El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa esta semana con su agenda de gestión en distintos puntos del territorio bonaerense. Este martes, el mandatario llega al distrito de Florencio Varela, donde encabezará junto al intendente Andrés Watson la inauguración de un Centro de Atención Integral de Rehabilitación Municipal.

La obra, que se suma a las inversiones en infraestructura sanitaria y educativa que impulsa la Provincia, forma parte del plan de modernización que Kicillof viene desplegando en el Conurbano. Hace unas semanas, el gobernador había visitado el municipio para supervisar el avance del nuevo Polo Educativo del barrio La Carolina, una obra que demandó más de $7.100 millones de inversión provincial.

“En la Provincia tenemos el compromiso de seguir invirtiendo en las obras que traen soluciones concretas a los problemas de los bonaerenses. La educación primaria y secundaria para el barrio La Carolina no llega de la mano del mercado, sino de un Estado que está presente”, había expresado Kicillof durante aquella recorrida.

El miércoles, el gobernador se trasladará a Saladillo, donde hará entrega de 13 viviendas construidas bajo el programa Bonaerense II – Solidaridad con Municipios, que implicó una inversión cercana a los $750 millones.

En tanto, por la tarde, Kicillof visitará Azul, donde entregará nuevos patrulleros y camionetas policiales, mientras que el jueves encabezará una actividad similar en Escobar, donde recorrerá el Centro de Monitoreo municipal.

En medio de la interna del Partido Justicialista bonaerense, que enfrenta al espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), vinculado a Kicillof, con el sector de La Cámpora, que lidera Máximo Kirchner, el gobernador refuerza su presencia en el territorio y busca consolidar su liderazgo político con una gestión centrada en obras, seguridad y políticas de vivienda.

Fuente: Diputados bonaerenses

En una operación de alto impacto, la División Operativa Federal de Morón desarticuló una red de extorsión liderada por una triada de la mafia china, cuyos miembros se dedicaban a amenazar y coaccionar a supermercadistas de la misma comunidad en el conurbano bonaerense.

La banda delictiva, compuesta por ciudadanos chinos provenientes de la provincia de Fujian, exigían grandes sumas de dinero a cambio de garantizar la "protección" de los negocios de sus compatriotas, generando un clima de terror en los supermercados.

La investigación comenzó luego de que múltiples comerciantes chinos acudieran a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de La Matanza, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, para denunciar la presencia de notas intimidatorias en sus locales.

Estos mensajes, escritos en chino, amenazaban con represalias violentas en caso de que no se realizara el pago solicitado. Las víctimas recibieron además números de contacto y usuarios de aplicaciones de mensajería con los que debían comunicarse para concretar el pago de la extorsión.

El operativo policial se intensificó luego de la detención, en agosto pasado, de un sicario que había sido contratado por la misma red criminal para amedrentar a comerciantes.

Este arresto fue clave para desentrañar la estructura de la organización y vincular a tres de sus principales miembros con las amenazas. La Policía Federal descubrió que estos extorsionadores usaban tácticas sofisticadas para el manejo del dinero que obtenían.

Para eso, al contratar empleados en sus negocios, tomaban fotos de sus documentos y los utilizaban para abrir cuentas bancarias sin reconocimiento biométrico. En estas cuentas se transferían grandes sumas de dinero, que luego eran movidas a billeteras virtuales y, finalmente, lavadas a través de cuevas financieras en la Capital Federal.

La investigación culminó en la identificación de ocho inmuebles en los municipios de Lanús, La Matanza y Marcos Paz, todos relacionados con las actividades ilícitas. Con las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N.º 4 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de Fernando Horacio Pinos Guevara, ordenó el allanamiento de estas propiedades.

En el caso, se analiza que detrás de la banda que realizaba las intimidaciones se encontraban otros supermercadistas chinos.

Detectaron también dos números de teléfonos a los que debían comunicarse las víctimas para arreglar y "poder trabajar con tranquilidad". También llegaron a exigirles abrir usuarios de una plataforma de mensajería popular en China para ejecutar los pagos.

Durante los allanamientos, la policía incautó aproximadamente 14.341.540 pesos en efectivo, tres vehículos de alta gama, varias armas de fuego (incluyendo una escopeta calibre 12/76, otro rifle de repetición calibre 12, una pistola semiautomática y un revólver), así como un silenciador de calibre 9 mm, municiones de distintos calibres, esposas, radios de comunicación, y varios dispositivos electrónicos, como terminales de pago y una gran cantidad de teléfonos celulares.

En total, se confiscaron 34 celulares, uno de los cuales era utilizado específicamente para recibir las llamadas de las víctimas extorsionadas.

Las imágenes del operativo muestran una gran cantidad de dinero en efectivo en diferentes denominaciones, pasaportes chinos y armas, lo que evidencia el nivel de organización y los recursos con los que contaba la banda criminal.

Entre los objetos incautados, destacan los de origen chino, portátiles y dispositivos electrónicos que probablemente fueron utilizados para coordinar las operaciones de la red.

Además, la Federal encontró un arma Browning de aspecto desgastado, simbolizando el uso de fuerza y ​​amenazas que mantenían a los comerciantes en un estado constante de temor.

Los tres detenidos -todos chinos mayores de edad- quedaron a disposición de la justicia y enfrentar cargos por abuso de armas agravado, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, lesiones leves y extorsión.

Fuente: Clarín

Intendentes de al menos 11 municipios del Conurbano bonaerense lograron amparos judiciales que les permiten mantener el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios públicos, pese a la prohibición dispuesta por la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo. La resolución, emitida en septiembre, establece que los municipios no deben incluir tasas de servicios como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas de proveedores de servicios esenciales, como Edenor y Edesur. La medida busca aliviar la carga financiera de los consumidores, pero los municipios argumentan que amenaza la estabilidad de sus presupuestos y, por lo tanto, los servicios públicos que brindan.

Jefes comunales de municipios como Pilar, Escobar, Morón, Hurlingham, José C. Paz y Quilmes acudieron a la Justicia y consiguieron fallos a su favor, lo que les permitirá continuar con el cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas. Estos intendentes justificaron la medida en la importancia de los fondos recaudados para mantener el funcionamiento de servicios esenciales como la seguridad y el mantenimiento de infraestructura pública.

Los intendentes argumentan que el cobro de tasas a través de las facturas de servicios básicos es una práctica establecida en varios municipios y responde a una necesidad de financiamiento para áreas como seguridad, alumbrado público y espacios verdes. De eliminarse este recurso, explican, los gobiernos locales verían comprometida su capacidad de respuesta ante necesidades urgentes de la población.

Por ejemplo, en el caso de Pilar, el fallo sostiene que la eliminación de estos cobros representaría una pérdida significativa de ingresos para el municipio, afectando la calidad de vida de los vecinos. “La Constitución de la Provincia de Buenos Aires autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo”, señaló en su resolución el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien en septiembre falló en favor del distrito que conduce el peronista Federico Achával.

Ese fallo generó la reacción del ministro Luis Caputo, quien en su cuenta de la red social X escribió en aquel momento: “Qué raro un intendente kirchnerista ‘apelando’ a la justicia local para continuar estafando a sus vecinos! Toda una novedad!!”.

Hasta ahora, además de De Achával, recibieron resoluciones favorables de la Justicia: Mariel Fernández, de Moreno; Julio Zamora, de Tigre; Mayra Mendoza, de Quilmes; Fernando Moreira, de San Martín; Ariel Sujarchuk, de Escobar; Juan Andreotti, de San Fernando; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; Gustavo Menéndez, de Merlo; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, y Lucas Ghi, de Morón.

Caputo argumenta que la prohibición del cobro de tasas municipales en las boletas de servicios públicos es una medida destinada a proteger el bolsillo de los consumidores, ya que estos cargos adicionales encarecen las facturas de luz y gas. En un contexto de elevada inflación y pérdida de poder adquisitivo, el gobierno nacional sostiene que estos cobros deben ser transparentes y, en la medida de lo posible, independientes de los servicios básicos. Además, según Caputo, los municipios deben buscar alternativas para recaudar fondos sin recurrir a las facturas de servicios esenciales, una medida que considera desleal hacia los usuarios.

El ministro afirmó también que la resolución pretende establecer un marco más claro en la facturación de servicios públicos, permitiendo a los usuarios conocer exactamente los costos que deben pagar por el consumo de energía o gas, sin cargos adicionales que no estén directamente relacionados con esos servicios. “La gente merece claridad y previsibilidad en sus facturas. No se puede cargar con tasas municipales en servicios que ya son esenciales y necesarios”, destacó Caputo días atrás.

El conflicto ha generado un tenso debate político sobre la autonomía de los municipios y la capacidad de los intendentes para manejar sus recursos. Varios intendentes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos han manifestado que la medida pone en riesgo la recaudación municipal, fundamental para el desarrollo de sus jurisdicciones. Aseguran que las comunas, especialmente en el conurbano bonaerense, dependen en gran medida de estos ingresos para sostener proyectos de urbanización, obras públicas y programas de seguridad.

Por su parte, representantes de organizaciones de consumidores han expresado su apoyo a la resolución, argumentando que se trata de un paso necesario para aliviar la carga financiera de las familias, en un contexto de altos costos de vida. Sin embargo, alertan que, sin una solución alternativa, esta prohibición podría afectar a los servicios que los municipios brindan, por lo que instan al gobierno nacional y a los gobiernos locales a dialogar y encontrar una salida que contemple tanto la protección del usuario como la estabilidad presupuestaria de los municipios.

Los fallos favorables a los intendentes no resuelven definitivamente el conflicto, sino que establece una excepción temporal mientras se tramitan las apelaciones. Expertos en derecho constitucional subrayan que esta situación plantea un debate más amplio sobre los límites de la autonomía municipal y las atribuciones de los poderes locales para manejar sus ingresos en función de las necesidades de cada comunidad.

Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), respaldan el derecho de los intendentes a aplicar tasas municipales como mejor consideren, dentro del marco legal. Señalan que muchos municipios carecen de recursos propios y dependen de estas tasas para financiar servicios que no pueden ser sostenidos únicamente con fondos provinciales o nacionales. Según la FAM, restringir esta fuente de ingresos debilita la capacidad de gestión local y afecta el bienestar de la ciudadanía en áreas de alta demanda de servicios públicos.

La resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que fue publicada el 10 de septiembre pero que otorgaba a las empresas un plazo de 30 días para que adecuen el modelo de facturación, establece que las facturas y comprobantes no podrán incluir cargos ajenos a los bienes y servicios contratados, es decir que no se podrán incluir otros cargos como tasas e impuestos. Abarca a las empresas de servicios públicos de todo el país y a quienes comercializan bienes. Solo podrán incluir en sus facturas única y exclusivamente la descripción y el precio correspondiente al servicio.

En caso de incumplimiento, los consumidores podrán denunciar las irregularidades a través de la casilla de correo electrónico denunciatufactura@comercio.gob.ar. Las empresas que no cumplan con la normativa podrán ser sancionadas de acuerdo a las penalidades previstas en la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias de Defensa del Consumidor y normas reglamentarias. Entre otras sanciones posibles, se encuentran la apertura de un sumario administrativo y la aplicación de multas.

El artículo 4 de dicha norma dispone que los proveedores de bienes y servicios están obligados a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que proveen, y las condiciones de su comercialización. El artículo 8 bis de la ley exige a los proveedores dispensar un trato digno y equitativo a los consumidores.

Según precisó la Secretaría en un comunicado, “los derechos de los consumidores tienen status constitucional. El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información fehaciente y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a la protección de esos derechos”.

Fuente: Infobae

Uno de cada tres niños del Conurbano bonaerense sufre problemas para acceder al agua potable y a una alimentación que brinde los nutrientes indispensables para el desarrollo, según un relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, organismo que conduce Guido Lorenzino.

El informe técnico se denomina “Agua segura y alimentación, derechos pendientes de ser garantizados” y describe la evolución de diversos indicadores que representan la situación de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina y en el Gran Buenos Aires en relación a sus derechos al acceso al agua segura y a la alimentación, para conocer cómo evolucionó esta situación a lo largo del periodo 2010-2018.

El déficit de acceso al agua de red alcanza al 14% de los hogares de la Argentina urbana y al 18% de los niños, niñas y adolescentes. Dichos niveles casi se duplican cuando se tratan de los hogares del conurbano bonaerense.

Este déficit afecta con mayor fuerza a los niños y adolescentes de los estratos sociales muy bajos en un 43,1% y bajos en un 38,7%, que viven en condiciones de pobreza (38,9%) e indigencia (40,2%), y en aquellos que residen en villas de emergencia o en asentamientos o barrios informales (50,3%). Asimismo, la probabilidad de acceder al agua de pozo es mayor en el GBA que en el total país (24,8% contra 11,6%), y también es mayor la propensión a tener que acceder al agua fuera de la vivienda (7,4% contra 4,6%).

“Estos datos nos muestran que existen graves problemas en el conurbano para acceder al agua potable, lo que se agrava al poner la atención en las poblaciones más vulnerables. A la hora de pensar una solución, es necesario proyectar una política de Estado a gran escala y sostenida en el tiempo”, sostuvo Lorenzino.

Por otro lado, la inseguridad alimentaria severa, junto con la cobertura de alimentación gratuita, experimentó un fuerte incremento en el último periodo interanual (2017-2018), tanto para el total de a nivel país urbano como en el conurbano bonaerense, alcanzando los valores más elevados de la serie 2010-2018. Si la inseguridad alimentaria total es del 35,8% en el tercer trimestre de 2018 en GBA, es del 17,4% en cuanto a la inseguridad alimentaria severa y 40%, la cobertura de alimentación gratuita.

La asistencia alimentaria directa y gratuita es mayor en GBA que en el promedio del país. Los principales beneficiarios de la ayuda directa son los niños/as en edad de escolarización primaria. La tasa de cobertura disminuye abruptamente para los niños/as de edad preescolar y para los adolescentes. El acceso a los alimentos se ve fuertemente vulnerado para los niños/as no escolarizados y los adolescentes.

“La falta de acceso a los alimentos o que los niños no tengan una nutrición elemental para desarrollarse es tal vez el mayor problema que enfrenta la sociedad. Además, es la gran deuda del sistema político, que no ha podido generar mecanismos que eliminen esta problemática que pone en jaque sobre todo a la población más vulnerable. Por lo tanto, es necesario el diseño y la ejecución de medidas que tengan en cuenta cómo impacta esta situación para llevar adelante programas a corto y largo plazo que permitan revertir este panorama”, agregó Lorenzino.

El frente oficialista Juntos por el Cambio fue superado en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias realizadas ayer, por el Frente de Todos en cinco de los ocho distritos fuertes del oficialismo como Quilmes, Morón, Tres de Febrero, Lanús y Pilar, y solo pudo ganar en San Miguel, San Isidro y Vicente López.

En Vicente López, el intendente Jorge Macri obtuvo 53,90% sobre 25,63% de Beccaria Lorenzo, del Frente de Todos, con lo cual quedó muy bien posicionado para conseguir la reelección en este distrito de la primera sección electoral.

Por su parte, el radical Gustavo Posse consiguió el 40,22% por ciento de los votos mientras que Federico Gelay del Frente de Todos obtuvo el 25,43, y se encamina a volver a conseguir en octubre si repite los resultados de las Paso una nuevo mandato al frente de esa comuna.

En tanto, en San Miguel, el intendente de Cambiemos Jaime Méndez, logró 46,36% sobre el 37% de Franco Laporta.

En cambio, el intendente Martiniano Molina en Quilmes obtuvo el 30,77 % pero perdió por más de 20 puntos con el Frente de Todos que sacó el 51,68 %, en una interna en la que ganó Mayra Mendoza.

En Lanús, el intendente oficialista Nestor Grindetti perdió por 13 puntos contra el peronismo, cuya interna la ganó Edgardo Depetri, al obtener el Frente de todos 47,96% sobre el 34,52 de Juntos por el Cambio.

En Morón, con Ramiro Tagliaferro, ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, fue superado por el Frente de Todos, en casi 8 puntos, al obtener 43,84% sobre el 36,13 del oficialismo, en una interna en la que ganó el ex intendente sabbatellista Lucas Ghi.

En Pilar, Nicolás Ducoté perdió al sacar 33,88% contra el 46,11% del Frente de Todos con Federico Achával, ex Jefe de Gabinete del ex intendente Humberto Zúccaro.

En Tres de Febrero, el oficialista Diego Valenzuela perdió al obtener el 34,58% de los votos. (Télam)

Una banda de narcotraficantes que operaba en Mar del Plata y otras localidades de la costa a través de una red con personas del conurbano y presos alojados en la cárcel fue desbaratada en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal, que permitieron la aprehensión de siete sujetos y el secuestro de más de 33 kilos de marihuana de varias dosis de cocaína.

Los operativos se llevaron a cabo en la ciudad, Pinamar, Ostende, Berazategui, La Matanza y en la Unidad Penal N° 6 de Dolores, y estuvieron a cargo de oficiales pertenecientes a la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Dolores.

Según se informó desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, producto de los allanamientos las autoridades apresaron a siete miembros de la organización criminal y secuestraron 33,66 kilos de marihuana, más de 500 gramos de cocaína, cinco armas de fuego (entre ellas una escopeta), un automóvil Mercedes Benz, 305 mil pesos en efectivo, 1400 dólares, celulares, notebooks y elementos de interés para la causa.

De acuerdo a la investigación, los ahora detenidos habían montado una red de narcotráfico que operaba entre el conurbano y la costa atlántica y organizaba las ventas a través de llamados telefónicos que realizaban los internos del penal. Los miembros de la banda viajaban regularmente para llevar los estupefacientes a las localidades balnearias.

A partir de un amplio trabajo de averiguaciones, los efectivos policiales identificaron el modus operandi de los sospechosos y, junto a la Policía Federal que también estaba investigando el caso, montaron los operativos que posibilitaron desmantelar toda la red criminal.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 a cargo de Verónica Zamboni y del Juzgado de Garantías N° 6 de David Mancinelli, ambos del Departamento Judicial de Dolores.