El presidente estadounidense Donald Trump va a fondo en una guerra total contra Harvard, días antes de una audiencia clave sobre el futuro de miles de alumnos extranjeros en esa universidad cuyas visas están por ser revocadas. Hoy se supo que la Casa Blanca se apresta ahora a cancelar todos los contratos del gobierno federal con la prestigiosa casa de estudios, por un valor estimado de 100 millones de dólares, con el objetivo de obligarla a someterse a una supervisión sin precedentes.

Los recortes adicionales figuran en un borrador de una carta destinada a todas las agencias para que identifiquen cualquier contrato con Harvard y encuentren “proveedores alternativos” para futuros servicios.

La carta es una muestra más de la decisión de Trump de doblegar a esta universidad, la más rica y poderosa del país, y a la que considera un centro elitista, antisemita, ultraliberal y promotor de la cultura woke, ahogándola financieramente y con otras medidas que tomó recientemente. En total, el gobierno ya congeló unos 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con la universidad.

Ayer Trump ya había anticipado su ofensiva y en un mensaje en Truth Social había dicho que entre los estudiantes extranjeros había “lunáticos radicalizados, alborotadores”.

La semana pasada causó conmoción en el campus y en todo el mundo -Harvard es un faro para la educación global- al prohibirle la capacidad de inscribir a estudiantes e investigadores internacionales en sus aulas. Miles de alumnos tienen miedo de ser expulsados y los que ya fueron admitidos para el año entrante temen ser frenados en los aeropuertos.

La universidad alberga más de 6.000 estudiantes extranjeros de 140 países (incluidos 58 argentinos) y esta medida, en principio, deja en el limbo las visas de todos ellos. Pero la iniciativa del gobierno fue congelada por una jueza federal de Boston que convocó a una audiencia de emergencia este jueves para que las partes expresen sus posiciones.

La magistrada dijo que el bloqueo fue necesario porque sin él la universidad "sufrirá un daño inmediato e irreparable antes de que haya oportunidad de escuchar a todas las partes" y dijo que en la audiencia del jueves podría considerar un congelamiento a largo plazo de las acciones del gobierno.

Pero antes de esa audiencia, el mandatario estadounidense avanzó aún más en su batalla, con más recortes. La carta de hoy instruye a las agencias a responder antes del 6 de junio con una lista de cancelaciones de contratos. Algunos ejemplos de los que podrían verse afectados son trabajos de investigación y formación de ejecutivos, entre otros.

El Gobierno acusa a la universidad de ser un centro ultraliberal, que sigue utilizando políticas de diversidad racial en su proceso de admisión a pesar de la prohibición de la Corte Suprema (en realidad el porcentaje de afroamericanos bajó de 18 a 14% este año), y de permitir el comportamiento antisemita en el campus. El Departamento de Seguridad Interior había ordenado a Harvard que presentara registros sobre supuestas "actividades ilegales, peligrosas y violentas" de estudiantes internacionales en los últimos 5 años. Si bien la universidad entregó algunos reportes, el gobierno dice que no es suficiente.

En tanto, Harvard se defiende y afirma en la corte que lucha por sus derechos de la Primera Enmienda y acusa a la administración Trump de tratar de controlar su personal, su proceso de admisión y su plan de estudios.

A diferencia de otras universidades como Columbia, que aceptó varias de las imposiciones del gobierno a cambio de que no le quiten los subsidios, Harvard enfrentó al presidente en distintas cortes y acusa al gobierno de querer auditar la ideología política de los estudiantes y profesores para anular “la diversidad de puntos de vista”.

Más allá de la su demanda por la visa de los estudiantes internacionales, el mes pasado ya había presentado otra para buscar la restitución de más de 3.000 millones de dólares en fondos federales.

Fuente: Clarín

Los peritos de la PSA y la Policía Federal trabajan contrareloj para terminar de procesar miles de mensajes encontrados en unos 20 teléfonos que se lograron abrir y se sumarán en los próximos días a la causa de los seguros. Pertenecen a ex funcionarios y brokers involucrados en el escándalo. En el expediente hasta ahora solo hay conversaciones encontradas en los teléfonos de dos personas: la secretaria María Cantero, que tenía los mensajes de Fabiola Yañez, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Son más de 1.000 páginas que todavía siguen arrojando sorpresas.

Durante las últimas semanas, Infobae analizó el contenido de 24 conversaciones, la mayoría obtenidas del teléfono de Pagliano. El contrato que más se repite en esos chats es el de Corredores Viales, una empresa estatal que se encarga de la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas. La firma dependía del ex ministro de de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los funcionarios mencionados en los chats.

El contrato de Corredores Viales estaba a cargo de la empresa Castello Mercuri pero a fines de 2021 pasó a manos de Martínez Sosa, a través de una firma asociada llamada Bri Brokers. La disputa por esa póliza millonaria aparece en decenas de conversaciones.

“Corredores Viales la tiene Martínez Sosa?”, le preguntó Pagliano a Mauro Tanos, uno de los ex funcionarios de Nación Seguros que fue allanado y tuvo que dejar su cargo. La respuesta revela cómo era el entramado. “¿Cómo andas Alberto? La tiene Martinez Sosa, sí. No directamente porque la tiene BRI Brokers como productor y el organizador de BRI Brokers es Martinez Sosa. Asi que sí, es Martinez Sosa, técnicamente son ellos”, explicó Tanos.

- “¿La comisión es 10 y tienen nota de nombramiento?”, insistió Pagliano

- “Si todo eso”, respondió Tanos.

El diálogo se registró el 25 de octubre de 2022 y hace alusión al porcentaje de comisión que se quedaba el intermediario. Para ese entonces, Nación Seguros ya había fijado un tope del 10 por ciento.

Una semana después, Tanos le mandó a Pagliano la carta de designación de Bri Brokers. Llamativamente, ese documento no tiene la firma del entonces presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, sino del gerente general, Leonardo Zara. “Había un interna dentro de la empresa por la presión que ejerció Martínez Sosa, luego de esa decisión echan a dos gerentes”, explicó una fuente que conoce la trama de esa negociación.

Otro dato llamativo: esa carta de designación ingresó a las oficinas de Nación Seguros el 2 de diciembre de 2021, el mismo día que se publicó en el Boletín Oficial el decreto de Alberto Fernández.

El “trofeo” en disputa era un contrato de USD 7 millones anuales.

Atasanof aparece mencionado en un chat entre Pagliano y Fernando Arana, subgerente General de Administración y Finanzas de Nación Seguros. “Estoy con Gonzalo Atanasof. Te quiere ir a ver la semana q viene. Es el titular de Corredores Viales”, le dijo Arana a su jefe el 30 de agosto de 2021. “Será un gusto”, contestó el entonces titular de Nación Seguros y amigo de Alberto Fernández.

Las negociaciones secretas para quedarse con esa póliza también quedaron expuestas en las charlas entre Martínez Sosa y Cantero. “Me acaba de decir Kato (por Katopodis) q lo que le pediste de Corredores Viales ya está. Que cualquier cosa que lo llames”, le escribió Cantero a su pareja el 1 de julio de 2021.

A fin de ese año, efectivamente el contrato cambió de manos.

El 23 de junio de 2022, otra vez aparece el nombre del entonces ministro de Alberto Fernández. Ese día, Cantero le preguntó a “Hecky” por una reunión con “Kato”. “10 puntos !!!”, reaccionó Martínez Sosa.

Todo se derrumbó tras el escándalo. El 11 de marzo de este año, el actual presidente de Corredores Viales, José Luis Acevedo, revocó la designación de Bri Brokers, es decir, de Martínez Sosa. “Dejo expresa constancia que esta acción reemplaza cualquier otra conferida con anterioridad a la firma de la presente, y que, a partir de la fecha, Corredores Viales SA no cuenta con ningún productor asesor designado”, dice esa nota. “Hoy están todas la pólizas en directo (sin intermediarios), hay que ver cómo impacta la derogación del decreto 823″, confirmó un funcionario ante una consulta de este medio.

En el teléfono de Pagliano hay una conversación muy breve con Gastón Alvarez, un histórico gerente del Banco Nación. Los peritos de la PSA rescataron un mensaje llamativo referido a la póliza de la ANSES, la misma que destapó el escándalo. “Me podrías indicar con quien podría comunicarme por el seguro al FGS ANSES por los créditos a jubilados. Este es un tema q me pidió el Presidente en una reunión con el titular del FGS”, dice Alvarez el 12 de octubre de 2021.

En ese entonces, Federico D’Angelo, el funcionario que puso a dedo a dos intermediarios, revestía el cargo de director de inversiones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Ese funcionario fue echado y denunciado por el gobierno nacional.

Tras el mensaje de Alvarez, Pagliano lo deriva con Carlos Soria, uno de los directores de Nación Seguros, y la charla se diluye.

Las 24 conversaciones relevadas por Infobae fueron agregadas al expediente de los seguros el 4 de julio. Surgen de los teléfonos de la secretaria histórica de Alberto Fernández, María Cantero, y del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Ahora, se sumarán otros 20 teléfonos que fueron secuestrados al comienzo de la investigación y ya fueron abiertos. “Es un trabajo lento, que lleva mucho tiempo, y en medio hubo planteos de las defensas”, advirtió una fuente de la investigación.

La ronda de allanamiento arrancó el 7 de marzo, en las propiedades de Cantero y su pareja, Héctor Martínez Sosa. Luego hubo otra tanda de operativos sobre otras propiedades de esa pareja. “En total le secuestramos cuatro teléfonos a ellos, dos a cada uno”, detalló una fuente inobjetable. Y agregó: “Los teléfonos de Martínez Sosa todavía no se abrieron”.

Solo en el mes de abril, el juez Ercolini hizo allanamientos y secuestró los celulares de Mauro Tanos, ex gerente general de Nación Seguros; de Brian Kelly y Hernán Bressi, dos empresarios vinculadas a la empresa San Ignacio, entre otras personas.

El último teléfono secuestrado fue el de Daniel Rodríguez, el ex intendente de la quinta de Olivos que este lunes deberá declarar como testigo en la causa por violencia contra Fabiola Yañez. Su relación con Alberto Fernández sigue intacta por lo que su testimonio no lo perjudicaría. Todo lo contrario.

“El Gordo”, como lo conocen sus amigos, también tiene una relación estrecha con Martínez Sosa, a quien recibía en la residencia oficial. Sus vínculos policiales (era Bombero de la PFA) le habrían permitido anticipar algunos de los allanamientos.Fuente: Infobae.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales destinados a vivienda. La medida tiene como objetivo reducir la carga administrativa y burocrática de los contribuyentes.

Por medio de la Resolución General 5545/2024, la AFIP suprimió el requisito de informar todas las operaciones concertadas entre locadores y locatarios ante el “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)”, en el marco de la derogación de la Ley de Alquileres.

“La presente medida contribuye a la constitución de un Estado Nacional a favor del ciudadano en un marco de simplificación, eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios”, indican los considerandos.

Al mismo tiempo, la nueva resolución de AFIP establece que los contribuyentes que quieran obtener los beneficios fiscales en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y en los impuestos sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, sobre los Bienes Personales y a las Ganancias deberán declarar sus contratos de alquiler en el servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles - RELI” de la web del organismo con clave fiscal, antes del 30 de septiembre de 2024 o dentro de los 15 días corridos posteriores a su firma según el caso.

“Cuando los inmuebles pertenezcan a sujetos residentes en el exterior, la registración estará a cargo de sus representantes en el país, cualquiera sea la modalidad de la representación”, señala la norma del organismo conducido por Florencia Misrahi.

“Se encuentran incluidos en el presente régimen de registración los contratos de locación celebrados electrónicamente mediante la utilización de plataformas digitales y/o aplicaciones móviles destinadas a tal fin”, agrega.

Por otra parte, se deberá indicar si se trata de bienes inmuebles urbanos o rurales y la modalidad de la operación (permanente o temporaria) y registrar cada contrato en alguna de las siguientes categorías:

Y se deberán cumplir los siguiente requisitos:

Quienes ya tengan registrados sus contratos no deberán volver a hacerlo, excepto que haya modificaciones o actualizaciones.

Cabe destacar que las operaciones realizadas en moneda extranjera deberán informarse en pesos considerando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre del día hábil inmediato anterior al de la celebración del contrato.

En línea con dicha medida y con el objetivo de disminuir la carga administrativa de los contribuyentes, por medio de la Resolución General Nro. 5547/2024, con relación al impuesto a las ganancias, se dispuso la eliminación de la obligación por parte del empleado en relación de dependencia de adjuntar -en el servicio SiRADIG- una copia del contrato de alquiler del inmueble con destino a casa habitación. Este requisito resultaba necesario para tener acceso a las deducciones del 40% y del 10%, respectivamente, de las sumas pagadas por este alquiler.

Estas medidas se suman a la derogación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), es decir el documento que debía emitirse al vender un automotor o moto usada y radicada en el país; de las resoluciones generales que obligaban a productores agropecuarios a presentar cinco declaraciones juradas al año con su cosecha, y del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) para autorizar importaciones, con el objetivo de facilitar el comercio exterior.

Fuente: Infobae.

Un total de 40 trabajadores del Casino Central, que contaban con renovación trimestral de sus contratos, tendrán contrato hasta fin de año según informaron hoy desde el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.

El anuncio se hizo durante un acto del que participaron el presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof, el director del Casino Central, Fernando Mogni, y la ex candidata a intendente Fernanda Raverta.

“En un contexto económico muy complejo, la Provincia está haciendo un gran esfuerzo por mantener paritarias actualizadas de manera mensual y por cuidar los puestos laborales y los ingresos de nuestros trabajadores”, destacó Atanasof.

Además, consideró que “gracias al compromiso de nuestro gobernador, Axel Kicillof, hoy podemos dar esta buena noticia”. Lo dijo ante representantes de la Asociación Gremial Empleados de Administración Maestranza y Servicios de los Casinos (AMS) y la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN).

En representación de los gremios estuvieron presentes Marcos Labrador, presidente de AECN, y Roberto “Chucho” Páez, secretario general de AMS.

Tal como anticipó El Marplatense, el gobierno de Guillermo Montenegro prorrogó los contratos temporarios de más de 200 empleados municipales hasta diciembre de este año. Así se refleja en reciente decreto N°1032, al cual este medio tuvo acceso.

En la documentación, el Ejecutivo local defendió la decisión ante “la situación de emergencia sanitaria, producida por la irrupción del coronavirus”. “En el marco de la referida emergencia, se solicita la prórroga de designación de varios agentes quienes se desempeñan con carácter de Personal Temporario Mensualizado”, se indicó.

Cabe recordar que en febrero de este año, el propio jefe comunal había dicho que no renovaría el contrato de 110 trabajadores temporarios que habían iniciado sus tareas después de junio de 2019.

Montenegro había denunciado, ni bien asumió, que el exintendente Carlos Arroyo había incumplido la ley de responsabilidad fiscal que le impedía designar nuevo personal en los últimos seis meses de gestión.

Por ese tema, se inició una investigación en la Fiscalía de Delitos Económicos para determinar si existió algún tipo de delito, al tiempo que la nueva gestión municipal inició una auditoría de corte.

El Ejecutivo local prorrogará los contratos temporarios de más de 200 empleados municipales hasta diciembre de este año.

Fuentes del Sindicato de Trabajadores municipales le adelantaron a El Marplatense que “en el marco de las gestiones llevadas a cabo por la Comisión Directiva, para dar continuidad a la relación laboral de los compañeros de Planta Temporaria, se mantuvo este jueves una reunión con el Secretario de Gobierno”.

“En la misma, el Dr. Santiago Bonifatti comunicó oficialmente que se renovará el contrato al total de los compañeros, hasta el día 31 de diciembre del corriente año”, detallaron.

Cabe recordar que en febrero de este año, el propio jefe comunal había dicho que no renovaría el contrato de 110 trabajadores temporarios que habían iniciado sus tareas después de junio de 2019.

Montenegro había denunciado, ni bien asumió, que el exintendente Carlos Arroyo había incumplido la ley de responsabilidad fiscal que le impedía designar nuevo personal en los últimos seis meses de gestión.

Por ese tema, se inició una investigación en la Fiscalía de Delitos Económicos para determinar si existió algún tipo de delito, al tiempo que la nueva gestión municipal inició una auditoría de corte.

Poco después, y en el marco de una pandemia, el jefe comunal decidió extender ese vínculo casi al mismo tiempo de solicitar a la Provincia una "ayuda económica extraordinaria" para hacer frente a las obligaciones de pagar los sueldos de los casi 11 mil empleados municipales.