La Justicia federal impulsó una investigación contra Demian Reidel por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas de crédito corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. durante el período en que estuvo al frente de la compañía.

La medida fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien solicitó avanzar en la investigación para determinar si existieron gastos incompatibles con la actividad institucional de la empresa estatal entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La causa, que quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, también alcanza a integrantes del directorio, de la sindicatura y a quienes hayan utilizado tarjetas corporativas emitidas a nombre de la compañía.

La investigación se originó a partir de un informe incorporado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la diputada Florencia Carignano. Allí se detallaron distintos consumos que ahora son objeto de análisis judicial.

Según trascendió, entre los gastos observados figuran compras en free shops, pagos en hoteles, indumentaria, servicios de playa en España, consumos en bares y adelantos de efectivo por montos millonarios.

La denuncia también menciona posibles fallas en los mecanismos de control interno de la empresa y cuestiona la falta de precisiones sobre quiénes realizaron cada uno de los consumos y cuál habría sido su finalidad oficial.

Además, la diputada Marcela Pagano sostuvo en su presentación que, aun si algunos gastos hubieran ocurrido en viajes oficiales, varios consumos resultarían incompatibles con las normas vigentes sobre viáticos y uso de fondos públicos.

La Justicia Federal inició una semana clave en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, con una serie de declaraciones testimoniales en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados en la adquisición de tres propiedades y en reformas de alto valor, ante sospechas de inconsistencias en sus declaraciones juradas.

El cronograma comenzó con la citación de responsables de la inmobiliaria vinculada a la compra de un departamento en el barrio de Caballito. La investigación se centra en determinar el valor real de la operación y las condiciones en las que se encontraba el inmueble al momento de la transacción, a partir de documentación ya incorporada a la causa.

En tanto, también se puso el foco en una hipoteca privada por 200.000 dólares otorgada por dos jubiladas, quienes afirmaron no conocer al funcionario. La Justicia busca esclarecer el rol de un intermediario en esa operación y las circunstancias que derivaron en el financiamiento de la propiedad.

La pesquisa alcanza además una vivienda ubicada en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde se realizaron reformas. En ese marco, se solicitó al constructor a cargo de las obras que presente presupuestos, facturas y registros de comunicación para verificar el origen de los fondos y si estos coinciden con los ingresos declarados por el funcionario.

Finalmente, la causa apunta a contrastar los valores de mercado de las propiedades con los montos informados ante la Oficina Anticorrupción. También se analiza el pago de gastos vinculados al barrio privado, como la cuota de ingreso y expensas, en una investigación que continuará con nuevas declaraciones durante los próximos días.

El Ministerio de Defensa Nacional de China informó que abrió una investigación contra Zhang Youxia, el general de mayor rango del país y vicepresidente primero de la Comisión Militar Central (CMC), órgano máximo de conducción del Ejército Popular de Liberación, situado inmediatamente por debajo del presidente Xi Jinping.

Según el comunicado oficial difundido por la agencia estatal Xinhua, Zhang es investigado por “supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley”. El texto no precisa los cargos concretos, aunque en antecedentes similares estos anuncios han derivado en acusaciones formales por corrupción.

A sus 75 años, Zhang Youxia integra además el Politburó del Partido Comunista Chino (PCCh), compuesto por 24 miembros y considerado el segundo nivel de poder dentro del régimen. Desde octubre pasado compartía la vicepresidencia de la CMC con Zhang Shengmin, quien había sido ascendido tras encabezar el departamento anticorrupción del Ejército.

El comunicado también confirmó la apertura de una investigación contra Liu Zhenli, jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto. La decisión fue adoptada “tras deliberación” del Comité Central del PCCh, organismo del que dependen tanto el Politburó como el Comité Permanente.

Desde que Xi Jinping asumió el poder en 2012, se profundizaron las purgas dentro de la cúpula militar con el objetivo declarado de combatir la corrupción y reforzar la lealtad de las Fuerzas Armadas al Partido Comunista y a su liderazgo.

Durante su tercer mandato, iniciado en 2022, la Comisión Militar Central redujo de siete a cuatro el número de sus integrantes, el nivel más bajo desde el fin del maoísmo en 1976, como consecuencia directa de estas investigaciones y destituciones.

En los últimos años, comandantes de distintas ramas militares, comisarios políticos y exministros de Defensa fueron investigados y apartados de sus cargos. En octubre pasado, las autoridades anunciaron la expulsión de hasta nueve generales del Ejército y del PCCh.

El caso de mayor repercusión reciente fue el de He Weidong, quien tras un rápido ascenso en 2022 se convirtió en el tercer hombre del Ejército. Desapareció de la vida pública en marzo de 2025 y fue acusado formalmente de corrupción, convirtiéndose en el primer vicepresidente uniformado de la CMC destituido en funciones en casi seis décadas, desde He Long en 1967, durante la Revolución Cultural.

Entre otros altos mandos militares purgados en los últimos años figuran el almirante Miao Hua, considerado cercano a Xi Jinping; los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu; y los comandantes de la Fuerza de Cohetes Li Yuchao y Wang Houbin.

Fuente: con información de Infobae

El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones del Estado para obras, bienes y servicios, con el objetivo de impedir la participación de empresas asociadas a prácticas corruptas. 

A partir de los cambios, quedarán excluidas de los procesos de contratación aquellas firmas que registren “conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas”. En ese marco, los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no figuren en los listados de empresas inhabilitadas elaborados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde el Ejecutivo remarcaron que la contratación pública debe desarrollarse bajo criterios de “integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”, y señalaron que hasta ahora no existían mecanismos sistemáticos para corroborar esas listas internacionales al momento de adjudicar contratos.

El decreto sostiene que la corrupción “deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta la calidad de los servicios que presta el Estado y conduce al uso ineficiente de los recursos”, con impacto directo sobre el crecimiento y el desarrollo económico del país.

Además, el texto subraya que el Estado argentino debe adoptar medidas administrativas, civiles o penales para prevenir y sancionar el cohecho, incluyendo la exclusión o inhabilitación de empresas en procedimientos de selección para contratos públicos.

La decisión se inscribe en la agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei, que combina un endurecimiento de las reglas de contratación con el avance de privatizaciones y concesiones en sectores clave de la infraestructura y los servicios públicos durante el inicio de 2026.

Fuente: TN

La Justicia de Perú condenó este miércoles al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho, en el marco de una causa que investiga supuestos pagos entregados por empresarios a cambio de beneficios en obras públicas. 

Según el expediente judicial, los hechos se remontan a su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014, cuando, de acuerdo con la acusación fiscal, Vizcarra habría recibido dinero de contratistas para favorecerlos en licitaciones. La causa lo acompañó durante su posterior ascenso político y derivó en su destitución presidencial en noviembre de 2020, tras ser vacado por el Congreso antes del inicio del juicio.

Durante el proceso, Vizcarra sostuvo su inocencia y cuestionó la solidez de los testimonios en su contra. “Empresarios privados han dado declaraciones que no han podido corroborar durante el juicio. No hay justificación para una sentencia condenatoria”, afirmó días atrás al finalizar una de las audiencias.

Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos. El exmandatario podría ser trasladado nuevamente al penal de Barbadillo, donde ya estuvo detenido con prisión preventiva en agosto. Ese establecimiento alberga o albergó a otros expresidentes involucrados en causas penales, como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alberto Fujimori.

Vizcarra, que había resultado electo congresista en los últimos comicios, tampoco pudo asumir la banca debido a su inhabilitación por el Parlamento por el caso “Vacunagate”. Su lugar fue ocupado por José Jerí, quien posteriormente ascendió a la presidencia del Congreso y, tras la destitución de Dina Boluarte, asumió la Presidencia de la República.

En las afueras de la audiencia estuvo presente Mario Vizcarra, hermano del exmandatario y aspirante presidencial para 2026. Si bien inicialmente había dicho que indultaría a su hermano si llegara al poder, luego aclaró que no intervendría de manera directa y que cualquier decisión recaería en una comisión especializada.

Con esta condena, Vizcarra se suma a una extensa lista de exjefes de Estado peruanos procesados o sentenciados en las últimas dos décadas por delitos vinculados a la corrupción.

 Desde 2018, Perú ha atravesado un ciclo de fuerte inestabilidad institucional, con siete presidentes en siete años, y con causas que involucraron a figuras como Toledo, Humala, Castillo, Fujimori, Alan García, quien se quitó la vida en 2019 cuando iba a ser detenido, y Pedro Pablo Kuczynski, hoy a la espera de juicio oral por presunto lavado de dinero.

Fuente: CNN

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento de Jorge Alberto D’Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito. La medida incluye un embargo de $350 millones sobre sus bienes, aunque continuará en libertad. También fue procesado Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de $300 millones.

La causa se inició en septiembre de 2024 a partir de una denuncia que señalaba la existencia de una estructura criminal integrada por funcionarios y particulares, con división de funciones y jerarquías, destinada a desviar fondos públicos provenientes del sistema de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Según la presentación, el dinero era luego invertido en bienes bajo apariencia lícita, utilizando prestanombres.

Uno de los elementos clave de la investigación fue la adquisición de una camioneta Audi Q8 registrada a nombre de Asensio por $30 millones, aunque asegurada por $173,8 millones. Las pruebas reunidas demostraron que el uso y dominio del vehículo correspondían a D’Onofrio, quien figuraba como autorizado a conducir y abonaba el servicio de Telepase. La operación incluyó un contrato de mutuo con una sociedad familiar sin actividad económica verificada, lo que llevó al juez a concluir que se trataba de una maniobra de disimulación patrimonial típica del lavado de activos.

El vehículo fue transferido posteriormente a un tercero el mismo día en que la Cámara Federal de San Martín resolvió la competencia del tribunal. En sus declaraciones, D’Onofrio negó ser propietario del rodado y justificó su uso por vínculos personales con Asensio, quien también reconoció haberle otorgado la cédula azul.

El procesamiento de D’Onofrio fue agravado por su condición de funcionario público al momento de los hechos. Ambos imputados mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025.

D’Onofrio había presentado su renuncia al Ministerio de Transporte el 30 de diciembre de 2024, en medio del avance de esta causa y otra investigación paralela por corrupción en el sistema de fotomultas y la VTV, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, donde también fue imputado por fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Fuente: con información de Infobae

En un histórico juicio que involucrará a una de las más altas figuras del gobierno cubano de la última década, el Tribunal Supremo Popular (TSP) juzgará desde este martes por corrupción y espionaje al ex vice primer ministro y exministro de Economía Alejandro Gil Fernández.

El proceso estará a cargo de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado de la máxima instancia judicial de la isla.

La audiencia será cerrada y solo podrán asistir “las partes y las personas autorizadas por el tribunal”, según un escueto comunicado publicado en el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC).

“Tuvo un gran poder. No solo fue ministro, sino también viceprimer ministro para el área económica. Atendía el ministerio de Finanzas y el Banco Central. Tenía realmente un poder extraordinario”, dijo a TN el profesor titular de la Universidad de La Habana Omar Everleny, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana.

Gil Fernández es el funcionario de mayor rango en caer en desgracia desde las destituciones del exvicepresidente Carlos Lage y del excanciller Felipe Pérez Roque en 2009, ambos muy cercanos al fallecido líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y acusados de “filtrar” información confidencial.

En 1999 había sido depuesto el entonces ministro de Relaciones Exteriores Roberto Robaina, uno de los funcionarios más populares de la isla. Visto entonces como un sucesor natural de los hermanos Castro, fue acusado de “deslealtad” y de autopromocionarse como heredero político. Además, se le achacó una relación cercana con un político mexicano vinculado con el narcotráfico.

El presidente Miguel Díaz-Canel (izquierda) dialoga con su entonces ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández (Foto: Cortesía/Cubanet).

Pero la acusación que pesa sobre Gil Fernández, de 61 años, es mucho más grave. Está imputado de una decena de delitos como corrupción, malversación y hasta espionaje.

La Fiscalía General de la República detalló que el exministro fue acusado “por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.

Gil Fernández se encuentra en prisión preventiva desde su destitución en febrero de 2024. Entonces fue cesado también de sus funciones como diputado de la Asamblea Nacional -Parlamento unicameral- y de su condición de miembro del Comité Central del todopoderoso Partido Comunista.

Ni Lage, ni Roque ni Robaina estuvieron en prisión y fueron reciclados a través de trabajos “humildes” tras ser depuestos de sus cargos. Robaina fue administrador del Parque Almendares de La Habana, se reconvirtió en pintor y hasta regenteó un café privado en la capital cubana.

Graduado como ingeniero en explotación del transporte, Gil Fernández fue directivo de varias empresas estatales antes de asumir en el ministerio de Economía.

Everleny dijo que “fue una de las figuras claves en todo el proceso de ordenamiento de la economía" de los últimos años, en especial con la unificación monetaria y cambiaria que eliminó el peso convertible (CUC) y unificó todas las transacciones en un solo peso cubano (CUP) en 2021.

Además, administró la crisis post-pandemia y abrió ciertos sectores de la economía cubana a la iniciativa privada con el levantamiento de la prohibición a las micro, pequeñas y medianas empresas vetadas entre 1969 y 2021.

“Era un funcionario muy cercano al presidente Díaz-Canel”, indicó el analista. Precisamente fue el propio mandatario el que anunció su destitución el año pasado al afirmar que su ministro había cometido “graves errores” que no precisó.

Sin embargo, Gil no tuvo un poder omnipresente en el área económica cubana. “Parte del poder económico en Cuba no estaba en sus manos porque hay una cosa que se llama GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A. de Cuba, bajo dominio absoluto de las Fuerzas Armadas) que controla otra parte de la economía”, dijo Everleny.

GAESA tiene vastas ramificaciones en el sector hotelero, tiendas minoristas de ventas de productos en dólares y el control de aduanas y puertos, entre muchos otros sectores.

“Lo que era el mundo en divisas, el área más dinámica de la economía, ha sido dominado hasta hoy por GAESA. Gil Fernández era el superministro del área civil”, concluyó el analista.

Fuente: TN

La diputada nacional Lilia Lemoine, figura destacada de La Libertad Avanza, fue denunciada en las últimas horas ante la Justicia Federal por una serie de delitos que incluyen lavado de dinero, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

La denuncia fue presentada por Viviana Aguirre y sorteada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4. 

Según consta en el documento judicial al que accedió El Marplatense, la causa investiga posibles infracciones a los incisos 1 y 2 del artículo 303 del Código Penal, vinculados al lavado de activos, así como delitos conexos como el encubrimiento (art. 277), el incumplimiento del deber de perseguir delincuentes y violación de deberes de funcionario público (art. 249).

Aunque no se conocen aún los detalles completos de la denuncia, la asignación de la causa a un juzgado federal anticipa que podría tratarse de hechos de gravedad institucional. La presentación fue realizada el 23 de octubre de 2025, y se espera que en los próximos días el juez a cargo determine si la denuncia tiene curso y ordena medidas de prueba.

Lemoine, además de su rol legislativo, es una de las figuras más visibles del oficialismo libertario en redes sociales y en actos partidarios. Hasta el momento, no hubo declaraciones públicas de su parte ni desde su entorno político.

Se espera que el avance del expediente defina si la investigación prospera o si será desestimada. Por ahora, la causa se encuentra en etapa preliminar.

El Tribunal de Salta condenó a los 17 imputados en la causa que investigaba la existencia de una organización narcocriminal en la Unidad Carcelaria N° 1 de la provincia, a penas que contemplan desde 1 a 10 años de prisión, dependiendo del grado de participación que hayan tenido. Entre los condenados se encuentran integrantes del Servicio Penitenciario, internos alojados en la unidad y familiares vinculados a los hechos.

El proceso judicial había comenzado el 4 de agosto en la Sala 7 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, bajo la dirección de los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.

A raíz de una denuncia anónima que advertía sobre posibles hechos de corrupción dentro de la cárcel, la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales inició un operativo. Debido a que los internos solían cambiar de manera frecuente los chips en los teléfonos celulares empleados para organizar actividades, la investigación se centró en el monitoreo de dispositivos y en el seguimiento de los códigos IMEI, con la autorización de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO).

Durante al menos un mes, examinaron las comunicaciones entre las personas privadas de libertad, familiares y personal penitenciario. El cruce de información y la colaboración con el área de Inteligencia Penitenciaria permitieron identificar con precisión las funciones de los involucrados, que incluían jefes de pabellón, celadores, encargados de seguridad y miembros de la Junta Correccional, responsable de gestionar traslados, progresividad de pena y acceso a regímenes especiales.

El análisis abarcó el funcionamiento de la Junta Correccional y la entrega de beneficios a cambio de pagos canalizados por medio de familiares o transferencias encubiertas. Según los investigadores, la modalidad incluía pagos mediante transferencias y la redistribución de fondos a través de una red compuesta por más de 113 cuentas bancarias vinculadas a diecisiete imputados.

De esta manera, los magistrados encontraron culpables a los ocho funcionarios penitenciarios, sumando a dos internos y varios familiares de personas alojadas en la institución. De acuerdo con la Unidad Fiscal a cargo del procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, la investigación permitió acreditar que todos actuaron con funciones y jerarquías definidas, constituyendo una organización estable orientada a la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la unidad penitenciaria y al ejercicio de exacciones ilegales.

Sergio Faustino Moya fue condenado a 10 años de prisión por coautoría de comercialización agravada de estupefacientes, exacciones ilegales agravadas y ser miembro de asociación ilícita. La Fiscalía había solicitado 11 y 8 meses.

Sobre Francisco Arturo Bisceglia recayó una pena aún mayor de 10 años y 6 meses de prisión, por delitos similares y cinco hechos de exacciones ilegales.

Luis Roberto Castaño recibió 6 años y 6 meses de prisión, mientras que Marcos Matías Bucotich García fue condenado a 6 años. Raúl Antonio Arjona deberá cumplir con una pena de 7 años; Marcelo Olguín Magno estará 4 años y 6 meses recluído; y Rubén Antonio Guaymás, 5 años. Estas penas sí coincidieron con el pedido de los fiscales.

Por su parte, José Luis Alarcón a 8 años, Baldomero Darío Córdoba obtuvo dos años de prisión en suspenso.

En cuanto a los internos y familiares, Manuel Méndez fue condenado a 9 años y 6 meses de prisión, María Inés Méndez recibió 9 años, exactamente como lo requirieron los fiscales; y Héctor Gustavo Banega, a 8 años. Ivana Marcela Gutiérrez, María Cristina Galindo y Nicole Judith Ana Luna recibieron 6 años, esta última cumplirá con lo impuesto de manera domiciliaria, con consigna policial. Patricia Daiana del Rosario Flores fue condenada a 4 años y Andrea Abigail Alba a 1 año de prisión en suspenso, con una unificación de condena por una causa anterior que elevó la pena a 8 años y 2 meses.

Fuente: Infobae

La fiscal general Fabiana León rechazó los pedidos de reparación integral y conciliación presentados por las defensas de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios en el marco de la causa “Cuadernos de las coimas”. Argumentó que “la confianza en la justicia no se construye con soluciones fáciles, sino cuando las reglas se ponen a prueba en los casos difíciles”.

Durante la audiencia virtual ante el Tribunal Oral Federal N°7, León advirtió que aceptar una salida transaccional “abriría un mercado de impunidad que premia a quien puede pagar” y que la corrupción “no es un daño patrimonializable, sino que erosiona la confianza pública y las instituciones”. En ese sentido, señaló que el único camino posible es el juicio oral previsto para noviembre, donde se definirá la responsabilidad o no de los acusados.

La fiscal enfatizó que la reparación integral prevista en el artículo 59 del Código Penal exige una víctima concreta y un daño mensurable, condiciones que —aseguró— no están presentes en este expediente. “No se negocia lo que el sistema ya afirmó que debe ser juzgado”, sentenció.

La causa se inició en 2018 e involucra a funcionarios y empresarios acusados de pagar y recibir sobornos para la adjudicación de contratos de obra pública, energía y transporte. Entre los imputados figuran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido, exfuncionarios de Planificación y Transporte, además de reconocidos contratistas.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 16 de septiembre para escuchar las réplicas de las defensas, pero todo indica que el proceso avanzará hacia el juicio oral fijado para el 6 de noviembre.

El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, acusado de colaborar en la fuga de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, involucrada en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según la investigación, De Vincentis habría facilitado la huida de Kovalivker cuando la Policía intentaba detenerlo. En el domicilio del empresario encontraron cajas de seguridad, una de ellas abierta, lo que refuerza la sospecha de que escapó con dinero.

El caso tomó relevancia tras la difusión de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describiría un esquema de retornos en contratos vinculados a medicamentos. En esas grabaciones se menciona a Suizo Argentina como intermediaria privilegiada y se alude incluso a supuestos porcentajes dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia.

Mientras tanto, la Justicia avanza en el peritaje de celulares y documentación incautada en allanamientos realizados en oficinas de programas estatales y domicilios particulares. El fiscal Franco Picardi busca determinar si los papeles respaldan la hipótesis de un circuito de coimas millonarias.

El caso sacude a la política a dos semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y mantiene bajo presión al oficialismo, ya que entre los nombres mencionados figuran Eduardo “Lule” Menem, Karina Milei y Martín Menem, aunque todos negaron cualquier participación.

Fuente: TN

En medio del escándalo por los audios filtrados que denuncian coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que mencionan a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem, el jefe de Gabinete Guillermo Francos expondrá en Diputados la semana que viene. El secretario parlamentario de la Cámara Baja ya convocó a los diputados para la sesión que será el miércoles que viene a las 12.

Su último informe de gestión en esa cámara había sido en abril, cuando explotaba el caso de la criptomoneda $LIBRA y ahora le tocará hacerlo mientras crece el caso por las presuntas coimas en la ANDIS por el que ya fue desplazado su titular, Diego Spagnuolo.

Según informaron, la fecha ya estaba pautada hace un mes y Francos no va a suspenderla. Si bien recibió más de 1200 preguntas de los diputados por escrito, las preguntas centrales en el recinto serán sobre este caso y el del fentanilo contaminado.

En una primera consulta que periodistas le hicieron a Francos en la actividad del Council de las Américas, el funcionario había planteado que no ponía "las manos en el fuego por ningún funcionario", aunque había aclarado: “Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y en la de Eduardo Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia”.

En ese sentido, Francos volvió a referirse hoy al tema y en diálogo con El Observador, señaló que le parece bien que la Justicia avance rápido en la investigación para "descubrir la verdad" , a pesar de que planteó sospechas electorales: "A mí me llama mucho la atención, porque aparece a esta altura, en este momento, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez".

Por otra parte, aseguró que fue él quien informó al presidente que había que cesarlo a Spagnuolo en el cargo, decretar una intervención y que se haga una investigación.

A su vez, apuntó contra el ex titular del ANDIS por no denunciar a la Justicia. "Si el señor Spagnuolo tenía conocimiento de todo eso, tenía que denunciar la justicia. Es una obligación de un funcionario público la de denunciar en la justicia un hecho del que él toma conocimiento", sentenció.

Además, ratificó que él nunca le planteó ninguna denuncia ni sospecha y relató su última conversación con Spagnuolo: "En algún momento se mencionaba que se iban a dar 100 mil pensiones de baja y después otras 100 mil más, porque estaban dadas irregularmente. Yo lo llamé a Spagnuolo y le pregunté qué pasaba que no daban de baja las pensiones. Esta fue mi conversación, que es la última, hace dos meses. Pero nunca me planteó a mí una denuncia o una sospecha".

Asimismo, el bloque de Encuentro Federal ya presentó un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a dar explicaciones en el pleno.

Al mismo tiempo, el diputado socialista santafesino Esteban Paulón, junto a su compañera Mónica Fein y Margarita Stolbizer (del GEN), también presentaron un pedido pero para interpelar a Spagnuolo y a Karina Milei.

El legislador porteño de la Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra Javier Milei, su hermana Karina, Spagnuolo y "Lule" Menem. Pide que se los investigue por "defraudación contra la administración pública, tráfico de influencias y cohecho".

Fuente: Clarín

El Gobierno designó al nuevo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la salida de Diego Spagnuolo por la difusión de una serie de audios donde denunciaba hechos de corrupción. Además, el Ejecutivo confirmó que comenzará una auditoría sobre todos los procesos internos del organismo.

El reemplazo de Spagnuolo será Alejandro Vilches, quien hasta ahora se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria. Se trata de un funcionario cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hoy estuvo reunido desde temprano con el asesor presidencial Santiago Caputo, y más tarde circuló por las oficinas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por su lado, la Casa Rosada mantiene la postura de que no tiene información para corroborar si las grabaciones que le atribuyen a Spagnuolo son ciertas, y asegura que colaborará con la investigación y con el proceso judicial. “No podía seguir más tiempo en el cargo. Aparte, reconoce ser cómplice de lo que denuncia, en caso de que se comprueben los hechos”, agregan en Nación.

Bajo este marco, el presidente Javier Milei firmará hoy el decreto de la designación, que saldrá publicado en el boletín oficial de mañana. En paralelo, el oficialismo también formalizó el desplazamiento del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, uno de los apuntados en la denuncia sobre el cobro de coimas.

En los considerandos del decreto, el Gobierno expresó que “la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del Estado, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública”.

“Por razones de público conocimiento y a fin de que el Poder Judicial efectúe las investigaciones que resulten necesarias, corresponde, en esta instancia, limitar las designaciones del doctor Diego Orlando Spagnuolo y del doctor Daniel María Garbellini en los cargos referidos”, agregó.

En cuanto a Vilches, es médico egresado de la Universidad del Salvador y ya cuenta con un paso por la gestión pública y por el sistema solidario de salud. Se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en el Congreso, además de ocupar distintos cargos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y en la Armada Argentina. También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En el ámbito sindical y de la seguridad social, tuvo responsabilidades en varias obras sociales: la de ceramistas, la de químicos y petroquímicos de Zárate-Campana, la del gremio de la carne y la de trabajadores del cuero, entre otras. En todos los casos, ejerció como director médico o gerente de prestaciones.

El Gobierno nacional removió a Diego Spagnuolo de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la difusión de audios en los que se lo escucha describir maniobras de presunto pago de coimas a prestadores vinculados al organismo.

Las grabaciones, difundidas en el programa Data Clave, muestran cómo operadores de la agencia habrían solicitado dinero a empresas proveedoras, principalmente del rubro farmacéutico, a cambio de contratos estatales. 

Spagnuolo asegura en uno de los registros: “Van a pedirle guita a los prestadores”, y apunta a la Droguería Suizo Argentina, vinculada políticamente a Martín Menem, como una de las beneficiadas.

Según el ahora exfuncionario, se trataba de una recaudación paralela que podía superar los 20 mil dólares mensuales, a espaldas de su gestión. En los audios afirma haber advertido al propio presidente Milei sobre la situación: “Yo fui y le dije ‘Javier, estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita’”.

La crisis derivó en la inmediata intervención del organismo por parte del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. En las próximas horas se anunciará al interventor que asumirá la misión de garantizar el funcionamiento de la ANDIS mientras avanza la investigación judicial, encabezada por el fiscal Franco Picardi.

El escándalo golpea de lleno al oficialismo en medio de una semana marcada por la tensión legislativa por los vetos presidenciales. La oposición, que ya había pedido explicaciones a Spagnuolo en el Congreso, reclamó además que se indague la trama que involucra a prestadores, funcionarios y empresarios cercanos a sectores del poder político.

Las denuncias por la operatoria en la compra de medicamentos y servicios de internación y transporte ponen bajo la lupa un área sensible del Estado, que maneja fondos millonarios destinados a las personas con discapacidad. La relación de la droguería señalada con el dirigente Martín Menem suma un condimento político explosivo al caso.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional anunció la realización de un nuevo examen oral de residencias médicas, tras detectar supuestas irregularidades en 286 pruebas rendidas el 1 de julio. La medida, impulsada por la administración libertaria, busca garantizar la transparencia en el proceso de evaluación para los profesionales de la salud.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el examen oral permitirá identificar rápidamente a quienes actuaron de buena fe. “El examen de residencia se podrá dar oral para que el evaluador se dé cuenta rápidamente quién lo hizo de buena fe”, afirmó. 

Además, se aclaró que aquellos profesionales que demuestren sus conocimientos en esta instancia conservarán la nota obtenida en el examen escrito. “Con el que pase eso se le va a respetar la nota original. No va a tener inconveniente si había tenido una nota muy alta sostenerla si hizo el examen de buena fe”, agregó Adorni.

La decisión generó controversia, especialmente entre los médicos que obtuvieron más de 86 puntos en el examen original y ahora deberán rendir nuevamente. La medida causó preocupación y malestar entre profesionales que dedicaron meses de estudio y esperaban iniciar sus cargos el 1 de septiembre. En las últimas horas, surgieron testimonios de quejas y tristeza, principalmente por las sospechas de fraude que apuntan a estudiantes extranjeros.

Hoy, un grupo de graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con puntajes superiores a 86, se manifestó frente a la sede de la institución para expresar su disconformidad. Consideran la medida injusta, ya que afecta a quienes aprobaron legítimamente. Originalmente, el lunes próximo se publicarían las listas con el orden de mérito, pero este proceso se postergará debido a las irregularidades detectadas, según informó el Ministerio de Salud.

Las sospechas de fraude incluyen denuncias sobre la venta de exámenes en redes sociales, con precios que alcanzarían los 5000 dólares. Sin embargo, el Gobierno no ha presentado una denuncia formal ante la Justicia. 

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó duramente la gestión nacional: “Las residencias son provinciales, el examen sólo lo hace Nación, así que si se filtró fueron ellos. Pero en lugar de investigar qué pasó, hacen acusaciones a través del vocero, que por otra parte no entiende nada del sistema de salud”. Kreplak también advirtió que estas acciones podrían dañar el prestigio del sistema de residencias médicas, reconocido a nivel internacional.

Fuente: DIB

El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por corrupción en la denominada causa Seguros, acusado de incompatibilidad en los deberes de funcionario público durante su mandato. 

La investigación se centra en la contratación de seguros a través de Nación Seguros, una subsidiaria del Banco Nación, con la intermediación de brokers presuntamente vinculados al entorno del ex mandatario. Según la causa, estas operaciones habrían beneficiado a personas cercanas a Fernández, configurando un posible esquema de defraudación al Estado.

Un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), recibido por el juzgado semanas atrás, resultó determinante para avanzar en la investigación. Según fuentes, el documento “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” implicados en el caso.

En la causa también están involucrados María Cantero, ex secretaria de Fernández, su esposo Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del ex presidente, y Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. Se les acusa de haber montado un supuesto mecanismo de defraudación al Estado a través del decreto 823/2021, que obligaba a todos los organismos públicos a contratar servicios de seguros exclusivamente con Nación Seguros.

Al ser citado a declarar, Fernández presentó un escrito en Comodoro Py donde afirmó: “No comprendo los cargos que me formulan”. Además, defendió el decreto, asegurando que no fue una iniciativa exclusivamente suya, sino que contó con el respaldo de organismos como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros. 

En sus palabras, “este decreto fue una decisión política, no debe ser objeto de judicialización. Lo que buscamos fue generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”.

Fuente: con información de TN

El ex presidente Alberto Fernández se presentó ante el juez Sebastián Casanello para ampliar su indagatoria en el marco de la causa de los Seguros. Durante la audiencia, negó haber participado en hechos ilícitos y solicitó su sobreseimiento en la investigación que lo imputa por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

En su defensa, Fernández ofreció pruebas y pidió que se cite a declarar a Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán y Miguel Pesce. “Alberto Fernández ha ofrecido pruebas en esta nueva audiencia. Hay que investigar y estamos dispuestos a acompañar esa investigación. El haber firmado un decreto fue beneficioso para el Estado nacional”, afirmó su abogada, Marina Barbita. 

Además, la defensora señaló que el juez Julián Ercolini, quien intervino anteriormente en la causa, no era imparcial debido a una relación académica previa y a una denuncia presentada por Fernández contra él por el caso Lago Escondido. No obstante, destacó que Ercolini fue “muy respetuoso” en su actuación.

En un comunicado oficial, se subrayó la postura del ex presidente: “Fernández creyó necesario hablar ante el nuevo magistrado y reafirmar con argumentos y datos objetivos su absoluta ajenidad con el hecho investigado”. El texto agrega que la imputación contra Fernández carece de claridad y precisión, y que el Decreto Nro. 823/2021, cuestionado en la causa, buscaba proteger el patrimonio estatal al evitar la intervención de terceros que pudieran ponerlo en riesgo.

Asimismo, el comunicado enfatizó: “Alberto Fernández no participó jamás de ninguna maniobra tendiente a perjudicar el patrimonio estatal, todo lo contrario, buscó protegerlo. Por ello, esperamos una resolución de la justicia que sea independiente de presiones externas”.

En relación con otros imputados, Fernández reconoció conocer desde hace años al broker Héctor Martínez Sosa, pero se aclaró que “nunca lo benefició desde su rol como presidente”. Explicó que su vínculo era “profesional y anterior a su gestión”, y que Martínez Sosa ya trabajaba con el Estado mucho antes de su mandato.

Finalmente, el ex presidente respondió a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sobre su evolución patrimonial. Fernández afirmó que los datos presentados no muestran irregularidades y que sus ingresos y bienes son consistentes con su trayectoria pública y profesional.

Fuente: con información de TN

La abogada penalista María Eugenia Talerico visitará Mar del Plata este viernes 20 a las 19:00 en el Teatro Victoria (Rivadavia 2380) para presentar la charla La corrupción y su impacto en la niñez y en la educación, que formará parte de una serie de actividades.

Del encuentro participarán Luis Di Stefano, referente educativo local, y Giselle Continanzia, fundadora y directora del Hogar Mahatma. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente enviando un correo a potenciamdp@gmail.com, donde recibirán la confirmación y detalles del encuentro.

Además, junto a referentes locales de su espacio político, Talerico presentará su espacio político Potencia, recientemente lanzado con el respaldo del diputado Ricardo López Murphy y el senador Francisco Paoltroni. Además habrá reuniones y recorridos por la ciudad, con el objetivo de consolidar su proyecto político en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el sábado Talerico será recibida en una empresa del puerto, mantendrá una reunión con empresarios agrícolas y recorrerá barrios acompañada por dirigentes de los espacios UNIR, MID y MSR, entre otros.

Potencia, un nuevo movimiento político bonaerense que tomó forma en 2024, cuenta con el apoyo de figuras como los constitucionalistas Diego Armesto y Félix Lonigro, dirigentes agropecuarios, referentes sociales y ex funcionarios de la gestión de Cambiemos. En Mar del Plata, su equipo, que también respalda a Javier Iguacel, destaca a Talerico como “una dirigente con convicciones firmes, que no negocia sus principios y se enfrenta a los poderosos de turno”.

Talerico ha llamado a construir “una oferta electoral clara, alejada de los actores responsables de la decadencia actual de Buenos Aires”. En este sentido, la ex vicepresidente de la UIF subrayó que su espacio se fundamenta en “integridad, honestidad, empatía, diálogo, cercanía con el ciudadano, respeto y tolerancia”. 

En los últimos años, la abogada se ha destacado por presentar denuncias contra figuras como Cristina Fernández y otros funcionarios vinculados a casos de corrupción, así como por cuestionar el caso “Chocolate” en la legislatura bonaerense y, más recientemente, la propuesta de designación del juez Lijo a la Corte Suprema por parte del gobierno de LLA.

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, integrada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que confirmó la condena de seis años y la inhabilitación a ejercer cargos públicos contra la ex presidente Cristina Fernández, el kirchnerismo salió a las calles para defender a su líder, una situación que se vivió también en el centro marplatense.

Con cánticos, banderas argentinas y de diversas agrupaciones políticas y sindicales, la columna de militantes avanzó por avenida Luro hasta llegar al monumento al general José de San Martín, en la intersección con Mitre. Allí hicieron conocer su descontento con canciones contra el Poder Judicial y también contra el presidente Javier Milei.

Fue una réplica de lo ocurrido en Ciudad de Buenos Aires, donde la militancia se hizo presente en la sede del Partido Justicialista, a la espera del fallo de la Corte y como forma de apoyar a Cristina. Precisamente una vez conocida la decisión judicial, la ex mandataria salió a la puerta del edificio y dejó en el aire diversas suspicacias, destacando que “esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso”.

Antes, y ni bien se conoció la sentencia, el mismísimo Milei dijo en redes sociales un sintético “Justicia” y posteriormente señaló a “todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”, en referencia a la caída del proyecto de Ficha Limpia.

La información sacudió el arco político nacional y la mayoría de los dirigentes dejaron opiniones en redes sociales, como el gobernador Axel Kicillof, con quien Cristina mantenía una fuerte interna. “Un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia”, aseguró el mandatario provincial.

“Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías (…) El lawfare y la estigmatización del campo popular se convirtieron en políticas de Estado”, remarcó.

En la vereda de enfrente, Mauricio Macri señaló que “después de un período muy largo, el trabajo impecable de la Justicia culmina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste, porque ver a una ex presidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada”.

El fiscal Abel Córdoba dictaminó hoy que el empresario Lázaro Báez debe regresar a prisión para cumplir su condena en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, tras la ratificación de la pena por parte de la Corte Suprema. 

La medida también alcanza al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín, ambos condenados en la misma causa. La resolución fue emitida en el marco de un proceso llevado adelante por el juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), quien ahora deberá determinar cómo se computarán las penas de los involucrados.

En su dictamen, el fiscal Córdoba solicitó la captura y el alojamiento de Báez, Chueco y Pérez Gadín en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, tras considerar que la condena ha quedado firme. Sin embargo, aclaró que Martín Báez, hijo de Lázaro, no deberá retornar a prisión, dado que cuenta con libertad condicional tras haber obtenido la excarcelación anteriormente. La semana pasada, el TOF 4 también ordenó la detención de otros condenados en la causa, como Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro.

La causa, iniciada en 2013 tras un informe periodístico del programa PPT de Jorge Lanata, reveló que Lázaro Báez, empresario cercano al ex presidente Néstor Kirchner y principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz, habría lavado aproximadamente USD 55 millones entre 2010 y 2013 a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. Las maniobras incluyeron la expatriación de fondos de origen ilícito a cuentas en Suiza, utilizando un entramado financiero que operaba en Argentina y el exterior, principalmente vinculado a la empresa Austral Construcciones.

En 2016, la difusión de un video en el que se veía al hijo de Báez contando billetes en las oficinas de SGI reactivó la investigación. Ese mismo año, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Báez, Pérez Gadín y Chueco, este último tras intentar fugarse a Paraguay. La instrucción judicial determinó la existencia de una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, llevó a cabo operaciones de lavado de dinero por un total de USD 54.872.866,69.

Fuente: con información de TN