En declaraciones a El Marplatense, la abogada Victoria Loisi, representante de la Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal, confirmó que los consorcios de edificios volverán a gestionar una prórroga para completar la adecuación de ascensores a la normativa vigente dispuesta por las autoridades locales.

La letrada explicó que todavía existe un número significativo de inmuebles que no se han ajustado a los requerimientos técnicos y de seguridad. Según indicó, se estima que alrededor del 50% de los edificios aún no finalizó el proceso de modernización. En muchos casos, señaló, la demora responde a cuestiones operativas con las empresas de mantenimiento, como la dificultad para conseguir determinados repuestos.

Sin embargo, también reconoció que el factor económico pesa en la postergación. “Hay consorcios que no han logrado reunir los fondos necesarios para afrontar estos trabajos”, sostuvo. En otros casos, añadió, los recursos disponibles debieron destinarse a urgencias edilicias o problemas estructurales, lo que fue desplazando en el tiempo el cumplimiento de la norma.

Loisi remarcó que la adecuación no debe interpretarse solo como una exigencia administrativa. “No se trata únicamente de cumplir con un trámite burocrático, sino de garantizar condiciones de seguridad adecuadas. Si ocurre un accidente, el consorcio es responsable”, advirtió. Además, recordó que las aseguradoras suelen exigir el cumplimiento estricto de la normativa para brindar cobertura, lo que podría generar conflictos adicionales ante un eventual siniestro.

Finalmente, recomendó que aquellas administraciones que todavía no avanzaron con la actualización convoquen a una asamblea de propietarios para abordar el tema de manera urgente y evaluar la posibilidad de establecer una expensa extraordinaria que permita reunir los recursos necesarios y evitar tanto sanciones como riesgos mayores.

En Ciudad de Buenos Aires “sólo 4 de cada 10 vecinos pagan las expensas” lanzó Armando Pepe, ex titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de aquel distrito. Eso levantó las alarmas sobre lo que estaría ocurriendo en Mar del Plata, pero desde la Cámara de Consorcios de Provincia de Buenos Aires aseguraron que la incidencia en el no pago del servicio “mucho más baja”.

Bernardo Giles, secretario general de la entidad, destacó que en verdad “es relativo, cada consorcio es una realidad aparte y son situaciones que se dan puntualmente”. Y resaltó que “en algunos tenés una morosidad importante, pero es puntualmente en ese consorcio y no en todos. Si hacemos un promedio, creo que sobre todo en Mar del Plata esmucho más bajo de lo que se dice que pasa en CABA”.

En declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Giles indicó que en verdad “tiene que ver mucho con la incidencia en la cantidad de edificios que hay, y también un poco con la forma de vida del edificio marplatense, que es mucho más sencillo que el edificio de Capital en líneas generales”.

En ese sentido, el referente de la Cámara de Consorcios de Provincia de Buenos Aires graficó que en su gran mayoría los edificios de Mar del Plata están “preparados para pasar pocos días de tiempo en temporada, y no tienen tanta infraestructura como tienen los de Capital, como amenities o espacios comunes dedicados al esparcimiento y cosas más allá de la vivienda”.

Tras recordar que si hay una deuda de parte del inquilino en el pago de expensas “lo que hace el administrador en representación de los consorcios es reclamarle la deuda a la unidad, es decir al propietario”, Giles resaltó que se observan algunos focos de conflicto: “Notamos que hay una crispación cada vez mayor y que eso repercute en la vida consorcial de manera tal que se dan conflictos. Es parte de nuestra labor mediar en los conflictos consorciales y llevar la situación a buen puerto”.

Con una inversión de casi cien millones de pesos el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata avanza con la reparación de 280 metros de frente de muelle: los trabajos alcanzan renovación de superficie de hormigón y redes de abastecimiento de agua potable, incendio y desagües en Terminal 3.

El plan de trabajos abarcará las denominadas Secciones 12 y 13 y en total se requerirá la demolición de tabiques de canales de servicios existentes a efectos de lograr una superficie unificada de hormigón.

Con esta reparación se avanzará además en el rediseño y adecuación de las tapas de tomas de agua y los conductos correspondientes a desagües, que son parte de los servicios dispuestos en esos espacios de operatoria portuaria.

“Estas inversiones nos permiten mejorar las condiciones de operatoria y seguridad para los usuarios que operan en esta terminal”, explicó el presidente del Consorcio, Marcos Gutiérrez.

La inversión para la ejecución de esta iniciativa se aproxima a los 100 millones de pesos, se afronta con recursos del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y el plazo de ejecución se fijó en 120 días.

Al desarrollo de estas mejoras en infraestructura se suman, en paralelo y con personal propio, otros trabajos destinados al recambio integral de las cañerías correspondientes a redes de agua potable e incendio que abastecen y brindan servicio a este sector del puerto marplatense.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció al consorcio de empresas que ganó el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento por supuesta evasión vinculada al pago de sobornos a exfuncionarios, confirmaron fuentes del organismo recaudador.

Originalmente, el consorcio estaba formado por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. Tras el escándalo de corrupción que envolvió a la firma brasileña y la venta de Iecsa, de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, a Marcelo Mindlin, que la rebautizó como Sacde, ahora el grupo a cargo está integrado por la italiana Ghella (71%) y Sacde (29%).

Se sospecha que Odebrecht habría pagado unos US$ 20 millones a intermediarios y funcionarios del gobierno kirchnerista, en el marco del contrato del soterramiento del Sarmiento. Ahora la AFIP sospecha que las empresas que se hicieron con el proyecto dibujaron sus balances por US$ 10,3 millones, de los cuales US$ 4,5 millones se giraron -mediante dos transferencias- a una cuenta de la Banca Privada de Andorra para, desde allí, pagar sobornos a los funcionarios, publicó el diario La Nación.

La cuenta estaba a nombre de la consultora Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA (DSC o DSC Workshop), que Odebrecht ya había usado para canalizar pagos ilegales en otros países.

Las empresas del consorcio no pudieron explicar el destino de esos US$ 4,5 millones. Y la AFIP sospecha que el contrato con DSC era ficticio y que en realidad era la forma de canalizar los sobornos. Según el organismo que dirige Leandro Cuccioli, el perjuicio para la AFIP por no haber pagado Ganancias por esos fondos llega a $ 8,7 millones, más intereses, que podrían duplicar esa cifra.