En el marco del conflicto que mantienen los trabajadores de las flotas congeladoras del Puerto marplatense, y tras una serie de acciones como movilizaciones y jornadas de visibilización, desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fueron categóricos con relación a la forma de afrontar las negociaciones con las cámaras empresariales: “No vamos a entregar un solo punto de nuestro convenio colectivo de trabajo”.

Oscar Bravo, secretario general del gremio a nivel local, señaló que actualmente se encuentran “manteniendo comunicaciones con algunas empresas de manera individual, tratando de ver si alguna se quiere acoger al acuerdo de crisis 70-30 y ver a que le sirva, que pueda sacar los barcos, como fue el caso de Buenos Aires Pesca, que tiene los buques Pedrito y San Juan B.”. En ese sentido, aseguró que los que salieron “están teniendo una pesca exitosa”.

En diálogo con El Marplatense, el gremialista se refirió a las presiones que ejercen los empresarios y lo comparó con lo que sucede hacia adentro del núcleo de trabajadores. “Nosotros también tenemos la presión de la gente, que obviamente ya no aguanta más. Pero no llegamos a esta altura para entregarle algo de la gente. Ya está. El escenario hubiese sido al principio si uno tenía que ceder algo. A esta altura, con más de media campaña por la cabeza, ya está. No hay nada para ceder”, señaló.

Bravo consideró la firmeza del consejo directivo del SOMU a nivel nacional: “No va a entregar un solo punto de nuestro convenio colectivo de trabajo”. Y según detalló esta postura busca despejar rumores sobre posibles flexibilizaciones, ya que “había rumores o por ahí charlas con algunos dirigentes que tienen cierta incertidumbre o por ahí analizan la variante de algo. Pero no”.

De todos modos, Bravo remarcó que “estamos resguardados bajo la ley”, aunque reconoció que “es muy difícil llevar un mensaje de tranquilidad cuando vos estás buscando dignificar al trabajador. Es ilegal salir por debajo de lo que tenemos establecido”.

En cuanto al proceso, señaló que es necesario que las empresas presenten “memorias y balances y justifiquen que realmente la rentabilidad no es la adecuada”, a lo que remarcó que “obviamente no somos unos irracionales que no vamos a negociar, pero acá sin un papel sobre la mesa ya no hay tiempo de negociar nada”.

“Todas las negociaciones que hemos participado ronda en que nosotros tenemos que entregar algo de nuestro convenio colectivo. Entonces el día que realmente nos presenten los papeles, ¿qué vamos a entregar? Ya el año pasado perdimos la excepción del 46% de impuesto a la ganancia, tributamos un 35% de nuestro salario bruto. ¿Cuánto más tenemos que poner? ¿Vamos a terminar pagando para ir a trabajar?”, cuestión el dirigente del SOMU.

Bravo aseguró que las manifestaciones realizadas recientemente por la avenida Juan B. Justo “tuvieron una repercusión y hubo llamados y hubo análisis, y hubo ese coqueteo de ‘firmo no firmo’. Están todos, como diríamos en la jerga, balconeando, si se acuerda o no”.

Cada vez parece más inalcanzable la resolución del conflicto de los trabajadores panaderos con la empresa Chajamar que cuenta con varios locales en la ciudad de Mar del Plata. 

A pesar de las numerosas audiencias conciliatorias e inspecciones, la firma se niega a reincorporar a los trabajadores afectados y brindar los derechos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo. 

En consonancia, Matías Coronel, secretario general de SOEPMPZA explicó en diálogo con El Marplatense que “comenzamos un reclamo con estado de alerta y movilización a mitad de la semana pasada, a través de un comunicado, para informar a la sociedad marplatense cuáles son las problemáticas de la panadería Chajamar y sus sucursales”. 

Ante la falta de respuesta por parte de la empresa, “nuestra postura es organizarnos con los trabajadores y ver cómo seguimos con el plan de lucha para que eventualmente se haga una movilización durante la semana próxima”, destacó. 

Respecto al origen del conflicto, contó que “siempre con Chajamar tuvimos una tensión constante. Durante la pandemia iniciamos una mesa de trabajo con los compañeros donde supimos que el 35% estaba por debajo con los salarios”.

“Logramos a fin del año pasado que los salarios se paguen como correspondía, pero en el verano hubo situaciones con el pago de horas extras en negro, volvieron a retrasarse y siempre estuvimos en la situación de discutir salarios”, continuó. 

En esta línea, declaró que “a principios de enero del 2024 los salarios se normalizaron y empezamos a solicitar esa estabilidad en la falta derechos que había en base a nuestro convenio colectivo”. 

Por ejemplo, “nuestra jornada para el área de producción, como es un trabajo nocturno, se contempla siete horas por fuera de la ley laboral. Empezamos a solicitar la bancarización de los trabajadores, registración por jornada completa de la vendedoras, pago de feriados y aguinaldos en tiempo y forma”, enumeró. 

No obstante, “a pesar de que todo esto le corresponde a la empresa hacerlo, lo pedimos de manera escalonada o con una mesa de trabajo”, aseguró. 

Por este motivo, “desde marzo de este año hemos avanzado con reuniones, inspecciones, audiencias con el Ministerio de Provincia y en el Ministerio de Trabajo de Nación, donde la empresa parece ser que no quiere darle la estabilidad correspondiente a trabajadores que tienen más de 10 años en la actividad de producción”. 

De modo que “el conflicto se desata no por una cuestión netamente salarial, sino por esta necesidad de terminar de adquirir los derechos correspondientes para obtener una estabilidad en la vida como cualquier trabajo lo propone”, concluyó.

En el marco de la segunda edición del Congreso Productivo que se desarrolla en Mar del Plata, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, señaló que el convenio que firmó el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) con el ex intendente Carlos Arroyo “es totalmente válido y está en perfectas condiciones”, a pesar de que no cuente con la aprobación del actual jefe comunal, Guillermo Montenegro.

Al ser consultado por la disyuntiva entre el gremio y la gestión de Montenegro, Correa se posicionó junto al gremio municipal. “La organización sindical hizo un convenio colectivo con el intendente anterior y quedó afuera del proceso del sistema, pero el convenio existe y es real. Cuando nos enteramos de esta situación, nos ocupamos, trabajamos en el tema y conforme a la Ley, el convenio está perfectamente registrado y es totalmente válido”, comentó.

Asimismo, recordó que desde la cartera realizaron “lo que la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Trabajo no hicieron en tiempo y forma”. Y explicó que “un convenio es un acuerdo de partes” y que en este caso "el gremio y el Ejecutivo municipal se pusieron de acuerdo, firmaron un convenio y la opinión de los terceros no tiene validez alguna porque a ningún sector lo obligaron a firmar esto, sino que lo hicieron de mutuo acuerdo”.

Entonces, consideró que el convenio se encuentra “en perfectas condiciones”, por lo que decidieron darle el registro "como corresponde”. La aclaración en este punto se debe a que el convenio colectivo fue registrado por el Ministerio de Trabajo bonaerense el 2 de mayo, aunque había sido elevado por Arroyo y Gilardi el 26 de octubre de 2016. 

Mientras tanto, si bien el Ejecutivo elevó el proyecto al Deliberativo, aún no fue tratado. 

Tras lograr la aprobación de uno de los capítulos más discutidos de la Ley de Bases, la reforma laboral implicará una “modernización” que incluirá modificaciones en la legislación laboral existente, blanqueo y moratoria, extinciones penales y eliminación de deudas y discrepancias con propuestas preexistentes. 

Este martes, la segunda versión del proyecto de ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados pasadas las 7 con 142 votos afirmativos, gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal).

En ese sentido, el secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, José Luis Rocha brindó su opinión a nivel local: “Nuestro punto de vista lo venimos planteando desde hace tiempo, no hay ninguna de las leyes que impulsó este gobierno que haya sido a favor de los trabajadores, hablando precisamente del capítulo que los involucra. Ampliar el periodo de prueba va a generar que muchos empresarios se aprovechen y que los cambien, para no registrarlos nunca”. 

“Por otro lado, también no ser sancionados aquellas que tengan trabajadores en negro y a su vez, esos no se van a poder jubilar porque dicen que la Ley Jubilatoria se va a cambiar. Quien no tenga aportes, no se puede jubilar. No encontramos nada favorable, ni siquiera en la Ley de Despido”, siguió. 

"Nosotros entendemos que hay convenios colectivos de trabajo que hay que cambiarlos pero eso se hace en particular. Hacerlo en las leyes de indemnización y llevarlo como lo hace la UOCRA, no creemos que esté mal. Tiene un sentido en su sector pero no en una fábrica donde un trabajador no lo requiere. Entendemos que cada una de las cosas que se pueden hacer cambiado, más allá de que son inconsultas con quienes van a ser los afectados, deberían discutirse en particular gremios con cámaras empresarias", dijo Rocha. 

"No decimos que no haya cosas que cambiar en la Ley de Contrato de Trabajo porque hay que hacerlo, hay tecnologías nuevas, oficios que no existen pero no podemos generalizar. Que algo sea bueno para un sector, no significa que sea bueno para todos los trabajadores", concluyó.