El presidente Javier Milei realizó un duro posteo en redes sociales contra el kirchnerismo y la corrupción en la obra pública, a partir de un viejo video donde la consultora política y militante peronista, Mayra Arena, justificaba la corrupción.

El año pasado, durante una entrevista en Blender, la consultora se expresó a favor de las irregularidades en la obra pública como en la causa Vialidad en que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión. “Es aquella por la que siempre he hablado que soy pro corrupción, estimula que hagamos (cosas) todo el tiempo. Es decir, si las partes muerden de ahí, te conviene que haya un montón de esas cosas”, subrayó.

En ese reportaje, Arena justificó su postura con que es una de las más “transformadoras”. “Roban pero hacen. Hacen, hacen y hacen. No me calienta. Aceita y estimula una obra que, por lo tanto, deja a la sociedad un poquito más equipada”, argumentó.

A partir de este video, el mandatario realizó un duro descargo contra los "kukas aberrantes" y sentenció: "Robar está mal. No importa lo que hagas con el destino de los fondos robados".

Luego, aprovechó para volver a argumentar respecto a las consecuencias que la obra pública trae a la economía argentina.

"Técnicamente también está mal. La obra pública se financia con los impuestos (presentes = explícitos; emisión de dinero = inflación; futuros = deuda). Por ende, así como crea una obra destruye producción y trabajo en otra parte de la economía por los impuestos. Al mismo tiempo, aún sin corrupción la asignación es mala porque no es lo que prefiere la población (de hecho, eligiría y elige otra cosa). Si encima hay robo el resultado es aún mucho peor", agregó el mandatario.

KUKAS ABERRANTES La reflexión de los kukas contiene al menos dos grandes problemas:1. Robar está mal. No importa lo que hagas con el destino de los fondos robados.2. Técnicamente también está mal. La obra pública se financia con los impuestos (presentes = explícitos; emisión… https://t.co/EXMwSlYShF

Finalmente, se despachó contra el kirchnerismo al señalar que es una expresión política igual al "caos" y la "pobreza".

"En el fondo, aquí los Kukas proponen el modelo de Sodoma (donde estaba permitido robar), el cual terminó con la destrucción de dicha ciudad", concluyó.

En agosto de 2024, el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Ramiro Gonzalez recibieron una denuncia contra Arena por cometer apología del delito, al definirse como “pro corrupción”.

El abogado Jorge Monastersky formuló una denuncia penal al respecto, basado en el artículo 213 del Código Penal que dice que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

Fuente: Clarín

La frase "marplatense involucrado en un causa de corrupción" se repite tristemente en los diferentes expedientes que transitan por Comodoro Py, en los que se investigan las maniobras de enriquecimiento ilícito y cohecho perpetradas, durante las gestiones kirchneristas, por funcionarios y empresarios que delinearon un aceitado entramado de pago sistemático de coimas, convirtiendo en un negociado cada contratación del Estado.

A los procesamientos de Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Elba Municoy, Osvaldo Fabián Parolari, Marcelo Danza y Patricio Gerbi -en la causa de los "cuadernos de las coimas" y en sus derivaciones por lavado de activos-, y a la condena de José Nuñez Carmona, por el caso Ciccone Calcográfica, ahora se suma el contador Andrés Enrique Galera, que fue sentenciado este miércoles en el marco de la investigación por los famosos "bolsos" en los que José López trasladó 9 millones de dólares para esconder, torpemente, en un convento de General Rodríguez.

Galera, de 64 años, fue condenado a 2 años y medio de prisión de ejecución condicional por ser partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito. El mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Capital que sentenció al ex secretario de Obras Públicas a 6 años de prisión. 

Además, los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini establecieron que el contador deberá pagar una multa del 50% del monto del enriquecimiento ilícito, y lo inhabilitaron de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Galera figuró, hasta 2010, como dueño de la mansión en Tigre que habitaba el ex secretario de Obras Públicas. Según los registros de la provincia, en mayo de ese año, le vendió el terreno con el chalet a medio construir a Eduardo Gutiérrez, un proveedor de obra pública durante el gobierno anterior. Este empresario, a su vez, terminó la casa y se la alquiló a López y a su esposa.

Sin embargo, cuando el arquitecto que construyó la casa brindó su testimonio en la causa, dijo que siempre trató con López. Además, en la casa de Tigre, fueron encontrados los planos del inmueble que fue construido como un copia exacta de la casa en Río Gallegos del ex funcionario kirchnerista.

Por su parte, el fiscal federal Federico Delgado investiga a Galera en otra causa por lavado de activos, ya que la firma Viani Construcciones SA, vinculada al marplatense, fue proveedora de obra pública del gobierno bonaerense.

La Unidad de Información Financiera (UIF) también lo tiene en la mira: lo reportó porque los ingresos de sus empresas no se corresponden con su millonario patrimonio, que incluye aviones y múltiples propiedades repartidas entre Puerto Madero, Mar del Plata, Miami y Marbella.

Galera, que reparte sus negocios entre la Argentina y España, fue sindicado como un supuesto "valijero" de la obra pública durante la gestión de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación. Incluso, en el caso Skanska, fue señalado por el fiscal Carlos Stornelli como intermediario y quien consiguió las facturas truchas para justificar las coimas, aunque su imputación en la causa no avanzó.

El ministro de Justicia Germán Garavano sostuvo hoy que "es un fallo muy inusual" y que "obviamente tiene un condimento político muy grande. Es una decisión muy escueta de la Corte; el requerimiento de un expediente. Lo que sí preocupa es que impide la realización de un juicio oral, que es lo que había fijado el sistema de Justicia: que los fiscales acusen y las partes involucradas se defiendan"

El funcionario calificó la decisión del tribunal como "por lo menos extraña", y agregó que "pareciera que lo que quieren es que no se realice el juicio".

Con respecto al futuro de la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, Garavano explicó que "la Oficina Anticorrupción se ha presentado y le ha pedido al Tribunal Oral que igual realice el juicio, pero es una decisión del tribunal".

A su vez, el ministro de Justicia sostuvo que "es peculiar que las revisiones en Cámara o en tribunales superiores se realicen entes del juicio. Eso ha servido para generar impunidad en temas de corrupción. La política sigue influyendo demasiado en la justicia".

Para finalizar, Garavano le envió un mensaje al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz: "Habría que traer a colación su discurso en la apertura del año judicial, donde casualmente hizo una autocrítica  y dijo que los jueces tienen que fallar de acuerdo a la ley. Hoy pareciera que muchas cosas pueden estar influidas por cuestiones políticas como ya ha pasado mucho en la Argentina durante los últimos veinte años"

La Corte Suprema de Justicia le pidió al Tribunal Oral Federal 2 el expediente principal del juicio por la obra pública a Cristina Kirchner que tiene fecha de inicio para el 21 de mayo. Lo hizo para tratar de poner orden en una causa llena de recursos y planteos que podrían derivar en distintos pedidos de nulidad a lo largo del juicio.

Es probable que esta decisión derive en una demora del inicio del juicio de la causa conocida como "Vialidad", pero las fuentes judiciales señalaron que de este modo se evitarán futuras presentaciones de nulidades.

A fines de abril, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió no acumular en un solo tribunal los juicios a Cristina Kirchner por las causas de las presuntas irregularidades de la obra pública a Lázaro Báez y por el expediente "Los Sauces".

El efecto de esta decisión era, hasta ahora, que el próximo 21 de mayo comenzaría el juicio por la obra pública, lo que hubiera sido puesto en duda si se acumulaban ambos expedientes.

La acusación es por la presunta concesión irregular de obra pública para Santa Cruz a las empresas de Báez durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Según la imputación, muchas de esas obras nunca se terminaron pero se cobraron y tenían sobreprecio.

El Tribunal Oral Federal 4 prorrogó hoy por ocho meses la prisión preventiva del empresario Lázaro Báez, detenido en la cárcel federal de Ezeiza y que está siendo juzgado por lavado de dinero por la llamada "ruta del dinero K".

La medida fue dictada ante el cumplimiento de los tres años de detención de Báez, plazo que establece el Código Procesal penal para estar detenido sin condena.

Fuentes judiciales informaron al portal Infobae que los jueces Guillermo Costable, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti entendieron que los ochos meses de prórroga es un lapso prudencial que se estima para la finalización del debate oral y público que está siendo sustanciado".

La misma decisión tomó el tribunal sobre el contador Daniel Pérez Gadín. Báez y Gadín fueron detenido el 5 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello por considerar que en libertad existían riesgo de entorpecimiento de la causa.

Los acusados excederán los tres años de prisión preventiva que fija la ley. Pero no es el primer caso. Hubo acusados por delitos de lesa humanidad que también estuvieron en prisión preventiva más años.

El tribunal prorrogó en abril del año pasado sus detenciones por un año. Ese plazo venció hoy y los jueces la prorrogaron por ocho meses más.

"Es de especial trascendencia la concreción del debate oral y público con la presencia de todos los implicados en autos, resultando, de este modo, insoslayable tomar todas las medidas pertinentes para que el mismo no se vea afectado ya sea por una eventual sustracción del proceso o por la posibilidad de que se obstaculicen medidas probatorias que contribuirán a dilucidar la eventual responsabilidad de los procesados o bien, al recupero de activos presuntamente ilícitos", señalaron los magistrados en un fallo de 24 página al que accedió Infobae para prorrogar las prisiones preventivas.

Los camaristas explicaron que si bien la ley establece que el plazo máximo para una prisión preventiva sin condena son dos años, prorrogables por uno más, hay excepciones que permite su continuidad como la gravedad del delito. "En este sentido, no puede dejar de recordarse que estamos en presencia de un proceso de inusitada complejidad y magnitud, en el que la causa principal cuenta con doscientos tres (203) cuerpos de actuaciones principales, y más de trescientos (300) legajos e incidentes, como así también, una cuantiosa documentación", agregaron.

El tribunal también destacó la "pena en expectativa" a la que podría ser condenado Báez como un elemento de riesgo de fuga.

Baéz está siendo juzgado por el presunto lavado de dinero de 40 millones de dólares de la obra pública que recibió de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. También lo son Peréz Gadín, el contador Jorge Chueco, los cuatro hijos de Báez, el arrepentido Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, entre ellos.

Otro abogado marplatense es investigado en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, aunque esta vez -a diferencia de su colega Marcelo Danza- Pablo Goldberg no está acusado de formar parte de una asociación ilícita o de lavado de dinero, sino que está bajo la lupa de la Justicia Federal por una extraña visita que hizo al Penal de Ezeiza.

El letrado ingresó a la cárcel para visitar a la detenida Carolina Pochetti, viuda del ex secretario privado de Néstro Kirchner, Daniel Muñoz, pero la mujer se negó a recibirlo, ya que no lo conoce y, minutos antes, recibió una misteriosa llamada de la marplatense Elizabeth Ortiz Municoy, en la que le decía que un amigo de ella iría a verla para transmitirle "un mensaje".

Daniel Campos, abogado defensor de Pochetti -la última imputada colaboradora de la causa-, denunció el extraño episodio antes el juez Claudio Bonadio, que investiga el pago sistemático de millonarias dádivas durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y ordenó, en octubre del año pasado, la prisión preventiva de Pochetti, quien continúa detenida pese a que fue homologado su acuerdo como arrepentida.

Sin embargo, el juez entendió que no era una cuestión pertinente a la causa, por lo que Campos hizo una denuncia ante la Cámara Federal en los primeros días de enero, que, por sorteo, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Pochetti se sintió "presionada" por esta peculiar visita, ya que, precisamente, fue señalada en la investigación por la declaración de Ortiz Municoy, quien -junto a su ex marido, el empresario textil local Sergio Todisco– está acusada de ser testaferro de Muñoz y de integrar la asociación ilícita que funcionó durante el kirchnerismo para cobrar sobornos a cambio de obra pública. La empresaria inmobiliaria también es una de las imputadas colaboradoras de la causa. 

El episodio que ahora se investiga tuvo lugar el pasado 8 de noviembre. Ese día, en el teléfono público del pabellón de mujeres, una voz femenina pidió por Carolina Pochetti. La que llamaba era Ortiz Municoy, que días antes se había convertido en la primera mujer "arrepentida" de la causa de los cuadernos.

"Hola. Soy Liz. No digas quien soy. Va a ir a verte un amigo mío. Necesito que lo recibas. Tiene un mensaje para darte", le dijo, según detalla Infobae. Pochetti dijo que no entendía, pero la respuesta del otro lado fue: "Escuchalo, por favor".

Apenas media hora después de recibir el llamado en prisión, Pochetti fue avisada por los penitenciarios de que tenía una visita. Era Goldberg, que pedía verla. En sus manos llevaba un bolso con artículos de limpieza e higiene personal y varios alimentos.

Pochetti se negó a entrevistarse con el abogado, a quien no conocía. Tampoco quiso recibir lo que había en el bolso. Cuando el abogado supo que no iba a ser recibido, autorizó a que se repartiera el contenido del bolso entre otras reclusas.

Goldberg había dejado sus datos en la cárcel. Como era abogado, no pasó por los controles que pasan las visitas que, además, tienen ciertos días determinados para ir al penal. Registró la matrícula como abogado con tomo y folio.

Enterado de la existencia de la denuncia, Goldberg hizo una presentación espontánea por escrito en el juzgado. "Soy judío practicante y me enteré de que la señora Pochetti estaba atravesando una situación de extrema angustia. Cumpliendo los preceptos de mi fe, decidí visitarla", afirmó. Confirmó que la reunión no se concretó y que se volvió a su casa sin verla.

Ante la denuncia, la fiscalía solicitó una serie de medidas previas y envió un oficio para pedir datos del letrado al Colegio de Abogados de Mar del Plata. Su presidente, Fabián Portillo, confirmó a El Marplatense que la Secretaría Legal y Técnica recibió el requerimiento de forma digital y que ya fue contestado por la misma vía.

"Es un abogado que se encuentra suspendido en la matrícula desde el año 2004, por lo que no debe ejercer acá en Mar del Plata", manifestó Portillo. El CUIT de Goldberg también se encuentra suspendido, según se desprende de la página web que emite las constancias de inscripción de AFIP.

En tribunales dudan de que la visita frustrada a una reclusa en la cárcel pueda constituir un delito. Sin embargo, el episodio sirve para engrosar los enredos y preocupaciones que se tejen detrás de la causa de los cuadernos, esta vez, en el capítulo por detectar qué sucedió con los 70 millones de dólares que pasaron por las manos de Muñoz.

Muñoz, ex secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, habría conformado una red de empresas en la Argentina y en el extranjero para blanquear 100 millones de dólares provenientes del pago de esas coimas en la que participaron las únicas dos mujeres imputadas arrepentidas de la causa, según se desprende de la declaración de la empresaria inmobiliaria marplatense.

Mientras hicieron negocios juntas, Pochetti y Municoy fueron amigas. De hecho, Municoy estuvo en las primeras sociedades que se armaron para lavar dinero, junto a Todisco. Pero cuando Todisco y Municoy se separaron, el matrimonio Muñoz y Pochetti tuvo que salir a buscar a otros presuntos testaferros. Fue ahí que aparecieron más protagonistas. Municoy, sin embargo, siguió interactuando en varias operaciones.

Municoy fue detenida el 20 de octubre en Mar del Plata y se negó a declarar. Pochetti se entregó en Comodoro Py el 23 de octubre. Asesorada por su entonces abogado, Miguel Ángel Plo (hoy preso), la viuda lloró y aseguró que no sabía nada de los negocios de su marido.

Pero el 25 de octubre, Municoy declaró como arrepentida y contó detalles de cómo movían el dinero a Estados Unidos. Logró quedar en libertad, la primera de ese tramo de la causa en salir de prisión. Su declaración como arrepentida se fue ampliando varias veces.

Incluso, Municoy apareció en Comodoro Py el 22 de enero, cuando Pochetti designó un defensor para iniciar su camino al "arrepentimiento". Fuentes allegadas a Municoy buscaron despejar especulaciones. Según Infobae, explicaron que la mujer fue a buscar unos papeles personales que el juzgado tenía retenidos en el marco de lo secuestrado en la causa.