y después de una audiencia en la que convocaron a los tres colegios para comentar de qué trataba y que los concejales nos hicieran preguntas, se pasó a un cuarto intermedio para que los ediles pudieran ver minuciosamente el proyecto, y tras ello nunca más nos convocaron. Nunca tuvimos respuesta”, le comentó Domingorena a El Marplatense.

En tanto al proyecto, indicó que el Consejo de Hábitat “es una herramienta que se desprende de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que viene a complementar la Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial, ya un poco vetusta”. Entonces, sostuvo que la Ley 14.449 viene a “brindar herramientas nuevas para la gestión de la ciudad” y que ese consejo, “conformado por actores relacionados a la planificación de desarrollo urbano”, se reuniría, haría análisis, propuestas y un control sobre el Concejo Deliberante, y generaría insumos para planificar, ya que apunta a la participación".

A su vez, el líder del Colegio de Arquitectos remarcó que el consejo “apuntaría a repensar o a generar opinión” sobre cuestiones como el expediente que avanzó en la comisión de Obras para permitir la construcción de una torre de 35 pisos y un edificio de cinco sobre Alem y Gascón, “el déficit habitacional, la intromisión de los espacios públicos, la falta de movilidad en sectores de la ciudad y muchas otras”.

En tanto a si el Colegio de Arquitectos fue llamado por la mega construcción que planean realizar en la manzana delimitada por las calles Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón, criticó que “nunca” son convocados y aclaró que no pueden emitir opinión sobre otras obras porque “el Código de Ética no lo permite”, aunque sí pueden exigir “que se cumplan las normas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una aprobación”.

Y por último, acerca del proyecto de ordenanza, Domingorena resaltó: “Vamos a insistir hasta que se ponga en tratamiento porque consideramos que es una herramienta fundamental y, si bien valoramos el impulso que esta administración le da a la construcción y la cantidad de empresarios que quieren invertir en la ciudad, eso no habilita a que se haga todo sin pensar ni planificar. Hay que conducir ese desarrollo para que sea virtuoso para el que invierte y para la ciudad también”.

La jornada, organizada por la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, sirvió de marco para debatir e intercambiar experiencias y herramientas para fortalecer las políticas destinadas al desarrollo del sector.

Con la participación del subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez; el director provincial de Desarrollo Local, Federico Ugo; las subsecretarias de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente, Jackie Flores; y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Mercedes Castilla; y el secretario de Gobierno, Martín Baraibar; se realizaron paneles donde se debatió sobre sindicalismo, comercialización y producción.

“Sabemos que hay un Estado nacional que agrede y está generando un enorme costo a la vida en comunidad, al entramado productivo y que lo hace porque desarticular lo colectivo posibilita que aniden ideas individuales y el sálvese quien pueda”, afirmó Menéndez, y destacó: “por eso es tan importante cuando soñamos un país distinto, empezar por tender la mano, por encontrar salidas productivas que nos permitan llevar adelante una mirada distinta y construir el cuidado de ese tejido social”.

Ugo por su parte, expresó que “ante un Gobierno nacional que busca destruir todo tipo organización comunitaria, desde el Gobierno de la Provincia nos proponemos que el trabajo de la Economía Popular tenga dignidad, reconocimiento y derechos”.

Castilla, representante del Ministerio de las Mujeres, afirmó que “la decisión del Gobierno de la Provincia es que los y las bonaerenses puedan seguir accediendo a las políticas sociales que antes se llevaban a cabo desde Nación”.

En tanto, Flores dijo: “Hemos hecho una epopeya enorme, todas nosotras y nosotros hemos creído en la potencialidad que tenemos, nos hemos constituido como sujeto social, sindical y político”.

Además, durante la actividad se realizó una feria de la que participaron productores y productoras de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Participaron también la senadora provincial Laura Clark, las concejalas de San Pedro, Rita Leguizamón y de Salto, Liliana Herrera; Hernán Rachid del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo; el secretario de Desarrollo Humano de Baradero, Santiago Erroz; y el referente del Movimiento Evita, Chino Beltrán, junto a funcionarios provinciales y municipales, legisladores, representantes de organizaciones, movimientos populares y sindicatos.

El Consejo consultivo social, económico y productivo comenzó a dar sus primeros pasos en Mar del Plata. El secretario de Producción municipal, Fernando Muro, será el presidente luego que el intendente Guillermo Montenegro le delegara el rol.

"Consejo social económico y productivo es un organismo recientemente creado por ordenanza. Confluyen miembros del ejecutivo, legislativo, la Universidad e instituciones privadas en la búsqueda de conformar un organismo consultivo del gobierno local sobre políticas sobre empleo, producción, trabajo y economía social para partidas de mediano y largo plazo", señaló Muro en diálogo con El Marplatense.

El organismo tiene "un plenario muy participativo" con diversas instituciones involucradas y cuatro comisiones de trabajo: urbano-ambiental, económico-productivo, social y modernización del estado municipal "para generar políticas de empleo más dinámicas".

"Queremos llevar políticas concretas, resolver los problemas de fondo, pero siempre tenemos que tener una mirada a mediano y corto plazo para identificar qué ciudad queremos", concluyó el funcionario.

Organizaciones sociales realizan en horas de la mañana de este jueves una protesta en las puertas del Consejo Escolar de Mar del Plata para exigir que algunas de las obras de riesgo-inicio que deben llevarse adelante en 27 establecimientos de la ciudad se asignen a cooperativistas.

Martín García, uno de los referentes que tiene la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), fundamentó el reclamo en base a la "difícil situación que está atravesando Mar del Plata en términos laborales", según su mirada.

En diálogo con El Marplatense, el dirigente pidió que aquellos trabajos que estén presupuestados por una suma menor a los 500 mil pesos sean directamente concedidos a los integrantes de cooperativas para paliar la falta de empleo.

"Con el trabajo cooperativo siempre se genera mayor cantidad de puestos de trabajo y así se logra también una redistribución de las ganancias de lo que son los presupuestos", señaló, y cuestionó la decisión de asignar obras a "empresas de afuera" que buscan márgenes de ganancia con un piso del 30 por ciento.

Las obras se enmarcan en la partida de 60 millones de pesos que destinó a fines del año pasado el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al Consejo Escolar, que preside Sofía Badie, para avanzar con la reparación de establecimientos de cara al inicio del ciclo lectivo.