La empresa IMEPHO sigue de festejo por su cincuagésimo aniversario y este sábado, de 9 a 14, ofrecerá descuentos de hasta el 70% en sus productos, órdenes de compra y sorteos en la Nave 5, la planta ubicada en la Ruta 88, kilómetro 3,5. 

Con motivo de los cincuenta años de la empresa, uno de los responsables comerciales de la firma, Ariel, comentó sobre el mega outlet: "Estamos en la Nave 5, preparando todo para presentar este sábado de 9 a 14 el mega outlet de IMEPHO. Estamos poniendo precios increíbles, tanto que hasta yo voy a comprar algo".

“Seguimos festejando nuestro aniversario, siempre con propuestas para que la gente pueda terminar su casa, su baño y sus reformas, o mismo acopiar. Estamos muy contentos con eso. Habrá cerámicas, porcelanatos, grifería y sanitarios, todo con precios increíbles. Los descuentos serán de hasta un 70% e incluso más, ya que haremos sorteos y tendremos órdenes de compra”, agregó sobre el mega outlet que se desarrollará en el centro de logística más grande de la zona.

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Asimismo, el encargado comercial indicó en diálogo con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7) que es “abierto para todo el público” y que cualquiera puede acercarse para hacer uso del 70% OFF en cerámicas y porcelanatos y de los grandes descuentos en sanitarios y grifería. 

“El ladrillo siempre vino de la mano del dólar y el acopio te genera una seguridad, ya que lo tenés guardado y lo podés usar cuando quieras. Tenemos el acopio permanentemente con grandes constructoras de la zona y Mar del Plata. El ladrillo, el hierro, el cemento, la cal o la arena, lo que sea, IMEPHO siempre tiene el acopio, y por eso es que contamos con el centro de logística más grande de la zona”, concluyó.  

Una catarata de denuncias por estafas mantiene en vilo a Mar del Plata. Alrededor 200 familias denunciaron a una constructora por haberlas estafado en la compra de casas prefabricadas y con el avance de la investigación comienzan a aparecer pruebas de cómo sería su modus operandi.

Pese a que hay incumplimientos de obras desde 2021, con sus respectivas acciones legales, las denuncias por estafas comenzaron en marzo de este año y se incrementaron a gran velocidad con el paso de los días. “De un lunes a un jueves pasaron de 5 familias a 60 y para el fin de semana ya eran 200″, contó Rebeca Sánchez, la abogada que representa a 90 damnificados del total, mientras se le siguen sumando potenciales clientes y calcula que puede llegar a 120.

Sánchez se vinculó con la causa de la peor manera: sus padres son parte del grupo de víctimas estafadas por la constructora Polo. “Ingresé a un grupo para ayudar a mis papás y me enteré de que había 200 familias en la misma situación. Cuando dije que era abogada me escribieron todos”, explicó. De todas maneras, aclaró: “No todos quieren involucrarse, hay personas que están tan dolidas que resignan la plata”.

Entre los damnificados hay personas de distintos puntos del país. Buenos Aires, Lobería, Necochea, Miramar y Pinamar son algunas de las localidades de donde son las familias que denunciaron ser estafadas. Tal es la magnitud que hasta hay víctimas que tienen vínculos familiares con los presuntos estafadores. “La contadora es mi prima”, “Uno de los vendedores es hijo de mi primo”, son algunas de las frases que tuvo que escuchar la abogada.

Radicadas en la fiscalía hay 170 denuncias con montos exorbitantes: “Las estafas van desde los $2 millones hasta gente que puso $16 millones porque era el 50% de la propiedad. Lo que es seguro es que todos pusieron más de $1.500.000″.

La abogada explicó que las construcciones supuestamente comprendían tres etapas, pero que “el 90% de los damnificados no tienen nada”. “El otro 10% se divide entre los que apenas tienen una tosca y otros con una platea”.

De acuerdo a la denuncia que hicieron los damnificados, detrás de la presunta estafa están dos sociedades: Arraial S.A. y Cozzu. S.A. Ambas tienen dos socios cada una: Fermín Sánchez Cortijo y Nadia Lorena Díaz. “Son pareja y decían tener un emprendimiento familiar”, señaló Rebeca Sánchez.

La Constructora Polo se constituyó oficialmente entre fines de 2019 e inicios de 2020. Poco tiempo después, una vez transitada la etapa más compleja de la pandemia, estableció dos sedes en distintos puntos estratégicos de la ciudad: una en la entrada de la ciudad y otra en el centro comercial del puerto.

La oferta de la empresa constaba de viviendas prefabricadas, pero las denuncias de las víctimas revelaron el modus operandi: “Ofrecían montos bajos, accesibles y distintos métodos de pago: 50% y cuotas, tres cuotas (50%, 25% y 25%), y hasta una opción que era 100% financiada con cuotas fijas y en pesos”, explicó la abogada de la víctima.

Esa combinación era solo la puerta de entrada para que el cliente se sienta tentado de poder acceder a una casa. “El 80% de las personas accedía a su primera vivienda”, indicó Sánchez sobre un dato que podría explicar la tentación que significaba la oferta.

Una vez que veían los métodos de pago y los precios bajo, la empresa le ofrecía al cliente un descuento importante en efectivo. “Eran descuentos del 20% y 25%. Ibas a la empresa con un bulto de dinero y no había constancia de que ese dinero ingresaba a las sociedades”, explicó la abogada.

La presunta estafa se concretaba con la falsedad de los recibos, los contratos y la falta de un escribano. Según Sánchez, “no te hacían factura y te hacían firmar un contrato que no tenían ni fecha ni estaba certificado por un escribano público”. “Todos los vendedores apuraban para pagar, permitían señar la casa con 10.000″, agregó.

A mediados de 2023 comenzaron los incumplimientos y la gente comenzó a contactarse entre sí. Según cuentan los damnificados, comenzaron a ir a las sedes de las constructoras y en febrero de este año se encontraron con que una de ellas estaba cerrada.

Fue de este modo que terminaron confluyendo una gran cantidad de víctimas en la puerta de la única sede que quedaba abierta. “Solo fijaban prórrogas hasta que a fines de abril dejaron de responder. Los vendedores bloquearon a todos los clientes”, contó la abogada.

Los escraches no se hicieron esperar en Mar del Plata. Carteles con leyendas como “chorros”, “estafadores”, comenzaron a circular por las calles marplatenses con la cara de vendedores, estafadores y tesoreros de la empresa. Hasta que en mayo empezaron las acciones legales.

La semana pasada los abogados de la pareja que es titular de la constructora se presentaron en la sede legal con la intención de conciliar con los damnificados. Sin embargo, los denunciantes aseguran que mintieron en varias de sus declaraciones: “Dijeron que cerraron sus puertas por los escraches y en febrero habían dicho que cerraban por vacaciones del personal”.

Rebeca Sánchez reveló que el abogado de los acusados asegura haber entregado 300 viviendas, pero que el dato “está bajo condición de perito porque no se pudo verificar judicialmente”. La estrategia, según esgrimen los denunciantes, es que la causa no sea investigada por estafa, sino por incumplimiento del contrato.

“Ellos se hacen presentes en sede penal diciendo que de las viviendas entregadas, hay personas que le dan cuotas y esas cuotas van a ir a crédito para los damnificados”, contó Sánchez sobre el encuentro que tuvieron con los representantes de la constructora.

Para la abogada, los sospechosos “intentan conciliar para salir sobreseídos del delito de estafa porque quieren apuntar a que hubo incumplimientos contractuales a causa de la situación inflacionaria del país”.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que incluso llegaron a ofrecer que les ajusten la cuota: “Querían que les cumplan con la casa, y la respuesta de la empresa era que la empresa estaba preparada para responder porque esta situación ya la contemplaban de antemano”

“El abogado de la constructora ofreció conciliar y dijo que tienen a cobrar 320.000 dólares. Calculamos que no va a alcanzar para resarcir a la cantidad de familias que estafaron”, explicó. TN intentó comunicarse con la constructora, pero al cierre de esta nota, no había respondido.

En términos judiciales, la abogada aseguró que la constructora operaba a través de dos sociedades anónimas que “tienen personería jurídica y patrimonio propio”. “Si estas sociedades solamente incurrieron en incumplimiento contractual, responden con el patrimonio de las sociedades, pero si nosotros logramos demostrar que hubo delito de estafa, estas sociedades y nosotros damnificados, podemos ir contra los socios y su patrimonio personal”.

“No quieren perder lo propio, y el abogado defensor de ellos anunció que como no hay estafa y están en una situación complicada, iban a presentar quiebra e ir a concurso de acreedores. Si es así, las familias van a cobrar dentro de muchos años, si es que lo cobran”, sentenció.

Fuente: TN

En los últimos días tomó relevancia un caso que involucra a 175 vecinos de Mar del Plata que denunciaron “ser estafados” por parte de una empresa constructora de casas prefabricadas que no fueron entregadas. 

La causa la lleva adelante la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Juan Pablo Lódola quien declaró, en diálogo con El Marplatense, que "se busca determinar es “si se trata de un caso de incumplimiento contractual -lo que sería algo de la esfera civil- o estafas en cadena, es decir determinar si los acusados desde un inicio tenían decidido no cumplir con los contratos y quedarse con el dinero”.

Para responder a los cuestionamientos, el abogado de Polo Constructora, Martín Ferrá, contó en diálogo con la 99.9 cómo se conformó la empresa: “es una pareja de chicos jóvenes, emprendedores, que quieren sacar adelante su vida en el marco de los distintos vaivenes que registra la economía del país”.

“Ambos trabajaban en distintas empresas de la ciudad, dedicadas al rubro de construcción de viviendas prefabricadas, y después de años decidieron montar su propia empresa. Así es como nace Polo Construcciones, nombre de fantasía, que se materializó con dos sociedades anónimas en septiembre del 2019”, continuó. 

De esta manera, “iniciarion su emprendimiento, tomando varios empleados y contratando distintos tercerizados o proveedores que daban vida a la empresa. Con todos los sobresaltos económicos del país, y la pandemia en el medio, lograron sacar a flote la empresa y desde el 2019 al 2023 lograron construir y entregar 300 viviendas terminadas en Mar del Plata”, declaró. 

Por lo que “si tenemos en cuenta que montones de organizaciones sociales que han defraudado al Estado ni siquiera llegan a esa cifra, lo que han logrado estos chicos trabajando, con esfuerzo, sacrificio mancomunado de ellos y todos los que formaban parte como empleados, proveedores, tercerizados, realmente es un resultado importantísimo”, aseguró. 

A la hora de cerrar el trato, las partes firmaban un contrato que establecía un plazo de entrega de las viviendas terminadas con una prórroga por condiciones climáticas que podían atrasar el trabajo. 

No obstante, los clientes se cansaron de esperar: “Lamentablemente la situación del país en los últimos meses, e incluso dos años, no acompañó a esta empresa por los desajustes y los ajustes, algunos necesarios, que se hicieron en la economía argentina. Sufrieron las consecuencias”, setenció el letrado. 

Asimismo, “no podemos dejar de tener en cuenta el último año del gobierno saliente donde hubo 211% de inflación interanual, tampoco podemos desatender del gobierno actual la megadevaluación del peso argentino de un 120% y el dólar oficial de 400 a 800 pesos. Esto repercutió en una elevación del índice de costos de la construcción de 265% interanual en el último año”, explicó. 

En este contexto de incertidumbre, “las viviendas se comercializaban a precios muy accesibles, en cuotas y con un mínimo de interés. Vendiendo en pesos, financiando y con esta debacle, se produjo un desfasaje y una distorción entre relación la contractual y la operatoria comercial de esta empresa. Como tantas otras, que se hizo un cuello de botella que originó la demora en las distintas entregas pendientes, un total de 175 viviendas que la mayoría están con un 35 o 40% de obra completada”, comentó. 

De modo que “los reclamos que son de público conocimiento creemos que son justos, pero que equivocaron la vía recurriendo a la agresión, el daño. Esto originó el cierre preventivo de la empresa por una cuestión de seguridad, tanto de los empleados como los propietarios”, argumentó. 

Además, aclaró que “los representantes legales están en esta ciudad, no se han ido del país. Se presentaron espontáneamente al proceso con mi asistencia letrada el 1 de junio, el día 8 de junio hicimos una presentación en la fiscalía ofreciendo toda la documentación contable para acreditar lo que acabo de comentar, poniendose a disposición de la fiscalía y el juzgado de garantías”. 

En la última oportunidad, ofrecieron “posibles soluciones al conflicto planteado, que a mi criterio como abogado penalista, no constituye ningún tipo de estafa, no hay ánimos ni  de perjudicar, ni engañar a nadie. La realidad económica y social de la Argentina nos afecta a todos y es pública”, exhibió. 

A su vez, proclamó que “en esto hay que rescatar la acción de la Fiscalía de Delitos Económicos que ha pesar de la saturación de causas que tiene, comenzó a recibir todas las presentaciones que se hacían, algunas personales, pero la mayoría vía mail institucional de la fiscalía. Eso contribuyó a contener a la gente, darle recepción a sus reclamos y tratar de morigerar la beligerancia que se había originado”. 

En esa vorágine, “destruyeron las oficinas de la empresa Polo en la avenida Champagnat y Colón, también hubo desmanes en las oficinas administrativas que se abrieron alterntivmente sobre avenida Colón y tuvieron que ser cerradas”. 

Con el marco teórico desarrollado, el abogado penalista expuso la posible solución que fue presentada ante la Justicia y que esperan que conforme a las personas que han sido afectadas por la situación. 

“Considerando la inexistencia del delito de estafa y sí del incumplimiento contractual y mora de cumplimiento de índole civil, lo que yo plantee es que se entregaron 300 viviendas terminadas, de las cuales los clientes están pagando sus cuotas, restan entregar 175, el monto que deben los clientes que ya tienen sus viviends terminadas, suma un total de 329 millones de pesos, un poco menos de 329 mil dólares. Lo que se debería, por trabajos sin terminar o a completar con esos 175 clientes, que la mayoría son los que se presentron en la fiscalía n10, alcanza una cifra de 315 millones”, esquematizó. 

En conclusión, “el saldo acreedor que tiene la empresa por cobrar por las viviendas terminadas y entregadas cubre perfectamente para devolver las cuotas de los clientes que han pagado y no se han podido terminar su vivienda”, confirmó. 

Sin embargo, hasta el momento, “por el descarril que sufrió el reclamo inicial, se tuvo que cerrar la empresa y esto no se pudo materializar, esa es la propuesta concreta que se hizo en la fiscalía N°10. La ley de mediación penal 13433 fue creada específicamente para mediar en los delitos leves y de naturaleza estrictamente económica como el presente caso, y en ese sentido, se hizo la primer proposición de vías de solución; que se remita la causa al Centro de Mediación Penal para tratar de reunir a todas las partes y conciliar la forma de devolver estos fondos”, estipuló. 

"Los clientes que pagan, lo hacen en una cuenta del Banco Francés al nombre de una de las dos razones sociales con las cuales opera Polo Construcciones. Esa cuenta está inhibida por orden de la jueza de garantías, la Dra. Lucrecia Bustos, a pedido de la fiscalía 10 del Dr. Pablo Lódola. Se puede depositar dinero, los pagos que se efectúan ahí tienen efecto cancelatorio pleno, pero no se puede extraer dinero", agregó. 

Consecuentemente, “todos los pagos que vayan haciendo los clientes de esas 300 casas terminadas y entregadas, lo que pidió esta parte es que sean asignados a esa redistribución o devolución entre aquellos clientes que tengan trabajos pendientes con un crédito a favor”, remarcó. 

A pesar de ello, “el tema es que juntar a 178 voluntades no es fácil, muchos tienen patrocinio letrado, con los cuales se ha tomado contacto. El otro tema es si el Centro de Mediación Penal tiene suficiente capacidad de personal, infraestructura y logística para hacerlo. Creo que con buena voluntad de todas las partes y esfuerzo, que no pongo en dudas por parte del titular, esto se podría plasmar. Ya ha habido montones de acuerdos de naturaleza económica”, garantizó.

A fin de cuentas, “si no logramos por medio de esa vía o la fiscalía considera que no hay lícito penal y se declar incompetente, la otra vía es la Justicia Civil a través de un concurso preventivo de acreedores donde tendría que presentarse cada cliente a verificar su crédito y con intervención de un síndico se haría la devolución de los importes, precisamente de ingresos que le restan a la empresa”. 

Pese a la situación, resaltó que es importante dejar la violencia, ya que “una empleada, un piedrazo entró por la ventana y la golpeó. Es entendible la molestia, el enojo y el derecho al reclamo, el tema fue la vía. Hoy estamos en lo judicial y creo que es la forma racional y lógica de buscarle la solución. Los números dan para eso, se propuso un contador público, un perito de parte, creo que la Justicia tiene las herrramientas adecuadas para plasmar la solución”.

Una denuncia iniciada en la justicia local señala que una constructora de casas prefabricadas “estafó” a varias familias a quienes no les entregaron sus propiedades. Además, se indicó que las oficinas de la empresa están cerradas y desde hace varias semanas que no tienen respuestas.

De acuerdo a los dichos aportados por la abogada Rebeca Sánchez, quien es hija de damnificados, “son varias familias las que se fueron presentando ante la justicia o por mail para dar a conocer su caso”, dijo la letrada que, de acuerdo a fuentes consultadas, aun no se presentó en el Expediente.

La causa la lleva adelante la fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Juan Pablo Lódola (con la labor de Cecilia Pérez Varela) y se busca determinar si se acredita la estafa y si es la Justicia civil o penal la que termina quedándose con el caso.

Lódola, en contacto con El Marplatense, comentó que lo se busca determinar es “si se trata de un caso de incumplimiento contractual -lo que sería algo de la esfera civil- o estafas en cadena, es decir determinar si los acusados desde un inicio tenían decidido no cumplir con los contratos y quedarse con el dinero”.

Las últimas novedades del caso, además de los allanamientos ordenados por la justicia y que procedió a realizar la DDI en las oficinas y dos domicilio relacionados, donde se secuestró documentación y computadoras, tienen que ver con la presentación de una pareja -mantienen esa relación conyugal- ante la justicia de Garantías de la doctora Lucrecia Bustos para “ponerse a derecho”.

Ellos, con el acompañamiento del abogado Martín Ferrá, solicitaron presentarse en el Expediente para “aportar información”, situación que Bustos aceptó.

De todos modos, también habilitó a la fiscalía a pedir la interrupción de las cuentas de la empresa en tres bancos y ordenar pedidos a la Municipalidad de General Pueyrredon para conocer qué grado de habilitación “tienen las tres sedes que tienen en Mar del Plata” confió una fuente consultada. 

Hasta el momento, vía personal o por mail (ufi10.mp@mpba.gov.ar) se han presentado algo mas de 100 familias, pero lo curioso del caso es que “la pareja dijo que ellos tienen al menos 177 incumplimientos”, tal como se detalló de fuentes calificadas. 

En en análisis desarrollado hasta aquí pudieron comentar a El Marplatense que la mayoría de las familias damnificadas son de Mar del Plata, pero “también hay de varias ciudades de la zona” y en el detalle de la letra chica, se conocieron casos de “familias enteras” de padres e hijos o tíos que “habían contratado a la empresa”, aportaron a este medio.   

Desde la fiscalía se encargaron de aclarar que los empleados de Polo Constructora “son testigos” y que “no tienen que ver -de momento- en la investigación”.  Este detalle resulta valioso porque varias personas que trabajaban en la empresa cuestionada sufrieron escraches y sus hijos corrieron el mismo destino, con cuestiones poco agradables. En febrero, la mayoría fueron despedidos.  

Una denuncia iniciada en el fuero penal local señala que una constructora de casas prefabricadas “estafó” a más de 200 personas, a quienes no les entregaron sus propiedades. Además, se indicó que las oficinas de la empresa están cerradas y desde hace varias semanas no tienen respuestas.

La abogada Rebeca Sánchez es -por ahora- quien lleva adelante la denuncia, además de ser hija de una pareja “estafada” por la Constructora Polo, empresa de la que dijo que tenían “mucha difusión” en los medios debido a su servicio de construcción en seco, ofreciendo distintos tipos de viviendas con diferentes planes de pago.

En diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, la letrada indicó que el contrato que firmaban los clientes tenía un plazo, el cual estaba suplido con una prórroga por las condiciones climáticas: “Se agarraban de esa situación, de si había humedad… Seguían postergando los plazos por las condiciones climáticas, pero nunca mencionaron una situación económica”.

Sobre la empresa, Sánchez explicó que “apareció hace cuatro años” y, según datos oficiales, “eran tres sociedades que explotaban esta constructora. Comparten socios entre ellas, y el socio principal que figura es Fermín Sánchez, quien es el cabecilla del grupo”. 

Si bien sus padres fueron damnificados, la abogada contó que la causa involucra alrededor de 250 personas, entre las cuales hay algunos casos mínimos de gente que ha recibido su casa pero que en las mismas “han aparecido vicios, por lo cual se ha echado a perder material”.

La Constructora Polo tenía dos locales en diferentes puntos de la ciudad. Uno estaba en 12 de Octubre y Edison, pero hoy está cerrado y en el local ya funciona una estética. El otro, que era la administración central, estaba en Champagnat y Brown, “pero está con las persianas cerradas y no dan respuesta hace ya dos semanas”.

Sánchez contó que “hay una casusa judicial iniciada en el fuero penal, en la Fiscalía N°10 de Delitos Económicos, a cargo de Juan Pablo Lódola, quien se está moviendo rápido para recaudar la mayor cantidad de información posible. Estamos en plena etapa de instrucción, por eso hay datos que son se pueden aportar”.

Ante esto, la abogada pidió que aquellas personas que hayan sido "estafadas" por la empresa se comuniquen al (0223) 154-222277 para unificar la causa. Las denuncias se pueden canalizar a través de un correo electrónico a la Fiscalía a la dirección ufi10.mp@mpba.gov.ar, en la DDI o en la Comisaría Cuarta (Alberti y Chile), donde mañana de 08:00 a 19:00 habrá un oficial designado para recibir denuncias.