El Procurador General de la Corte, Julio Conte Gran, descalificó por “irregular” el accionar de la Subcomisión Bicameral de Inteligencia ante la que compareció durante dos horas, citado en relación al escándalo del posible armado de causas judiciales contra políticos y empresarios conocido como la “Gestapo anti sindical”.

Según precisó la Procuración en un comunicado, Conte Grand realizó una presentación firnal denunciando el “accionar irregular” de “una subcomisión creada ad-hoc para la investigación de materias y hechos difusos e imprecisos”.

En el escrito subrayó que “la comisión había materializado un desvío en los objetivos establecidos en la ley de su creación, vulnerando centralmente la garantía del debido proceso legal”.

Una de las principales críticas de Conte Grande fue que lo hicieron ir personalmente a comparecer y que no le permitieron hacerlo a través de informes. Según afirmó, esa maniobra “va en contra de lo previsto por las normas aplicables, afectando al mismo tiempo los principios de federalismo y necesario respeto a la autonomía e independencia del poder judicial”.

Asimismo, sostuvo que esta situación “se potenciaba en razón de que la convocatoria adolecía de efectos sustanciales al no haberse precisado en ella el objeto ni la materia investigada, no se indicaban los integrantes de la subcomisión ni responsables de la instrucción, careciendo el requerimiento de contenido cierto, entre otros defectos”.

A pesar de esto, Conte Grand ratificó su “plena y absoluta disposición para colaborar con la comisión, aportando toda información que fuera requerida en tanto fuera de su conocimiento o conste en los archivos del ministerio público de la provincia de Buenos Aires”.

El gobernador bonaerense dijo hoy que el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, “tiene que dar explicaciones” sobre su participación en el caso del presunto armado de causas judiciales tras quedar involucrado en un audio y en un video, al tiempo que calificó de “patéticas excusas” las que dio su predecesora, María Eugenia Vidal.

Tras una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada donde repasó la marcha de la temporada y el avance de la campaña de vacunación, Kicllof fue consultado por el llamado caso de la Gestapo bonaerense, sobre el que dijo “tiene una gravedad que no recuerdo en democracia”.

“Hay una parte de nuestra sociedad que tiene su sensibilidad atrofiada o una doble vara escandalosa”, dijo Kicillod sobre el episodio grabado “que se produjo en oficinas del Banco Provincia, es absolutamente escandaloso”, insistió. “Se sospechaba” de ese tipo de prácticas por “esto de jugar al paddle con jueces”, dijo el gobernador en alusión a los encuentro del expresidente Mauricio Macri con Magistrados en Olivos, pero “una cosa es sospecharlo y otra verlo”.

El gobernador explicó que “para los que quieran ver la gravedad de esto y lo patético de las explicaciones de los que están involucrados, que son (el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez) Larreta, Vidal y el propio Procurador, que tiene que dar explicaciones en vez de hablar de cuentapropismo, ante esta doble vara les pido que vean la nota de (Carlos) Pagni en el diario La Nación, donde se le asigna la gravedad que tiene”.

Kicillof se refirió a una artículo del columnista de La Nación titulada “Los incómodos reflujos que emergen de los sótanos del espionaje”, en el que critica fuertemente el manejo de la AFI para espiar políticos, opositores y de Juntos por el Cambio, durante el gobierno de Macri.

Los bloques de senadores y diputados en la Legislatura bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC) respaldaron “la continuidad institucional del Procurador de la provincia”, Julio Conte Grand, y adelantaron que no acompañarán el juicio político en su contra, impulsado desde el oficialismo, por considerarlo parte de la denominada “mesa judicial” que se presume existió durante el Gobierno de Mauricio Macri.

“Frente a los ataques reiterados de distintos referentes del oficialismo provincial, sin sustento legal, que desde que comenzó su gestión han intentado desestabilizar y forzar la renuncia del Procurador General, JxC sostiene la necesidad de respetar el marco institucional y los fundamentos democráticos previstos por la Constitución”, señalaron en un comunicado.

En el texto, firmado por la Mesa de Juntos provincia de Buenos Aires y las bancadas de Senadores y Diputados de la provincia, se recordó que Conte Grand “fue elegido por el voto de todos los bloques legislativos en el Senado” bonaerense.

Es que el bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados impulsa la remoción Conte Grand por “mal desempeño” en el ejercicio de sus funciones, al considerar que estuvo vinculado con la mesa judicial montada por funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios en un supuesto armado de causas contra sindicalistas.

La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de Vidal y agentes de inteligencia supuestamente orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales, mientras mantenían un encuentro con empresarios platenses de la construcción.

En ese sentido, desde JxC plantearon que “la metodología del oficialismo demuestra, una vez más, que persigue fines ajenos a una sana democracia, y arremete contra las instituciones a fin de conseguir impunidad para su fuerza política”. Y advirtieron: “Por esta razón JxC se compromete a no avalar con su voto el atropello institucional bajo la forma de juicio político que propone el oficialismo”.

Sostuvieron que “la democracia supone el equilibrio de poderes, no la vocación hegemónica de la suma del poder público con fines espurios”.

La jueza de Familia, Clara Obligado, apuntó fuertes críticas contra el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, por no haber convocado a los magistrados a participar del debate para reformar la ley de violencia familiar y pidió que se dejen de realizar "eventos políticos que no tienen consecuencia" alguna en beneficio de las víctimas.

"No fuimos convocados para ninguna modificación de la normativa que creemos que es imperativa. No nos convocó el Ministerio Público ni los legisladores y no hay ningún proyecto en vía que modifique la ley 12.569", aseveró la titular del Juzgado de Familia N°4, después de que el funcionario adelantara a El Marplatense la iniciativa que se busca materializar para unificar el trabajo de los fueros y agilizar los procesos en este tipo de denuncias.

Pese al malestar por la falta de convocatoria, la magistrada coincidió con el planteo al explicar que "la ley de violencia familiar hoy es de competencia exclusiva de la Justicia civil". "Entonces si se violenta a una persona la sanción es pintar un colegio o tal vez una multa pecuniaria. No tenemos el recurso de policía para poder perseguir a aquel que viola una perimetral", indicó.

"El cambio a aplicar es el trabajo de la Justicia Penal. El femicidio comienza con la violencia familiar. En España y en otros países europeos la violencia familiar es netamente penal", ejemplificó, y criticó: "No puede ser que el violento, una vez que tiene una medida restrictiva de acercamiento, rompe un vidrio, le pega una piña a la victima, no le importa nada, pero el juez de familia no tiene facultades de restringirle la libertad. No está en nuestra competencia".

En declaraciones a este medio, la jueza señaló que la reforma de esta legislación "no es algo que hay que pensar" sino que se debe "hacer ya". "La Justicia penal es la que tiene que actuar, como pasa en todos los países civilizados", insistió, y aseveró, en referencia al creciente número de femicidios: "La ley está pidiendo a gritos, y con muertes y con sangre, que haya una decisión política".

"Hubo una mera palabra pero la Corte no tiene proyecto y Conte Grand no nos ha convocado para nada. Acá se hacen eventos políticos que sólo tienen que ver con una intención política pero que no tiene nada que ver con modificar algo en beneficio de las victimas. Esto lo digo con todas las letras", sentenció.

Obligado también cargó fuertes críticas hacia los legisladores por no atender los proyectos enviados desde los jueces para aplicar cambios a la normativa vigente: "Nosotros no somos legisladores, somos jueces. Pero en estas cosas el guante lo tiene que levantar el legislador. Hemos enviado proyectos que no han tenido ni voz ni voto".

Ante ello, la magistrada pidió que tanto diputados marplatenses del oficialismo como de la oposición brinden respuestas a la problemática. "Espero que Abad o Iriart, que están haciendo campaña política, se ocupen también de estos proyectos y no solamente hagan eventos multitudinarios que no tienen consecuencia de nada", aseveró.

Obligado consideró que la "poca intención política" se ve traducida en la escasez de recursos económicos para fortalecer el abordaje y la atención a las víctimas. "En la praxis, realmente no hay una discusión para lograr mayores recursos".

"Tenemos que tener más operadores. Cada Juzgado, tiene dos psicologos y dos trabajadores sociales. Cada Juzgado que recibe 60 denuncias por día que, en principio, implican 120 audiencias por día, y además hay otras tantas denuncias como un divorcio", dijo, y concluyó: "Qué idoneidad o concentración puede tener ese juez, que es el único efector, para resolver ese problema de violencia familiar y otros tantos. Esto es algo que no se ve".