La Suprema Corte de Justicia bonaerense tendrá un integrante menos: el ministro Luis Esteban Genoud presentó la renuncia a su cargo para jubilarse a partir del próximo 1 de junio. Con este escenario, el máximo tribunal tendrá desde esa fecha cuatro vacantes por cubrir.

Según se anunció oficialmente, tras el acuerdo de este jueves, Genoud hizo conocer su decisión de acogerse al beneficio jubilatorio. “Su presidente, Sergio Gabriel Torres; vicepresidente, Daniel Fernando Soria; y ministra Hilda Kogan, expresan su reconocimiento al estimado colega, por su destacada trayectoria en el Tribunal”, se indicó.

La Corte bonaerense tiene siete integrantes. Pero hoy sólo hay cuatro. En 2020, falleció Héctor Negri, y en febrero de 2021, renunció Eduardo de Lazzari para jubilarse. Ese mismo año, en agosto, siguió sus pasos Eduardo Pettigiani. Ahora, se jubilará Genoud.

Según confirmaron fuentes judiciales, mientras se defina ocupar las vacantes, se deberá convocar a la presidenta del Tribunal de Casación Penal, Florencia Budiño, para poder firmar sentencias porque solo habrá tres jueces activos.

Genou se había sumado al tribunal bonaerense en 2002 y ejerció su presidencia en tres oportunidades, durante los períodos 2009/2010, 2016/2017 y 2021/2022. Antes de asumir en la Corte, fue convencional constituyente, diputado y senador, secretario de Seguridad, ministro de Justicia y Seguridad, siempre de la provincia de Buenos Aires.

Oriundo y vecino de toda la vida de Florencio Varela, Luis Genoud fue profesor de Derecho Público, Provincial y Municipal en las Universidades Nacionales de Lomas de Zamora y de La Plata. Entre 1977 y 1979 tuvo el título de postgrado como doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales otorgado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador.

Ejerció en su condición de abogado de la matrícula durante aproximadamente veinte años, mientras que entre 1983 y 1994 ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en representación de la tercera sección electoral, siendo designado en 1994 como diputado constituyente para la reforma de la Constitución bonaerense.

En 1995 resultó electo senador provincial de la citada sección electoral, y durante gran parte de ese mandato y en el que renovó en 1999, fue presidente del bloque justicialista en la cámara alta provincial, siendo también titular de la comisión bicameral de Seguimiento y Fiscalización de las Políticas de Prevención y Seguridad, y de la comisión de Ecología y Medio Ambiente. En su condición de senador provincial fue miembro suplente del Consejo de la Magistratura y de la comisión de Estudios y Análisis del Mapa Judicial.

En 2002, fue ministro de Justicia y Seguridad bonaerense cuando ocurrieron los crímenes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Después de aquellos asesinatos, presentó la renuncia a su cargo, pero el gobernador, Felipe Solá, no se la aceptó. Horas antes había defendido el accionar de la policía, hasta que luego aparecieron las fotos que acreditaban la responsabilidad en esas muertes. “Fuimos víctimas de una gran mentira; de una actitud increíble, para la que no encuentro calificativos”, dijo.

Durante la pandemia, su nombre había saltado a la página de los diarios junto al de su colega Kohan porque se vacunaron sin ser personal esencial, antes que pudieran hacerlo por su edad -los dos mayores de 70 años- y cuando solo alcanzaba al personal de salud. Recibieron las dos dosis de la vacuna Sputnik V en el hospital público de alta complejidad “El Cruce-Dr. Néstor Kirchner”, en el municipio de Florencio Varela. A raíz de ello, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, la entidad que nuclea a 7600 jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios judiciales, le pidieron explicaciones.

Fuente: Infobae

La Corte Suprema suspendió la Feria Judicial de Invierno en todos los tribunales Nacionales y Federales del país, así como también en la Cámara Federal de Mar del Plata.

En la resolución, se indica que no habrá feria judicial en el mes de julio en ningún juzgado federal, ni Cámara Federal de Argentina. La feria extraordinaria, a causa de la pandemia, tendrá su fin el 28 de junio, es decir que volverán a trabajar y que no habrá feria en invierno.

Horas antes, el presidente de la Cámara Federal de apelaciones, Alejandro Tazza, había solicitado a la Corte Suprema de justicia de la Nación que de por concluida la feria extraordinaria que estaba vigente desde mediados del mes de marzo.

En el texto oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se señala, sobre la decisión de la feria extraordinaria: " Estas acciones buscaron conjugar la prestación del servicio de la Justicia, indispensable aún en circunstancias como las presentes, con la protección de la salud de los empleados, funcionarios, magistrados, como así también del público en general que concurre a los tribunales".

Asimismo, afirma "la necesidad de dar una respuesta excepcional a la situación extraordinaria que se está atravesando con la finalidad de que la prestación del servicio de justicia no sufra aún un mayor deterioro sino, por el contrario, se procure que pueda desplegarse de un modo más eficiente".

El Secretario de Educación, Luis Distéfano, respaldó la decisión del Intedente Carlos Arroyo de apelar el fallo judicial que favoreció a los docentes municipales en su reclamo por la restitución del cobro de la bonificación que percibían desde hace más de tres décadas.

"El municipio no está notificado formalmente de la sentencia, pero entendemos por los trascendido, que es una precautelar previo a un pedido de informes al municipio", aclaró en una primera instancia, en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata.

En este sentido, Distéfano sostuvo que el Municipio "tiene la obligación de apelar este tipo de medidas, más cuando se da en el contexto que se dio, con la intervención previa del Concejo Deliberante que se definirá en la Suprema Corte de Justicia".

El funcionario municipal explicó que la bonificación está pautada en el Estatuto Docente Municipal como un equilibrio entre lo que paga la Provincia de Buenos Aires como salario y el escalafón 12 de un empleado municipal.

"Hace muchos años había una diferencia que hacía que haya un desequilibrio entre el empleado municipal docente y el no docente. A partir de ahí se instauró la bonificación. El estatuto definió que esa diferenciación entre el sueldo docente municipal y el de un docente provincial, se dió en el cálculo del escalafón docente 12. Pero la ordenanza no establecía la carga horaria", analizó.

"Esto se abonaba sobre una base de 35 horas semanales, cuando la carga horaria promedio de los docentes frente a los alumnos es entre 20 y 22, según el nivel o modalidad. Lo que hizo en su momento la definición tomada con el decreto, fue llevar el cálculo a la carga horaria más cercana a al realidad del docente que es el módulo del empleado municipal de 24 horas semanales y no el de 35", continuó explicando Distéfano.

Además enfatizó en que se sigue pagando la bonificación pero "sobre una carga horaria más cercana a la realidad del docente. Lo que entiende el ejecutivo es que genera un precedente gravoso para el municipio porque abre el juego a que cualquier otro empleado plantee que la carga horaria es la misma".

LA POLÉMICA

En octubre del año pasado, Arroyo firmó un decreto que modificó la forma en la que se liquidan los salarios docentes y que, en la práctica, despojaba a los educadores de las escuelas municipales de una histórica bonificación que percibían desde 1989 y representaba unos cinco mil pesos extra en sus sueldos.

Luego de que desató una fuerte polémica, el Concejo Deliberante aprobó una nueva ordenanza que otorgaba legitimidad a la antigua forma de liquidación. El jefe comunal redobló la apuesta y se encargó de vetar la norma unos días después.

Sin embargo, más tarde, el cuerpo legislativo rechazó el veto y votó nuevamente “por insistencia” la ordenanza. Ante este revés, el Intendente realizó una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la que demandó al Concejo Deliberante por “conflicto de poderes”.

En una nueva escalada del conflicto, el pasado 28 de febrero el gremio se presentó ante la Justicia Contenciosa Administrativa de Mar del Plata para solicitar la nulidad del Decreto del Ejecutivo Municipal 2272/18 en 17 expedientes.

Ahora, la Justicia dictó una medida cautelar indicándole al Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon que debe “dejar sin efecto tres artículos del mencionado decreto y proceder a liquidar la bonificación especial docente como lo hacia antes del dictado de ese acto administrativo”.

El Juez estableció un año como tiempo de ejecución de esta medida cautelar, por considerar que es tiempo suficiente para dictar la resolución de fondo. “Sin duda, este es un primer paso en el camino hacia la devolución de un derecho vulnerado”, destacaron desde el sindicato.