Javier Calamaro quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que se conocieran denuncias en su contra por presuntas irregularidades en la venta de lotes en la provincia de Córdoba. La causa está vinculada a un emprendimiento inmobiliario llamado Chacras del Universo, ubicado en la zona de Capilla del Monte, y según trascendió ya habría más de cien personas que se presentaron en la Justicia como damnificadas.

De acuerdo a lo informado en distintos medios nacionales, los compradores aseguran que adquirieron terrenos dentro de un proyecto que se promocionaba como barrio privado en las sierras cordobesas, pero que con el tiempo no pudieron escriturar ni tomar posesión legal de los lotes. En algunos casos, incluso, denunciaron que las parcelas habrían sido vendidas más de una vez.

Tras la difusión pública del caso y la aparición de una mujer en televisión señalándolo directamente, el músico utilizó sus redes sociales para hacer un descargo. “El día de ayer fue publicada por muchos medios una supuesta noticia donde se me menciona en medio de falsedades tendenciosas”, comenzó escribiendo.

Calamaro explicó que en 2012 compró los derechos posesorios de un terreno a una persona que luego falleció y sostuvo que, tiempo después, el hijo de esa persona habría usurpado el predio y vendido lotes mencionando su nombre. Además, fue contundente al negar cualquier vínculo con las ventas denunciadas: “Aclaro que no conozco a esta mujer, jamás recibí dinero por la venta de ningún lote, no suscribí ningún boleto de compraventa ni escritura”.

El artista afirmó que la situación lo perjudica seriamente y confirmó que iniciará acciones judiciales junto a su abogado para esclarecer los hechos y defender su nombre. Mientras tanto, la causa continúa en investigación en la Justicia cordobesa, donde se deberán determinar las responsabilidades correspondientes.

Un mega operativo policial desplegado en la ciudad de Córdoba dejó como saldo 29 personas detenidas, en el marco de múltiples investigaciones por robos calificados, abuso sexual, violencia urbana y tentativa de homicidio, entre otros delitos.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y se desarrolló principalmente en el barrio Villa La Lonja, con epicentro en la zona de Guayama y Río Negro, aunque los allanamientos se extendieron a otros sectores de la capital cordobesa.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron armas de fuego, inhibidores de señal y diversos elementos de interés para las causas en curso. Según confirmaron fuentes oficiales, el operativo continúa activo y no se descartan nuevas aprehensiones en las próximas horas.

De acuerdo a la información difundida por medios locales, entre los delitos investigados figuran robos agravados, amenazas, violencia intrafamiliar, delitos contra la integridad sexual y distribución de material de abuso sexual infantil. Además, uno de los detenidos era intensamente buscado por una causa de tentativa de homicidio.

Las autoridades señalaron que las investigaciones siguen en desarrollo, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y profundizar el análisis del material secuestrado durante los allanamientos. Mientras tanto, los detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Fuente: Infobae

La Justicia revocó la prisión domiciliaria del ex instructor de Bomberos de Córdoba Rodrigo Santi, acusado de abuso sexual contra menores, luego de que un allanamiento de urgencia en la vivienda donde cumplía el arresto revelara que tenía un teléfono celular, elemento cuyo uso estaba expresamente prohibido.

Según informaron fuentes judiciales a Agencia Noticias Argentinas, la medida se adoptó tras un procedimiento realizado en una vivienda de la ciudad de Villa María, donde el acusado cumplía la domiciliaria. Allí, los investigadores hallaron el celular oculto dentro del depósito de polvo de una aspiradora, junto con el chip que utilizaba para comunicarse.

Ante esta situación, la Fiscalía de Fuero Múltiple N°2 de Villa María dispuso revocar el beneficio otorgado el 23 de diciembre de 2025, ordenar su traslado al Establecimiento Penitenciario N°5 y dejar sin efecto la colocación de la tobillera electrónica. Además, se indicó que el Servicio Penitenciario deberá garantizar la atención médica y psicológica necesaria, de acuerdo a su estado de salud.

Las acusaciones y las denuncias de irregularidades

La causa contra Santi se inició meses atrás, cuando varias víctimas denunciaron abusos ocurridos durante prácticas en el cuartel de Bomberos. Actualmente, el ex instructor enfrenta cinco imputaciones: tres abusos sexuales simples a menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.

Desde la querella vienen denunciando irregularidades en el proceso, entre ellas la concesión de la prisión domiciliaria por problemas de salud mental, notificada a las víctimas varios días después de haber sido otorgada, y la falta inicial de control con tobillera electrónica.

El abogado de una de las víctimas, José Tomás Corigliano, sostuvo que el acusado “salía del domicilio y se movía por la zona”, y cuestionó además un acuerdo de juicio abreviado que redujo la posible pena de 12 o 14 años a ocho años de prisión.

Corigliano calificó el caso como “escandaloso”, denunció incompatibilidades éticas en la actuación de ex funcionarios vinculados a la defensa y aseguró que Santi “es un abusador serial”, al tiempo que afirmó que existirían más víctimas, aunque esos hechos estarían prescriptos.

Con la revocación de la domiciliaria, Rodrigo Santi volverá a cumplir prisión efectiva en un penal cordobés, mientras la causa continúa su curso judicial.

Fuente: NA

Un sismo de magnitud 4,4 en la escala de Richter se registró este martes apenas después de las 20 en la provincia de Córdoba y se sintió en varias ciudades, generando sorpresa entre vecinos y reportes de movimientos en edificios.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno ocurrió a las 20.07, con una profundidad estimada en 30 kilómetros, y tuvo su epicentro en el departamento Ischilín, al noroeste de la capital provincial. En localidades cercanas como Deán Funes y Quilino, vecinos describieron el movimiento como “fuerte”.

El temblor también fue percibido en Cruz del Eje, Jesús María, La Falda y Río Ceballos, con intensidad media, mientras que en Córdoba capital, Cosquín y Alta Gracia se sintió de manera más leve. En San Carlos Minas, en tanto, fue percibido muy débilmente.

Testigos señalaron que el evento estuvo acompañado por un sonido similar a un trueno, una característica habitual en sismos de este tipo. Minutos más tarde, el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (CSEM) difundió un informe preliminar que elevó levemente la magnitud a 4,9, tras una revisión más detallada de los datos.

Las autoridades mantienen la zona bajo observación ante posibles réplicas, aunque hasta el momento no se registraron personas heridas ni daños estructurales relevantes. De manera preventiva, se estima que pudieron producirse caídas de objetos en viviendas y comercios cercanos al epicentro, una situación frecuente en este tipo de movimientos.

Fuente: Infobae

Oscar Ernesto Barraza dejó su tenebrosa huella en Córdoba por una serie de ataques sexuales que cometió entre 1999 y 2004 contra al menos 15 mujeres que vivían solas en distintos barrios de la ciudad, como San Martín, Providencia y Crisol.

El hombre, que actualmente tiene 70 años, fue detenido en diciembre de 2006 después de una investigación que lo señaló como el “violador serial de ancianas”. La clave para atraparlo fue una botella de gaseosa, donde había dejado su perfil genético.

En 2008, la Cámara 6ª del Crimen lo condenó a 25 años de prisión por 15 abusos sexuales con acceso carnal, cuatro tentativas de abuso sexual, un hecho gravemente ultrajante y varios robos calificados.

Desde entonces, la defensa del condenado hizo varias presentaciones judiciales para acceder a la prisión domiciliaria. Por ahora, todos los pedidos han sido denegados.

Los jueces reconstruyeron un patrón de ataques: Barraza entraba de noche a las casas, maniataba a las víctimas, les tapaba la cara y, después de abusar de ellas, les robaba dinero y objetos de valor. En muchos casos, también cortaba el cable del teléfono para dejarlas incomunicadas.

Las víctimas de Barraza tenían entre 52 y 84 años. El agresor elegía a mujeres mayores porque, según los peritajes, representaban un “objeto menos ansiógeno” y le permitían desplegar una “fantasía de reivindicación”.

Barraza podrá solicitar la libertad asistida recién el 29 de junio de 2031. (Foto: gentileza La Voz).

Los especialistas detectaron en él una personalidad con rasgos psicopáticos y componentes sádicos, además de una agresividad inconsciente vinculada a su madre, con quien durmió hasta la pubertad.

Los informes psicológicos y psiquiátricos fueron contundentes: “El acusado tiene un coeficiente intelectual dentro de los límites de la normalidad; desde este punto de vista es un individuo normal que goza de la capacidad de comprensión y dirección de sus actos”. Sin embargo, también advirtieron una “tendencia compulsiva a repetir” actos antisociales para canalizar tensiones internas.

Durante el juicio, dos víctimas declararon que Barraza no era su agresor, pero el tribunal le dio más peso a los estudios genéticos. “En la balanza probatoria, cuenta con mayor contundencia convictiva el examen objetivo de ADN que los dichos de una víctima que, en razón de su edad y del shock vivido, no pudo reconocer su propia casa cuando se le presentó en fotografías”, argumentaron los jueces.

Barraza cumple su condena en la Cárcel de Villa Dolores, bajo la supervisión de la jueza de Ejecución Penal Soledad Juncos. En los últimos años, el condenado presentó varios pedidos para acceder a la prisión domiciliaria, argumentando su edad y buena conducta en el penal, donde trabaja en la panadería.

Sin embargo, la jueza fue tajante: “La jurisprudencia de Córdoba establece que no es automático; no alcanza con cumplir 70 años, tiene que existir un plus que lo justifique, y no era el caso”.

Aunque los informes penitenciarios destacan su “conducta ejemplar”, la buena conducta no garantiza beneficios como salidas transitorias o libertad condicional.

El principal obstáculo es su condición de reincidente. Antes de la condena por los abusos, Barraza ya tenía antecedentes por complicidad en un homicidio (1973) y tentativa de robo calificado (1995). Además, los informes psicológicos siguen siendo un factor clave para negar cualquier morigeración de la pena.

“El consejo del Servicio Penitenciario de Córdoba no considera que esté en condiciones para el período de prueba, por lo cual tampoco hay salidas transitorias por el momento”, explicó la magistrada.

Sin acceso a la libertad condicional y con todos los beneficios denegados, Barraza seguirá detenido en Villa Dolores casi hasta el final de su condena. Recién el 29 de junio de 2031, seis meses antes de cumplir la pena completa, podrá solicitar la libertad asistida.

Ese beneficio requiere una evaluación exhaustiva para determinar que no represente un riesgo para la sociedad ni para las víctimas.

“En la libertad asistida, lo que se evalúa es que no sea un riesgo para la sociedad, para la víctima o para sí mismo. Pero para eso, faltan muchos años”, remarcó la jueza Juncos.

Fuente: TN

Una joven de 22 años fue encontrada asesinada el 1° de enero en un descampado de Villa María, Córdoba. El cuerpo apareció por la mañana entre los pastizales, a pocos metros de un camino rural, y el hallazgo fue denunciado por un vecino que dio aviso a la Policía. Horas después, la Justicia confirmó que se trataba de un femicidio.

La víctima era  oriunda de Villa María. La confirmación se logró tras peritajes forenses y un cotejo de huellas dactilares, ya que no llevaba documentación al momento del hallazgo y el estado del cuerpo dificultó el reconocimiento inicial.

Según los primeros informes de la autopsia, la joven presentaba golpes, cortes, signos de defensa y al menos 20 heridas de arma blanca. La Fiscalía de Instrucción en Feria descartó un accidente o un robo y sostuvo desde el inicio la hipótesis de un homicidio cometido en un contexto de violencia de género.

La investigación derivó en la detención de un joven de 23 años, señalado como la última persona que estuvo con la víctima. De acuerdo a la causa, ambos se habrían conocido a través de una aplicación de citas y se encontraron pocas horas después de los festejos de Año Nuevo.

Entre las pruebas clave figura un ticket de una estación de servicio, que permitió reconstruir el recorrido previo al crimen. En el allanamiento se secuestraron celulares, ropa, documentación, una navaja presuntamente utilizada en el ataque y un vehículo que habría sido usado esa madrugada.

El acusado quedó imputado por homicidio calificado por violencia de género y permanece detenido. El caso es el primer femicidio registrado en el país en 2026 y la causa continúa en investigación para determinar la mecánica exacta del ataque y posibles intentos de encubrimiento.

Fuente: TN

Una mujer fue hallada asesinada en un camino rural en la provincia de Córdoba y las autoridades investigan si se trató de un femicidio, debido a que la víctima presenta signos de violencia.

Este jueves 1° de enero los investigadores fueron alertados por la presencia de una mujer asesinada en un camino rural al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional en Villa María.

De este modo, conforme a la información por parte del Ministerio Público Fiscal provincial, la Fiscalía de Instrucción en Feria de la ciudad de Villa María comenzó con la investigación por el supuesto homicidio.

El dato que se dio a conocer es que el cadáver se encontraba sobre los pastizales de un ingreso rural con signos de violencia, por lo que se trata de constatar si pudo tratarse de un femicidio.

La fiscalía ordenó tareas de relevamiento y pericias a personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín.

En tanto, se aguardaba al resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte y su identificación.

Fuente: NA

La causa por la muerte de bebés en el Hospital La Nueva Maternidad de Córdoba sumó en las últimas horas nuevos reclamos por parte de las familias, que exigen el levantamiento del secreto de sumario para conocer qué fármaco investiga la Justicia. 

El pedido fue expuesto por Juan Cruz Soria Cangiano, abogado de varias de las madres, quien cuestionó que la querella no pueda acceder al expediente ni participar de los actos de instrucción. “Estamos trabajando a ciegas”, advirtió el letrado, al señalar que la Fiscalía les impide conocer el rumbo de la pesquisa pese a la gravedad de los hechos.

La investigación está a cargo del fiscal Ernesto de Aragón, titular de la Fiscalía del Distrito Uno, Turno Cuarto, quien hasta el momento rechazó el acceso de las querellas a la causa. Según explicó la defensa de las familias, existen pruebas clave aún por producirse que podrían resultar irreproducibles con el paso del tiempo.

De acuerdo a la información judicial, se secuestraron historias clínicas para determinar si se utilizó algún tipo de fármaco en los recién nacidos. Las víctimas fueron identificadas como Isaac, Ángeles, Eliel, Luz, Ciro, Ámbar, Roma, Giuliano, Luka, Ignacio, Ailany y Luz.

En paralelo, la Justicia investiga la posible responsabilidad de tres médicas del hospital: Mónica Andrea Folla, Irina Sofía Conci y Agustina Masini. Además del presunto uso de medicamentos, se analizan otras irregularidades, como demoras en cesáreas programadas, intervenciones realizadas por residentes y el incumplimiento de normas de bioseguridad.

En este contexto, los familiares convocaron a una marcha para el lunes 22 de diciembre al mediodía frente al hospital, inaugurado en 2023. El objetivo es visibilizar el reclamo y exigir el levantamiento del secreto de sumario. “Se espera que vaya mucha gente. Vamos a colgar una bandera y están todos invitados a participar”, señalaron desde la querella.

Fuente: NA

En la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba, tres hombres y dos mujeres fueron detenidos durante un allanamiento que permitió desarticular una banda dedicada a la venta de drogas a menores de edad en las inmediaciones de una escuela.

La pesquisa comenzó varios meses atrás a partir de reiterados avisos recibidos por el Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal.

Según información, numerosos llamados alertaban sobre la presencia de una organización que comercializaba estupefacientes en la zona del centro escolar.

Ante las sospechas, el Ministerio Público Fiscal provincial dispuso la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), cuyos agentes iniciaron discretas tareas de inteligencia para identificar a los responsables y el punto de venta. El resultado fue un golpe a la estructura narco que operaba con una despensa como pantalla, a escasos metros de la escuela Padre Domingo Viera.

Operaban en las inmediaciones de una escuela

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda, ubicada en la intersección de Salta y San Juan, en el barrio Don Bosco de Alta Gracia.

Los efectivos irrumpieron en el inmueble y lograron aprehender a tres hombres de 33, 34 y 42 años, junto a dos mujeres de 27 y 28.

Durante el registro, los policías incautaron 179 dosis de cocaína, dos de marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos presuntamente ligados a la comercialización ilícita.

La investigación sacó a la luz el modo de operar de la banda. Los cinco imputados utilizaban la estructura de una despensa como fachada para cubrir la venta de estupefacientes. De acuerdo al parte oficial, la comercialización se desarrollaba a menos de 300 metros de una escuela, lo que facilitaba el acceso de menores a las sustancias.

El operativo estuvo a cargo de la FPA

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno imputó a los detenidos bajo la figura de comercialización de estupefacientes agravada, debido a la proximidad con la escuela y a la participación de menores como destinatarios de la venta.

Los acusados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará tomando declaraciones y ampliando las pericias sobre los elementos incautados.

A principios del mes pasado, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de dos individuos, quienes utilizaban un almacén y casa de comidas para tapar la venta de drogas en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento permitió secuestrar estupefacientes, armas y dinero en el comercio ubicado sobre la intersección de las calles Mauricio Yadarola y República, luego de una investigación impulsada por denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Fiscal.

A partir de las denuncias, la FPA pudo detectar que el local funcionaba durante el día como comercio tradicional y por la noche se transformaba en punto de entrega de drogas a clientes habituales. El despliegue se efectuó bajo la dirección de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, que ordenó el allanamiento y detención del implicado.

Durante el registro en el local y domicilio del sospechoso, los agentes hallaron 540 dosis de cocaína, 292 de marihuana y 194 comprimidos de psicofármacos. También fueron secuestrados un revólver calibre .22 con cinco cartuchos, dinero en efectivo cuya suma no fue revelada y elementos de corte y fraccionamiento, en línea con lo consignado por la FPA.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 49 y 53 años, uno de ellos apodado “El Cuervo”, era propietario del negocio y señalado como cabecilla de la organización, mientras que el otro se desempeñaba como empleado y colaborador directo en las maniobras de comercialización. Ambos quedaron a disposición del tribunal competente tras su traslado a sede judicial.

La modalidad consistía en combinar la atención habitual durante el día con la venta de drogas bajo el formato de un comercio de proximidad. De noche, los clientes previamente identificados accedían a la droga sin generar sospechas en el vecindario.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno procedió a la imputación de los dos sospechosos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Fuente: Infobae.

Una mujer de 64 años fue detenida el sábado a la noche en Villa Rumipal (Córdoba), cuando la Policía encontró el cuerpo de su hija de 22 años debajo de una cama en su casa del barrio El Torreón.

El ocurrió tras un llamado de vecinos que alertaron por su ausencia y olores nauseabundos. La fiscalía de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, investiga qué ocurrió, mientras avanza con la autopsia y peritajes psicológicos.

Según voceros del caso, los efectivos llegaron a la casa ubicada en calles 5 y 6 luego de que vecinos se mostraran preocupados por la falta de noticias de la joven. Al entrevistarse con la madre, la mujer respondió que la hija “estaba recostada en la cama”.

Cuando los uniformados ingresaron a la habitación, encontraron el cuerpo semidesnudo de la joven debajo de la cama, con varios días de muerta.

La zona fue acordonada de inmediato, se convocó a la Policía Judicial y la mujer —identificada como I.P.— quedó detenida por orden judicial. Los investigadores tomaron declaraciones y realizaron peritajes para determinar el estado mental de la madre, de quien se presume un cuadro psiquiátrico.

El caso generó impacto por su similitud con otros episodios recientes en la provincia. En Alta Gracia, en abril de 2024, una mujer convivía con los cuerpos de sus dos hijos adolescentes, ambos con discapacidades severas. Aunque fue detenida por homicidio calificado, terminó sobreseída tras peritajes que la declararon inimputable.

En la ciudad de Córdoba, un hombre fue descubierto viviendo con el cuerpo de su madre oculto en un placar. También fue declarado inimputable por la fiscalía de Violencia Familiar.

La fiscal Bruera ordenó una autopsia clave para establecer la causa de muerte de la joven de Villa Rumipal, mientras continúa la reconstrucción de las últimas horas en el domicilio.

Fuente: TN

La Policía de Córdoba detuvo hoy a un hombre acusado de violar a una mujer de 75 años en su departamento, tras permanecer más de 48 horas prófugo. El ataque ocurrió el jueves cerca de las 07:30, en la esquina de Catamarca y Ovidio Lagos, en Córdoba Capital. Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato al 911, lo que permitió la rápida llegada de los efectivos.

Según los testimonios, el agresor ingresó al domicilio con intenciones de atacar sexualmente a la mujer y también le robó dinero antes de escapar. Un vecino identificado como Gabriel relató: “La intención fue violar, se descubrió que robó dinero pero la intención era violar”.

Durante la fuga, el sospechoso intentó evadir a la Policía escapando por planta baja y luego por los techos de viviendas linderas. Gabriel logró tomarle una fotografía, que se viralizó en redes sociales y resultó clave para su identificación.

Con la descripción aportada por los vecinos, la Policía montó un operativo en la zona y finalmente detuvo al hombre en la vía pública, en avenida General Álvarez de Arenales al 520, barrio Juniors, alrededor de las 09:00.

La víctima recibió asistencia y contención en el Polo de la Mujer, mientras que la denuncia penal por abuso sexual ya fue radicada en la Justicia. Varios vecinos se ofrecieron como testigos para colaborar con la investigación y aportar datos relevantes sobre lo sucedido.

Fuente: con información de TN

Una investigación judicial permitió desarticular un “call center tumbero” que operaba desde el Establecimiento Penitenciario de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. Tres presos y dos mujeres fueron detenidos acusados de integrar una red dedicada a estafas y extorsiones telefónicas cometidas desde el interior del penal.

Según confirmaron fuentes policiales, los internos dirigían los hechos delictivos desde su pabellón utilizando celulares ingresados de manera ilegal a la prisión. La causa, instruida por la Unidad Judicial de La Calera bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez, los vincula además a delitos de lesiones leves y abuso de armas agravado por precio o promesa remuneratoria.

En el marco de los allanamientos realizados en la ciudad de La Calera, la Policía de Córdoba secuestró más de dos kilos de cocaína de máxima pureza, sustancias de corte, dos motocicletas y varios cartuchos, además de los teléfonos celulares que se usaban para coordinar las estafas.

Las pesquisas se intensificaron tras la detención de una de las mujeres involucradas, en cuyo domicilio se halló un teléfono con información clave, contactos e imágenes que permitieron rastrear las comunicaciones hacia el penal. 

Con esos datos, la fiscalía dispuso requisas en las celdas de Cruz del Eje, donde se incautaron más dispositivos, cargadores, chips y una sustancia vegetal compatible con marihuana, que serán peritados por organismos especializados.

Los investigadores intentan ahora determinar el grado de participación de cada detenido y establecer posibles vínculos con otras maniobras similares registradas en distintas provincias. Este tipo de modalidad delictiva, donde los reclusos coordinan estafas desde la cárcel mediante cómplices en libertad, se repite con frecuencia en distintos puntos del país.

En agosto pasado, un caso de extorsión en el que estaba involucrada una menor derivó en un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N°13 de Junín, donde se hallaron dos celulares en poder de un preso que también actuaba con una cómplice.

La Fiscalía de Córdoba continúa con la investigación para desentrañar la red completa y determinar si el grupo actuaba bajo una estructura organizada con ramificaciones fuera del ámbito carcelario.

Fuente: Infobae

La Policía de Córdoba capturó a una mujer de 73 años acusada de liderar una serie de fraudes en distintos puntos del territorio provincial.

Su detención tuvo lugar sobre la autopista Córdoba-Rosario, en proximidades de la localidad de Leones, luego de que personal de la Patrulla Rural de Marcos Juárez realizara un control policial de rutina y confirmara la identidad de la acusada, quien tenía un pedido de detención vigente por parte de la justicia.

La aprehensión de la mujer se produjo durante la jornada del miércoles, cuando la fuerza policial constató que la persona, oriunda de la comunidad gitana, según se notificó oficialmente, era requerida por la comisión de al menos una estafa reiterada en distintos puntos de la provincia.

La investigación, a cargo de la Unidad Judicial de Mina Clavero perteneciente al departamento San Alberto, activó la orden de captura después de recibir denuncias en varias localidades.

De acuerdo con los datos confirmados por la Policía de Córdoba, la mujer permanecía prófuga en medio de procesos judiciales abiertos por delitos de fraude. El hallazgo se produjo de manera fortuita, a partir de una de las inspecciones habituales efectuadas por la patrulla en rutas clave de la provincia.

Según el reporte divulgado por la fuerza, la mujer se desplazaba a bordo de un automóvil Volkswagen UP, vehículo que fue inmediatamente requisado y se hallaron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos, un teléfono celular y otros objetos que serán analizados por los instructores judiciales.

El caso que derivó en la orden de detención fue tramitado por la Unidad Judicial de Mina Clavero, en el departamento San Alberto.

Las denuncias que la involucran apuntan a múltiples episodios de estafa que, según la investigación, habrían sido cometidos en diferentes localidades del interior cordobés, aunque aún no se brindó el detalle exacto de la cantidad de damnificados ni los montos involucrados.

La mujer fue identificada y puesta a disposición directa de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, bajo la órbita de la Dra. Analía Gallaratto

De acuerdo con la información oficial, la detenida integra la comunidad gitana, condición indicada en los partes de prensa y comunicaciones oficiales. Las fuerzas de seguridad consideran que la modalidad delictiva consistió en maniobras de engaño para perjudicar económicamente a diversas víctimas, aunque el expediente sigue en plena etapa de instrucción.

El procedimiento concluyó con el traslado de la mujer detenida a sede policial, donde fue identificada y puesta a disposición directa de la Fiscalía de Villa Cura Brochero, bajo la órbita de la Dra. Analía Gallaratto. El organismo judicial tomará declaración a la acusada y evaluará los pasos a seguir mientras continúan las tareas de recolección de pruebas.

La investigación inicial, surgió tras sucesivas denuncias de fraude radicadas ante la dependencia judicial de Mina Clavero. Según fuentes de la investigación consultadas por la Policía de Córdoba, la modalidad utilizada por la mujer incluía engaños en transacciones y maniobras financieras en distintas zonas de la provincia, lo que complicó su localización y motivó la intervención de varios cuerpos policiales.

El arresto de la mujer permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de posibles cómplices o ramificaciones dentro y fuera de la provincia de Córdoba. De momento, la principal hipótesis es que la acusada habrían operado en solitario en la mayoría de los episodios registrados en la investigación.

Con la sospechosa privada de su libertad, la Fiscalía de Villa Cura Brochero analizará el material incautado y coordinará con la Unidad Judicial de Mina Clavero para determinar posibles víctimas adicionales y delitos conexos. Se espera que en los próximos días la imputada sea citada a declarar y se definan las medidas cautelares pertinentes mientras avanza el expediente.

Fuente: Infobae

Las autoridades de la provincia de Córdoba ejecutaron un amplio operativo antidrogas que derivó en la detención de una pareja de 44 años, acusada de comercializar estupefacientes bajo la modalidad delivery.

El procedimiento, coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y en cumplimiento de directivas del Ministerio Público Fiscal, incluyó tres allanamientos simultáneos en viviendas del barrio 1° de Julio, de la capital provincial, donde se logró el secuestro de una importante cantidad de drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo.

El despliegue policial se desarrolló sobre Camino El Quebrachal s/n, un punto señalado en investigaciones previas como epicentro de actividades ilícitas. Según confirmó la FPA, en total se incautaron 1.255 dosis de marihuana y 121 de cocaína, además de un arma de fuego, $876.000 en efectivo y varios elementos vinculados a la causa, entre ellos envoltorios, teléfonos celulares y utensilios de fraccionamiento.

Los detenidos utilizaban canales de comunicación privada para coordinar la entrega de las sustancias prohibidas. De hecho, pudieron establecer que operaban najo la modalidad delivery como principal estrategia de venta. Coordinaban puntos específicos de encuentro con sus clientes e intentaban evadir controles ajustando la frecuencia y ubicación de las entregas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.

Tras concluir el procedimiento, la pareja detenida fue trasladada a la sede judicial correspondiente y se puso a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que pena la tenencia y comercialización ilegal de sustancias prohibidas.

La FPA destacó que la investigación seguirá abierta para identificar conexiones de la banda y posibles ramificaciones en otros puntos de la ciudad. El arma y todos los elementos secuestrados serán sometidos a los peritajes correspondientes. Las autoridades buscan esclarecer el circuito de venta y el flujo de dinero producto del delito.

Fuente: Infobae

En el tramo final de la campaña para las elecciones legislativas del próximo domingo 26, el presidente Javier Milei encabezó una recorrida por el centro de Córdoba capital, acompañado por el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en esa provincia, Gonzalo Roca, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La actividad consistió en una caminata con militantes y un breve discurso con megáfono, iniciada en la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó y extendida hasta las Aguas Danzantes del Buen Pastor. El cierre de campaña nacional será el jueves en Rosario.

Los dirigentes libertarios fueron recibidos con entusiasmo por una nutrida militancia que rodeaba el lugar de inicio. Milei, visiblemente animado, inició la marcha junto a Roca y Karina, saludando a los presentes y recibiendo el apoyo de los cordobeses.

Tras recorrer algunos metros, el presidente se detuvo en el predio de las Aguas Danzantes para dirigirse a sus seguidores. Con megáfono en mano y flanqueado por su hermana y el candidato local, Milei resaltó los logros de su gestión, como la baja en los índices de inseguridad, y ponderó el rumbo económico del país.

En el cierre de su intervención, el jefe de Estado reiteró la consigna clave para movilizar el voto: “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”. Posteriormente, dedicó unos minutos a interactuar con los militantes, recibiendo manifestaciones de cariño antes de continuar con su agenda.

Fuente: con información de TN e Infobae

Tras cinco meses de investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de la provincia de Córdoba desarticuló una banda dedicada a entregar drogas y otros elementos prohibidos al complejo penitenciario de Bouwer con la ayuda de drones. Hay 10 detenidos.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal provincial, se realizaron 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba que permitieron la caída de la organización.

El procedimiento, que se realizó en viviendas de los barrios General Mosconi,Liceo Segunda Sección,Ampliación Pueyrredón,San Jorge y Nuestro Hogar III, permitió la detención de cuatro hombres,cinco mujeres, y una menor de edad.

La investigación se inició a partir de informaciones suministradas por la Jefatura del Establecimiento Penitenciario de Córdoba. Fue así que pudieron establecer que la organización preparaba los paquetes con estupefacientes (cocaína y marihuana), teléfonos celulares y cables USB, objetos altamente cotizados dentro del ámbito penitenciario, y utilizaba los drones para lanzarlos hacia el interior del penal.

Durante los operativos, intervinieron efectivos del Equipo de Acción Táctica, quienes secuestraron 6.594 dosis de marihuana, 1.855 de cocaína, seis armas de fuego (con 215 municiones), $32.493.600, 1.300 dólares, cinco automóviles, cuatro motocicletas, una moto de agua, seis drones y material destinado al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El valor total de los elementos incautados asciende a $243.367.680.

Además, cuatro de los investigados fueron capturados en un peaje sobre la Ruta Nacional 36 mientras intentaban concretar una entrega dentro del penal de Bouwer. En ese momento, se les incautó uno de los drones y varios paquetes de drogas ya armados.

De acuerdo con la comunicación del MPF, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno a cargo de Carlos Cornejo emitió, además, 123 órdenes de allanamiento en el complejo penitenciario de Bouwer, que fueron llevadas adelante por efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba en cinco pabellones, en busca de detectar posibles vínculos internos con la organización desarticulada.

Por disposición del fiscal Cornejo y de la Secretaría de Investigación y Juicio para causas vinculadas a Organizaciones Criminales, a cargo de Federico Kosciuk, los detenidos y todos los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.

En junio, durante un patrullaje preventivo en las inmediaciones de la cárcel de Bouwer, personal del Sistema Penitenciario detectó un dron colgado de un tendido eléctrico.

La escena llamó la atención: el dispositivo había quedado suspendido en los cables, visiblemente trabado, con dos teléfonos celulares atascados entre su estructura.

El hecho ocurrió este lunes y forma parte de una modalidad que, si bien no es nueva, sigue preocupando a los responsables de seguridad en los establecimientos carcelarios.

El dron, marca Mavic Pro, fue detectado fuera del perímetro del penal, por lo que luego de realizar el hallazgo, el personal penitenciario dio aviso a la Policía de Córdoba, que tiene competencia sobre el lugar.

Al llegar a la zona, los policías descolgaron el dispositivo del tendido eléctrico y encontraron un paquete negro envuelto con cinta aislante, el cual pendía de un hilo blanco que estaba sujeto a una de las alas. Dentro de ese envoltorio, se encontraban dos celulares marca Samsung, que fueron incautados para la investigación.

LA FPA estuvo a cargo de los allanamientos

Esta maniobra, de acuerdo con fuentes penitenciarias, evidencia una modalidad que no es tan recurrente. En otras cárceles de la provincia, como San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Cruz del Eje y Los Arroyos, se han registrado episodios similares, pero con otras modalidades, ya que el terreno es diferente y no están rodeadas de campo, como la de Bower.

En esos casos, personas se acercan en moto a los muros perimetrales y lanzan paquetes por encima, que pueden contener desde celulares hasta drogas. Esta tendencia obliga a los guardias a estar en constante alerta.

Pero en Bouwer no pueden llegar de la misma manera y el ingenio se puso a tono con la innovación. Actualmente, el penal no cuenta con sistemas de inhibición ni mecanismos para derribar drones. Desde la institución indicaron que ya se ha iniciado un proceso de licitación para incorporar tecnología que permita detectar e impedir este tipo de vuelos no autorizados.

Mientras tanto, las estrategias de contención siguen siendo manuales y dependen de la vigilancia y los patrullajes, dado que esta cárcel está rodeada de campos.

La dificultad para neutralizar estos dispositivos responde también a los tiempos administrativos que implica la compra de tecnología de seguridad. Aunque se trata de una necesidad reconocida por las autoridades penitenciarias, los procesos formales para adquirir e implementar nuevas herramientas suelen extenderse.

En ese contexto, las organizaciones que intentan vulnerar la seguridad carcelaria continúan perfeccionando sus métodos. El uso de drones para introducir celulares no es exclusivo del complejo de Bouwer.

Estas prácticas, que combinan el uso de tecnología y logística externa, representan un desafío constante para las fuerzas de seguridad penitenciaria.

En muchos casos, la finalidad es garantizar a los internos el acceso a medios de comunicación o a elementos prohibidos, que pueden facilitar la coordinación de actividades ilegales desde el interior de las cárceles.

Fuente: Infobae.

“Yo fui a rescatar a mi hijo”, fueron las palabras de Pablo Laurta sobre el doble femicidio de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba el pasado sábado. Mientras tanto, la madre del acusado sostuvo: “No puedo creer que haya parido a un asesino".

La declaración fue cuando salía custodiado de la audiencia en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, en la que le dictaron 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Palacio, desaparecido horas antes de los homicidios. Cerca de la zona donde fue visto por última vez, la Justicia encontró un cuerpo y aún intentan determinar si es él.

La medida de la prisión preventiva la definió la jueza de Garantías, Gabriela Seró, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa, y ordenó que el uruguayo permanezca detenido por el plazo de cuatro meses imputado por el homicidio criminis causa del conductor del Toyota.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Según aseguraron fuentes judiciales, antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y a otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

Ahora, el imputado será trasladado a Córdoba, a donde viajará en las próximas horas. Allí, el presunto autor del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), será indagado en el marco de esa causa.

Además, se espera que las autoridades lo sometan a otros análisis médicos, los indicados en el código 34 del Código Penal Argentino, los cuales determinarán si el acusado tiene alguna falta de facultades mentales, conciencia o error.

Esta no se trata de la primera declaración de Laurta a la prensa. Ayer, al ser trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, había emitido unas palabras a los periodistas. Su discurso fue en la misma línea de lo que dijo ahora: “Todo fue por justicia”, había declarado a Canal 9 Litoral.

En diálogo con A24 desde Canelones, en Uruguay, la madre del presunto femicida, Estrella Laurta Varela, se refirió a los crímenes y expresó: “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”. Y agregó: “Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, que te parece ajeno, y hoy no es ajeno, es en carne propia".

A Estrella le costaba hablar, pero fue clara con su mensaje. El hijo de Luna y Laurta es su prioridad: “Hoy mi nieto está solo en el mundo, sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”.

Fuente: Infobae

La localidad cordobesa de Villa Rivera Indarte no sale de la conmoción tras el doble femicidio de Luna Giardina, de 24 años, y su madre, Mariel Zamudio. Las dos mujeres fueron asesinadas a balazos en su casa. El principal acusado, Pablo Laurta, fue detenido ayer en Entre Ríos y será trasladado a la cárcel de Bouwer.

Tras una intensa búsqueda, ya que Laurta se había llevado al hijo de cinco años que tenía en común con Giardina, dos policías de civil lo sorprendieron en un hotel de Gualeguaychú, frustrando sus planes de huir a Uruguay. El nene fue rescatado sano y salvo.

El caso destapó una historia de violencia y acoso que, según los vecinos, venía desde hace mucho tiempo. “El año pasado se escondió durante tres días en el tanque de agua de la casa de la chica. Cuando Mariel lo vio empezó a gritar y llegó la Policía. Ahí lo arrestaron por un tiempo”, contó un vecino, todavía conmocionado.

La situación de violencia de género era conocida en el barrio. Luna había vivido un tiempo en Uruguay con su expareja y su hijo, pero decidió volver a Córdoba buscando protección. “Tenía un botón antipánico. Sufría violencia desde hace rato. El hombre andaba dando vueltas por el barrio. Trató de treparse varias veces por las paredes”, relató una vecina cuya casa es lindera a la de las víctimas.

Otra vecina recordó: “Luna nos pedía siempre las cámaras, estaba alerta”. El miedo era constante y la sensación de peligro, permanente.

Laurta, de nacionalidad uruguaya y con antecedentes de ideas antifeministas, fue capturado por una comisión policial mientras intentaba escapar con su hijo de cinco años, a quien había secuestrado tras el crimen. El niño, que habría estado presente durante el ataque, fue rescatado en buen estado de salud y ahora la Justicia deberá definir quién quedará a cargo de su tutela.

La Justicia detuvo a Pablo Laurta por secuestrado a su hijo de cinco años. (Foto: gentileza La Voz).

Por el momento, Laurta no enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad calificada, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones.

Por otro lado, Laurta también está bajo la lupa por la desaparición de Martín Palacios, un chofer de Uber que lo habría trasladado desde Entre Ríos a Córdoba días antes del doble femicidio.

Palacios está desaparecido y su familia exige respuestas. Su auto, un Toyota, apareció calcinado el jueves 9 de octubre en barrio Villa Retiro.

Además, fuentes judiciales indicaron a La Voz que buscan determinar si Laurta tuvo alguna relación con el incendio trágico ocurrido el sábado en un predio de una iglesia evangélica de Villa Serrana, donde murieron dos nenas. En ese lugar, familias uruguayas realizaban actividades religiosas.

El fiscal Gerardo Reyes, del Fuero de Violencia Familiar de Córdoba, está al frente de la investigación por el doble femicidio. En las últimas horas, ordenó una serie de medidas: análisis de comunicaciones, revisión de cámaras de seguridad, toma de testimonios y búsqueda de testigos.

También está previsto que se realicen peritajes psiquiátricos a Laurta para determinar si padece algún trastorno mental o alteración de sus facultades. Ese estudio será clave para definir si es imputable y cómo seguirá la causa.

Fuente: TN

La Policía de Entre Ríos localizó este domingo al menor P. T. L., de 5 años, junto a su padre, Pablo Laurta, quien quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño en Córdoba. 

Según informaron fuentes oficiales, Laurta y su hijo fueron hallados en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, aparentemente con intención de cruzar hacia Uruguay, país de origen del presunto femicida. La investigación está a cargo de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar de Córdoba, bajo la dirección del fiscal Gerardo Reyes, y se maneja bajo secreto de sumario.

El doble crimen se descubrió el sábado tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego. Los cuerpos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela, Mariel Zamudio, fueron encontrados en su vivienda en San Pedro Toyos y Chimu, Córdoba capital. La desaparición del menor activó la Alerta Sofía, que movilizó a las fuerzas policiales cordobesas y entrerrianas.

El operativo concluyó en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta fue interceptado mientras esperaba un taxi con su hijo para cruzar la frontera. Se espera una conferencia de prensa del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto a su par cordobés, Juan Pablo Quinteros, para brindar mayores detalles sobre el hallazgo.

De acuerdo con registros de redes sociales, Laurta se presentaba como “militante anti-feminista” y había creado la cuenta Varones Unidos en X, donde difundía su versión de los conflictos por la tenencia del niño. 

Según sus publicaciones, sostenía que Giardina le había bloqueado el contacto con su hijo desde 2023, y denunció situaciones de violencia de género que la mujer había reportado en su contra.

El caso conmociona a Córdoba y Entre Ríos y mantiene en alerta a las autoridades mientras continúa la investigación por los crímenes y la sustracción del menor.

Fuente: Infobae

La Justicia de Córdoba activó la Alerta Sofía para localizar a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de 5 años desaparecido este sábado en el barrio Villa Serrana de la capital provincial.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el principal sospechoso del crimen y la desaparición del menor es su padre, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya, quien estaría intentando huir hacia ese país. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y a cargo del fiscal Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N°2.

El caso se descubrió tras un llamado al 911 que alertó sobre disparos en una vivienda ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, donde la Policía halló los cuerpos de las víctimas. Pedro, que vivía en ese domicilio, ya no se encontraba en el lugar.

Interpol emitió una notificación amarilla por la búsqueda internacional del menor y una notificación roja para capturar al padre.

El Ministerio de Seguridad nacional difundió la foto y los datos del niño: cabello castaño oscuro, 1,25 metros de altura, dificultades en el habla y diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA).

Cualquier información puede ser comunicada al 911 o a la Unidad Judicial Homicidios de Córdoba.

Fuente: Infobae