La droga fue detectada por autoridades belgas durante un control de rutina. Los paquetes, con la inscripción “Zegna”, se encontraban ocultos en el contenedor ACLU2800892, embarcado el 3 de junio a las 2:08 en la terminal portuaria de Zárate. Según los registros, el escaneo más reciente de esa unidad en Argentina se realizó el 13 de mayo a las 10:17.

La Justicia investiga la posibilidad de que se haya utilizado la modalidad conocida como “rip-off”, consistente en violar los precintos del contenedor para introducir la sustancia ilícita sin modificar su carga original. No obstante, no se descarta que la cocaína haya sido incorporada en alguna de las escalas internacionales.

El barco de la naviera Grimaldi que transportó el contenedor hizo paradas en los puertos de Santos y Río de Janeiro (Brasil), y luego en Tenerife (España), antes de arribar a Amberes, lo que amplía el mapa de la investigación.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de la causa, ordenó allanamientos en la terminal portuaria de Zárate, así como en una empresa exportadora con sede en Martínez, una firma industrial en Zárate y una agencia marítima en Campana. La Prefectura Naval Argentina colabora con las actuaciones judiciales en curso.

Fuente: Dib

Por una alerta vecinal, el municipio y la Policía Comunal evitaron la instalación de dos contenedores en un terreno tomado en Camet Norte. Fue durante la mañana de este martes, cuando a raíz de avisos de vecinos se procedió a realizar un fuerte operativo entre la Delegación Santa Clara, la Dirección de Obras Privadas y la comisaría.

El delegado Fabián Jacquet, el secretario Facundo Bochicchio y el comisario Francisco Gomez encabezaron el procedimiento y lograron que un contenedor no se instale mientras que clausuraron el descargado sobre el lote tomado sobre calle Iriarte entre Sarmiento y Mitre.

A su vez, personal de tránsito realizó el control de la documentación de grúa y camiones junto a la elaboración del acta por la Dirección Obras Privadas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, con la colocación de las fajas de clausura.  

Por Carlos Walker

Se llevó a cabo este viernes la continuidad de una Jornada de Trabajo en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de debatir la necesidad de reducir los costos de implementación de la Ordenanza Nº 20.002, que regula los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos generados por los comercios en General Pueyrredon.

Fueron convocados a participar representantes del Departamento Ejecutivo, concejales, propietarios de comercios de diferentes rubros de la ciudad, integrantes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), del Sindicato de Empleados de Comercio, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) y otras cámaras de empresarios.

En el encuentro, se habló sobre la "compleja situación económica" que padecen los comercios de diferentes rubros de la ciudad, por el incremento de las tarifas de los servicios públicos, impuestos y tasas municipales.

Más de cien comerciantes gastronómicos de Mar del Plata solicitaron recientemente que se declare la emergencia económica por la crisis que atraviesa el sector ante la caída en el consumo y aumento en el precio de los insumos y los servicios públicos.

En Mar del Plata, luego de Semana Santa, muchos comercios bajaron sus persianas de manera definitiva. En últimos tres años cerraron 150 locales de comida, expresando un dueño de una cafetería, Gastón González: “tenemos los problemas que atraviesa cualquier comerciante en Argentina: altos costos de los insumos, tarifas elevadas y baja del consumo. Con el agravante de que nuestro rubro no es de primera necesidad y estamos en una ciudad de mucha estacionalidad”.

En el último año se redujo un 20 por ciento la cantidad de cubiertos vendidos y aumentó un 25 por ciento los precios, aunque la inflación interanual fue un 55,8 por ciento en junio, con respecto al mismo mes de 2018.

Recientemente se reunieron alrededor de 120 comerciantes de importantes restaurantes, cervecerías, cafeterías y pizzerías, entre otros establecimientos. Decidieron juntarse por primera vez para exigir medidas en conjunto a la municipalidad, como la baja de algunos impuestos.

A todo debe sumarse lo manifestado por Leo Lucente, dueño de una parrilla y un café, quien comentó que tienen que pagar sólo por la recolección de residuos tres cargos distintos, tanto al gobierno municipal como a empresas privadas. Y agregó: “también nos cobran todo el año un impuesto por el uso del espacio público, cuando en Mar del Plata durante 7 meses nadie puede comer afuera por el frío”.

En el encuentro, los comerciantes volvieron a denunciar que “los costos, por el traslado de los contenedores para los residuos, son altísimos, sumando a los demás costos de tasas, servicios e impuestos, lo que hace imposible llevar adelante el negocio. Eso hace que los restaurantes que abrían todos los días, ahora abren sólo los fines de semana.

La situación es muy preocupante y agregó Daniel Suffredini, secretario de la AEHG, que: “cuando baja la actividad, cae la contratación de personal eventual, lo que perjudica sobre todo a jóvenes, estudiantes y mujeres”.

Ante el nuevo reclamo, por el excesivo costo que insume el retiro de los residuos generados por los establecimientos, los concejales consideraron “la necesidad de discutir sobre la posibilidad de reducir los costos de implementación de la ordenanza 20002, que regula los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos generados por los sectores comerciales”.

Por Carlos Walker

Tal como adelantó El Marplatense, la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante mantuvo este jueves un encuentro con el presidente del Emsur, Eduardo Leitao, para conocer aspectos de la implementación de la ordenanza nº 20002 que establece los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos.

También, concurrieron al encuentro un importante grupo de comerciantes gastronómicos que vienen llevando adelante graves denuncias contra las empresas Ciageser SA y Resicont SA a cargo del controvertido servicio de residuos voluminosos en el distrito de General Pueyrredon. Se trata de un negocio millonario.

En la reunión con los concejales, Leitao se comprometió en avanzar con modificaciones en la ordenanza de residuos voluminosos. Sin embargo, los comerciantes no quedaron conformes con las explicaciones del funcionario de Carlos Arroyo.

En declaraciones a este medio, el Defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, afirmó que “la sensación que nos da que tras nueve años de este sistema de residuos voluminosos se estuvo aplicando una ordenanza, la cual, el municipio no estaba preparado para que se aplicara”.

Y remarcó que “esta ordenanza ha permitido abusos de empresas oligopólicas que prestan este servicio”. “Hay que avanzar en un esquema distinto. Hay que buscar que el servicio sea más transparente”, remarcó el Dr. Rizzi.

A su vez, sostuvo que “no puede ser que estas empresas privadas cobren estos valores. Las tarifas las tiene que fijar el municipio”. “No puede ser que haya solamente dos empresas que presten el servicio. Tiene que existir una amplitud de empresas que brinden este servicio en Mar del Plata”, agregó el Defensor del Pueblo.

Para finalizar, el Dr. Rizzi dijo que “desde el año 2011 se estableció un sistema oligopólico. Esto es inadmisible. Hay que cambiar esto”.

En la actualidad, todos aquellos generadores de residuos voluminosos (que superen los 20 kg) se encuentran excluidos del servicio de recolección de residuos domiciliarios contratado por la municipalidad de General Pueyrredon. Y es el propio sector gastronómico y hotelero quien tiene que cargar con ese costo. Se trata de un millonario negocio.

“Las empresas que prestan el servicio instalan los contenedores de manera compulsiva”, recalcaron los gastronómicos, quienes cuestionaron la tarea de las empresas Ciageser SA y Resicont SA.

Y aseguraron: “La empresa Transportes 9 de Julio tiene una actitud de connivencia con estas dos empresas, que le pertenecen”.

En ese contexto, los comerciantes reclamaron que se realice “un control adecuado de las tarifas que perciben las empresas prestadoras del servicio quienes las estipulan en valores fijados unilateralmente, donde adicionan el IVA, no obstante, no corresponde por tratarse de un servicio público”.

En la última sesión del Concejo Deliberante, el concejal de la UCR, Mario Rodríguez, denunció que “al otro día de la Jornada de Trabajo, llamativamente algunos de los comerciantes que hicieron uso de la palabra recibieron la visita de Inspección General. No fue uno, no fueron dos, no fueron tres”.

“Me dolería mucho tener que pedirle a aquellos que han venido a esa Jornada de Trabajo preocupados y comprometidos por la situación de ellos y del resto, que no concurran porque pueden sufrir una ‘visita sospechosa’ de Inspección General al día siguiente. Es preocupante cuando el Estado –una dependencia municipal en este caso- se pone a disposición del poder de turno para sancionar, para amonestar, para preocupar a aquellos que vienen al Concejo Deliberante en busca de una respuesta que el Ejecutivo no encuentra”, remarcó el edil.

Y sostuvo que “no esperamos que ante un reclamo de un sector o de un particular la respuesta sea una ‘visita’ como para hacerle entender para dónde va la cosa. Todo lo contrario, necesitamos que entre todos busquemos la solución en una ciudad como la nuestra que no se puede dar el lujo de que un comercio más cierre o que un puesto de trabajo se pierda”.

Por su parte, el concejal massista, Ariel Ciano, dijo que “ese tipo de prácticas las creíamos desterradas. Si lo que queremos nosotros es garantizar la participación de la comunidad, mínimamente debemos respetarlas. Justo que el día después que uno de los comerciantes hizo oír su voz en este recinto, planteando quejas al Municipio, reciba una inspección en su comercio, debo decir que la candidez la perdimos hace tiempo”.

“No creo en esta coincidencia que justo el día después que se manifiestan los inconvenientes sobre lo que está haciendo el Ejecutivo disponga inspecciones en los locales comerciales de las personas que vinieron a manifestarse acá”, destacó el concejal.

Por Carlos Walker

“Los gastronómicos nos hacemos muchas preguntas pero no encontramos las respuestas. Estamos enojados. Nos obligan a poner contenedores y si no los tenemos nos mandan al Juzgado de Faltas para que nos apliquen una multa. Hay una especie de monopolio entre dos empresas. Es un desastre. Todo esto es muy raro. ¿Están esperando que vengamos con los contenedores a la municipalidad? Esto es un curro”.

Así lo denunciaron el pasado lunes un grupo de comerciantes gastronómicos en una Jornada de Trabajo que se llevó adelante en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de debatir la necesidad de reducir los costos de implementación de la ordenanza Nº 20002, que regula los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos generados por los comercios en el distrito de General Pueyrredon.

Tras esa reunión en el cuerpo legislativo, los comerciantes recibieron “sospechosas inspecciones” del municipio. En el marco de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el concejal radical, Mario Rodríguez, denunció este jueves que “al otro día de la jornada de trabajo, llamativamente algunos comerciantes gastronómicos que hicieron uso de la palabra recibieron sospechosas visitas de Inspección General del municipio”.

“Tenemos que tomar nota de esta situación. Es muy preocupante cuando el estado se pone a disposición del poder de turno para preocupar aquellos que vienen al Concejo Deliberante ante la falta de respuestas del Ejecutivo”, remarcó el edil.

En la actualidad, todos aquellos generadores de residuos voluminosos (que superen los 20 kg) se encuentran excluidos del servicio de recolección de residuos domiciliarios contratado por la municipalidad de General Pueyrredon. Y es el propio sector gastronómico y hotelero quien tiene que cargar con ese costo. Se trata de un millonario negocio.

“Las empresas que prestan el servicio instalan los contenedores de manera compulsiva, con el consiguiente costo lo que además afea la vereda dada la emanación de olores, inutiliza las mesas y sillas cercanas al mismo ya que no quieren utilizarlas por los clientes, dificultan el estacionamiento”, recalcaron los gastronómicos, quien cuestionaron la tarea de las empresas Ciageser SA y Resicont SA.

“La empresa Transportes 9 de Julio tiene una actitud de connivencia con estas dos empresas, que le pertenecen. Están obligando a los comerciantes a que le paguen”, aseguraron.

A su vez, los comerciantes reclamaron que se realice “un control adecuado de las tarifas que perciben las empresas prestadoras del servicio quienes las estipulan en valores fijados unilateralmente, donde adicionan el IVA, no obstante, no corresponde por tratarse de un servicio público”.

En ese sentido, los representantes legales de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata le apuntaron al titular del Emsur, Eduardo Leitao. “La pregunta que debe realizarse el Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) no es ni más ni menos que: ¿Cuál es la fuente normativa del monto equivalente al 35% que les están liquidando a nuestros representados Ciageser SA –más el impuesto al valor agregado (IVA)– y Recicont SA –sin el impuesto al valor agregado–, para efectuar por cuenta y orden el pago de la Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos? y ¿Qué mecanismo de cálculo se usó para subsumir, en dicho porcentaje, la producción diaria de residuos voluminosos de cada establecimiento generador?”,  señalaron.

El ministro de la Producción bonaerense, Javier Tizado, alentó el desarrollo del movimiento de carga por contenedores que se realiza desde el puerto marplatense con el servicio logístico que brinda la Terminal de Contenedores 2. Además, valoró las inversiones para desconsolidar la carga importada y de esa manera reducir costos logísticos para las empresas importadoras y generar nuevas fuentes de trabajo entre sectores de la estiba.

El funcionario mantuvo un almuerzo de trabajo con directivos de TC2, el CEO y los Gerentes de Mediterranea Shipping Company (MSC), una de las dos navieras que hacen escala de manera frecuente en Mar del Plata para bajar importaciones y cargar las exportaciones.

Tizado fue recibido por Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, directores de la Terminal, quienes le anticiparon la evolución de la carga para este 2019 luego de un comienzo de año con dificultades a partir de la reducción de las descargas de calamar.

"Vamos a mejorar lo hecho el año pasado", dijo Bustamante y agregó que “estamos dispuestos a seguir invirtiendo en este puerto, a seguir generando más trabajo con el desarrollo del servicio logístico para la carga en contenedores”.

Ovejero remarcó la potencialidad que tiene Mar del Plata a partir de la obra del dragado en tanto pugnó para que haya políticas que desalienten el tránsito de mercadería que se origina en Mar del Plata y sale por otros puertos o directamente llega a Brasil por camión.

Representantes de MSC, en la palabra de Javier Luser, Gerente de Operaciones, destacaron las bondades de operar a través de TC2 en Mar del Plata, los costos que se han reducido desde la recuperación del servicio en el 2015 y anticiparon que seguirán manteniendo una escala regular para subir la mayor carga posible.

María Emilia Bustamante brindó una breve reseña de la evolución del movimiento de cargas y dejó planteada la necesidad de avanzar con la regularización de las tierras.